Por Redacción Extra Digital
Cada crisis argentina necesita su atajo simbólico. En los noventa fue la “mano dura”. En los 2000, la “tolerancia cero”. Hoy, la baja en la edad de punibilidad reaparece como respuesta rápida ante la inseguridad. La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil que fija en 14 años la edad para responder ante la Justicia Penal. El debate vuelve a formularse en términos binarios: ¿cárcel o escuela? La pregunta es más profunda. Y la respuesta, menos emocional de lo que suele presentarse.
El proyecto impulsado por Patricia Bullrich fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra. El oficialismo y sus aliados circunstanciales lograron imponer una discusión que reaparece cíclicamente cuando la economía se contrae y la angustia social crece. Pero, como señalan especialistas en política criminal, el argumento punitivista descansa sobre una serie de falacias que no resisten contraste empírico.
Primera falacia: “Hay una ola de delitos juveniles”
Los datos oficiales desmienten la narrativa del “baño de sangre adolescente”. Según el Ministerio Público Fiscal bonaerense, en 2024 se iniciaron 1.105.189 investigaciones penales en la provincia; solo 22.687 —el 2%— estuvieron vinculadas a jóvenes de 16 y 17 años. Apenas 1.802 adolescentes sobre una población superior a 555.000 fueron investigados. Es decir: el 0,3%.
La exdefensora nacional Marisa Graham sintetizó el punto: más del 99% de los chicos no tiene conflicto con la ley. Los delitos graves cometidos por menores son estadísticamente ínfimos. La conflictividad, además, se concentra en pocos distritos urbanos.
La pregunta inevitable es si se está legislando sobre una excepción para construir una regla.
Segunda falacia: “Bajar la edad reduce el delito”
En América Latina, Argentina y Cuba —con edad de punibilidad en 16 años— exhiben algunas de las tasas de homicidios más bajas: 3,8 y 3,2 cada 100 mil habitantes, respectivamente. Países con edades más bajas, como Brasil (12 años) o Uruguay (13 años), presentan tasas sensiblemente mayores.
La correlación entre punibilidad temprana y descenso del delito no aparece en las estadísticas comparadas. El juez Rodrigo Morabito lo resume con crudeza: bajar la edad no equivale a bajar el delito.
Tercera falacia: “Existe puerta giratoria”
El discurso de la impunidad inmediata tampoco se sostiene. Argentina tiene una tasa de prisionización de 258 personas cada 100.000 habitantes, superior a la media mundial. Casi la mitad de la población carcelaria está procesada, no condenada.
Hablar de “puerta giratoria” cuando el sistema penal acumula sobrepoblación y prisión preventiva extendida implica desconocer la realidad penitenciaria. Como advierten especialistas, la cárcel no es un espacio vacío que espera adolescentes, es un sistema colapsado que reproduce exclusión.
Cuarta falacia: “El problema es penal”
La mayoría de los delitos juveniles son contra la propiedad. Robos, hurtos, algunos con armas. Las causas estructurales —consumo problemático, deserción escolar, exclusión laboral, fragmentación familiar— preceden al hecho delictivo. El decano Pablo Navarro, exsecretario de Niñez bonaerense, sostiene que el Régimen Penal Juvenil solo puede funcionar como subsistema dentro de un sistema integral de promoción y protección de derechos. Sin políticas de prevención, acompañamiento y educación, el sistema penal actúa sobre la consecuencia y no sobre la causa.
Quinta falacia: “La solución es más cárcel”
El proyecto prevé destinar 23 mil millones de pesos para adecuar instalaciones carcelarias. En paralelo, el presupuesto 2026 reduce en términos reales partidas para Educación y Cultura respecto a 2023.
La paradoja es evidente: menos inversión en prevención, más inversión en encierro. Mientras las estadísticas de delito juvenil no muestran un crecimiento significativo, sí aumentan fenómenos como el suicidio adolescente y los problemas de salud mental. Castigar antes parece más sencillo que cuidar mejor.
La discusión de fondo
La baja en la edad de punibilidad interpela algo más profundo que una cifra. No se discute si un adolescente comprende la ilicitud de sus actos. Se discute si el Estado responde con el aparato punitivo o con políticas de inclusión. Cada vez que la Argentina atraviesa una crisis, reaparece la tentación de criminalizar la marginalidad. Es un recurso políticamente eficaz: simplifica, ordena el enojo social y ofrece una sensación inmediata de acción.
Pero el derecho penal no reemplaza a la política social. Si fracasa la prevención, el sistema penal también fracasa. Y cuando el Estado llega primero con la celda antes que con la escuela, la sociedad termina pagando un costo mayor que cualquier estadística.
La pregunta inicial sigue en pie: ¿cárcel o escuela? No es un eslogan. Es una definición de modelo de país.
