La victoria electoral de Javier Milei y la posterior reacción positiva de los mercados no logran ocultar una realidad económica cada vez más cruda: aunque el riesgo país disminuyó, las acciones y bonos se valorizaron y el dólar se estabilizó, la economía real sigue sin repuntar. El optimismo de la city contrasta con un panorama doméstico caracterizado por salarios estancados, importaciones crecientes, crédito costoso y tarifas de servicios públicos elevadas. Este desajuste plantea una interrogante central: ¿puede la economía argentina salir de la recesión mientras el poder adquisitivo sigue erosionado y la demanda interna no despega?
El entusiasmo financiero, alimentado por la reducción de la incertidumbre política y el juego especulativo en tasas de interés y bonos, no parece tener correlato en la vida cotidiana de los argentinos. La política económica actual, centrada en un esquema de oferta que apuesta a flexibilizar el mercado laboral y recortar impuestos, ya ha mostrado históricamente su ineficacia para generar crecimiento sostenido y mejorar la distribución del ingreso. Mientras tanto, la inyección de confianza al sector financiero no ha sido suficiente para dar un giro significativo a la economía productiva.
El informe de FIDE, dirigido por Mercedes Marcó del Pont, refleja con claridad este contraste, al señalar que las «tendencias recesivas» persisten, producto de una «insuficiencia de la demanda doméstica». En este sentido, la principal limitante para una reactivación económica es el estancamiento de los ingresos y la pérdida de empleos. De hecho, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron más de 250 mil puestos registrados, mientras que el salario real sigue por debajo de los niveles necesarios para sostener el consumo.
El informe de Qualy, por su parte, confirma la desaceleración de la producción industrial, que entre enero y septiembre de 2024 cayó un 6,9% en comparación con el año anterior. Las altas tarifas de los servicios públicos y el crédito caro, junto con la presión de las importaciones, han generado un cóctel destructivo para la producción nacional, que se refleja en el cierre de 18.032 empresas desde noviembre de 2023. Esta pérdida de unidades productivas no solo reduce la oferta local, sino que también pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
Los sectores más afectados por esta tendencia son los textiles, la indumentaria, y la metalmecánica, mientras que los alimentos y bebidas muestran solo un crecimiento marginal. A pesar de la resiliencia del sector automotriz y la construcción —impulsada por la obra privada y una inversión pública focalizada—, la economía general continúa en retroceso, sin señales claras de un rebote significativo en el corto plazo.
La caída del consumo también se refleja en el sector minorista pyme, que según CAME experimentó una contracción del 1,4% interanual en octubre. Las promociones y ofertas especiales, como las asociadas al Día de la Madre, solo lograron un repunte temporal que no fue suficiente para evitar una caída general en la demanda. Las pequeñas y medianas empresas siguen enfrentando altos costos operativos, baja rentabilidad y un ánimo pesimista respecto a la posibilidad de realizar nuevas inversiones.
En este contexto, la apuesta del gobierno de Milei por el crédito bancario como motor de la recuperación enfrenta una importante barrera: el sobreendeudamiento de las familias. Mientras las tasas de interés siguen elevadas y el crédito escasea, la capacidad de las personas para acceder a financiamiento se reduce, lo que limita el impulso a la actividad económica.
