En el cierre del año, el discurso oficial volvió a refugiarse en una fórmula conocida: la crisis. Una palabra elástica, omnipresente, útil para justificar demoras, errores y decisiones que, lejos de ser inevitables, responden a elecciones políticas concretas. En Nueve de Julio, la intendenta María José Gentile optó por esa narrativa al explicar el conflicto salarial con los trabajadores municipales, el paro, la recolección de residuos improvisada y las tensiones con el Concejo Deliberante. Pero cuando se raspa la superficie del relato, lo que aparece no es solo una coyuntura adversa sino una gestión que llega tarde, decide mal y traslada los costos hacia abajo.
La escena de funcionarios y empleados jerárquicos recolectando basura en plena madrugada fue presentada como un gesto de compromiso y cercanía. Sin embargo, más allá del impacto visual, funcionó como una postal de emergencia que no debería celebrarse sino interpelar. Gobernar no es reemplazar a los trabajadores en conflicto ni montar una épica del esfuerzo ocasional: gobernar es prever, ordenar prioridades, anticipar escenarios y evitar que los servicios esenciales queden al borde del colapso. Cuando eso no ocurre, la crisis deja de ser una excusa válida y se convierte en evidencia de una falla estructural.
El eje del conflicto fue el pago fragmentado de salarios. La intendenta insistió en que la propuesta se encontraba dentro de los márgenes legales y que diciembre es, históricamente, un mes complejo. Lo que no explicó es por qué, con esa previsibilidad conocida, el municipio no contó con herramientas financieras suficientes para evitar el conflicto, ni por qué se llegó a una situación límite con anuncios de último momento y sin instancias previas de negociación efectivas. La legalidad no agota la discusión política: pagar dentro del plazo no equivale a gestionar bien.
El señalamiento a los gremios, en particular a ATE, buscó trasladar responsabilidades. Se habló de unilateralidad, de falta de aviso, de decisiones “irresponsables”. Pero se omitió que los conflictos laborales no estallan en el vacío: se incuban en salarios deteriorados, en pérdida de poder adquisitivo y en una gestión que ofrece aumentos marginales mientras la inflación erosiona ingresos de manera sostenida. El anuncio de un 2% por decreto, presentado como gesto de buena voluntad, terminó de confirmar la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de los trabajadores.
También hubo reproches hacia el Concejo Deliberante por no habilitar herramientas financieras como el descubierto bancario. Allí, nuevamente, la crisis fue usada como coartada. El Ejecutivo reclama auxilio legislativo pero evita hacerse cargo de su propia debilidad política: la falta de consensos no es un fenómeno meteorológico, es el resultado de vínculos mal construidos y de una conducción que confunde mayoría circunstancial con gobernabilidad real. No se puede acusar de desfinanciar al municipio a quienes, legítimamente, exigen explicaciones y límites.
Mientras tanto, el contraste resulta imposible de soslayar. En un municipio donde se pide comprensión, esfuerzo y paciencia, la intendenta y su círculo más cercano perciben salarios de ocho cifras. Esa asimetría no es solo económica: es simbólica y política. Hablar de sacrificio colectivo desde una posición de privilegio erosiona cualquier llamado a la reflexión y vacía de contenido la apelación al compromiso comunitario. La responsabilidad no se declama: se ejerce, empezando por casa.
La crisis económica es real, nadie lo niega. Pero no explica todo ni justifica todo. Convertirla en el eje excluyente del discurso es una forma de eludir el debate de fondo sobre la calidad de la gestión, la planificación financiera y la distribución de los costos. En nombre de la crisis se posterga el salario, se tensiona la relación con los trabajadores, se degrada el funcionamiento institucional y se normaliza la excepcionalidad.
El problema no es el paro, ni la basura, ni siquiera diciembre. El problema es una gestión que reacciona en lugar de anticipar, que se ampara en el contexto para no asumir errores propios y que confunde gestos con soluciones. Si algo deja en claro este cierre de año es que la crisis, usada como argumento total, termina siendo una coartada. Y cuando gobernar se reduce a administrar urgencias, el futuro deja de ser una promesa y pasa a ser una deuda.





