La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) está en estado de alerta en todo el territorio argentino y ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Acción Nacional para frenar lo que denuncian como un recrudecimiento de los embargos y ejecuciones fiscales por parte de la agencia recaudadora ARCA. La medida fue adoptada tras la reunión de su Comisión Directiva Nacional, en medio de un contexto económico marcado por una pronunciada recesión.
Según denunció la entidad, la agencia de recaudación oficial ha intensificado sus acciones punitivas sobre las pequeñas y medianas empresas mediante procedimientos automatizados y sin aviso previo, los cuales congelan de forma inmediata las cuentas bancarias operativas de las firmas. Desde APYME sostienen que las reiteradas notas y solicitudes de audiencia enviadas a las autoridades para suspender estas medidas coercitivas y abrir canales de diálogo institucional no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno.
Las cifras presentadas por la organización reflejan un vertiginoso incremento en las acciones de cobro ejecutivo. En lo que va del año, los embargos ejecutados por ARCA registraron un aumento del 52% en comparación con el año anterior, pasando de algo más de 1.000 medidas en enero a un pico cercano a los 30.000 procedimientos en un solo mes. Asimismo, la entidad detalló que más del 80% de estas ejecuciones afectaron directamente a microempresas, comprometiendo montos globales que superan los 285.000 millones de pesos.El impacto de este congelamiento intempestivo de fondos paraliza de manera directa la cadena de pagos de las unidades productivas. Los empresarios advierten que la imposibilidad de disponer de sus cuentas les impide afrontar el pago de salarios, cargas sociales, proveedores e impuestos corrientes, lo que condena al cierre a firmas golpeadas previamente por la caída de las ventas, el alza de los costos fijos y la creciente competencia de productos importados.
Desde el sector empresarial pyme remarcaron el contraste entre la rigurosa presión tributaria ejercida sobre las microempresas y los beneficios fiscales otorgados a otros sectores. La organización criticó que se promuevan blanqueos de capitales y exenciones para grandes corporaciones en sectores extractivos con un alto costo fiscal, mientras se asfixia a las pymes, un segmento que genera alrededor del 65% del empleo privado formal en la Argentina.
Ante la falta de respuesta oficial, APYME iniciará en los próximos días un plan de movilización y visibilización a escala nacional en articulación con cámaras sectoriales y diversos actores de la producción y el trabajo. Entre sus principales demandas, el empresariado exige la inmediata suspensión de los embargos y ejecuciones, la apertura formal de una mesa de negociación institucional y el diseño de un régimen de regularización extraordinaria que contemple las capacidades reales de pago de las pequeñas y medianas empresas.
