Entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo no se disputarán partidos en ninguna categoría, incluida la novena fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. La medida, resuelta por unanimidad en el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, constituye una señal política de alto voltaje: los clubes interpretan las denuncias fiscales del ARCA como un acto de presión del Gobierno.
La suspensión no es menor. Abarca a todas las divisiones, incluso a las categorías formativas. En términos simbólicos, es el principal espectáculo deportivo del país el que baja el telón en medio de una disputa que trasciende lo tributario. El origen formal del conflicto es una causa iniciada en diciembre pasado, en la que la agencia recaudadora acusa a la AFA de incumplimientos en el pago de impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales correspondientes a distintos períodos de 2024 y 2025. El monto en discusión asciende a más de 19.000 millones de pesos.
Sin embargo, durante la reunión del Comité Ejecutivo se presentó documentación que, según los dirigentes, acredita que la deuda es inexistente. Esa presunta discrepancia entre la denuncia oficial y los registros exhibidos por la entidad fue el detonante de la medida.
En el comunicado difundido tras el encuentro, los clubes hablaron explícitamente de “repudio” a la denuncia y respaldaron a la conducción de la AFA. Puertas adentro, varios dirigentes sostienen que el trasfondo del conflicto está vinculado a la resistencia del fútbol a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una reforma promovida por el oficialismo que genera fuertes divisiones en el ecosistema deportivo.
La palabra “persecución” comenzó a circular con fuerza en los pasillos del predio de Ezeiza. Algunos presidentes de clubes interpretan las acciones del ARCA como parte de una estrategia más amplia para condicionar a la conducción encabezada por Claudio Tapia.
En paralelo, el frente judicial sumó un capítulo propio. El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó a Tapia a salir del país rumbo a Colombia y Brasil, pese a la restricción vigente en la causa en la que se encuentra imputado. La habilitación quedó sujeta al pago de una caución real de cinco millones de pesos y al cumplimiento de otras obligaciones procesales. El magistrado consideró que el viaje —vinculado a compromisos oficiales como presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol— no interfiere con las indagatorias previstas ni pone en riesgo el proceso.
La simultaneidad de los hechos —denuncia fiscal, paro del fútbol y autorización judicial de viaje— configura una escena de tensión institucional que excede el calendario deportivo. La decisión de suspender la fecha no sólo impacta en lo económico y organizativo; también introduce un mensaje político claro: el fútbol, históricamente reticente a involucrarse de manera abierta en disputas con el poder Ejecutivo, eligió esta vez confrontar.
Resta saber si el paro funcionará como herramienta de presión o si profundizará el conflicto. Por ahora, la pelota quedó detenida en el centro del campo. Y la definición ya no depende de un árbitro, sino de la dinámica entre el Gobierno y la dirigencia deportiva.
