El Dr. José María Giuliodoro hizo uso anoche de la Banca 19 (o Banca Ciudadana) en la sesión del Consejo Deliberante, para presentar e impulsar el tratamiento de su proyecto de ordenanza sobre la regularización del servicio de telemedicina. Defendió la ordenanza para garantizar médicos matriculados, seguros y tener im control local para proteger a pacientes e instituciones, evitar que la telemedicina reemplace la atención presencial y destinar recursos al sistema sanitario rural.
En su alocución, Giuliodoro explicó que «uno de los puntos más importantes que es la matriculación. Quienes se oponen dicen que exigir que los médicos virtuales estén matriculados en nuestro colegio médico de la provincia de Buenos Aires es una traba burocrática. Esto es una absoluta falsedad. La matriculación es la única barrera que separa a la medicina real de la estafa y de la tragedia». Y agregó que todos los médicos están inscriptos en una matrícula provincial que les brinda la asistencia ante eventual mala praxis y también garantiza y regula el derecho del paciente.
Y al respecto dijo: «Imagínese que un vecino del 9 de julio a las 3 de la mañana utiliza la aplicación de de telemedicina y, del otro lado, aparece una cara en la pantalla. Yo me pregunto ¿quién es esa persona? ¿Es realmente un médico? ¿Es un estudiante avanzado de medicina? ¿Es un pediatra certificado? ¿Es un especialista? ¿Es un profesional que otra vez no tenga matrícula o, si tiene matrícula, está suspendida por una mal praxis en otra provincia y se esconde detrás de un monitor? No lo sabemos. Sin la exigencia de estar inscripto en nuestro distrito 7º, el colegio médico, hay un anonimato médico total y absoluto. El paciente no sabe quién lo atiende, y, si ese supuesto médico comete un error grave de diagnóstico, receta mal un medicamento o ignora un síntoma letal, ¿a quién le reclama el síntoma de julio? ¿A una atención al cliente? Exigir la matriculación es la forma de garantizar que este profesional es real, que está habilitado y que el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires tiene la facultad de sancionarlo, inhabilitarlo, si comete mala praxis. No es ningún tipo de corporativismo. Esto es identidad, seguridad y justicia para el paciente».
Pero el doctor Giuliodoro explicó un punto que, a su entender es aun más importante, y tiene que ver con el quien presta hoy el servicio de telemedicina, que es la CEyS Mariano Moreno: «Hoy, el 9 de julio, el servicio de telemedicina se está ofreciendo a través de nuestra Cooperativa Electrica, cobrándose directamente en la factura del luz. Muchos creen que, si llega a pasar algo, el problema es de la aplicación tecnológica, pero la realidad jurídica, según la ley nacional de defensa del consumidor, es otra. Existe la responsabilidad solidaria.
Si mañana ocurre una desgracia clínica, en una videollamada, una demanda por mala praxis, no solo le apuntan el médico de la pantalla, la empresa tecnológica foránea, también la demanda quedará con todo su peso sobre quien facturó y ofreció el servicio, o sea, nuestra Cooperativa y, por efecto consorcial, a este municipio».
Y aclaró que «al exigir, en el artículo 8, que esta plataforma presente una póliza de seguro de responsabilidad civil y, en el artículo 7, que tenga un dominio legal, no estamos atacando a nuestra querida cooperativa. Al contrario, le estamos dando un escudo legal, estamos salvando a las instituciones de nuestro pueblo de comerse un juicio millonario por culpa de esas empresas foráneas que lucran y luego desaparecen de la virtualidad. Si una plataforma se niega a contratar un seguro o no tiene un domicilio aquí, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está protegido el ciudadano?»
En su explicación, Giuliodoro dejó en claro que «la pantalla, señores concejales, no resuelve todo», que la relación médico paciente es irreemplazable, y que por ese motivo en el artículo 6º del proyecto se prohíbe que se ofrezca guardias virtuales como reemplazo de la guardia presencial: «La tecnología debe complementar, nunca reemplazar el factor humano, lo lindo que tiene la medicina».
Otro punto del proyecto, el artículo 10, prevé el pago de una tasa y que ese dinero vaya en su totalidad para mejorar las salitas de los pueblos y también para ayudar aquellos médicos que trabajan los pueblos.
A partir de ahora, está en los concejales el darle tratamiento a este proyecto de ordenanza.
