Un grupo de productores agropecuarios del partido de General Guido ha judicializado su reclamo contra la administración municipal encabezada por el intendente Carlos Rocha. Los demandantes acusan una grave falta de mantenimiento en la infraestructura vial rural y exigen una rendición de cuentas exhaustiva sobre los fondos recaudados mediante la Tasa de Red Vial. Así, llevaron su reclamo al Fuero Contencioso Administrativo con sede en Dolores.
El eje del conflicto radica en la disparidad percibida entre la presión fiscal que sufren las explotaciones rurales y la contraprestación efectiva en obras y conservación de caminos. Las constantes subas tributarias aprobadas en las sucesivas ordenanzas tarifarias municipales han incrementado el malestar de los contribuyentes, quienes sostienen que las arterias secundarias y terciarias del distrito se encuentran intransitables durante gran parte del año.
En el escrito judicial presentado ante el fuero administrativo, los demandantes solicitaron expresamente que la Municipalidad de General Guido detalle de manera precisa y documentada la totalidad de los recursos financieros percibidos bajo el concepto de Tasa de Red Vial. La petición exige un desglose minucioso de cómo han sido ejecutados dichos fondos en el transcurso de los últimos tres años.
Asimismo, los productores requieren un inventario oficial de las obras públicas realizadas en la red vial del distrito en dicho período, especificando la cantidad exacta de kilómetros intervenidos y el tipo de tareas ejecutadas. La demanda busca esclarecer además el destino de fondos provenientes de partidas provinciales o nacionales asignados específicamente a la infraestructura rural, sobre los cuales los querellantes aseguran no tener constancia clara de su correcta aplicación.
Un punto del planteo legal impugna el criterio de cobro fijado por las autoridades municipales, el cual se fundamenta en la cantidad de hectáreas de cada propiedad sin considerar las variaciones objetivas en la prestación del servicio. Para los productores, esta metodología desvirtúa la naturaleza jurídica de una tasa municipal, la cual exige constitucionalmente un servicio concreto e individualizado como contrapartida. Como medida subsidiaria, la presentación exige al municipio el reintegro de los importes abonados en exceso por los contribuyentes o, en su defecto, que la liquidación de las tasas retroceda a los valores estipulados en la Ordenanza Fiscal 2023. Los demandantes exigen que cualquier readecuación futura se base en parámetros ponderados de razonabilidad y responda a criterios estrictamente no confiscatorios.
Más allá de las pérdidas económicas directas relacionadas con la logística agropecuaria y el transporte de hacienda o granos, el escrito judicial visibiliza las dramáticas consecuencias sociales que provoca el abandono de los caminos interiores. El estado crítico de las vías de circulación impide el normal funcionamiento del sistema educativo rural, provocando la interrupción recurrente de clases debido a la imposibilidad de docentes y alumnos de arribar a los establecimientos escolares. Del mismo modo, los vecinos del distrito alertan sobre los severos riesgos para la salud pública. La intransitabilidad de los caminos dificulta el ingreso de ambulancias y la asistencia oportuna ante emergencias médicas en las fincas rurales. Esta situación vulnera las condiciones básicas de vida de las familias que residen y trabajan de manera permanente en el medio rural bonaerense.
El pronunciamiento del Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores definirá los alcances de la responsabilidad municipal respecto al mantenimiento de la infraestructura básica y sentará un precedente relevante para la fiscalidad local en la provincia de Buenos Aires. Mientras la causa avanza en los tribunales, los productores de General Guido ratifican su decisión de mantener el reclamo formal hasta obtener respuestas concretas que garanticen la transitabilidad y la transparencia en el uso de los fondos públicos.
