El Congreso volvió del receso discutiendo cómo se va a votar en 2027 antes que qué se va a hacer en 2026. Los gobernadores tienen los votos que faltan y ya saben cuánto valen.
Hay semanas en las que conviene mirar menos lo que se vota y más lo que se está comprando. Esta fue una de esas. El Gobierno tiene tres cosas urgentes sobre la mesa y las tres dependen de los mismos votos. Necesita aprobar en Diputados la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que salió del Senado el 7 de agosto por 37 a 33 después de que el propio oficialismo tuviera que retirar dos capítulos completos, el de tierras rurales y el de manejo del fuego, para no perderla entera. Necesita el Presupuesto 2027, que vence el 15 de septiembre. Y necesita, sobre todo, suspender las PASO antes de que empiece el año electoral.
Para lo último hacen falta 37 votos sobre 72 en el Senado. La Libertad Avanza tiene 21 propios. Los dieciséis que faltan están repartidos entre el radicalismo, los interbloques provinciales y las bancas que responden a gobernadores. Nadie regala dieciséis votos. Acá está la parte interesante.
Los gobernadores que definen la votación tienen nombre y son conocidos: Sáenz en Salta, Jaldo en Tucumán, Jalil en Catamarca, Figueroa en Neuquén, Passalacqua en Misiones. Todos ellos, además, van a estar sentados en la negociación del Presupuesto, donde se discute cuánto de coparticipación, de obra pública y de programas nacionales llega a cada provincia. Y hay un tercer elemento que apareció esta semana. El Gobierno evalúa ofrecerles lugar en el directorio del Banco Central para asegurar la reforma de su Carta Orgánica, que entra al recinto de Diputados el 26 de agosto. Reglas electorales, partidas presupuestarias y sillas en el Banco Central se están negociando con las mismas personas, en la misma mesa y al mismo tiempo. No hay manera de que eso no se mezcle.
Del otro lado ocurre algo simétrico y con la misma lógica. El peronismo se organizó esta semana para bloquear la suspensión de las primarias, y lo hizo por una razón que no tiene nada que ver con la calidad institucional: las PASO son el único mecanismo disponible para resolver una interna que no logra cerrar de otro modo. La pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof lleva meses sin encauzarse, dos senadores del riñón de la expresidenta manifestaron públicamente su hartazgo, y el gobernador bonaerense decidió patear cualquier negociación hasta marzo mientras nacionaliza su propia estructura. De modo que un espacio quiere eliminar las primarias porque le ordenarían la interna al adversario, y el adversario quiere conservarlas porque no sabe cómo ordenarse sin ellas. Ninguno de los dos argumentos tiene que ver con el sistema electoral. Los dos tienen que ver con la debilidad interna de quien los formula.
Los números que nadie discutió
Mientras tanto, el INDEC informó el 13 de agosto que la inflación de julio fue de 2,1 por ciento, con lo que se cortó una racha de tres meses de desaceleración y el acumulado de los últimos doce meses quedó cerca del 34. El relevamiento de expectativas del Banco Central revisó a la baja la actividad y estimó que el producto se contrajo cuatro décimas en el segundo trimestre. Ninguno de esos dos datos ocupó una hora de debate parlamentario esta semana.
Hay una encuesta que ordena el resto del cuadro. Según Zubán Córdoba, el 62 por ciento votaría en 2027 por un cambio de gobierno y el 33 por la continuidad. Eso explica dos cosas a la vez. Explica por qué el oficialismo tiene apuro en fijar las reglas antes de que empiece la campaña. Y explica por qué la oposición, con ese número a favor, sigue sin poder convertirlo en una candidatura. En el medio, el PRO y La Libertad Avanza abrieron una mesa que se reúne cada quince días para acordar la provincia de Buenos Aires. Un diputado del PRO lo resumió con una franqueza que ahorra análisis: «Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar». Ahí está el criterio completo, sin adorno.
Por qué esto llega hasta acá
Todo lo anterior suena lejano y no lo es. El Presupuesto nacional que Milei debe presentar el 15 de septiembre define las transferencias a las provincias, y de esas transferencias sale una parte de lo que después llega a los municipios: los fondos afectados, los programas educativos, la obra pública que se ejecuta o se posterga. Y sobre eso, en 9 de Julio, esta semana aprendimos algo que conviene tener presente cuando empiece la discusión. El informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2025 mostró que el problema no se agota en cuánta plata baja. De los 2.357 millones que llegaron por Fondo Educativo, a infraestructura escolar se aplicaron 20. En septiembre se va a discutir en el Congreso cuánto le corresponde a cada distrito. Vale la pena mirarlo. Pero el número que llega es solo la mitad de la historia. La otra mitad se decide después, mucho más cerca, y no la vota nadie.
