Por Redacción Extra Digital

El sábado encontraron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en las afueras de Córdoba. Tenía 14 años. Llevaba una semana desaparecida. La autopsia confirmó lo que muchos temían: asfixia mecánica, violencia extrema, indicios de desmembramiento, signos de abuso sexual. El único detenido es Claudio Barrelier, un ex empleado municipal. Y el único escándalo visible, hasta ayer, era el tono de la conferencia de prensa del fiscal, quien hablo como si investigara una escapada adolescente, no un crimen.
El femicidio de Agostina no es solo una tragedia individual: es el espejo de un sistema que recibe denuncias y las archiva, que busca cuando ya no queda nada que salvar, que organiza conferencias de prensa donde el fiscal se felicita a sí mismo antes de dar explicaciones. El colectivo Ni Una Menos Córdoba pidió jury para ese fiscal y la destitución del ministro de Seguridad. No es una reacción desproporcionada. Es la respuesta lógica a años de falla institucional sistemática.
Hoy, 3 de junio, se cumple otro aniversario del primer grito de Ni Una Menos. La fecha no pudo ser más cruel, ni más elocuente. Córdoba marcha. El país mira. Y la pregunta que ningún decreto, ninguna conferencia de prensa y ninguna carátula penal puede responder ya sigue en el aire: ¿cuántas Agostinas más necesitamos para que el Estado llegue a tiempo?
La noticia es Agostina. La verdad, sin embargo, es la del sistema que la dejó sola. Escuchar esa verdad —las dos partes de esa verdad— es lo único que puede cambiar algo.

Un nuevo episodio de violencia urbana que no tiene excusa. fue la agresión física contra personal de la Dirección de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal (GUM). El incidente, que culminó con una agente hospitalizada y dos personas detenidas, mereció un enérgico repudio por parte de las autoridades locales, quienes ratificaron que el ordenamiento vial sigue siendo una política de Estado irrenunciable.
Los hechos se desencadenaron en la tarde del miércoles en la calle Avellaneda, entre Robbio y Mendoza. De acuerdo con el reporte oficial, las inspectoras detectaron un motovehículo que circulaba a contramano por dicha arteria. Al proceder a la correspondiente fiscalización, las agentes constataron además que la conductora viajaba sin el casco reglamentario y carecía de la documentación del seguro obligatorio.

La situación pasó de una sanción administrativa a un escenario de violencia cuando el personal municipal se dispuso a secuestrar el vehículo por las irregularidades detectadas. En ese momento, un hombre que se identificó como la presunta pareja de la infractora se presentó en el lugar y comenzó a maltratar de forma verbal y física a las inspectoras y a los agentes de la GUM de apoyo. En medio de los disturbios, la conductora de la motocicleta le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro a una de las trabajadoras del área de tránsito, provocándole heridas que requirieron su inmediato traslado a un centro de salud local para recibir atención médica.
Tras el ataque, el Ejecutivo municipal radicó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades policiales. Pocas horas después, efectivos de la Policía Comunal lograron demorar a ambos agresores, quienes quedaron formalmente imputados bajo el cargo de «Lesiones leves». La causa judicial ha quedado en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de Mercedes, que ya tramita las acciones penales pertinentes.
Desde el palacio municipal lamentaron profundamente este nuevo ataque contra los trabajadores públicos en el ejercicio de sus funciones. Fuentes del ejecutivo local insistieron en que estas situaciones, lejos de disuadir los controles, refuerzan el compromiso de la actual gestión para mantener la rigurosidad en las políticas de seguridad vial y el ordenamiento del espacio público.

La abogada Emiliana Chávez, apoderada de la familia de Matías Inveninato, amplió lo expresado en la Carta Abierta publicada en este medio. Lo hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). La doctora Chávez manifestó que: “Acompaño a la familia de Matías Inveninato como su apoderada porque ellos no pueden afrontar públicamente esta tragedia. Soy amiga cercana de la familia y viví el dolor desde el primer momento. Matías fue atropellado y abandonado por Colona y Juárez, (ambos oriundos de San Cayetano en la provincia de Buenos Aires) quienes huyeron y ocultaron pruebas. La familia busca justicia y yo estoy aquí para ser su voz y asegurar que la verdad se sepa”.

También aclaró: “Para que la comunidad sepa o recuerde qué es lo que pasó el 17 de septiembre del 2023, alrededor de las 6 y media de la mañana: en el acceso de la localidad de French, Matías, que era un empleado de comercio, tenía 37 años, sus amigos lo llamaban ‘Tingo’, era muy conocido por ese sobrenombre. Fue atropellado por una camioneta Ford Eco Sport que iba conducida por Francisco Alberto Colona. Colona no era el dueño, del vehículo. El dueño del vehículo era Juárez, que iba como acompañante, Matías falleció, pero lo que vino después, fue lo más lo doloroso, porque esa madrugada, Colona y su amigo Juan Carlos Juárez, el dueño del vehículo venían de una fiesta en Dudignac, estaban alcoholizados; testigos los vieron en estado de ebriedad, consultando incluso por dónde podían conseguir comida, esto está en la causa penal. Y alrededor de las 6 y media de la mañana, en el acceso de French, que se pudo comprobar por pericias, que es una zona de escaso tránsito, de buena visibilidad, que la calzada estaba seca, lo atropella a Matías. Y que ya había buena visibilidad justamente por el horario. La realidad es que costó encontrar a ambos porque se fugaron, lo abandonaron, No tuvieron el gesto de llamar a un 9 11, de quedarse, de esperar. La policía científica encontró en el lugar restos del vehículo. Entre ellos, un cobertor de óptica del faro antiniebla de la Ford Eco Sport modelo 2017, y una varilla de limpia parabrisas, y el teléfono celular de Matías. La óptica del faro antiniebla tiene un número de serie, lo que permitió enseguida poder saber cuál había sido el vehículo».

                                                                                                               Matías «Tingo» Inveninato

A raíz de la conducta de los imputados la apoderada de la familia Inveninato expresó: “Lo que hicieron fue regresar a Dudignac y darse a la fuga hasta San Cayetano, haciéndolo por caminos alternativos para no ser detectados, donde ocultaron el vehículo en el garaje de la casa de Juárez, en San Cayetano. Y ahí es donde montaron una farsa. Le dijeron a este tercer amigo, que habían chocado un chancho. A este tercero le expresan ‘que se habían mandado una macana’; el testigo declara, que los encontró asustados y nerviosos, y que habían chocado un chancho. Y dadas las condiciones del vehículo, necesitaban irse lo antes posible a San Cayetano”.
A partir de ello Chávez describe la rapidez de la actuación investigativa de la policía: “La verdad que esto se hizo público, se mediatizó, porque la familia enseguida, amigos y toda la gente que los conocíamos, empezamos a solicitar información. Fueron horas, días de estar sin dormir, esperando recibir algún tipo de información que pudiera dar cuenta de quiénes habían sido. Y, por suerte, la investigación fue realmente muy rápida”.

Está claro, tal como lo describe la apoderada de la familia de la víctima, que después de atropellar a Matías, en vez de ayudar, los responsables huyeron, recogieron a un amigo en Dudignac y ocultaron el auto en San Cayetano, mintiendo sobre lo ocurrido. La investigación fue rápida gracias a cámaras y registros telefónicos, confirmando su presencia en el lugar del hecho. Emiliana agrega que “el conductor está imputado por homicidio culposo agravado, el acompañante por encubrimiento, y el tercer amigo solo como testigo, aunque su relato es poco creíble. Ambos imputados están en libertad; las penas son bajas y hay frustración por la falta de justicia y la revictimización de la familia. El juicio oral fue postergado por demoras judiciales y seguimos esperando nueva fecha”.

Una serie de operativos conjuntos entre la Policía Comunal y diversas divisiones de investigación resultaron en múltiples detenciones y el secuestro de material ilícito durante las últimas jornadas en el Departamento Judicial de Mercedes. Las acciones policiales, que incluyeron allanamientos por delitos informáticos y tráfico de drogas, se extendieron desde el miércoles hasta la madrugada de hoy.
En las primeras horas del miércoles, efectivos de la Policía Comunal y la Sub DDI Bragado llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda situada en la calle Guido Spano al 600. Durante el procedimiento, las autoridades detuvieron a un hombre mayor de edad y procedieron al secuestro de diversos elementos informáticos que serán utilizados como prueba en una causa caratulada como «Grooming». El caso cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y el Juzgado de Garantías nro. 3 de Mercedes.

En un operativo paralelo contra el tráfico de drogas, personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Chivilcoy realizó este jueves tres allanamientos vinculados a una investigación iniciada este año. Los registros, efectuados en domicilios de la Avenida Garmendia y la calle Dr. West, resultaron en la aprehensión de un hombre y una mujer. En los inmuebles, la policía incautó envoltorios plásticos con cocaína y marihuana listos para su comercialización, además de otros elementos de interés para la causa que tramita ante la UFI nro. 7.

Por otra parte, la madrugada de hoy se saldó con la detención de un hombre de 42 años tras un hecho de robo. El sospechoso fue interceptado en la calle Carlos Gardel mientras transportaba un bolso con vestimenta y anteojos de sol que habían sido sustraídos de un vehículo estacionado en la calle La Rioja, tras romper una de sus ventanillas. El detenido permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la UFI nro. 4 de Mercedes.
Finalmente, las autoridades informaron la detención de otro sujeto en el marco de una investigación por abuso sexual agravado. El operativo se realizó en una vivienda de la calle Gabriela Mistral al 1500, donde la Policía Comunal y la Sub DDI Bragado hicieron efectiva la orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías nro. 1. Al igual que en los casos anteriores, el detenido ha quedado a disposición de los magistrados intervinientes.

La policía local mantuvo una presencia activa durante el último fin de semana, con un despliegue que combinó tareas de prevención vial y respuestas ante hechos delictivos. En un esfuerzo conjunto entre la Policía Comunal, la Guardia Urbana e inspectores municipales, se reforzaron los controles en diversos puntos de la ciudad. Estas tareas, centradas en fomentar el uso del casco y verificar la documentación reglamentaria, terminaron con el retiro de circulación de trece motocicletas. Entre las faltas más recurrentes se detectaron escapes no autorizados, vehículos sin luces y conductores menores de edad, quedando todos los casos bajo la supervisión del Juzgado de Faltas local.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la madrugada del domingo estuvo marcada por la captura de un hombre que era buscado por la justicia. Durante un control en la intersección de la avenida Garmendia y la calle Freyre, los agentes identificaron a Carlos Omar Rodríguez, quien tenía pedidos de captura activos emitidos por tribunales de Pergamino y Trenque Lauquen en relación con delitos contra la propiedad. El sospechoso fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Por otro lado, la tarde del sábado se vio alterada por un episodio de violencia en la calle Heredia al 1400. La policía acudió al lugar para detener a Enzo Filoni, quien fue señalado por provocar daños en dos automóviles que se encontraban estacionados. Según el reporte oficial, el hombre no solo afectó los vehículos, sino que también agredió físicamente a uno de los dueños y amenazó a la propietaria del otro automóvil involucrado. Tras el incidente, el agresor fue trasladado a la seccional policial, donde permanece bajo la órbita de la unidad de instrucción judicial de Mercedes.

Finalmente, un grave incidente de violencia doméstica movilizó a los servicios de emergencia tras un llamado al 911. Los efectivos se desplazaron hasta una vivienda en la calle Guido Spano, donde detuvieron a Miguel Ángel Valbuzzi en el momento en que se producía el altercado. El hombre fue acusado de agredir a su pareja y de amenazarla de muerte utilizando un arma blanca. Mientras el detenido quedó alojado en la comisaría local, la víctima fue asistida de manera inmediata por el equipo profesional de la Comisaría de la Mujer y la Familia para garantizar su resguardo y acompañamiento.

El titular de la Policía Comunal de 9 de Julio, Comisario Inspector Carlos Barrena amplió detalles en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) de lo que expresó en la conferencia de prensa del martes 28 de abril en la propia dependencia junto con el Subsecretario de Seguridad y Tránsito Walter Depaoli.
En esa rueda con medios de prensa se informó sobre las situaciones creadas a partir de aquellos motociclistas que generan problemas con maniobras peligrosas para sí y para terceros y los ruidos molestos producidos por escapes adulterados que fueron el motivo de la masiva queja vecinal que derivó en levantamiento de más de 1500 firmas para lograr una ordenanza sancionada en el Concejo Deliberante.
“La responsabilidad por infracciones cometidas con ciclomotores recae sobre el conductor, quien puede recibir sanciones determinadas por un juez. Existe un debate sobre cómo proceder cuando los infractores son menores de edad”, dijo Barrena, incluyendo la posibilidad de responsabilizar a los padres, y agregó que “el centro de monitoreo de Nueve de Julio es efectivo en identificar y vigilar a quienes cometen infracciones con motos, proporcionando pruebas para solicitar allanamientos y secuestro de vehículos. Los operativos y estrategias de control son constantes y se ajustan continuamente para mejorar la seguridad en la localidad”.

Más adelante se refirió a los accidentes de tránsito: “Allí, la policía tiene la autoridad principal para coordinar las acciones en el lugar y posteriormente informar al juez correspondiente. Es común la presencia de menores conduciendo vehículos sin licencia, lo cual genera preocupación sobre la responsabilidad de los padres. En estos casos, la policía procede al secuestro del vehículo, verifica si el menor presenta lesiones y, de ser necesario, lo traslada al hospital. Resalto la importancia de la conciencia familiar, ya que permitir que un menor conduzca implica un riesgo grave para su integridad”.

Condiciones y Recursos en Destacamentos Policiales Rurales

Es sabido que el jefe comunal de policía asume la responsabilidad sobre toda la jurisdicción, incluyendo localidades pequeñas donde frecuentemente hay escasez de personal y recursos: “Se han realizado mejoras en algunos destacamentos, como la construcción de nuevas instalaciones y la asignación de móviles policiales, permitiendo que el personal resida en la localidad y cuente con apoyo para operativos y descansos. Sin embargo, persisten problemas de infraestructura en varios destacamentos, algunos de los cuales son inhabitables, obligando al personal a improvisar lugares de descanso y atención al público”.
La comunicación de estas deficiencias se realiza mediante informes a las autoridades regionales y provinciales, quienes evalúan y eventualmente asignan recursos para mejoras. “A pesar de las condiciones adversas, el personal policial mantiene el compromiso de servicio, demostrando vocación y sacrificio personal y familiar”, dice Barrena y sabe de lo que habla porque el mismo ha pasado por ese estado de cosas sobrellevándolas con su compromiso de servicio.

Relación con la Comunidad y Mensaje a las Familias

El jefe policial de 9 de Julio destaca la importancia del trabajo conjunto entre la policía y las autoridades municipales para resolver problemas y satisfacer las demandas de los vecinos. Y hace un llamado a los padres para que dialoguen con sus hijos y fomenten la responsabilidad, especialmente en lo referente al respeto por la vida y la prevención de conductas riesgosas como conducir sin autorización.

Protección de la Integridad de los Estudiantes

Interrogado sobre las amenazas en colegios expresó que: “Se mantiene un operativo de protección en las escuelas para resguardar la integridad de los estudiantes. Este operativo continuará hasta recibir una orden contraria y hasta que se confirme que los estudiantes han comprendido el mensaje preventivo transmitido dentro de la institución».

Informes Policiales y Comunicación con la Prensa

Los informes policiales se realizan semanalmente, generalmente los domingos, y se comunican a través de un grupo de WhatsApp a todos los periodistas locales. Solo se emiten informes adicionales en caso de hechos relevantes. “La publicación de los informes depende de los medios, quienes tienden a difundir más las noticias negativas que las positivas, ya que estas últimas generan menos interés en el público” comenta Barrena y aclara que no se publican nombres de personas involucradas en incidentes hasta que exista una condena judicial, en cumplimiento de las restricciones legales y el principio de presunción de inocencia. “La labor policial prioriza la seguridad y el cumplimiento de funciones operativas sobre la generación de informes, que se realiza en tiempo personal”.

Recursos Policiales y Distribución

Actualmente, la comisaría cuenta con cuatro móviles policiales y cuatro cuadrículas cubiertas: “Lo que representa una mejora significativa respecto al pasado reciente, cuando solo había uno o dos móviles disponibles. Este avance se logró mediante la reincorporación de personal y la gestión municipal para que policías residentes en la localidad regresaran a prestar servicio aquí. Cada localidad cuenta con su propio personal y móvil policial, lo que permite una atención descentralizada y específica de las problemáticas locales”. Aunque Barrena reconoce que sería ideal disponer de más recursos (ocho, diez o doce móviles).

Cobertura de Seguridad en Eventos Deportivos

“La cobertura policial en eventos deportivos, especialmente en la liga local, depende de la disponibilidad de recursos y la organización de los partidos. En ocasiones excepcionales se logra cubrir todos los partidos de una fecha”, expresó el Jefe de la Policía Comunal.
“La función principal de la policía es garantizar la seguridad pública, no la organización de eventos deportivos”, agregó. “La asignación de efectivos a partidos de fútbol puede comprometer la protección de la ciudad, ya que, al destinar policías a los estadios, se reduce la presencia policial en las calles, lo que puede ser aprovechado por delincuentes. Por ello, la policía debe organizarse estratégicamente para cubrir partidos sin desproteger otras áreas, coordinando entre distintas dependencias y evitando trasladar personal de zonas críticas”.
Sobre los análisis previos a un encuentro, Barrena explicó que “la cobertura policial en partidos de fútbol es optativa y depende de la disponibilidad de personal y de la evaluación de riesgos. La decisión final sobre la realización de un partido y la cantidad de policías asignados corresponde a la máxima autoridad de seguridad local, en consulta con el organismo de prevención de la violencia en el fútbol (Aprevide). Si no se cumplen las condiciones de seguridad requeridas, el partido puede ser suspendido o reprogramado”.

También explicó la evaluación de riesgos y determinación de rfectivos: “Realizamos estudios previos sobre antecedentes de violencia entre hinchadas y otros factores de riesgo para determinar el nivel de peligrosidad de un partido. En casos de alta peligrosidad, se puede exigir un número más elevado de efectivos, aunque esto implique un costo significativo para los clubes».
Y dejó en claro la parte que les toca a los clubes quienes «deben asumir la responsabilidad de costear la seguridad necesaria para los partidos, del mismo modo que pagan a los jugadores. Negarse a pagar por la cantidad de policías recomendada incrementa el riesgo de incidentes. La prevención es esencial y requiere la colaboración de los clubes para evitar hechos de violencia”.

Por Redacción Extra Digital

En 9 de Julio, el cierre de la semana escolar marcada por la ola de amenzas de tiroteos en establecimiento educativos que se esparció por varios puntos del país, concluyó con un viernes de tensión pero sin ninguno de los hechos que se anunciaban por mensajes o pintadas. Pero hubo un par de situaciones que se destacaron.
La más importante ocurrió en la escuela de Comercio, en donde un alumno del turno tarde fue sorprendido por una policia que controlaba la entrada al establecimiento cuando escondía un arma, que resultó ser de juguete, en el arenero. El ràpido y contundente accionar de la agente  fue importante para exponer y controlar el incidente. De acuerdo a fuentes consultadas se tomaron los datos del menor y de la familia para anexar a la denuncia. Se informó a los padres del menor que expresaron su angustia por la incómoda situación.
También se encontró “un objeto” (no pudimos saber de qué tipo) en la Escuela Técnica, hecho que también fue denunciado. Todo está en manos de la Justicia. Cabe destacar la colaboración directa de la policia comunal que fue plena y en la medida de sus posibilidades con los requeriemitos de las autoridades del sistema educativo.
El mensaje es claro. Estas “bromas” son inaceptables y tienen consecuencias legales, para quienes la realizan y, en el caso de menores, para sus padres ya que, como explicamos anteriormente, es un delito, que genera un gasto operativo porque moviliza a todo el sistema educativo y de seguridad.
Por otro lado, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense difundió una serie de pautas de intervención obligatorias para los establecimientos educativos tras una semana marcada por amenazas de tiroteos y actos de violencia. Las autoridades provinciales buscan llevar tranquilidad a las familias y garantizar la continuidad pedagógica mediante el uso de herramientas específicas que permitan abordar estos episodios, que en algunos casos incluyeron la presencia de armas en las aulas.
La estrategia oficial se centra en la prevención y la comunicación responsable, solicitando a estudiantes, docentes y familias evitar la viralización de mensajes intimidatorios para no alimentar el efecto contagio. Ante la detección de una amenaza o situación sospechosa, las instituciones deben dar aviso inmediato a las autoridades escolares e inspectores regionales, quienes coordinarán las respuestas territoriales junto con las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial si fuera necesario.
En paralelo a las medidas de seguridad, el gobierno provincial promueve la creación de espacios de diálogo dentro de la comunidad educativa para fortalecer la convivencia escolar. Se han programado reuniones con inspectores de todos los niveles y encuentros informativos con padres para detallar los mecanismos de protección vigentes. El objetivo central de la cartera educativa es mantener las escuelas abiertas y seguras, minimizando las interrupciones en el dictado de clases ante este tipo de incidentes.