Japón ha puesto en marcha un ambicioso plan de cooperación internacional destinado a blindar las aguas de Sudamérica frente a la creciente presión de las flotas extranjeras. A través de una inversión de 300 millones de yenes (aproximadamente 1,9 millones de dólares), el gobierno japonés, en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, busca dotar a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador de herramientas tecnológicas de última generación para combatir la pesca ilegal.
La estrategia se centra en el despliegue de drones de largo alcance y sistemas avanzados de análisis de imágenes capaces de identificar buques incluso cuando estos apagan deliberadamente sus sistemas de posicionamiento para operar en la sombra. Estas herramientas permiten reconstruir trayectorias y detectar maniobras evasivas en zonas críticas como la «milla 201», una franja fronteriza con la Zona Económica Exclusiva argentina donde cientos de barcos se agrupan cada temporada para la captura de calamar al límite de la legalidad.
El impacto de esta actividad no es solo económico, sino también ambiental. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la pesca no declarada puede representar hasta el 30% de las capturas globales en ciertas regiones, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las especies y el equilibrio de los ecosistemas marinos. Para Argentina, la incorporación de esta tecnología refuerza el control en un momento de tensión recurrente por la soberanía de sus recursos naturales.
En el ámbito interno, la llegada de estos equipos reaviva el debate sobre la distribución de competencias de control. La Prefectura Naval Argentina se perfila como el receptor natural de esta tecnología debido a su rol histórico como autoridad marítima y policía pesquera. Mientras la Armada Argentina aporta patrulleros oceánicos, el desafío actual radica en integrar esta nueva capa digital de sensores y datos para asegurar una fiscalización diaria eficiente y evitar la superposición de funciones entre fuerzas.
Este refuerzo tecnológico coincide con los preparativos para la zafra de calamar de 2026, un periodo que somete a una presión extrema la vigilancia del mar argentino. Con la implementación de este patrullaje inteligente, las autoridades locales buscan optimizar la respuesta ante incursiones irregulares y consolidar la vigilancia aérea como un pilar fundamental para la defensa de los recursos económicos del país.
