El Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso consolidó una señal clara sobre el rumbo de la educación superior en la Argentina. Si no se cumple la Ley de Financiamiento Universitario —tal como ordenó recientemente la Justicia—, los recursos destinados a las universidades nacionales se ubicarán en el 0,47% del Producto Bruto Interno, el nivel más bajo en al menos dos décadas y comparable con los valores de 2005.
La cifra confirma una tendencia de ajuste sostenido. En términos reales, el presupuesto universitario caerá un 33,8% respecto de lo ejecutado en 2023, en un sistema cuyo financiamiento depende en un 90% de las transferencias del Estado nacional y carece de mecanismos alternativos de compensación.
La incorporación del artículo 30 en la ley presupuestaria marca un punto de inflexión: deroga el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía que el Estado debía garantizar un financiamiento educativo no inferior al 6% del PBI. En el caso de las universidades, el impacto es aún más severo: la inversión prevista no solo queda lejos del pico de 2017, cuando alcanzó el 0,87%, sino que retrocede a mínimos históricos.
Salarios, el núcleo del ajuste
El 88% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios de docentes, no docentes y personal de apoyo. El resto financia investigación, extensión, funcionamiento institucional y hospitales universitarios. La reducción de recursos golpeó de lleno en los ingresos: desde el inicio de la actual gestión y hasta el primer semestre de 2025, los salarios universitarios perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo, una caída superior a la media del sector público.
El congelamiento salarial profundizó una precarización estructural. Se multiplicaron los casos de docentes e investigadores que abandonan la universidad pública, se redujeron becas y se postergaron tareas básicas de mantenimiento, afectando directamente la calidad académica.
Sin red de contención
A diferencia de otros niveles educativos, las universidades nacionales dependen casi exclusivamente del gobierno nacional. No existen esquemas provinciales capaces de reemplazar la caída de fondos, lo que vuelve al sistema particularmente vulnerable frente a los cambios de orientación presupuestaria.
La contracción del financiamiento no se limita a la docencia: impacta de manera directa en la investigación científica y en las actividades de extensión, erosionando los incentivos para sostener proyectos de largo plazo y debilitando la producción de conocimiento público.
Un ajuste generalizado
Las universidades no son una excepción. Según estimaciones en base a datos oficiales, el presupuesto para Educación y Cultura caerá un 47,3% en términos reales respecto a 2023. Las becas y transferencias para estudiantes acumulan un recorte del 76,6%, mientras que ciencia y tecnología retrocederán un 48,8%.
Las escuelas técnicas figuran entre las más afectadas: la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional provocará una caída del 93% real en sus recursos. En paralelo, el Presupuesto elimina artículos clave de la ley que garantizaba un crecimiento progresivo del financiamiento científico hasta alcanzar el 1% del PBI. Incluso bajo el supuesto oficial de una inflación del 10,1% en 2026, los recursos universitarios crecerían apenas un 0,8% respecto a 2024, insuficiente para revertir la pérdida acumulada.
El Presupuesto 2026 no solo define partidas: expresa una concepción del rol del Estado. Con la educación superior en niveles mínimos de financiamiento, el debate que se abre excede lo contable y se instala en el centro del modelo de país que comienza a delinearse.
