El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires presentó el informe de auditoria en relación a la rendición de cuentas municipales del período 2025 (Expediente N.º 3-082.0-2025, Municipalidad de 9 de Julio, Ejercicio 2025). Desde EXTRA Digital presentamos una serie de informes analíticos de los datos y consideraciones expresadas por dicho Tribunal en relación a las arcas y usos de recursos municipales durante el 2025.
Por Redacción Extra Digital
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires puso la lupa sobre el manejo de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal durante el ejercicio 2025. El primer gran cuestionamiento institucional gira en torno a la falta de reglamentación del Fondo de Inversión en maquinarias viales. Según la Ordenanza Fiscal N.º 7330/2025, el Departamento Ejecutivo municipal tenía la obligación de reglamentar en el año en curso la creación de dicho fondo, el cual debía nutrirse directamente con los recursos provenientes del cobro de la Tasa de Red Vial. Esta herramienta es vital para garantizar que el dinero aportado por los productores y vecinos del ámbito rural se reinvierta efectivamente en equipos para el mantenimiento de los caminos.
No obstante, la realidad documentada dista mucho de las exigencias normativas. Ante el requerimiento formal de los auditores de la Delegación Zonal para acceder a dicha reglamentación, la respuesta oficial fue insatisfactoria.
A mediados de marzo de 2026, el sistema de bidireccionalidad arrojó una escueta leyenda de contestación sin adjuntar absolutamente ninguna documentación que avalara la existencia o regulación del fondo. Esta falta de transparencia administrativa llevó al Tribunal a formular una observación formal, señalando como responsable prima facie a la propia Intendente Municipal, María José Gentile. La ausencia de un marco regulatorio claro para el fondo de inversión impide trazar el destino exacto de la recaudación de la tasa vial.
El segundo eje de conflicto, quizás el más perjudicial para las arcas municipales en términos estrictamente financieros, radica en la preocupante inacción legal respecto al cobro de las deudas por esta tasa. El informe oficial detalla una serie de juicios iniciados contra contribuyentes morosos que han quedado virtualmente paralizados en los estrados del Juzgado de Paz de Nueve de Julio.
El Tribunal de Cuentas advierte severamente su informe que esta inercia prolongada por parte de las autoridades y los representantes legales del municipio trae el riesgo de la prescripción definitiva del crédito fiscal o la caducidad de la instancia, lo que significaría una pérdida irrecuperable de recursos para la comuna. Por estas graves omisiones, el organismo de control apuntó las responsabilidades hacia la cúpula ejecutiva y legal del municipio, incluyendo a la Intendente Gentile, la Asesora Legal y Técnica Miriam Lorenzo y el Director de Gestión Judicial Pedro Juan Rebottaro.
El panorama expuesto por la auditoría sobre la Tasa de Red Vial en Nueve de Julio durante 2025 dibuja un escenario de preocupante desidia. Por un lado, la gestión falla en transparentar la normativa de los fondos recaudados destinados a maquinarias, y por el otro, demuestra una ineficacia judicial notable para recuperar el dinero adeudado por los contribuyentes morosos.
La problemática de caminos y canales rurales del Partido de 9 de Julio sigue teniendo una zona gris y conflictiva en cuanto al uso efectivo de lo recaudado por una tasa retributiva que, en los hechos y ante el reiterado y extendido reclamo de la ruralidad, hace tiempo que no viene teniendo por parte del estado municipal la contraprestación que este tributo acarrea.
