Por Juan Manuel Jara
El reciente y sonado caso de la Casa de Abrigo (CdA) de 9 de Julio y su inminente cierre – de acuerdo a lo expresado por la gestión municipal-, sumado al detonante que fue la denuncia por presunto abuso a un chico mientras estuvo alojado en la institución, expuso un tema incómodo. El cierre parece más una oportunidad de sacarse un eventual problema/gasto de encima y una exposición cruda de la incapacidad para hacerse cargo de lo que corresponde, además de la caída libre de una institución que fue inaugurada no hace mucho y, evidentemente, un combo de decisiones desacertadas, desidia y el debilitamiento de su estructura original, la han colocado en una posición, paradójicamente, de vulnerabilidad absoluta. Y la solución aplicada, lejos de ser el hacerse cargo de que funcione como antes, ha sido cerrarla. Como si de esta manera desapareciera también del distrito la problemática de menores de edad vulnerables. Un ejemplo de realismo mágico. Un crudo caso de incapacidad de gestión. Pero, para entender un poco mejor todo el asunto, volvamos al origen y corresponde explicar ciertos puntos.
Una Casa de Abrigo opera en el corazón de un desafío social complejo: proporcionar un entorno transitorio y de contención a menores de edad que han sido víctimas de múltiples vulneraciones y violencias. Es fundamental reconocer que las crisis personales de estos menores son una parte inherente y esperable del proceso de acogida. Se dice transitorio porque una media de abrigo puede durar hasta 6 meses, aunque estos plazos pueden extenderse (con autorización del Juzgado) por las situaciones particulares de menor.
Estas casas suelen funcionar mediante convenios entre las provincias y los municipios. Cada municipalidad elabora un proyecto que debe ser evaluado y aprobado por el organismo provincial de niñez y adolescencia. En este proyecto se establece un número de plazas, o «cupo», que por lo general no excede los 15 a 20 menores de edad como máximo. Esta limitación responde a la lógica de mantener un ambiente más parecido a un hogar que a una institución masiva. Si el número supera este umbral, la institución pasa a ser clasificada como «Hogar», pero no solo en referencia a la cantidad de plazas/cupo, sino también en relación al tiempo en los menores deben alojarse que en general es por más de 6 meses.
Los convenios también pueden definir los rangos etarios. Habitualmente, las casas se dividen por grupos como 0 a 12 años y 12 a 16 años. Una problemática recurrente y lamentable es la falta de opciones para los jóvenes de 17 y 18 años. Al conveniar con la provincia, una Casa de Abrigo no solo aloja a menores de la ciudad que la gestiona, sino también de otras localidades que integran el mismo servicio zonal —un ente que supervisa a los servicios locales. Por ejemplo, 9 de Julio depende de la zonal de Mercedes.
Además del cupo fijo, se establece a menudo uno de emergencia, permitiendo ampliar temporalmente la capacidad ante situaciones de extrema necesidad, como el alojamiento de grupos de hermanos, que exceden el número de plazas regulares.
Las CdA se sustentan en dos pilares de personal:
1. Equipo Técnico: Fundamentalmente compuesto por profesionales de Psicología y Trabajo Social, aunque pueden sumarse otras disciplinas. Trabajar en dupla técnica es crucial para el abordaje integral.
2. Plantel de Cuidadores/Referentes: Su número se asigna en función de la cantidad de menors alojados. A esto se suma el personal de maestranza y cocina. Los cuidadores suelen organizarse en tres turnos rotativos (mañana, tarde y noche) para asegurar la cobertura 24 horas.
La complejidad logística de la rutina diaria, que implica múltiples actividades y la atención a las necesidades individuales de muchos chicos, exige un número considerable de personal. Justamente, una debilidad sistémica que afecta a la mayoría de las Casas de Abrigo es la precaria situación laboral del personal de cuidado.
Con frecuencia, los cuidadores operan fuera de la formalidad laboral, percibiendo salarios que apenas superan el mínimo, lo que resulta en un déficit de formación especializada.
La Provincia aporta lo acordado por convenio (aproximadamente cerca del 70% de un salario minimo, vital y móvil) por cada menor alojado. Siempre fue asi, y siempre hubo que completar lo que hiciera falta, con aportes de otras partidas. Misma situación para todas las casa de abrigo que están inmersas en el mismo contexto socioeconómico. Nada nuevo. Nada especial.
Si bien la situación es ligeramente mejor para los equipos técnicos, la falta de inversión en capacitación y el ausentismo de las estructuras de supervisión y gestión son factores críticos que minan la calidad de la atención. Existe una percepción de que la desinversión en el espacio y en la formación ha generado un ambiente de trabajo más propenso al autoritarismo. La presencia y el conocimiento directo de la dinámica interna por parte de las autoridades competentes se considera esencial para garantizar el buen funcionamiento del servicio. Algunas de estas cuestiones (o todas) potenciaron la debacle de la Casa de Abrigo local.
La casa de papel
Una Casa de Abrigo es una política pública. Evita que menores de edad de nuestra ciudad sean enviados a instituciones en otras localidades, lo que históricamente dificultaba la vinculación familiar y el seguimiento de las medidas.
La Casa de Abrigo de 9 de Julio se inauguró en agosto de 2019, durante la gestión de Mariano Barroso. El fue el que dió la luz verde. A pesar de no estar tan convencido, confió en su equipo y apoyó la iniciativa. Y abrió sus puertas con todo el personal necesario y capacitado para la función. De hecho, la casa se creó unos meses antes, pero el equipo aun estaba en capacitación. Atravesaron la pandemia del Covid, en funciones y sin “incidentes”.
Pero desde hace dos años empezó la debacle y hoy el cierre es inminente. El caso del presunto abuso ha puesto en evidencia la desidia de un sistema que, evidentemente, bajó la guardia. Y hay responsables. Un punto no negociable: la Casa de Abrigo es municipal, aunque esté conveniada con Provincia. Cuando el convenio vence, si el Municipio no accede a firmar la renovación, se cierra. Por eso, la definición última es municipal.
Esto va a tener consecuencias. Y la pregunta que incomoda: dónde van a alojar a los menores de edad en situación de vulnerabilidad de 9 de Julio después del 31 de Diciembre? Las vacantes siempre escasean y ya son menores con una situación que amerita pasar por una situación de desarraigo del hogar la que ahora se le va a sumar el desarraigo territorial, ya que van a ser “colocados” donde haya una vacante, o sea, a cientos de kilómetros de su lugar de origen. Esa es la solución? Eso es lo mejor que pudieron hacer? El mayor esfuerzo posible? Evidentemente no. La opción elegida fue la de “nos sacamos el problema de encima”. Pero sacó a la luz la palabra “fracaso”.
