En una jornada marcada por el movimiento en los despachos oficiales, el Gobierno nacional de Argentina ha oficializado una nueva baja en su equipo de gestión. A través del Decreto 33/2026, se aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos como Director Nacional del Renaper, el organismo responsable de la identificación de los ciudadanos y la emisión de documentos críticos como el DNI y el pasaporte. La dimisión, que será efectiva a partir del 1 de febrero, no llega de forma aislada. Se produce en medio de una semana de alta rotación en la administración de Javier Milei, que ya ha visto la salida de figuras clave en la Secretaría de Transporte, la Unidad de Información Financiera (UIF) y las empresas ferroviarias del Estado.
Para ocupar la vacante en el Renaper, el Ejecutivo ha designado a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. El nuevo funcionario es un abogado vinculado políticamente a la Secretaría de Interior y, anteriormente, a la gestión del actual diputado Diego Santilli en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el nombramiento de Pérez Lorgueilleux ha generado inmediatas repercusiones en la opinión pública debido a sus antecedentes judiciales. El funcionario fue procesado años atrás en el marco de la investigación por la tragedia de «Time Warp», ocurrida en 2016, cuando se desempeñaba como director de Habilitaciones y Permisos porteño. A pesar de este historial, la Casa Rosada ha ratificado su confianza en él para liderar un organismo con acceso a los datos biométricos de millones de argentinos.
La salida de Santos en el Renaper es solo la punta del iceberg de una reestructuración más amplia que afecta al corazón de la operatividad estatal: la renuncia de Luis Pierrini en la Secretaría de Transporte arrastró consigo a las cúpulas de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, tras denuncias de irregularidades en el manejo de subsidios. Por otro lado, Paul Starc dejó su cargo al frente de la UIF, el organismo encargado de combatir el lavado de activos, argumentando «decisiones personales» en medio de juicios de alto perfil que involucran a figuras de administraciones anteriores. Y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) también cambió de titular, luego de que su anterior interventor, Carlos Casares, fuera desplazado del proceso de unificación de entes reguladores.
Desde la Casa Rosada, el discurso oficial intenta minimizar el impacto de estas bajas, calificándolas como parte de una «reorganización natural» para ganar eficiencia. No obstante, para los sectores de la oposición y diversos gremios estatales, esta seguidilla de renuncias —que ya supera los 200 funcionarios desde el inicio del mandato— refleja una crisis de gestión y una dificultad creciente para mantener cuadros técnicos en áreas donde el ajuste fiscal y las internas políticas no dan tregua.
