Un proyecto de ordenanza quiere regular la telemedicina en el Partido. El servicio, que ya está funcionando, lo presta la Cooperativa Eléctrica y se cobra dentro de la boleta de la luz, que es el único papel que un vecino de esta ciudad no puede devolver sin quedarse a oscuras.
El doctor José María Giuliodoro presentó en la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular la telemedicina en el Partido de 9 de Julio, y explicó allí que el servicio que hoy funciona en la ciudad se ofrece a través de la Cooperativa Eléctrica y se cobra directamente en la factura de la luz. La entidad lanzó su aplicación de telesalud en marzo, con guardia permanente y turnos con especialistas. El problema que el proyecto de ordenanza describe no llegó de afuera. Está impreso en un renglón de la boleta.
El Código Civil y Comercial resolvió esta discusión hace once años. El artículo 1099 prohíbe las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor y menciona en particular las que subordinan la provisión de un servicio a la adquisición simultánea de otro. El artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor agrega la prohibición de conductas que coloquen al usuario en situaciones vergonzantes o vejatorias. Un vecino de 9 de Julio no elige quién le distribuye la electricidad. No hay segunda oferta, no hay competidor, no hay puerta de al lado. Poner un servicio de salud dentro de esa factura significa cobrarlo con la fuerza de un suministro esencial detrás.
La ironía es que el propio proyecto que se debate lo dice sin querer. Su artículo quinto exige recabar consentimiento informado del paciente antes de cada teleconsulta. Nadie firma una boleta de luz. Se paga, o se corta el servicio. Ningún abogado serio va a sostener que abonar un suministro esencial equivale a consentir la contratación de una prestación médica, y sin embargo así es como una parte del padrón se enteró de que tiene telemedicina.
Después está el capítulo de los nombres. El proyecto reclama que los profesionales estén matriculados en el Distrito VII del Colegio de Médicos, que es el organismo con potestad disciplinaria sobre nuestra región. Es una exigencia elemental. Un paciente que consulta por una pantalla tiene derecho a saber quién está del otro lado, con qué matrícula y ante qué colegio se reclama cuando algo sale mal. Mientras esa información no esté publicada, la palabra que corresponde usar es anonimato, y el anonimato en medicina nunca fue una modalidad de prestación.
El artículo doce del proyecto nombra a las cooperativas de manera expresa y les da treinta o sesenta días corridos para adecuarse. No es una redacción caprichosa. Quien lo escribió sabe perfectamente cuál es la primera entidad que queda alcanzada, y el Concejo lo sabe desde la noche en que escuchó la Banca. Este medio viene informando desde hace meses la situación institucional y judicial de la entidad. Que en ese contexto se haya abierto una línea de negocio sobre la salud de los asociados, facturada con la garantía de cobro que da un monopolio, merece bastante más que una foto de lanzamiento.
Mi abuelo tenía una sola manera de resolver estos asuntos y no le fallaba nunca. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Acá la limosna viene con guardia las veinticuatro horas, turnos con especialistas y descuentos en la farmacia, y llega sola, sin que nadie la haya pedido, adentro del único papel que un vecino de esta ciudad está obligado a pagar. El Concejo Deliberante tiene el proyecto sobre la mesa y tiene la obligación de tratarlo. Cuando lo trate, que empiece por la entidad que ya viene cobrando.
El Lobo
