Este lunes marcó un punto de inflexión en la política tributaria de Argentina con la entrada en vigor de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. La normativa, que el Gobierno describe como un «blanqueo popular permanente», busca dinamizar una economía sedienta de liquidez permitiendo que los ciudadanos utilicen sus ahorros, incluidos los históricos «dólares bajo el colchón”, sin el temor a investigaciones retroactivas sobre el origen de sus fondos.
El núcleo de esta ley reside en la inversión de la carga de la prueba: a partir de ahora, el Estado presume que el contribuyente es cumplidor salvo que se demuestre lo contrario. Este giro conceptual viene acompañado de una actualización drástica en los umbrales del Régimen Penal Tributario. La evasión simple, que antes se castigaba penalmente a partir de los 1,5 millones de pesos, ahora requiere un monto de 100 millones para ser considerada delito, mientras que la evasión agravada saltó a los 1.000 millones de pesos.
La reacción de los mercados: un voto de confianza
La respuesta de los mercados financieros no se ha hecho esperar. Durante la primera jornada de vigencia, se observó una tendencia positiva en los activos locales, impulsada por la expectativa de una inyección masiva de capitales al circuito formal. Analistas en la City porteña destacan que el nuevo «tapón fiscal» —que clausura revisiones de períodos anteriores si se cumple con la facturación futura— genera un incentivo potente para la inversión y el consumo de bienes durables.
Los depósitos privados en dólares, que ya alcanzaban niveles récord cercanos a los 37.000 millones de dólares antes de la reglamentación, son vistos como el principal combustible para esta nueva etapa. El mercado interpreta que la reducción de los plazos de prescripción de cinco a tres años para contribuyentes cumplidores y la simplificación de la Declaración Jurada de Ganancias reducirán significativamente el «costo de cumplimiento» y la litigiosidad que históricamente ha asfixiado a las pequeñas y medianas empresas.
Entre la seguridad jurídica y la advertencia técnica
A pesar del clima de celebración en los despachos oficiales, voces del sector contable y expertos en derecho tributario mantienen una cautela matizada. El principal punto de fricción es la definición de «discrepancia significativa». La ley establece que cualquier diferencia mayor al 15% entre lo declarado y lo fiscalizado, o el uso de facturas apócrifas, anula inmediatamente los beneficios de la norma, dejando al contribuyente expuesto a multas que han sufrido aumentos siderales de hasta el 100.000%. «Estamos ante un esquema que otorga mucha libertad, pero que castiga con una severidad inédita el error formal o el engaño detectado», advierten especialistas en tributación.
La implementación de esta ley se produce en un contexto macroeconómico delicado, donde el Gobierno apuesta a que la formalización de activos compense la caída en la recaudación por actividad económica. El éxito de la Inocencia Fiscal dependerá, en última instancia, de si la confianza que hoy muestran los mercados se traduce en una conducta permanente de los ciudadanos o si queda limitada a un movimiento especulativo de corto plazo.
