Una serie de préstamos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del equipo económico y legisladores oficialistas derivó en una denuncia penal y pedidos formales de explicación al Poder Ejecutivo. La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia para que la Justicia investigue posibles delitos como tráfico de influencias y administración fraudulenta. En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó un pedido de informes para que el Gobierno detalle las condiciones en las que se otorgaron los créditos, cuyo volumen total supera los 2.500 millones de pesos.
Diputada Mónica Frade (CC)
El punto de partida del caso es información pública: los niveles de endeudamiento pueden verificarse en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. Sin embargo, el cruce de datos con declaraciones juradas —realizado por desarrolladores independientes— permitió identificar a funcionarios y diputados con créditos, en su mayoría hipotecarios, otorgados por el Banco de la Nación Argentina.
Según la denuncia, los montos concedidos no guardarían relación con los ingresos declarados ni con la capacidad de repago de los beneficiarios, lo que abre interrogantes sobre los criterios aplicados. Entre los nombres señalados figuran Federico Furiase, Felipe Núñez, Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe y Emiliano Mongilardi, junto a los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.Los montos relevados muestran cifras significativas: créditos que superan los 300 millones de pesos en varios casos y alcanzan niveles aún mayores en otros. La dimensión del financiamiento, sumada a la condición pública de los beneficiarios, es lo que activa la sospecha política y judicial.
La presentación de Frade avanza sobre aspectos concretos: solicitó acceder a los legajos crediticios, a las actas de directorio que aprobaron las operaciones y a peritajes contables que determinen si existió perjuicio para la entidad bancaria. Además, pidió investigar si hubo condiciones preferenciales —en tasas, plazos o requisitos— y si se respetaron las normas internas y la Carta Orgánica del banco. Por su parte, Paulón puso el foco en tres ejes sensibles: posibles excesos en los límites de crédito para personas políticamente expuestas, eventuales dictámenes técnicos desfavorables ignorados y la existencia de resoluciones excepcionales que hayan permitido aprobar los préstamos.
Desde el oficialismo, algunos de los señalados rechazaron las acusaciones. Sostienen que no existieron privilegios y que los créditos fueron otorgados dentro de líneas abiertas al público general, bajo condiciones regulares de mercado. El caso instala una discusión de fondo: el uso del crédito público y los estándares de transparencia cuando los beneficiarios forman parte del propio entramado estatal. La respuesta, ahora, quedó en manos de la Justicia.
