Médicos podrían cortar la atención a afiliados de IOMA

A partir del 1° de febrero los afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) podrían perder la cobertura médica si no se regulariza la  deuda que la obra social de los estatales mantiene con los médicos de la provincia, según adelantaron desde el CEMIBO, entidad que reúne a los círculos médicos de La Plata, Ensenada, Tandil, Mar del Plata, San Pedro, Balcarce y Trenque Lauquen.

Desde noviembre del año pasado que los profesionales de la salud advierten sobre la falta de pagos y denuncian que existe “discriminación” hacia los médicos del interior porque cobran montos inferiores a los de la Región Capital por las mismas prácticas y con retrasos de hasta tres meses en las liquidaciones.

Sin embargo, como ocurrió en aquella oportunidad, desde el IOMA negaron cualquier tipo de inconveniente y aseguraron que los pagos están al día para todos los profesionales que prestan servicios en la provincia, por lo que las autoridades rechazan cualquier posibilidad de corte en la cobertura.

Pero las entidades que nuclean a los médicos aseguran que hubo incumplimiento de lo acordado tras la reunión con Pablo Di Liscia, titular del IOMA, el 5 de enero pasado y siguen pendientes de pago los honorarios del mes de noviembre por lo que “si no se soluciona el conflicto, nos veremos obligados a cortar la prestación y más de 500 mil afiliados a la obra social quedarán sin atención”.

Además está en debate el cobro de un plus o adelanto de algunos profesionales por sobre el bono del IOMA, práctica que es rechazada por las entidades médicas, pero que se justifica por el retraso en los pagos y otras irregularidades en la cobertura de prestaciones.

Muchas veces “el paciente inicia un trámite, IOMA se lo autoriza pero después el médico no lo cobra y cuando pregunta desde la obra social responden que esa práctica no cuenta con cobertura”, es decir que el profesional trabajo gratis, remarcaron desde CEMIBO.

La cobertura quedaría suspendida desde el primer día de febrero y afectaría a por los menos medio millón de afiliados, de distintos distritos de la provincia y no se descarta que puedan sumarse profesionales de otras áreas que también alertan sobre los retrasos en las liquidaciones.