Entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre cayeron entre 220 y 300 milímetros en Naón, El Tejar y Facundo Quiroga. En el paraje La Alegría llovieron 120 en un solo día. Los caminos volvieron a cortarse, la maquinaria volvió a quedarse en la tranquera y los productores volvieron a hacer cuentas de lo que no van a poder sembrar. Nada de esto es nuevo. Hace un año, el INTA Pergamino midió por satélite 180.570 hectáreas bajo agua en el partido, el 42,1 % de Nueve de Julio.
En la apertura de la Exposición Rural, el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Enríquez, pidió una política de Estado para la crisis vial e hídrica. Tiene razón. Y por eso mismo hay que recordar dónde estuvo esa política durante los ocho años en que Mariano Edmundo Barroso estuvo al frente del Palacio Municipal, entre 2015 y 2023.
Cabe preguntarse seriamente: ¿cuál es la obra hídrica o vial importante de la gestión Barroso? ¿Qué red de alcantarillas se renovó, qué canales se limpiaron de manera sistemática, qué canal clandestino se denunció y se cerró, qué plan vial quedó para que lo heredara el gobierno siguiente?
Mientras tanto, cada año, la escena se repitió. La Exposición abría sus puertas, el presidente de turno de la Rural homenajeaba al intendente, y había cinta, foto y aplauso. Por ese palco pasaron Nicolás Capriroli, entre 2015 y 2016; Graciela Vadillo, entre 2016 y 2020, y Fernando Mato, entre 2020 y 2023. Ocho exposiciones, ocho cortes de cinta. Entre una y otra, los caminos seguían igual o peor, y el agua seguía buscando salida por donde podía.
A la Sociedad Rural también le cabe su parte. Es la entidad que representa a quienes pagan la tasa vial y a quienes pierden la cosecha cuando el camino se corta, y durante ocho años eligió el homenaje antes que el reclamo. Oportunidades no le faltaron. En la última Mesa Agropecuaria de 2019, presidida por el propio Barroso y con la Rural sentada a la mesa, se anunció que la tasa de red vial rural subiría más del 40 % en 2020. Según se informó entonces, la entidad lamentó el aumento y advirtió por el Inmobiliario Rural y las retenciones. En lo que trascendió de su postura no aparece un reclamo por el estado de los caminos que esa tasa debía mantener. Queda por saber cuántos de aquellos discursos de apertura pusieron los caminos y el agua en el centro, con la firmeza con que hoy se pide una política de Estado. El reclamo actual es justo. Llega, también, con once años de demora.
Conviene, de todos modos, repartir bien las responsabilidades. El nodo Bragado y las obras del río Salado dependen de la Provincia y de la Nación, y el control de los canales clandestinos es competencia de la Autoridad del Agua. Los caminos rurales, las alcantarillas, la limpieza de los canales y la denuncia de lo que se hace por fuera de la ley, en cambio, son tareas del municipio, y son justamente las que hoy se cobran en hectáreas perdidas. La herencia, además, no cambió de manos: el mismo espacio político sigue al frente del Palacio Municipal, y el Tribunal de Cuentas ya observó la tasa de red vial de 2025. Once años después, la discusión sigue en el mismo barro.
El campo avisó en 2025, con casi medio partido bajo agua, y vuelve a avisar ahora. Durante ocho años hubo un intendente que no hizo las obras y una Sociedad Rural que, año tras año, le sostuvo la cinta para que la cortara. Todos, absolutamente todos, le deben una explicación al productor que hoy no puede llegar a su campo.
El Lobo
