La construcción del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) es solo una de las piezas de un rompecabezas mucho más amplio que se despliega en la causa Cuadernos. En ella se revelan detalles sobre cómo funcionaba el circuito de sobornos y pagos ilegales que recorría las altas esferas del poder durante el kirchnerismo. Las pruebas se encuentran tanto en los famosos cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, como en las declaraciones de Enrique Wagner, empresario arrepentido que detalló el modus operandi de la corrupción.
Según las investigaciones, el esquema estaba basado en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por ESUCO S.A. y RIVA S.A., que se adjudicaron la obra en 2008 por casi 925 millones de pesos. Esta obra, que implicaba la remodelación del antiguo Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, se convirtió en un engranaje crucial dentro de un sistema que permitió a los contratistas acceder a licitaciones y seguir obteniendo obras públicas a cambio de pagos ilegales.
El sistema de sobornos: de las constructoras a las altas cúpulas del poder
El empresario Enrique Wagner, titular de ESUCO, fue uno de los que declaró como arrepentido y detalló cómo entregaba sobornos a Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación, quien actuaba como intermediario entre las empresas y los Kirchner. Las entregas de dinero se realizaban con regularidad entre 2010 y 2015 y, según Wagner, fueron fundamentales para asegurar la continuidad de las licitaciones. En sus testimonios, explicó cómo el porcentaje de los «retornos» se movía entre un 10% y un 20% del valor de cada obra, lo que representa una cantidad millonaria desviado directamente a las manos del poder.
Las anotaciones de Oscar Centeno en sus cuadernos se convirtieron en una pieza central para desentrañar el esquema. Centeno registró meticulosamente las entregas de dinero en efectivo que realizaba a lo largo de los años, detallando direcciones, montos y destinatarios. Entre los movimientos más escandalosos, destaca uno en el que transportó un millón de dólares y otro en el que entregó 500 mil dólares. Estos pagos se realizaban tanto en el país como en el exterior, y uno de los destinos más comunes era Uruguay, donde el dinero era entregado a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner.
Los pagos y la coordinación con los funcionarios kirchneristas
La investigación ha documentado cómo el dinero circulaba a través de las empresas para llegar a los niveles más altos de la estructura kirchnerista. Según el relato de Wagner, y confirmado por las anotaciones de Centeno, las entregas de sobornos no solo eran una costumbre de empresarios, sino un mecanismo institucionalizado para asegurar el avance de las obras públicas y el mantenimiento de las relaciones con los funcionarios clave del gobierno de los Kirchner.
El exsecretario de Obras Públicas José López también estuvo vinculado a este proceso. A pesar de la competencia entre empresas, la magnitud de los proyectos, como la remodelación del CCK, garantizaba que las licitaciones se resolvieran a favor de quienes estuvieran dispuestos a pagar «retornos».
El sistema de licitaciones corruptas: un modelo estructurado
Las declaraciones de Wagner proporcionaron una visión detallada de cómo operaba el sistema. En su testimonio, explicó que el pago de sobornos estaba vinculado a cada paso de la licitación, desde los primeros pagos anticipados hasta los contratos finales. A lo largo de su declaración, dejó claro que el sistema de recaudación ilegal se mantuvo activo hasta el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los testimonios de Wagner y las anotaciones de Centeno revelan cómo el poder político y económico se combinaban para crear una red de corrupción que no solo afectó a la obra pública, sino que también consolidó un modelo de gobernanza basado en la cooptación y el soborno sistemático.
Una trama de complicidades: empresarios, funcionarios y el destino de la obra pública
El circuito de sobornos no solo implicaba a las empresas constructoras, sino que también involucraba a funcionarios de alto rango, entre ellos Baratta y López, quienes se encargaban de gestionar y distribuir los pagos ilegales. Según los registros, la obra del CCK no fue la excepción: la adjudicación, como tantas otras, pasó por el filtro de un sistema de licitaciones adulteradas, en las cuales los retornos eran parte integral del negocio.
El caso de los cuadernos de Centeno y los testimonios de los arrepentidos ha desnudado una parte crucial de la trama de corrupción de la obra pública kirchnerista. Más de 85 personas están implicadas en la causa, entre empresarios, funcionarios y políticos, y el juicio está en curso. Cada nueva declaración agrega piezas a un rompecabezas que sigue ampliando la comprensión de cómo se manejaban los recursos del Estado en ese período.
¿Qué sigue ahora?
Con la causa ya en juicio oral, la Causa Cuadernos continúa revelando detalles impactantes sobre el manejo del dinero público en los años del kirchnerismo. La licitación del CCK, una de las obras más simbólicas del período, es solo la punta del iceberg de un sistema de recaudación ilegal que involucró a varios actores clave del poder político y económico.
El desafío ahora es que, tras años de investigaciones, los tribunales puedan esclarecer hasta qué punto la obra pública fue utilizada como un mecanismo para financiar campañas políticas y consolidar un sistema de poder basado en la corrupción. Y si bien muchos de los involucrados han decidido hablar, la batalla judicial aún está lejos de terminar.
