Por Redacción Extra Digital
La causa por la contaminación del agua en Lobos entró en una nueva etapa tras cinco años de litigio. La recusación promovida por las familias amparistas derivó en el apartamiento provisorio del juez Juan José de Oliveira, y la jueza subrogante Fabiana Coradi ya fijó una audiencia para tratar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
El amparo colectivo se inició en junio de 2021, a partir de un monitoreo del INTA Balcarce dirigido por la investigadora Virginia Aparicio, que detectó residuos de 33 plaguicidas en distintas muestras ambientales. Las cinco muestras de agua de consumo analizadas tenían agrotóxicos, entre ellos atrazina, 2,4-D y metolaclor. A eso se sumaron en 2025 estudios del ITBA que midieron arsénico de entre 74 y 145 microgramos por litro en la red municipal, más de catorce veces el límite de 10 que fija la norma para el agua de consumo.
En julio de 2021 la Justicia ordenó al municipio proveer agua segura a las familias demandantes, a escuelas, centros de salud y clubes, y controlar la calidad del agua. En julio de 2025 la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata revocó un rechazo de De Oliveira y extendió esa protección a todos los habitantes de Lobos, con centros de distribución de agua que cumplan los parámetros legales.
Según los amparistas, el municipio no cumplió en tiempo con esas órdenes. La entrega se limitó a algunas familias, las instituciones quedaron desatendidas y la distribución general llegó tarde, tras intimaciones judiciales.
La representación de las familias, a cargo de la organización Naturaleza de Derechos y del abogado Fernando Cabaleiro, sostuvo que el magistrado impuso exigencias formales desproporcionadas y llegó a intimar al letrado a no cuestionar su imparcialidad, bajo apercibimiento de sanciones. Con esos fundamentos lo recusó, y obtuvo su apartamiento provisorio.
La nueva etapa tiene dos frentes. El primero es la audiencia, en la que los amparistas piden que los funcionarios municipales expliquen los incumplimientos y se fije un mecanismo verificable de ejecución. El segundo es la pericia química. El laboratorio oficial informó que no tiene equipamiento para detectar los plaguicidas actuales, y la defensa rechazó usar estudios de otro laboratorio con límites de detección hasta cien veces menos sensibles que los del INTA. Propone que la pericia la haga el INTA Balcarce o el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata.
Entre los antecedentes que invoca la defensa figura una causa de Nueve de Julio. El caso Kersich, iniciado por vecinos de nuestra ciudad por el arsénico en el agua de red, llegó a la Corte Suprema, que en 2014 dictó un fallo clave sobre el derecho humano al agua potable. El proceso terminó en un acuerdo con la Provincia y ABSA, y en 2016 empezó a funcionar la planta que remueve el arsénico.
