La desaceleración inicial se agotó y, con la inflación estabilizada en torno al 2% mensual, el Gobierno enfrenta límites cambiarios, de reservas y de actividad para seguir bajando el IPC sin nuevos instrumentos.
No es una metáfora original, pero sigue siendo eficaz: bajar la inflación se parece a bajar de peso con una dieta. Al inicio, los resultados aparecen rápido; luego, cada avance exige un esfuerzo mayor. Algo similar ocurrió con la dinámica de precios en la Argentina reciente. Tras el bimestre crítico de diciembre de 2023 y enero de 2024 —con registros mensuales de 25,5% y 20,6%—, el reordenamiento posterior a la devaluación y la caída de expectativas inflacionarias permitieron una desaceleración acelerada. En febrero y marzo de 2024, el IPC todavía se movía en dos dígitos, pero ya en niveles más bajos: 13,2% y 11%.
Con rapidez, el objetivo dejó de ser evitar una hiperinflación y pasó a consolidar un piso cada vez menor. El primer hito fue quebrar el umbral del 10% mensual, algo que se logró en abril de 2024 con un 8,8%. Desde entonces, la estrategia oficial fue tensando los márgenes de una estructura económica desgastada. Sin explicitarlo, el Gobierno aspiraba a perforar el 1% mensual y exhibir ese dato como activo político antes de octubre.
El investigador de Fundar Emiliano Libman plantea que combatir la inflación en contextos de crisis aguda suele ser más sencillo que hacerlo en etapas de relativa estabilidad. La razón es doble: por un lado, los desequilibrios extremos generan una demanda social clara por estabilización; por otro, cuando la inflación es muy alta, los agentes económicos la incorporan plenamente en sus decisiones, lo que facilita la coordinación. En esos escenarios, suele aparecer el recurso clásico de estabilización rápida: anclar el tipo de cambio. Pero la experiencia argentina muestra que esa herramienta, por sí sola, es insuficiente. Requiere una política fiscal consistente, corrección de precios relativos y algún ancla adicional que ordene expectativas.
El límite de ese esquema volvió a ser el de siempre: la escasez de divisas. El atraso cambiario acumulado alimentó expectativas de devaluación y desordenó precios que venían reprimidos por años de controles y subsidios. La corrida cambiaria, el respaldo del Tesoro estadounidense y la normalización posterior a las elecciones de octubre derivaron en un nuevo escalón inflacionario. El IPC pasó de 1,5% en mayo a 2,5% en noviembre. Desde entonces, la tendencia dejó de ser descendente y dio paso a una inercia levemente ascendente. Los factores explicativos fueron cambiando. Primero, los alimentos frescos —en particular la carne, que llegó a triplicar el promedio del IPC durante el tercer trimestre— y luego los servicios públicos, que aprovecharon la relativa estabilidad nominal para actualizar tarifas atrasadas.
Con el dato de enero aún pendiente y en medio de la controversia por la postergación del cambio metodológico del IPC que derivó en la renuncia del titular del INDEC, Marco Lavagna, las estimaciones privadas ubican la inflación mensual entre 2,4% y 2,7%. No se trata de cifras alarmantes, pero sí revelan la dificultad de seguir bajando los precios con el esquema cambiario vigente.
Reservas, el punto crítico
La sostenibilidad del programa desinflacionario de corto plazo está estrechamente ligada a la acumulación de reservas. Es un punto que tanto el FMI como el Tesoro estadounidense marcaron como condición necesaria para fortalecer la estrategia oficial. En esa línea, durante el primer mes del año el Banco Central compró en promedio US$60 millones diarios, un ritmo que, de sostenerse, permitiría afrontar los pagos de deuda y reducir el riesgo de un nuevo desequilibrio comercial.
Para el exministro Domingo Cavallo, en el contexto actual la compra de reservas con emisión es una política monetaria adecuada. Según argumenta, la acumulación de reservas contribuye a reducir el riesgo país y acercar a la Argentina al regreso al mercado internacional de capitales a tasas compatibles con su crecimiento potencial. Ese proceso, sostiene, podría ayudar a enfrentar el principal desafío macroeconómico del momento: perforar el piso inflacionario del 2% mensual. Al mismo tiempo, Cavallo subraya que un año sin elecciones ofrece una ventana para recomponer actividad y consumo mediante la baja del riesgo país y la reactivación del crédito.
Desde otra óptica, el economista jefe del IERAL, Jorge Vasconcelos, destaca como dato positivo la desaceleración de la salida de capitales, que entre julio y octubre había generado una demanda adicional de dólares cercana a los US$5.000 millones mensuales por parte de personas físicas. “Es una variable clave para 2026, porque representa cerca de un tercio del mercado cambiario y es muy sensible a las señales macroeconómicas y políticas”, explica.
Sin embargo, advierte que el incipiente círculo virtuoso financiero necesita retroalimentarse desde la economía real. Las secuelas de tres trimestres de estancamiento complican la recuperación de la inversión pública, el crédito al sector privado —con excepción de los préstamos en dólares— y el empleo. En ese contexto, la idea de recurrir nuevamente a un ancla cambiaria para quebrar un piso inflacionario que luce cada vez más rígido enciende señales de alerta, al igual que el hecho de que, tras dos años, las reservas netas del Banco Central sigan en terreno negativo.
