
En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, el Senado de la Nación aprobó en general y en particular el proyecto de «Ley de Modernización Laboral» impulsado por el gobierno de Javier Milei. Con 42 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo logró destrabar una de las piezas centrales de su programa económico, marcando lo que la Casa Rosada califica como un «punto de inflexión» en la normativa vigente desde 1974.
El debate, que duró más de 14 horas, estuvo marcado por una fuerte tensión tanto dentro como fuera del recinto. Mientras los legisladores discutían los 26 títulos del proyecto, miles de manifestantes convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y movimientos de izquierda se concentraron frente al Congreso. La jornada terminó con incidentes, enfrentamientos con la policía y un saldo de al menos 15 heridos y una treintena de detenidos.
Concesiones y acuerdos clave
Para asegurar la victoria legislativa, el bloque de La Libertad Avanza, encabezado en la Cámara Alta por Patricia Bullrich, debió aceptar más de 28 modificaciones al texto original. Estas concesiones fueron fundamentales para atraer el voto de la «oposición dialoguista», compuesta por sectores de la UCR, el PRO y senadores que responden a gobernadores provinciales.
Entre los puntos más negociados figuró el financiamiento sindical. El oficialismo aceptó mantener la obligatoriedad de los aportes solidarios que los gremios perciben de trabajadores no afiliados, aunque se les impuso un tope del 2%. Como contrapartida, los aportes patronales a las cámaras empresarias también seguirán siendo obligatorios, pero limitados al 0,5% mensual.
Los ejes de la transformación
El proyecto aprobado introduce cambios estructurales en el mercado de trabajo argentino, orientados a reducir la litigiosidad y flexibilizar las condiciones de contratación.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un nuevo esquema de indemnizaciones financiado por aportes de las empresas (1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs). El objetivo es que las desvinculaciones no impacten directamente en el flujo de caja de los empleadores.
- Banco de Horas y Jornada: Se habilita la posibilidad de reemplazar el pago de horas extra por un sistema de compensación de horas, y se permite el fraccionamiento de las vacaciones por un mínimo de siete días.
- Servicios Esenciales: Se amplía la lista de sectores que deben garantizar una prestación mínima durante huelgas, incluyendo la educación y las fuerzas de seguridad, estas últimas obligadas al 100% del servicio.
- Cese de la «Industria del Juicio»: Se modifica el cálculo de intereses judiciales y se permite que las PyMEs paguen las sentencias laborales en hasta doce cuotas.
Un futuro incierto en Diputados
A pesar de la satisfacción oficial, la oposición liderada por el interbloque justicialista lanzó duras críticas. Los legisladores del peronismo calificaron la reforma de «esclavista» y argumentaron que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional al recortar derechos fundamentales. Algunos sectores ya han anticipado que, de convertirse en ley, la norma será impugnada ante la justicia.
El proyecto ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a obtener la sanción definitiva antes del 27 de febrero, fecha en la que concluye el período de sesiones extraordinarias. Si bien el triunfo en el Senado otorga un impulso político significativo al presidente Milei, se espera que el tratamiento en la cámara baja sea igualmente reñido, con el sindicalismo prometiendo profundizar las medidas de fuerza en las calles.




