El intendente Santiago Passaglia propuso eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene a cambio de que el Estado nacional deje de cobrar IVA sobre las obras y servicios municipales. La idea expone una tensión real del sistema tributario, aunque su aplicación choca con la Constitución y con la coparticipación.
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una propuesta que bautizó «IVA 0. Tasa 0». Según informó Perfil, el municipio eliminaría la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, pymes e industrias. A cambio, la Nación dejaría de cobrar IVA sobre las obras y los servicios que el municipio presta a los vecinos. Passaglia lo planteó primero en la red X y lo formalizó después en una carta a Caputo fechada el 13 de octubre. En la publicación desafió al Presidente con una frase directa: bajar los impuestos que cobran otros, escribió, «es fácil». La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires respaldó la iniciativa. Sostuvo que la carga sobre las empresas se acumula en los tres niveles del Estado y que una baja real necesita coordinación entre Nación, Provincia y municipios.
Lo que la propuesta tiene de cierto
El planteo de fondo es correcto. Un municipio presta servicios que no factura con IVA. Por eso no puede descontar el impuesto que le cobran sus proveedores, como sí hace una empresa con el crédito fiscal. Para la comuna, ese IVA es costo puro. Cada luminaria, cada camión recolector y cada tonelada de asfalto llegan con el impuesto incluido, y ese dinero sale del bolsillo del contribuyente local.
Passaglia ilustró el punto con una compra de materiales de un millón de pesos que, con IVA, termina costando 1.210.000. La cuenta es correcta, aunque el porcentaje que transmite no lo es. Sobre el precio final, el IVA representa alrededor del 17,4%, porque el 21% se calcula sobre la base antes de impuestos.
Además, buena parte del gasto municipal no lleva IVA. El rubro más pesado de cualquier presupuesto comunal son los sueldos, y los salarios no pagan ese impuesto. El ahorro real dependería entonces de cuánto gasta cada municipio en bienes, servicios y obra pública. Ese monto habría que compararlo con lo que hoy recauda por Seguridad e Higiene. En muchos distritos bonaerenses esa tasa es uno de los principales recursos propios, y el canje podría dejarlos en desventaja.
El IVA que vuelve
La carta afirma que el 21% es un impuesto que «Nación se queda». El dato no es exacto. El IVA es un impuesto coparticipable, y una porción significativa de lo recaudado se transfiere a las provincias. En territorio bonaerense, a su vez, una parte de la coparticipación provincial llega a los municipios. San Nicolás recibe por esa vía una fracción del mismo IVA que pide dejar de pagar. Una exención generalizada reduciría la masa coparticipable que reparten todas las provincias y todos los municipios.
Hay un problema más difícil de resolver. En la Argentina, los impuestos solo pueden crearse, modificarse o eximirse por ley del Congreso. Ni el ministro de Economía ni el Presidente pueden liberar del IVA a un municipio por decisión administrativa o por acuerdo bilateral. Una exención para un solo distrito, además, abriría un problema de igualdad frente a los demás municipios del país.
La Tasa de Seguridad e Higiene arrastra sus propios cuestionamientos. Por definición, una tasa debe corresponder a un servicio concreto que el municipio presta al contribuyente. En la práctica, muchas comunas la calculan sobre los ingresos brutos de la empresa, lo que la acerca a un impuesto. Ese es el argumento que el Gobierno nacional usa cuando pide a los intendentes que bajen sus tasas.
Una jugada política con contenido económico
La propuesta funciona mejor como gesto político que como política fiscal aplicable. Passaglia devuelve a la Casa Rosada el reclamo que la Nación viene haciendo a los municipios y muestra que la presión tributaria se reparte entre los tres niveles del Estado. El Ministerio de Economía tiene ahora la carta en su escritorio. Cualquier respuesta seria debería empezar por la discusión que la Argentina posterga desde hace décadas, que es un nuevo régimen de coparticipación.
La pregunta también vale para Nueve de Julio. El presupuesto municipal para 2026 asciende a $37.542 millones. Fue aprobado por la Ordenanza 7483/2025, que incluye el Cálculo de Recursos y la Ordenanza Complementaria para la gestión del gasto corriente del año. El Honorable Concejo Deliberante lo sancionó y lo promulgó el Departamento Ejecutivo que encabeza la intendenta María José Gentile.
Una parte de ese dinero se va en IVA cada vez que el municipio compra combustible, repuestos, insumos o materiales para obras. Otra parte llega desde los comercios e industrias locales a través de la Tasa de Seguridad e Higiene. El Cálculo de Recursos aprobado por el Concejo dice cuánto se espera recaudar por esa tasa. La distribución del gasto muestra cuánto se destina a compras y obras alcanzadas por el impuesto nacional. Con esas dos cifras, que forman parte de la misma norma, se podría medir si el canje que propone San Nicolás le convendría a Nueve de Julio.
