Por Javier Pappalardo
Hay derrotas que se discuten y hay derrotas que se confiesan solas. La Cooperativa Eléctrica de Nueve de Julio acaba de protagonizar una de las segundas.
En la causa con CAMMESA, la Cámara Civil y Comercial Federal —Sala III— no debatió tarifas ni contexto. No hizo falta. Leyó el expediente. Y encontró lo esencial: la Cooperativa apeló fuera de término. Cinco días, ese era el plazo. Cinco días que no se cumplieron. El resultado es categórico: recursos desiertos, defensa perdida. No por falta de argumentos, sino por no llegar a tiempo. En derecho, eso no es un detalle, es una derrota.
El fallo lo recuerda sin matices: los plazos son perentorios, preclusivos y fatales. Se cumplen o se pierden. Y esto es así para todos. También para quien administra un servicio público. Y ahí aparece el problema real.
Esto no es una discusión técnica. Es la incapacidad de cumplir lo básico. Cuando una estructura que maneja millones no respeta un plazo judicial de cinco días, el problema deja de ser jurídico. Pasa a ser institucional.
Durante años hubo un relato: la culpa es de CAMMESA, del gobierno, de las tarifas. Siempre hay un afuera. Este fallo lo desarma. Acá no hubo crisis ni persecución. Hubo gestión y la gestión falló. La Cámara incluso marca algo más grave: había herramientas para actuar en término —los días de nota— y tampoco se usaron. No es solo llegar tarde, es no hacer lo necesario para no llegar tarde. Eso tiene un nombre: responsabilidad. Y la responsabilidad no desaparece, se traslada.
Porque una derrota así no se queda en el expediente. Se convierte en costos, en presión financiera, en servicio deteriorado. Y termina en la tarifa, siiempre en la tarifa. Por eso el problema no es el fallo. Es lo que revela: una conducción que no controla lo esencial y un sistema donde el costo del error nunca lo paga quien decide, lo paga el usuario. Entonces, la pregunta es inevitable: Si no pueden cumplir un plazo de cinco días, ¿qué garantías hay sobre todo lo demás?
Porque administrar no es explicar después. Es cumplir. Y cuando no se cumple, lo que se rompe no es un expediente, es la confianza. Y cuando la confianza se rompe, lo que viene no es una defensa, es una factura que, como siempre, no la paga quien se equivocó. La paga usted.
Y hay algo más. Mientras la Cooperativa incumplía con su proveedora, los vecinos pagaban sus facturas en tiempo y forma. Sin prórrogas, sin excusas. La pregunta, entonces, deja de ser técnica.¿Qué pasó con esos fondos? Y otra, todavía más incómoda, empieza a aparecer: ¿puede esto derivar en responsabilidades personales de quienes conducen?
No es una afirmación. Es una pregunta que los hechos vuelven inevitable. Porque cuando el usuario paga y la obligación no se cumple, cuando la deuda crece y la defensa se pierde por un plazo vencido, el problema deja de ser administrativo. Y empieza a exigir respuestas.
