Se prorrogaron las concesiones de la VTV

El Gobierno bonaerense volvió a prorrogar, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, los contratos de concesión de la Verificación Técnica Vehicular. Se trata de un negocio que mueve más de 5 mil millones de pesos por año.

La misma decisión tomó en los tres años anteriores habilitada por el decreto 4103/95 del ex gobernador Eduardo Duhalde. La concesión de las empresas –que todavía siguen al frente del mercado- había sido por 20 años y venció a finales de 2015.

Se trata de un puñado de firmas que tienen cautivos al jugoso parque automotor bonaerense, que se calcula en 5,5 millones de rodados. Hoy la revisión para las motos está en un valor de $263,09 y para los autos en $876,97. El año pasado aumentó un 43%.

Para tener una dimensión del negocio que representa, se puede tomar en cuenta la venta que realizó en 2018 la empresa española Macovit Sociedad de Inversiones por el 100% de las acciones de VTV Norte y VTV Metro que ascendió a USD 12,5 millones.

En 2017 ambas concesionarias registraron ingresos combinados de aproximadamente US$ 10 millones de euros basados en la tasa de cambio de fin de año de 2017 (US$ 11,6 millones).

En este sentido, desde que se vencieron las concesiones a finales de 2015 en la Legislatura la oposición viene reclamando cambios para lo que consideran un sistema “monopólico, exclusivo y excluyente”.

Una de las propuestas, frenada desde 2017 por Cambiemos en el parlamento provincial, propone el ingreso de nuevos actores privados para que cualquier tallerista que cumpla con los requisitos de la normativa pueda brindar el servicio.

El proyecto, que pertenece al massista Ricardo Lissalde, apunta a lograr una mayor inmediatez entre el titular y la planta, alcanzar un mayor nivel de cobertura territorial y bajar los elevados costos que se pagan en la actualidad.

Con otro enfoque, desde Unidad Ciudadana presentaron una iniciativa en 2015 instando al Gobierno bonaerense a que “analice la posibilidad de brindar el servicio de manera directa” y que lo recaudado vaya a parar a un fondo fiduciario vial.

Sin embargo, esa idea también fue descartada por el oficialismo, que en sus tres años de gestión no propuso ningún marco normativo. Ahora la pregunta es por qué pudiendo abaratar los costos y mejorar el servicio a los usuarios no se hace.

A todas luces, parece ser un negocio que no sólo beneficia a los privados sino también al Gobierno de Vidal. En tanto, desde el Ministerio de Infraestructura que conduce Roberto Gigante realizaron su descargo a Diputados Bonaerenses.

“Hasta tanto podamos materializar los nuevos parámetros de un nuevo sistema de VTV que posibilite mayor oferta de talleres y mejor atención al usuario, se hizo necesario recurrir a la prórroga”, explicaron desde la cartera.

Después de tres años, los bonaerenses siguen rehenes de unas pocas empresas, tienen una oferta territorial limitada y no se abre el juego, como en cualquier otro mercado, a la pelea por los precios. ¿Servicio o negocio para pocos?