La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó una sentencia que obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. y a la Provincia de Buenos Aires a garantizar el suministro de agua potable y segura en la ciudad de Bragado, luego de un extenso litigio judicial motivado por altos niveles de contaminación.
Con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación de la compañía y dejó firme el fallo judicial que ordena la ejecución de las obras necesarias en un plazo de seis meses para adecuar los niveles de arsénico en la red de distribución a los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino.
El expediente se originó en 2013 a raíz de una demanda colectiva y una acción de amparo ambiental impulsada por vecinos de la zona, preocupados por la calidad del recurso hídrico que consumían a diario. De acuerdo con los estudios periciales incorporados a la causa —entre ellos, análisis realizados por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires—, el agua de red presentaba concentraciones de arsénico de hasta 0,07 miligramos por litro. Dicha cifra superaba en siete veces el límite máximo tolerado de 0,01 mg/l establecido tanto por el Código Alimentario Argentino como por las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud para salvaguardar la salud pública.
Durante el proceso, la compañía estatal intentó revertir los fallos adversos dictados en las instancias inferiores, cuestionando aspectos procesales vinculados a la legitimación de los demandantes y buscando dilatar la ejecución de trabajos estructurales. Sin embargo, la causa recorrió un largo camino que incluyó pronunciamientos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, las cuales rechazaron de manera sistemática los planteos de la prestataria.
El máximo tribunal federal declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por ABSA, cerrando así la vía recursiva. De este modo, quedó firme la sentencia que le exige a la empresa implementar de manera urgente un plan de potabilización y ejecutar las obras de infraestructura necesarias en el plazo de seis meses para adecuar los parámetros de la red a los niveles seguros permitidos. Especialistas y referentes locales destacaron que la resolución representa un hito en la defensa de los derechos ambientales y de consumo, al priorizar la protección de la salud de la comunidad frente a un problema histórico que afectó a la región durante más de una década.
