La sanción de la ley que incorpora metas fiscales, financieras y monetarias convierte en plena legalidad los US $20 mil millones del acuerdo de Facilidades Extendidas, cerrando la polémica política y legal que enfrentaba al Ejecutivo con el kirchnerismo.
Con la aprobación del Presupuesto 2026, el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) adquiere fuerza de ley y respaldo jurídico definitivo. Esto convierte en plenamente válido el endeudamiento por unos 20 mil millones de dólares, despejando cualquier cuestionamiento legal que hubiera sido eje de fuertes críticas desde el kirchnerismo.
El aval legislativo no sólo consolida el rumbo fiscal del Ejecutivo, sino que establece límites estrictos al gasto público, reforzando la disciplina sobre metas de inflación, crecimiento y superávit fiscal acordadas con el FMI. Según el Presupuesto, se proyecta un crecimiento del PIB de 3%, un superávit primario del 2,2% y una inflación de entre 10 y 15% para 2026, junto con reglas de estabilidad fiscal que ajustarán automáticamente partidas si los ingresos caen o los gastos se disparan.
El acuerdo había sido impulsado por Milei vía decreto para evitar un conflicto legislativo, luego de que el kirchnerismo en el Senado mostrara resistencia a aprobar el nuevo endeudamiento. El DNU expiraba el 31 de diciembre, y la sanción del Presupuesto asegura ahora la legalidad y vigencia de Facilidades Extendidas.
El aval de Kristalina Georgieva y del FMI dependía de que todas las cláusulas del acuerdo fueron posteriormente aprobadas por ley, compromiso que Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, cumplieron con la sanción del Presupuesto 2026. Así, los pagos anuales al FMI y los nuevos desembolsos previstos quedan incluidos explícitamente en el texto, cerrando la discusión sobre la legalidad del financiamiento.
El Presupuesto también pone fin al financiamiento directo del Tesoro por parte del Banco Central, eliminando cualquier posibilidad de “plan platita” y asegurando ajustes automáticos ante desviaciones del gasto, en línea con las metas de sostenibilidad fiscal.
A partir de enero de 2026, comenzará la contabilización del próximo capítulo del acuerdo con el FMI, con la llegada de técnicos a Buenos Aires para supervisar la implementación de metas y ajustar la política económica según lo pactado. La operación incluye la compra de al menos 10 mil millones de dólares durante el primer semestre, un requisito del Fondo para mantener la estabilidad del acuerdo y garantizar la disponibilidad de reservas.
Con la aprobación del Presupuesto, el Ejecutivo logra no solo la legalización del acuerdo con el FMI, sino también un respaldo político que le permite operar con certeza jurídica y financiera durante el próximo año, cerrando la polémica iniciada por el endeudamiento asumido por el gobierno de Milei y reforzando el control del gasto público y las metas fiscales.
