Una investigación de REALPOLITIK reveló que, a excepción de aquellos que se encuentran en planta permanente, existen riesgos palpables de que numerosos trabajadores de la provincia pierdan sus trabajos entre diciembre de este año y mayo del 2019.
Hasta la llegada de Cambiemos, el gobierno bonaerense sólo utilizaba dos tipos de contratos. Los contratos llamados “de locación de obra”, regidos por el decreto 369/16 y los de “locación de servicio”, que forman parte de la ley 10430 (artículo 115). En dicha ley, la más importante de la administración pública, se observa que hay cuatro formas de pertenecer a la llamada planta temporaria. En su artículo 111 se indica que al ingresar en la misma, el personal puede presentarse como personal de gabinete, secretario privado, contratado o transitorio.
Siempre teniendo en cuenta que cuando una persona ingresa a la administración pública no posee estabilidad hasta el período máximo de dos años, y luego debe ingresar obligatoriamente en carácter de permanente. Además, el artículo 6 advierte que “todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad, derecho que se adquiere a los sesis meses de servicio efectivo”.
Luego del triunfo de Cambiemos, a finales del 2015, la provincia de Buenos Aires comenzó a trabajar con una nueva metodología de contratos, amparados en la Ley de Emergencia 14815 publicada el 26 de mayo de 2016 en el decreto 592/16. El mismo incorpora la figura del “Contrato por servicios de emergencia”, que tiene sus propios sueldos asignados por esta normativa y una duración de un año, dependiendo de ser renovados o no a voluntad de los funcionarios bonaerenses.
La vigencia de estos contratos es de mayo a mayo. Este último año fueron firmados el 26 de mayo, con vigencia hasta el próximo año, por ley 15022. En los mismos, la letra escrita indica “contrato por locación de servicio”, pero en la práctica no son más que “de emergencia”. Ante la imprevisibilidad de los mismos, se siguió utilizando una adenda para indicar los pasos a seguir con estos acuerdos extraprogramáticos.
La particularidad de estos contratos es que, a pesar de ser firmados en mayo, se rigen por el gasto del presupuesto anual, lo que indica que en diciembre de 2018 las autoridades ya pueden decidir su finalización en mayo de 2019, utilizando tan sólo una prórroga hasta entonces.
Esto deja a los trabajadores bonaerenses que no se encuentren dentro de la planta permanente en una situación de notable fragilidad. Cualquiera puede perder su trabajo sin mayor necesidad de trámites o compensaciones de la provincia de Buenos Aires, simplemente por la decisión de su superior de regularizar el presupuesto.
La situación es apremiante. A pesar de haber dado marcha atrás con la comunicación que la gobernadora María Eugenia Vidal le transmitó al ministro Hernán Lacunza de no renovar los contratos de planta transitoria, lo cierto es que numerosos titulares de organismo bonaerenses se encuentran actualmente estudiando opciones. Muchos de ellos, “más papistas que el Papa”, están dispuestos a correr con el costo político de los despidos a pesar de estar entrando en un año electoral con resultado incierto.
Entre ellos se destaca el caso del joven y poco experimentado Matías Lanusse, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, quien en una temeraria jugada llamó a firmar a los 37 contratados bajo la modalidad de “Casino de Tigre”, un acuerdo que nació como provisional, para salir del paso y que, como todo en la provincia, se volvió permanente. A pesar de que los trabajadores firmaron los contratos, aun no cuentan con la firma de Lanussequien, en estos momentos, se hallaría estudiando sus opciones.
(RealPolitik)