El acuerdo legislativo que permitió la aprobación del proyecto de Financiamiento 2026 de la provincia de Buenos Aires se sustentó en un paquete de medidas que atiende los reclamos de los intendentes, garantizándoles financiamiento, control político y alivio fiscal.
El punto central del acuerdo es la creación de un Fondo Municipal de $350.000 millones, una cifra fija e independiente del éxito de la colocación de deuda provincial. Este monto se distribuirá utilizando un algoritmo que combina el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y los ingresos de cada comuna. Los pagos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal se realizarán de manera escalonada: tres cuotas durante 2026 (abril, agosto y noviembre) y dos cuotas durante 2027 (abril y junio), evitando coincidir con grandes vencimientos de deuda provincial. El Artículo 3 de la ley establece que, si el porcentaje de la deuda provincial fuera inferior a $250.000 millones, la diferencia será cubierta con Rentas Generales de la Provincia.
Adicionalmente, se estableció la condonación total de las deudas que los municipios mantenían con la Provincia, generadas por el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria (2020) y el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales (2023). Esta medida, contenida en el Artículo 10, representa un significativo alivio a la caja municipal.
En materia de estabilidad financiera, se introdujo en el Artículo 11 un sistema de topes a la caída del CUD: ningún municipio podrá perder más del $5\%$ de su coeficiente en un año. Si la pérdida se repite dos años seguidos, el límite en el tercer año será del $2,5\%$, tope que regirá también en un eventual cuarto año consecutivo. Los ajustes para mantener estos límites serán cubiertos con fondos de los municipios que hayan experimentado aumentos en su CUD.
Finalmente, el acuerdo incluye la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de la Situación Económica (Artículos 4 y 5), que otorga a la oposición un rol de auditoría. Esta comisión podrá citar a funcionarios, exigir informes trimestrales de ejecución presupuestaria y supervisar tanto la deuda pública como los proyectos municipales financiados con el nuevo fondo. Este mecanismo de control compartido fue clave para asegurar los votos de la oposición y destrabar la sesión legislativa.
