La conducción de la Confederación General del Trabajo convocó a su mesa chica para definir una estrategia frente al tratamiento definitivo de la reforma laboral previsto para este viernes. No es una reunión más: es la antesala de una decisión que puede marcar el tono del vínculo entre el sindicalismo y el Gobierno en el nuevo ciclo político.
El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados y regresó a la Cámara Alta con modificaciones. En ese escenario, la central obrera enfrenta una disyuntiva clásica: confrontar en la calle o administrar el conflicto en los despachos. Según fuentes sindicales, hoy predomina la segunda opción.
Puertas adentro, la conducción cegetista descarta —al menos por ahora— un paro general. El argumento es pragmático: no perciben condiciones sociales para una medida de fuerza de gran escala y priorizan preservar capital político. La estrategia oficial pasaría por judicializar los artículos que consideran inconstitucionales, en especial aquellos que introducen límites al derecho de huelga. “No hay contexto para destinar recursos a la acción directa”, deslizan cerca del triunvirato. La frase sintetiza una postura: evitar un choque frontal inmediato y trasladar el eventual costo político a los senadores que acompañen la iniciativa.
Pero el mapa sindical no es homogéneo. Mientras la conducción modera el tono, sectores más combativos comienzan a mover piezas propias. Gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los aceiteros, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), analizan un paro de 24 horas con movilización al Congreso el mismo viernes, en coincidencia con el debate. No sería la primera vez que las diferencias internas se hacen visibles. En el último paro general, estos sectores impulsaron una marcha al Congreso que la conducción formal había evitado. La tensión expresa algo más profundo: una disputa sobre cómo ejercer la oposición sindical en un contexto de reformas estructurales.
El rechazo gremial se intensificó tras la votación en Diputados. Dirigentes sindicales advierten que la reforma abre la puerta a una mayor precarización y altera equilibrios históricos en la negociación colectiva. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la iniciativa apunta a dinamizar el mercado laboral y reducir litigiosidad. El Senado vuelve a convertirse en el escenario decisivo. La Cámara Alta ya había dado media sanción en febrero y ahora deberá resolver si convierte el proyecto en ley con las modificaciones introducidas. En paralelo, el mercado observa la dinámica legislativa como un termómetro de gobernabilidad.
La CGT, por su parte, parece optar por una estrategia de desgaste institucional antes que por un choque inmediato. Judicializar, presionar políticamente y reservar la carta del paro general para un momento de mayor acumulación social. Entre la prudencia y la confrontación, la central obrera ensaya un equilibrio delicado mientras el reloj parlamentario avanza.
