Caso “Kersich”

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Planta abatidora de arsénico

En el caso judicial “Kersich” que refiere a la situación del agua de consumo de la población de 9 de Julio contaminada con arsénico, la Suprema Corte de Justicia provincial, requirió al Juzgado de Garantías del Juzgado Nro. 1 de Mercedes…

(donde tramita la acción de amparo) que remita las actuaciones principales a fin de saber el estado actual de las obras prometidas por las autoridades provinciales ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Tal requerimiento de la Corte provincial se da en virtud en que la misma se encuentra  avocada a dar cumplimiento con el mandato del máximo tribunal de la Nación del mes de Diciembre de 2014 que  tras reconocer el derecho humano al agua potable, dispuso el dictado de una nueva sentencia que considerara la situación procesal de los 2600 vecinos de 9 de Julio en el marco de un proceso colectivo, manteniendo a su vez la medida cautelar por la que se ordenó a la empresa prestadora del servicio Aguas Bonaerenses SA (ABSA) la entrega de bidones de agua potable en los domicilios de cada uno de los amparistas.

En el año 2013 y tras una imposición de una multa por la justicia de 53 mil pesos diarios a raíz del incumplimiento de ABSA de la medida cautelar de entregar agua potable en bidones en los domicilios de los 2600 vecinos nuevejulienses  (el monto total de la multa ascendió a los 18 millones de pesos), las autoridades de la provincia de Buenos Aires decidieron emprender la construcción de una planta potabilizadora para remover los altos niveles de arsénico que presenta el acuífero, de donde se extrae el agua para consumo y uso domiciliario en la planta urbana de 9 de Julio.

Según se anunció en su momento por la propia empresa ABSA,  la planta potabilizadora estaría culminada y en funcionamiento pleno a fines del año 2015, algo que – inclusive hasta el día de la fecha – no ha ocurrido.

Lo cierto es que la planta potabilizadora fue construida casi en su totalidad conjuntamente con las mejoras de la red troncal por una inversión pública de la Provincia de Buenos Aires, que alcanzó  los 60 millones de pesos.