La caída del salario mínimo en la Argentina de 2025 no es un accidente ni una “desviación” del programa económico vigente: es su resultado. Que el ingreso más bajo del mercado formal haya perdido 35,2% de su poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei y que su valor real sea 58,4% inferior al de 2015 no es simplemente un dato social; funciona como un indicador estructural de hacia dónde se reorientó el Estado argentino y cómo se reconfiguró la distribución del ingreso.
Desde la devaluación compulsiva de diciembre de 2023 —que duplicó el tipo de cambio en 24 horas— el salario mínimo quedó atrapado entre dos fuerzas: un shock inicial que licuó ingresos de manera fulminante y un esquema de actualización controlado por el Ejecutivo, donde las paritarias libres quedaron paralizadas. Cinco reuniones del Consejo del Salario sin acuerdo hablan más que cualquier consigna: el salario mínimo dejó de ser una herramienta de política pública para convertirse en un vector de “ordenamiento” macroeconómico. El gobierno utiliza el piso salarial como ancla antiinflacionaria; el costo es que ese ancla arrastra también el nivel de vida.
Pero la crisis no comienza en 2023. Durante la última década, el salario mínimo fue perdiendo funciones: ya no fija referencia para el empleo formal, no ordena expectativas y no coordina políticas de ingresos. Lo que antes era un piso se transformó en un indicador testimonial: hoy representa menos de una quinta parte del salario promedio registrado. El país dejó atrás incluso los estándares de la Convertibilidad, cuando la política salarial fue deliberadamente suspendida para “dejar actuar al mercado”. En 2025, la situación es similar, pero en un contexto de mayor precarización, mayor heterogeneidad productiva y menor capacidad estatal para amortiguar crisis.
La comparación regional es apenas otro espejo: con 225 dólares, Argentina tiene el salario mínimo más bajo de América Latina. Pero más revelador que el puesto en un ranking es el mensaje económico: un modelo de crecimiento basado en la compresión salarial como columna vertebral del ajuste. Una economía que aspira a ser competitiva por vía del costo laboral bajo termina dependiendo de la informalidad, la rotación permanente y el debilitamiento del tejido empresario. La experiencia latinoamericana lo demuestra: los países de salarios bajos no son los que se desarrollan, sino los que quedan atrapados en estructuras productivas estancadas.
El impacto social ya es evidente. Se necesitan casi cuatro salarios mínimos para superar la línea de pobreza. Es una proporción que, según las series históricas, solo encuentra un paralelo en la crisis de 2001. No es casual: ambas situaciones comparten un elemento común —la desarticulación del sistema de ingresos como herramienta de cohesión social—.
El mercado laboral tampoco ofrece un contrapeso. Desde la implementación del programa libertario se perdieron más de 220.000 empleos registrados y cerraron casi 20.000 empresas. La informalidad supera el 50% en varias regiones del país, un fenómeno que revela que la liberalización normativa no generó empleo formal, sino que redujo los incentivos para sostenerlo. En el interior del país —NOA, NEA y Cuyo— el retroceso es aún más agudo, reforzando una tendencia histórica: cuando la política económica se desentiende de las asimetrías territoriales, esas asimetrías se profundizan.
Lo que el salario mínimo revela
El deterioro del salario mínimo sintetiza los rasgos centrales del ciclo económico actual:
– Un Estado que se retira de la negociación salarial, dejando a los trabajadores sin referencia de protección.
– Un mercado laboral fragmentado, donde el piso formal no ordena ni ordenará mientras siga tan por debajo del promedio.
– Una estructura productiva debilitada, que no puede sostener empleo formal sin reglas claras y sin demanda interna.
– Una sociedad con expectativas a la baja, acostumbrada a que cada crisis redefine a la baja el umbral de lo aceptable.
El verdadero problema no es solo cuánto vale hoy el salario mínimo, sino lo que anticipa para el futuro: si el piso se derrumba, el resto de la estructura se mueve con él. La discusión no es técnica, sino política. Un país define su contrato social a partir de aquello que considera “mínimo”: mínimo de ingreso, de derechos, de dignidad. La Argentina está redefiniendo ese mínimo a niveles cada vez más bajos. La pregunta que queda para los próximos meses es si esta licuación —presentada como medicina de urgencia— es un paso transitorio o la consolidación de un nuevo orden. El salario mínimo, más que una cifra, es el termómetro del rumbo elegido. Y el termómetro marca fiebre.
