A solo siete días de que suenen las campanas que marcan el inicio oficial de las clases en la provincia de Buenos Aires, el escenario educativo se asemeja más a un campo de batalla político que a un retorno a la normalidad académica. El gobierno de Axel Kicillof y los principales gremios docentes se encuentran en un punto de no retorno, tras el rechazo unánime a la última oferta salarial, lo que deja a millones de alumnos en la incertidumbre ante un paro docente que parece inevitable para el próximo 2 de marzo.
El corazón del conflicto radica en una erosión del poder adquisitivo que no es nueva, sino que representa la culminación de un proceso de deterioro que se ha extendido por más de diez años. Según informes técnicos que circulan en las mesas de negociación, los maestros bonaerenses han perdido un 18% de su salario real en la última década, una cifra que los sitúa hoy como los profesionales peor pagados entre las cuatro provincias más grandes de Argentina. Esta brecha con distritos como Córdoba o Santa Fe ha transformado la paritaria provincial en una prueba de fuego para la gestión actual, que se ve atrapada entre las exigencias sindicales y el recorte de fondos provenientes de la administración nacional.
La propuesta oficial de un incremento del 3% para el mes de febrero, complementada con un bono extraordinario de 250.000 pesos, ha sido calificada por los referentes gremiales como «una burla» frente a la dinámica inflacionaria que atraviesa el país. Para los sindicatos agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense, la oferta no solo es insuficiente, sino que profundiza la precariedad de un sector donde el salario inicial apenas roza la línea de la pobreza. Los gremios argumentan que la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del gobierno central ha dejado un hueco financiero que la provincia no ha logrado compensar de manera estructural.
Sin embargo, la disputa trasciende las cifras de los recibos de sueldo. En las asambleas docentes se respira un malestar que abarca el estado crítico de la infraestructura escolar y el rechazo a proyectos legislativos que buscan declarar a la educación como un «servicio esencial». Para los trabajadores, esta medida es interpretada como un intento de limitar su derecho constitucional a la huelga, en un contexto donde el paro nacional convocado por CTERA para la primera semana de marzo cuenta con una adhesión interna casi total en el territorio bonaerense.
Mientras los pasillos de las escuelas de La Plata y el conurbano permanecen en silencio, el reloj corre en contra de las familias. El gobierno provincial aún guarda la esperanza de una última convocatoria que logre destrabar el conflicto mediante una mejora en los porcentajes básicos, pero el margen de maniobra fiscal es cada vez más estrecho. Por ahora, el inicio de clases en la provincia más poblada del país pende de un hilo, marcado por una crisis salarial que, lejos de resolverse, parece haber encontrado en este 2026 su punto de mayor ebullición.
