La distribución de recursos de emergencia tras las intensas lluvias que azotaron el interior de la provincia de Buenos Aires a principios de 2025 ha desatado una fuerte controversia política. Mientras el Gobierno Nacional formalizó el envío de una partida superior a los 1.000 millones de pesos para asistir a los municipios afectados, la exclusión de tres distritos clave —Lincoln, General Viamonte y Bragado— ha generado acusaciones de arbitrariedad y favoritismo partidario.
La asistencia financiera, canalizada a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) bajo la Resolución 250/2025, benefició inicialmente a diez localidades, entre las que se encuentran Laprida, Carlos Casares y Bolívar. Estos recursos están destinados a la reparación de caminos rurales y la ejecución de obras hidráulicas urgentes para mitigar el impacto del exceso hídrico en la producción local. Sin embargo, el hecho de que tres municipios con necesidades similares quedaran fuera del listado oficial ha encendido las alarmas en la región.
El caso de Bragado es el que presenta la mayor tensión hasta el momento. Con más de 50.000 hectáreas bajo el agua, las consecuencias para la producción agropecuaria y la transitabilidad rural son críticas. Ante este escenario, el bloque de concejales de Fuerza Patria ha calificado la medida como una «discriminación política» dirigida contra el intendente local, Sergio Barenghi. Los ediles sostienen que la decisión de la administración central carece de sustento técnico y responde únicamente a un castigo por el signo político del gobierno municipal.
En un duro comunicado, los representantes legislativos de Bragado exigieron al Poder Ejecutivo Nacional que revise la exclusión y solicitaron la mediación de los concejales de La Libertad Avanza para destrabar la llegada de los fondos. La situación pone de relieve la fragilidad de los mecanismos de asistencia ante desastres climáticos en un contexto de alta polarización, donde la gestión de la emergencia agropecuaria parece haber quedado atrapada en la disputa entre el gobierno de Javier Milei y los jefes comunales bonaerenses.
Mientras el agua comienza a bajar en algunas zonas, la incertidumbre económica persiste para los productores y vecinos de los distritos marginados. La falta de estos recursos no solo retrasa las obras de infraestructura necesarias para prevenir futuros desastres, sino que profundiza la brecha entre los municipios que cuentan con el respaldo financiero de la Casa Rosada y aquellos que, pese a la magnitud de los daños, deben enfrentar la crisis con recursos propios.
