El diputado nacional José Luis Espert fue allanado este jueves en su vivienda de Beccar, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, vinculada al empresario detenido Federico “Fred” Machado, acusado de liderar una red de narcotráfico internacional.
La medida fue ordenada por el juez Lino Mirabelli, del fuero penal de San Isidro, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien impulsa la causa tras la denuncia presentada días atrás por el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois.
La investigación se originó a partir del hallazgo de documentación en una causa paralela contra Machado, donde consta un presunto pago de USD 100.000 a favor de Espert. Según consta en esa documentación, el dinero habría sido parte de un esquema de financiamiento no declarado vinculado a un fideicomiso manejado por el empresario.
Espert pide que el caso pase a Comodoro Py
Este jueves, los abogados defensores de Espert, Santiago Kent y Alejandro Freeland, presentaron un escrito solicitando que el expediente sea remitido a los tribunales federales de Comodoro Py, donde desde 2021 el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga hechos similares.
La defensa argumenta que se trata de un caso de conexidad directa, ya que ambos expedientes se centran en los aportes económicos recibidos por Espert durante la campaña presidencial de 2019, y que actualmente tramita en el juzgado de Mirabelli por una cuestión de jurisdicción territorial, dado que el diputado tiene domicilio en San Isidro.
Fuentes judiciales indicaron que se solicitó copia certificada del expediente de Capital Federal para analizar la coincidencia de hechos. Sin embargo, el fiscal Domínguez optó por impulsar la investigación de manera autónoma y pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas el allanamiento al domicilio de Espert.
Allanamiento, secreto de sumario y medidas en el Congreso
El procedimiento en la vivienda del legislador libertario se llevó a cabo este jueves por la mañana. Participaron efectivos de la policía provincial, y el propio Espert se encontraba presente en el lugar. Las imágenes del operativo fueron captadas por medios televisivos, lo que le dio amplia repercusión al hecho.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no trascendieron detalles específicos del contenido de la denuncia ni de las medidas dispuestas por el juez. No obstante, se supo que el fiscal pidió a la Cámara de Diputados la autorización formal para realizar actuaciones vinculadas al legislador, lo que fue aprobado por 215 votos a favor y solo tres abstenciones.
Horas después, circuló en redes una imagen de la puerta del despacho de Espert en el Congreso con una faja de seguridad, lo que hace prever que también podría ordenarse su allanamiento en el ámbito parlamentario.
Antecedentes del denunciante y contexto político
La denuncia que dio origen a esta causa fue realizada por Juan Grabois, quien la presentó en San Isidro a partir de la documentación contable atribuida a Machado. Grabois sostiene que hubo un esquema sistemático de financiamiento irregular de campañas, y que Espert fue uno de los beneficiarios. Desde el entorno del diputado libertario, se sostiene que la causa busca “ensuciar” políticamente su figura, aunque por ahora la estrategia procesal apunta a trasladar la investigación a Retiro, donde ya existen actuaciones judiciales abiertas sobre los mismos hechos.
Mientras el juez Mirabelli analiza el pedido de inhibitoria y la Cámara evalúa la posible conexidad con la causa federal, la investigación avanza con medidas en reserva. La imputación por lavado de activos es una de las figuras penales más sensibles en el derecho penal económico, y el caso involucra además elementos de presunta financiación ilegal de la política, lo que podría agravar el cuadro.
De confirmarse la conexión con la causa en manos de Martínez de Giorgi, podría abrirse un expediente más amplio que involucre el financiamiento de campañas políticas durante el ciclo electoral 2019, en un escenario de creciente tensión entre sectores del oficialismo y la oposición.
El expediente que involucra a José Luis Espert suma una nueva dimensión al ya complejo panorama judicial en torno al financiamiento de la política. Aunque por ahora el diputado no ha sido llamado a declarar, las medidas dispuestas por el juez Mirabelli sugieren que la causa ha tomado impulso y que el margen de maniobra judicial comienza a estrecharse.
