Este miércoles, los docentes de las 66 universidades nacionales comenzaron un paro de 72 horas convocado por las dos principales federaciones sindicales en el ámbito universitario. La medida se extiende hasta el viernes y tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario (Ley N° 27.795), cuyo veto por parte del Gobierno ha sido considerado ilegítimo y arbitrario por los representantes del sector.
El Congreso de secretarios generales de la CONADU Histórica, una de las federaciones más influyentes, había propuesto inicialmente un paro de una semana o incluso indefinido, con la posibilidad de suspender los exámenes finales, como forma de presión ante la falta de respuesta del Ejecutivo. Tras deliberaciones internas y una consulta a sus bases, la CONADU, que forma parte de la CTA de los Trabajadores, decidió sumarse al paro, fortaleciendo la medida con un respaldo amplio, dado que ambas organizaciones concentran la mayor parte de los docentes universitarios del país.
Mientras tanto, la FATUN y la FEDUN, federaciones vinculadas a la CGT y con menor representatividad en el sector docente, decidieron no adherir a la medida, apostando por un diálogo directo con el Gobierno.
El reclamo de los docentes tiene como trasfondo el rechazo a la decisión del Gobierno de no aplicar la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso con una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. La ley establece una actualización automática de los salarios y los fondos destinados al funcionamiento de las universidades, en sintonía con la evolución de la inflación oficial, lo que busca garantizar la estabilidad y calidad del sistema educativo público. Sin embargo, el Gobierno ha argumentado que la falta de recursos impide cumplir con los términos de la ley, citando la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que exige una evaluación de los fondos disponibles.
Sin embargo, los críticos de esta postura señalan que el argumento gubernamental no tiene sustento. En el mismo periodo en que se suspenden los aumentos a los docentes universitarios, el Ejecutivo ha dispuesto incrementos salariales sustanciales en otros sectores, como el Hospital Garrahan, y ha dejado de recaudar miles de millones de dólares al eximir de retenciones a las grandes empresas cerealistas. Esta disparidad de trato ha alimentado las tensiones entre el Gobierno y los sectores afectados.
El impacto de la medida será significativo: alrededor de 200 mil docentes y entre 2 y 3 millones de estudiantes se verán afectados por el paro. Las federaciones docentes ya han anticipado que, de no obtener una respuesta favorable, evaluarán profundizar las acciones, incluyendo la suspensión de los exámenes finales y la no apertura del ciclo lectivo 2026.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades, también se ha sumado al reclamo. En un comunicado fechado el 22 de octubre, acordaron por unanimidad recurrir a la justicia para exigir el cumplimiento de la ley. «Un decreto no puede suspender una ley», advirtió Leandro Vergara, decano de Derecho de la UBA, mientras que Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, enfatizó que «es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley».
La protesta refleja una creciente preocupación sobre el respeto al marco normativo en el país y sobre las condiciones de los docentes y estudiantes en el sistema de educación superior. Ante la falta de diálogo y la incertidumbre sobre el futuro de la educación pública, las medidas de fuerza podrían intensificarse en los próximos meses si no se llega a una solución.
