El Corcho en el Agua
Tras más de diez años de maniobras, dilaciones y apelaciones, la Justicia confirmó la condena contra el abogado nuevejuliense Eduardo Aníbal Vaira por el uso de documentos públicos adulterados. Un caso emblemático que expone las fallas, las demoras y también la capacidad del sistema judicial de corregirse, impulsado por la persistencia de un ciudadano que no se resignó al silencio.
Después de más de una década de incertidumbre, la verdad finalmente sale a la luz. Tras un extenso derrotero procesal, la Justicia del Departamento Judicial de Mercedes dictó sentencia en la causa (N° ME-2722-2016 (6402) – “Vaira, Eduardo Aníbal / Uso de Documento Público Adulterado) que lo involucra en la adulteración y uso de documentos públicos. Se cierra así un capítulo oscuro, al menos en términos de condena formal.
Pero no fue un proceso sencillo. En este caso, la figura que merece un reconocimiento especial es la del señor Primo Casciola, un hombre de 75 años, con discapacidad, que —a pesar de sus dificultades— se convirtió en un ejemplo de tenacidad. Casciola fue quien impulsó la denuncia y sostuvo la causa durante años, enfrentando obstáculos que a muchos habrían hecho abandonar.
La Cámara confirmó la sentencia que condenó a Eduardo Aníbal Vaira como autor material penalmente responsable del delito de uso de documento público falso, imponiéndole:
– 1 año de prisión en suspenso,
– inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el mismo plazo,
– reglas de conducta por dos años conforme al art. 27 bis del Código Penal,
– costas procesales.
El cómputo de pena, emitido el 13 de noviembre de 2025, establece que Vaira “deberá cumplir una serie de reglas de conducta impuestas que vencerán el día 8 de septiembre de 2027, y su registración de la pena de prisión a todos los efectos legales caducará el día 21 de diciembre de 2033, mientras que la inhabilitación para ejercer la profesión de abogacía vencerá el día 8 de septiembre de 2026 y su caducidad registral será el día 8 de septiembre de 2031.”
Además, se le impuso el pago de $6.735 por costas procesales, un monto menor en términos económicos, pero de enorme peso simbólico: marca el costo moral de violar la ley desde el propio ámbito profesional que exige honrarla.
El caso Vaira no es una excepción: es apenas un recorte dentro de un entramado judicial, político y corporativo que durante años permitió que ciertos sectores operaran con impunidad. La causa expone las grietas y la lentitud del sistema, pero también demuestra que, cuando la persistencia es mayor que el desgaste, la verdad termina imponiéndose.
La lucha de Casciola —un hombre común, casi invisible para el aparato judicial— se convierte así en un símbolo: la prueba viviente de que la Justicia puede tardar, pero cuando encuentra un sostén firme, no se desvanece.
Es indispensable seguir exigiendo transparencia, eficiencia y celeridad en los procesos judiciales. Sin embargo, incluso con sus fallos e imperfecciones, nuestro sistema conserva la capacidad de corregir desvíos y restablecer el orden cuando la verdad logra hacerse oír. La condena de Vaira, aunque tardía, es un triunfo para quienes creen en la ley, en la perseverancia y en la equidad.
Hace unos meses, en este mismo editorial traje un ejemplo que hoy vale la pena repetir, principalmente por el valor que tiene. Yo era chico y estaba en el viejo ranchito de barro de mi abuelo, con su bomba de agua y su mirada sabia. Un domingo por la mañana me pidió que llenara un balde, tomara un corcho de la damajuana de vino y lo mantuviera sumergido con mi mano.
Pasaron unos minutos y le pregunté qué debía hacer.
“Tenelo, tenelo”, me dijo. Luego, con calma, ordenó: “Soltá el corcho”.
Apenas lo solté, el corcho subió a la superficie.
“¿Qué ves?”, preguntó. “Nada abuelo;… la bomba, el corcho, el agua”, respondí.
Él sonrió y dijo:
“No, hijo… eso es la Verdad. Podés sostenerla un tiempo, pero siempre sube. Siempre aparece.”
Esa lección sigue vigente hoy: la Verdad, por más que se intente hundirla, siempre encuentra su camino hacia la luz.
EL LOBO
