El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que busca reconfigurar el sistema punitivo argentino. La iniciativa —presentada en Casa Rosada por la ex ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni— endurece penas, restringe beneficios penitenciarios y redefine la protección legal de víctimas, menores y funcionarios públicos. El Poder Ejecutivo describe la propuesta como una corrección estructural frente a un ordenamiento jurídico al que considera “desactualizado” y excesivamente permisivo.
“El Congreso va a tener una misión histórica”, afirmó Bullrich, al remarcar que el Código vigente responde a la lógica de 1921 y ha sido reescrito mediante “parches” durante un siglo. La ministra planteó que la reforma busca producir un cuerpo normativo “moderno y coherente”, capaz de responder a nuevas modalidades delictivas y a un escenario de violencia que el oficialismo describe como creciente.
Penas más severas y límites a los beneficios
Uno de los ejes del proyecto es la modificación del régimen de condenas. El homicidio simple eleva su máximo de 25 a 30 años, mientras que el homicidio agravado incorpora nuevas circunstancias de especial protección: funcionarios públicos —incluida la figura del Presidente— docentes en ejercicio, menores de 16 años y adultos mayores de 65.
En paralelo, el Ejecutivo afirma que busca desactivar de manera formal la llamada “puerta giratoria”. Según el texto, el 82% de los delitos deberá tener cumplimiento efectivo, se restringen las salidas transitorias y se establece la obligación de notificar a víctimas y familiares antes de conceder cualquier beneficio, desde libertades condicionales hasta salidas educativas.
La reforma también actualiza reglas de acumulación de penas en homicidios múltiples, especialmente vinculados al crimen organizado, un fenómeno que se observa con preocupación en Rosario y otros puntos del país.
Robo, narcotráfico y violencia urbana: una nueva lectura del delito
Bullrich dedicó un tramo de la presentación a cuestionar lo que considera una “filosofía minimizadora” de delitos como arrebatos, asaltos callejeros o amenazas con armas no disparadas. Bajo esa mirada, el proyecto endurece las escalas penales para atentados contra la propiedad que involucren violencia, armas o acción en grupo. Asimismo, se establecen ajustes en narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil y secuestros extorsivos, todos catalogados entre los delitos más graves.
Imprescriptibilidad y cambios en la legítima defensa
El texto propone declarar imprescriptibles una serie de delitos: homicidio agravado, abuso sexual en todas sus formas, trata, secuestro extorsivo, terrorismo y su financiamiento, corrupción de menores y atentados contra el orden constitucional. Bullrich vinculó este punto con la necesidad de proteger a víctimas que denuncian años o décadas después, especialmente en casos de abuso sexual infantil. “Si hablan 30 años después, el Estado debe escucharlas”, afirmó. La reforma también introduce una presunción a favor de quien se defiende. Ante un ataque —sea con un arma real o de utilería— el Código deberá priorizar la situación de la víctima, sin depender de interpretaciones posteriores sobre la peligrosidad del arma.
Conducción imprudente: de reclamo social a figura penal
Otro capítulo incorpora la figura de conducción imprudente, reclamada por organizaciones como Madres del Dolor. Las penas subirán de 1 a 3 años a un rango de 2 a 6, y de 3 a 6 en casos agravados. La meta oficial es fijar responsabilidad penal clara ante conductas peligrosas como el uso del celular al volante o maniobras temerarias.
Corrupción estatal: responsabilidad agravada
El proyecto incluye un endurecimiento drástico de las penas por delitos de corrupción pública, que pasan a ser catalogados como “graves y gravísimos”. Bullrich argumentó que quienes manejan fondos estatales deben someterse a un estándar superior de responsabilidad: “Si sos funcionario, tenés que cuidar la plata de la gente. No te la podés robar”, sentenció.
Unificación de criterios en todo el país
Finalmente, la reforma propone establecer un Código Penal de aplicación nacional uniforme. Las provincias no podrán invocar diferencias procesales para modificar la ejecución de condenas o el acceso a beneficios. La intención es fijar un estándar homogéneo para evitar interpretaciones divergentes y garantizar mayor previsibilidad jurídica. La Casa Rosada espera que la discusión se convierta en uno de los debates centrales del año parlamentario. Para el Gobierno, la reforma representa una oportunidad para definir un rumbo duradero en materia penal. Será ahora el Congreso el que decida si acompaña una transformación que promete reconfigurar el funcionamiento del sistema penal argentino.
