Por Juan M. Jara

Lo prometido es deuda. Bueno, quizás deuda no sea la palabra más felíz para emplear a la hora de seguir escudriñando las finanzas municipales. Conocidos los decretos con fecha fines de abril de este año, uno relacionado a las bonificaciones que reciben los funcionarios y otro referido a las reservas de cargo, decidimos analizar esa información, teniendo en cuenta que, como dijimos en el informa anterior, un Municipio en rojo, conectado al respirador del descubierto para sobrevivir (sin eso no podria pagar sueldos), con una planta sobredimensionada y servicios deficientes, el foco está puesto en la estructura. La plata no alcanza, se escucha decir como explicación mezclada con excusa, pero la que hay ¿en qué se va?. Casi el 75% del presupuesto se va en sueldos, lo cual hace, desde hace tiempo y cada vez más, prácticamente inviable la función esencial del Municipio. Bonificaciones y Reserva de Cargos, son dos canales donde se va la plata, y son los actualizados en los mencionados decretos. Ya analizamos las primeras, hoy vamos por las segundas.

Datos

A través del Decreto Nº 596/2026, firmado por la intendente Gentile, la administración local decidió regular de forma estrictamente temporal, por el término de treinta días, los haberes de una categoría particular de empleados: los agentes de planta permanente con reserva de cargo. Esta figura legal, habitual en el Estado, permite que los empleados de carrera congelen sus puestos estables para asumir funciones de mayor jerarquía o roles políticos interinos sin perder su estabilidad laboral. El argumento oficial detrás de esta medida apunta a razones de índole presupuestaria que aconsejan determinar las remuneraciones de forma transitoria. Sin embargo, detrás de la jerga burocrática se esconde una radiografía detallada del gasto público local y del esquema de incentivos en las áreas más sensibles de la comunidad.
La estructura del decreto abarca seis grandes jurisdicciones de la gestión pública, distribuyendo al personal desde el núcleo de la Conducción Superior hasta la Secretaría de Desarrollo Comunitario, pasando por carteras estratégicas como Gobierno, Hacienda, Salud y Obras Públicas.
Al analizar las cifras quedan en evidencia las profundas brechas salariales que existen entre las distintas funciones del Estado municipal. En la cúspide de la pirámide de ingresos explícitos se encuentra el sector sanitario. El salario más alto registrado en el documento pertenece al médico de atención primaria José María Garcia Simonelli, quien percibe una remuneración de 3.237.465,14 pesos por una carga de 30 horas semanales. En una línea similar, la profesional médica Lucia Sol Barbieri percibe 2.794.808,18 pesos.
Fuera del ámbito de la medicina, los puestos técnicos y de infraestructura también comandan los ingresos más sustanciales del presupuesto. Gustavo Carbajo, del área de Obras y Servicios Públicos, encabeza este segmento con un salario de 2.461.104,42 pesos por 44 horas semanales, seguido de cerca por el especialista en urbanismo Pablo Manuel Abate, con 2.237.255,75 pesos, y la responsable de Sistemas Informáticos, Nidia Elizabeth Banchero, cuyo haber se fija en 2.049.341,13 pesos.
En contraposición, el extremo inferior de la escala salarial del decreto, muestra ingresos que caen por debajo de la mitad de los sueldos jerárquicos. El haber más bajo explicitado corresponde a María de los Ángeles Martin, personal administrativo del área de salud, con 865.947,78 pesos por 30 horas semanales, seguida por el operario Daniel Oscar Rodríguez, con 870.993,35 pesos por una jornada superior de 44 horas semanales. El promedio general de los salarios detallados en el documento se sitúa en torno a los 1.430.383,54 pesos, totalizando más de 67 millones de pesos para este grupo específico de empleados durante el mes de abril.

Particularidades

No obstante, el documento oficial presenta una particularidad: para un grupo considerable de funcionarios de primera línea, el decreto omite consignar una cifra monetaria concreta. Figuras de alto peso institucional como el secretario municipal Federico Aranda, el juez de faltas interino Pedro Rebottaro, el contador municipal Pablo Argentino Ravena y las directoras generales de áreas clave como Recursos Humanos e Ingresos Públicos aparecen listados bajo la reserva de cargo, pero sus salarios políticos reales permanecen fuera del detalle de este texto en particular. Lo mismo ocurre con los delegados que conducen las localidades rurales del partido, como Morea, Carlos María Naón y 12 de Octubre.
Una lectura minuciosa del decreto revela fisuras en el control de la redacción que encienden alarmas sobre algunos casos y los eventuales criterios aplicados por la Dirección de Recursos Humanos. El caso más evidente de asimetría se da entre las agentes administrativas Sofía Fantini y Juliana Sagasti. A pesar de compartir la misma categoría institucional, cumplir la misma carga horaria de 30 horas y desempeñarse dentro del mismo programa de la Secretaría de Gobierno, Fantini percibe 1.401.794,48 pesos, mientras que Sagasti recibe 1.230.947,44 pesos, una diferencia notable que no se explica mediante el desglose de adicionales por antigüedad o mérito.
Esta falta de correlación directa entre categoría, horas y salario se repite en el sector de obras públicas. Los agentes Mariano Julian López y Paola Daniela Ocampo perciben exactamente la misma remuneración de 1.004.037,14 pesos por 44 horas semanales, a pesar de que López pertenece a la categoría cuatro y Ocampo a la categoría nueve. Otro ejemplo llamativo es el caso de Hector Mario Echegorria, quien con una categoría intermedia cinco, percibe ese mismo monto de dinero pero trabajando nueve horas menos a la semana.
La anomalía más desconcertante del documento es, sin duda, de carácter temporal. En el caso de Hermita Gómez, delegada municipal de Dudignac, el decreto establece textualmente que su designación rige a partir del 7 de marzo del 2025 hasta el 31 de marzo del 2025. La inclusión de un período cerrado del año anterior dentro de un presupuesto diseñado exclusivamente para abril de 2026 expone o un severo error de tipeo o una desprolijidad en la retroactividad de las normas locales.

El Decreto 596/2026, absoluta información pública, muestra el uso de herramientas legales de excepción para contener el gasto público mes a mes bajo el argumento de la necesidad presupuestaria. Pero también deja al descubierto cómo la falta de rigurosidad técnica en la confección de los documentos oficiales puede terminar opacando los esfuerzos de transparencia, transformando un decreto salarial en un registro plagado de interrogantes sobre cómo se calcula y se distribuye el dinero del contribuyente. En un Municipio como el de 9 de Julio, con una situación agobiante y pronóstico reservado, cada coma, cada punto, cada cifra, cuenta e inclina la balanza hacia un equilibrio endeble (aunque necesario) o hacia el abismo.

La causa 9761, caratulada «Malondra Omar Miguel y otros s/ defraudación en perjuicio de la administración pública», tramita ante el Juzgado Correccional N° 1 de Mercedes. Los imputados son Omar Miguel Malondra, Alfredo Abel Poggi y Carmen Amalia Castagnino, tres personas vinculadas a la actividad cooperativa a quienes el Ministerio Público Fiscal les atribuye haber defraudado fondos públicos.
El caso lleva años de instrucción. La defensa particular construyó durante ese tiempo una estrategia procesal que incluía nada menos que 61 testigos para el debate oral, cifra que habla de la complejidad y la pretensión de exhaustividad con que se había preparado la defensa técnica original.
La Defensora Oficial interviniente, Dra. Eleonora Sampol —a cargo por ausencia de la Dra. María Celina Bereterbide— presentó un escrito en el que, tras entrevistar a los imputados, consideró que la presencia de apenas 16 testigos resulta suficiente para la defensa. En consecuencia, solicitó al tribunal la reducción del número de jornadas de debate oral a dos o tres. Ese movimiento tiene una consecuencia procesal de enorme peso: los 45 testigos eliminados ya no podrán declarar en el juicio. La prueba testimonial que la defensa particular había reunido pacientemente durante años queda fuera del debate. En términos concretos, la nueva conducción de la defensa acaba de cerrar puertas que la defensa anterior había abierto a costa de un trabajo sostenido. La reducción de 61 a 16 testigos no es una cuestión de economía procesal sino una confesión tácita de que la defensa no cuenta con elementos suficientes para resistir la acusación en la amplitud que originalmente se había planificado.
Cabe recordar que la prueba en el proceso penal se rige por el principio de libertad probatoria. Todo elemento que contribuya a la reconstrucción histórica del hecho investigado es admisible, con los únicos límites que impone la licitud en su obtención. Una sentencia judicial firme constituye, sin duda alguna, prueba documental de primer orden. En ese marco, la decisión de la Defensa Oficial de prescindir de 45 testimonios construidos durante años de instrucción no solo estrecha el camino defensivo sino que deja a los imputados con un andamiaje probatorio notoriamente debilitado de cara al debate oral.
El delito imputado es la defraudación en perjuicio de la administración pública, figura prevista en el artículo 174 inciso 5° del Código Penal argentino, en función del artículo 172. La escala penal va de dos a seis años de prisión. Esta escala tiene una implicancia directa en la discusión sobre las salidas alternativas al juicio.
Antes de que el debate oral quede sellado como único camino, el expediente registró un intercambio revelador entre la Fiscalía y la Defensa sobre la posibilidad de evitar el juicio. El Agente Fiscal Pedro G. Illanes solicitó la fijación de una audiencia con la Defensa Oficial para explorar una salida alternativa, con la vista puesta en el juicio abreviado —instituto por el que los imputados reconocen el hecho a cambio de una pena negociada con el Fiscal, sin necesidad de debate oral—. Esta había sido la propuesta impulsada oportunamente por la Dra. Chapuis, fiscal anterior en la causa. La Defensa Oficial respondió en sentido diferente: consideró viable la suspensión del juicio a prueba —la llamada probation— y condicionó la realización de la audiencia a que la salida fuera en esos términos. Agregó que los imputados rechazaron expresamente el juicio abreviado.
La Fiscalía, en su nueva vista, rechazó la probation invocando razones de política criminal vinculadas al disvalor de la acción y el resultado del injusto, y ratificó la propuesta de juicio abreviado. El expediente quedó así en un punto muerto sobre las salidas alternativas.
Desde el punto de vista jurídico, la suspensión del juicio a prueba en delitos contra la administración pública presenta una tensión interpretativa importante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que el Ministerio Público Fiscal puede oponerse a la probation cuando existen razones de política criminal que lo justifiquen, y que esa oposición vincula al juez, es decir, el tribunal no puede conceder la probation si el Fiscal se opone fundadamente.
En delitos que afectan la administración pública, el argumento de política criminal tiene especial resonancia: la sociedad tiene un interés diferenciado en que este tipo de conductas sean juzgadas y, en su caso, sancionadas en un debate oral y público, y no resueltas mediante una suspensión condicional del proceso. El Fiscal Illanes se alineó con esa postura.
Merece una mención, aunque sea breve, que en la causa conocida como «Fullana», tramitada ante la misma unidad fiscal y con la intervención del mismo Agente Fiscal Illanes, ante un delito de idéntica naturaleza, la Fiscalía acompañó la aplicación del juicio a prueba. La aparente disparidad de criterio entre ambos expedientes es un dato que los operadores jurídicos y la opinión pública tienen derecho a conocer.
Sin embargo, un análisis jurídico más preciso permite encontrar una explicación técnica a esa diferencia de tratamiento. En la causa Fullana, los hechos investigados involucraban falsificación de actas societarias y estafa. Las actas societarias son documentos privados, por lo que la figura aplicable es la del artículo 296 en función del artículo 292 segundo párrafo del Código Penal, con una escala penal de seis meses a dos años — notoriamente inferior a la que corresponde a la falsificación de documento público. Con ese marco sancionatorio, la concesión de la probation era jurídicamente viable y la decisión fiscal de acompañarla no resulta irrazonable.
En la causa Malondra, en cambio, el delito es la defraudación en perjuicio de la administración pública, lo que introduce un argumento de política criminal cualitativamente distinto: el interés estatal diferenciado en que las conductas que afectan el patrimonio público sean juzgadas en debate oral y público, y no resueltas mediante una salida alternativa que evite el escrutinio del proceso. Esa distinción — víctima particular en Fullana, Estado en Malondra — es la que justifica el tratamiento diferenciado por parte del mismo fiscal.
No obstante, subsiste una reflexión válida. Si en Fullana los autores eran abogados de la matrícula que utilizaron su conocimiento profesional para falsificar actas societarias e inducir a error mediante estafa, la gravedad del abuso de la función profesional era considerable. Que eso haya merecido probation mientras que Malondra va a juicio oral habla menos de una inconsistencia fiscal y más de cómo el sistema penal argentino trata de manera estructuralmente diferenciada los delitos contra el patrimonio privado respecto de los delitos contra el patrimonio público. Una asimetría que, más allá de su sustento técnico, merece ser señalada.
Con la probation descartada por la Fiscalía, el juicio abreviado rechazado por los imputados y la lista de testigos reducida a 16, el escenario que se perfila es el de un debate oral en dos o tres jornadas. Los imputados irán a juicio sin el paraguas testimonial que la defensa particular les había construido durante años, con una Defensa Oficial que ya redujo drásticamente las expectativas y con una acusación que lleva años sosteniendo la misma hipótesis delictiva.
Malondra, Poggi y Castagnino —personas que, según sus propios defensores, dedicaron años de su vida a la actividad cooperativa— deberán ahora someterse al escrutinio del debate oral. Sin salida alternativa posible, sin la prueba testimonial que la defensa particular había construido durante años y con una Defensa Oficial que llegó al expediente para reducir expectativas y no para ampliarlas, el panorama para los imputados es sombrío. Todo indica que, al cabo del debate, lo que los espera no es una absolución sino una condena. La pregunta ya no es si serán condenados, sino cuándo.

                                                              El Lobo

El AutomotoClub Nuevejuliense consolidó su capacidad organizativa tras coordinar con éxito un fin de semana donde se desarrollaron, de manera simultánea, dos de los eventos más convocantes del deporte motor regional. Por un lado, una nueva fecha del Karting del Centro y también las competencias de Drag Racing 201. El funcionamiento en paralelo de ambas disciplinas requirió un despliegue logístico considerable por parte de la comisión directiva, socios y colaboradores, quienes trabajaron durante varios días para garantizar que tanto el autódromo como el kartódromo estuvieran en condiciones óptimas para los equipos y el público.  

La respuesta de los aficionados fue uno de los puntos más destacados de las jornadas. El Karting del Centro volvió a registrar un elevado número de participantes con competencias de alto nivel, mientras que las picadas de aceleración atrajeron a una importante cantidad de competidores y fanáticos. Desde la institución señalaron que el acompañamiento masivo de los espectadores resultó un factor fundamental para sostener este tipo de propuestas combinadas, las cuales generan un movimiento constante en el predio y fortalecen la actividad económica y deportiva de la localidad.
Con un balance que los organizadores calificaron como altamente positivo, el club ya proyecta sus próximos compromisos sin margen para el descanso. La agenda deportiva continuará este fin de semana con una propuesta doble: el sábado se realizará una jornada especial dedicada a las Glorias del TC, enfocada en la historia del Turismo Carretera, mientras que el domingo y el lunes feriado el trazado recibirá al Turismo Promocional para una nueva fecha de su campeonato. Las autoridades del AutomotoClub adelantaron que en los próximos días se darán a conocer los detalles cronológicos y logísticos de estos eventos, que buscan afianzar al autódromo de Nueve de Julio como uno de los principales núcleos del motor en la región.

Fotos gentileza Prensa Automotoclub Nuevejuliense

Imponente actuación de Santiago Baztarrica en las legendarias 24 Horas de Nürburgring. El joven piloto nuevejuliense hizo su debut oficial en la mítica carrera alemana integrando las filas del equipo Adrenalin Motorsport, compartiendo el volante de un BMW M240i con Sven Markert, Benjamín Albers y Yannick Fübrich. El camino hacia la victoria no estuvo exento de dramatismo ya que, tras una sólida clasificación que los ubicó en el segundo lugar, las aspiraciones del equipo se vieron seriamente comprometidas apenas cumplidas las dos primeras horas de competencia.

Un incidente en pista protagonizado por Albers, quien sufrió un roce con el Hyundai TCR de Mikel Azcona, Manuel Lauck, Marc Basseng y Nico Bastian, relegó al equipo hasta la posición doce de su clase, dejándolos con una desventaja de tres vueltas. Sin embargo, lejos de rendirse ante la adversidad de las condiciones climáticas y la complejidad técnica del circuito, Baztarrica y sus compañeros iniciaron una remontada épica. Con una conducción sólida y una regularidad implacable bajo la presión del trazado conocido como el «Infierno Verde», el equipo logró recuperar el terreno perdido, escalando posiciones hasta alcanzar la cima de su categoría.
Fue el propio Baztarrica quien asumió la responsabilidad de realizar el último relevo, sentenciando el triunfo con solvencia y cruzando la bandera a cuadros en una jornada redonda. Además de coronarse en su división, Baztarrica finalizó en la 53ª posición de la clasificación general tras completar 130 vueltas, consolidando un debut soñado en una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del planeta.

La concejal María Elena Defunchio (Unión por la Patria) amplió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles no conocidos de la fiesta de ‘Sazón’ sobre el Pedido de Informes sobre ‘Cobro por uso del espacio público’ que expuso el jueves 14 de mayo en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante y que fue aprobado por mayoría, no por unanimidad.

“Desde nuestro bloque presentamos un Pedido de Informe con respecto a lo que fue la tercera edición el evento ‘Sazón’, en 9 de julio, después de conversar con diferentes emprendedores, artesanos y comerciantes e incluso instituciones que participaron se les cobró mucho más de lo que establece la ordenanza fiscal, y además el cobro lo hizo la Cámara de Comercio, no el municipio», detalló la concejal y continuò diciendo que «cuestionamos la falta de transparencia, la ausencia de documentación y de un convenio previo, y exigimos saber por qué se cobraron esos montos y bajo qué criterios. No estamos en contra de la fiesta, queremos colaborar, pero el municipio debe actuar con legalidad y transparencia, el Concejo Deliberante no es una escribanía del Ejecutivo”.

Defunchio agregó que “La gestión municipal prioriza sostener su estructura administrativa y paga sueldos endeudándose, en vez de invertir en infraestructura o resolver problemas históricos como viviendas inconclusas y obras pendientes. La rendición de cuentas muestra irregularidades y falta de información, lo que evidencia una administración ineficiente y fracasada, que justifica su falta de acción en crisis coyunturales, cuando en realidad el problema es estructural y de larga data. Otros municipios han enfrentado crisis similares y han avanzado, pero aquí hay fondos sub ejecutados y obras sin terminar. El tribunal de cuentas no aprobó la rendición 2024 y el Consejo Deliberante acaba de rechazar la del 2025”.

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas
para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de realidad

Que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) haya presentado, en la ultima sesión del Concejo Deliberante, un Pedido de Informes sobre la limpieza de calles de la ciudad -aprobado por unanimidad- habla de una situación palpable y extendida en la ciudad que suma reclamos y malhumor en abundancia.

Bolilla de excusas

El bloque oficialista no la pasa nada bien en el Concejo Deliberante. Abundan los Pedidos de Informes a la gestión y la defensa y los argumentos suelen ser endebles, cuando no superfluos. El método de excusarse sobre distintas cuestiones no parece funcionar y terminó de demostrarse en el revés sufrido con la desaprobación de la rendición de cuentas 2025.

Bolillas pendientes

En el reparto de cuestiones sin resolver que todos los bloques opositores -son cuatro- le endilgan a la conducción local del PRO aparecen siempre ¡vaya novedad!: el relleno sanitario; el contexto del agua en Ciudad Nueva; 32 viviendas sin culminar; la higiene urbana; el basural y sus consecuencias; el abandono de las localidades; el cierre de la Casa de Abrigo y otros asuntos que se van sumando con el correr de los meses y engrosan la lista de tramas sin resolver.

Bolilla de ilusiòn

El bloque de Fuerza Patria, Naudín, Grizutti y Bianchi, expuso a través de este último la necesidad de la recuperación, restauración, protección patrimonial y puesta en valor de estación ‘La Trocha’. El Proyecto de Comunicación que fue aprobado por unanimidad tiene todas las bondades de algo superador. La recuperación, restauración y puesta en valor de estaciones de trenes -como en este caso- implica la preservación de su arquitectura histórica y su transformación en nuevos espacios comunitarios, culturales y comerciales. Esta práctica arquitectónica y urbana garantiza la conservación de la identidad de las ciudades y evita el deterioro de los edificios patrimoniales. Se podría agregar que el uso comunitario, cultural y comercial no tendría techo, pero en paralelo surgen varias preguntas: “viven allí personas en extrema vulnerabilidad, siete familias” (Bianchi dixit) ¿Cómo se van a afrontar los estudios socioambientales y el destino y reubicación de los moradores? ¿Cómo y de donde saldrán los recursos para detener y recuperar la situación de deterioro creciente de un edificio histórico? ¿Esa reubicación de los ocupantes de la estación permitirá incluirlos en un plan de viviendas inmediato? Estaría dentro de la sensato y loable. A la luz de la realidad actual todo parece muy lindo y promisorio, pero no es más que una ilusión frustrada desde el comienzo, por lo que se explica más abajo.

Bolilla de ilusión 2

Sin dejar de lado el destino que supondría la reubicación de las familias que hoy habitan la estación de ‘La Trocha’ y que es el punto principal de resolución, ampliamos lo que sería la Recuperación y Protección Patrimonial del edificio donde habría que realizar un relevamiento y documentación para diagnosticar las patologías que tiene el edificio: humedades, fisuras, desprendimientos.
Hay que hacer una Protección legal para la declaratoria formal del edificio como Monumento Histórico (local, provincial o nacional) para resguardarlo legalmente de demoliciones o alteraciones drásticas.
La Restauración incluiría una Intervención meticulosa con limpieza de fachadas, restauración de carpinterías de madera y metal, reposición de tejados y recuperación de pisos originales. Y también un fortalecimiento estructural del edificio: Puesta en Valor y Re funcionalización : modernizar las instalaciones, adecuándola a los códigos de edificación actuales (electricidad, iluminación arquitectónica, rampas de accesibilidad y baños).El Uso Comunitario: Transformación de las antiguas salas de espera y galpones en museos, centros culturales, bibliotecas o sedes administrativas, generando un beneficio socioeconómico continuo para la comunidad.
A nivel local, la Estación de Trenes de 9 de Julio ha atravesado distintas etapas de recuperación, donde se realizaron tareas de pintura, reparación de instalaciones eléctricas e iluminación para devolverle su esplendor original como patrimonio histórico., según se desprende de archivos.
(Nota de la redacción : Estos lineamientos de restauración siguen las normativas federales orientadas por el Ministerio de Obras Públicas y el Plan Federal de Revalorización del Patrimonio Cultural, que buscan proteger el legado arquitectónico que estructuró el desarrollo territorial argentino).
Pero parafraseando a un conductor radial de los ’90: en realidad el proyecto es regio, lo único que nos falta es plata.

Bolilla de Geriatrìa

La existencia de hogares para personas de la llamada ‘Tercera edad’ quedó incluido en el temario de la última sesión del Concejo Deliberante. El Proyecto de Comunicación de LLA mencionaba el Convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia por geriátricos, y en la exposición se repasó la presencia en 9 de Julio de varios alojamientos que no estarían en condiciones, tampoco registrados y se preguntaba quién los controla y por su seguridad y habilitación. El tema fue aprobado, pero quedan varias preguntas sin respuestas.

Bolilla de ostentación

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, Manuel Quintar, generó una fuerte polémica al estacionar una camioneta futurista Tesla Cybertruck ploteada con el logo del oficialismo en el Congreso de la Nación. El vehículo, valuado en cifras que rondan entre los U$S 100.000 y U$S 300.000, más cerca de esta última, desató una ola de críticas, chanzas y todo tipo de reacciones.
Ante los cuestionamientos por la ostentación en medio del fuerte ajuste y el discurso de austeridad, el legislador respondió en redes sociales: «A mi nombre, con la mía…». Desde su entorno aclararon que la compra e importación se realizaron de forma legal y Quintar cuenta con un importante patrimonio en el sector privado del norte del país. La llamativa presencia del auto de alta gama generó malestar dentro de la propia cúpula de La Libertad Avanza, y trascendió que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría solicitado retirar el rodado del predio legislativo.
La escena desató una catarata de memes y burlas. Los usuarios y opositores aprovecharon para ironizar sobre la distancia entre «el fin de la casta» y el uso de vehículos de lujo. Además, estallaron las bromas respecto a cómo el diputado tuvo que trasladar la camioneta de regreso a Jujuy en grúa, debido a que el motor 100% eléctrico no tiene autonomía para llegar al norte argentino por la falta de cargadores en la ruta. Detalle al margen, el Diputado Quintar se llama igual que Adorni. No los une el amor ni el espanto, sino el mismo nombre y la ostentación.

Bolilla de retroceso

El país retrocedió casi 20 puestos en el Ranking Global de Calidad de Élites (EQx) de la Universidad de Saint Gallen, Suiza. Mientras los sectores de poder mantienen su influencia, la capacidad de generar valor real se desploma, dejando al país en una posición crítica de cara al desarrollo a largo plazo. Argentina no carece de talento, pero conforma un esquema de elites caracterizado por la extracción de renta y la fuga de futuro.
El último reporte arroja una luz cruda sobre la realidad estructural de Argentina. En un contexto global donde la innovación y la inversión productiva definen el éxito de las naciones, Argentina registró un marcado retroceso, cayendo del puesto 86 en 2025 a la posición 104 sobre 151 economías evaluadas.
Este deterioro no es un evento fortuito, sino la consolidación de una trayectoria descendente que comenzó años atrás en 2024 cuando el país ocupaba el puesto 70, y cayó también cerca de 20 posiciones al año siguiente (2025). El índice revela una patología persistente: las élites argentinas —tanto políticas como económicas— han perfeccionado el arte de extraer valor en lugar de crearlo.

Bolilla de multa

La municipalidad de 9 de Julio viene desarrollando una tarea de control sobre la realización de la poda en la ciudad. Pero, “entre varios casos, se han detectado en las últimas horas situaciones de características, donde se infringió la normativa” según el parte oficial, que agrega “contemplándose no solamente que no se efectúen trabajos no correctivos, sin la correspondiente autorización; sino además en lo que refiere a la aplicación de importantes multas por retiro excesivo de ramas y carpidos; que, como establecen las ordenanzas vigentes, no deben superar el m3, caso en el que el retiro debe hacerse en contenedores o de manera paulatina”. El comunicado finalizaba recordando que existe la solicitud de permisos para poda y extracción de árboles, la que deberá tramitarse en la Dirección de Espacios Verdes pudiéndose efectuarse consultas telefónicas al 610000, interno 136

Bolilla de cambio

A partir del 12 de mayo los usuarios del sistema de estacionamiento medido de la ciudad deben utilizar una nueva aplicación para continuar utilizando el servicio. Tienen que eliminar la aplicación ‘SEM 9 de Julio’ reemplazándola por ‘SEM Mobile’ todo ello de manera gratuita y desde las tiendas oficiales Play Store y Apple Store. No es necesario crear una cuenta nueva, ya que se podrá ingresar con el mismo nombre de usuario y contraseña utilizada hasta ahora. Por más y mejor información llamar al 610096.

Por Redacción EXTRA Digital

Una cacerola. Un termo. Dos objetos cotidianos que hoy cuentan mejor que cualquier estadística lo que está pasando con la industria argentina. El termo se fabrica en China, sale ocho mil pesos, llega a una góndola argentina y se vende a sesenta mil. La cacerola —de una marca que fue orgullo nacional— ya no se hace acá: sale cincuenta mil pesos en origen chino y aquí la venden a trescientos ochenta mil. El margen no es ganancia, es la sentencia de muerte de un modelo industrial que durante décadas dio trabajo, generó valor y sostuvo a la clase media argentina.
Nadie lo dice con esa brutalidad, pero el mensaje del gobierno actual a los industriales es diáfano: para ustedes no hay nada. La apuesta oficial tiene una lógica propia que no conviene subestimar. La Argentina tiene ventajas comparativas reales en agricultura, ganadería, minería y energía. El sector servicios —especialmente el tecnológico— creció en los últimos años con una velocidad que sorprendió a propios y extraños. El gobierno de Milei construye sobre esos pilares y descarta los demás. La industria manufacturera, en esta visión, es un lastre subsidiado, una ficción protegida por aranceles que le cobran al consumidor un impuesto invisible cada vez que compra una heladera, un auto o un par de zapatos. El problema es lo que queda cuando se corre ese telón.
Y la avalancha ya llegó, no estamos hablando de proyecciones. Los textiles chinos inundan el mercado informal y amenazan el formal. Los autos chinos —diez modelos diferentes en el último año— pelean palmo a palmo con las terminales instaladas. Y lo que era impensable hace cinco años ya es realidad: empresas del peso de Techint y Aluar están perdiendo licitaciones. No ante competidores locales más eficientes, sino ante consorcios chinos e indios con insumos chinos que llegan con precios que ninguna planta argentina puede igualar sin que el Estado ponga algo sobre la mesa. Cuando Techint pierde una licitación no cierra una fábrica abstracta: cierra un turno, después otro, después la planta. Y con ella se van el metalúrgico, el transportista, el almacén del barrio, la cooperadora de la escuela de los chicos.
La tesis oficial para el desempleo industrial es reconversión. Los trabajadores de la fábrica que cierra van a encontrar lugar en el agro tecnificado, en la minería, en los servicios digitales. Es tan solo una hipótesis, desbordante de un optimismo casi lindando con el realismo mágico. El agro argentino es uno de los más tecnificados del mundo: produce más con menos gente, no más con más gente. La minería a gran escala genera divisas y empleo calificado, pero poco empleo masivo. Los servicios tecnológicos absorben perfiles universitarios, no torneros de cuarenta y cinco años de Quilmes o San Martín.
La oposición, en cambio, sostiene que el sector industrial es irreemplazable como generador de empleo de escala, que no existe economía desarrollada sin base manufacturera y que desmantelarlo es hipotecar el futuro por el precio del presente. Ambas posiciones tienen algo de razón. Y ese es exactamente el debate que la Argentina necesita dar con urgencia, sin dogmas y con datos.
La industria manufacturera argentina empleaba, en su mejor momento, a más del 23% de la fuerza laboral. Hoy ronda el 13%. Cada punto porcentual que cae arrastra consigo decenas de miles de puestos, en su mayoría de clase media, sindicalizados, con obra social y jubilación. Porque la clase media argentina no nació del campo ni de la minería: nació de la fábrica, del taller, del comercio que vivía de los sueldos industriales. Desmantelar la industria sin un plan concreto de reemplazo no es modernización, es demolición controlada de un andamiaje social que tardó décadas en construirse.
La pregunta que nadie responde es si este modelo funciona sin industria y sin clase media. Algunos países lo intentaron. El resultado, en la mayoría de los casos, fue una sociedad polarizada: una pequeña élite vinculada a los recursos naturales y los servicios financieros, y una mayoría empobrecida sin movilidad social posible. Argentina tuvo históricamente algo diferente: una clase media amplia, educada, con acceso a bienes y servicios, que fue el motor del consumo interno y la cohesión social. Esa clase media fue industrial. Fue la maestra cuyo marido trabajaba en la fábrica de al lado. Fue el contador de la pyme metalmecánica. Fue el técnico de la línea de montaje. Si la fábrica se apaga, algo más se apaga con ella. Y encenderlo de vuelta —si algún día se intenta— no va a costar solo plata. Va a costar generaciones.

Por Redacción Extra Digital

Hay una regla no escrita en política que los argentinos conocen de memoria pero que los gobernantes olvidan con asombrosa regularidad: la sociedad puede tolerar la pobreza, puede aguantar la inflación, puede bancar ajustes dolorosos, pero no perdona la hipocresía. Cuando quien predica austeridad vacaciones en Aruba, refacciona propiedades con dinero que no tenía, y encima miente al respecto, el contrato moral con la ciudadanía se rompe. No importa el monto. Importa el gesto.
El caso de Manuel Adorni se analizó ya del derecho y del revés. Las conclusiones son dos y ninguna es menor. Primera: el jefe de Gabinete manejó en compra y refacciones de propiedades una suma de dinero que no tenía ni en sus sueños cuando asumió en 2023. Segunda: mintió. Dijo haber tomado solo cuatro días de vacaciones desde que ingresó a la función pública. Se comprobó que viajó a Punta del Este, a la isla caribeña de Aruba y al hotel más exclusivo de Bariloche. Mentira documentada, no inferida.
Dos causas judiciales lo asedian: una por los viajes en avión privado, otra por presunto enriquecimiento ilícito. El juez a cargo de la investigación más importante es Ariel Lijo, el mismo que Milei propuso para la Corte Suprema y que el Senado rechazó. Nadie sabe —y esa ignorancia es en sí misma un dato político— si Lijo actúa ahora como magistrado o como acreedor de un gobierno que le debe un cargo.Algunos mileistas señalan, con cierta razón aritmética, que la supuesta corrupción de Adorni es solo una sombra de lo que ocurrió durante el kirchnerismo. Es verdad. Pero es un argumento que no cierra. No existe un barómetro para medir la honestidad de los funcionarios: se es honesto o no se es, con independencia de la escala. La ciudadanía que votó a Milei no lo hizo para tener una corrupción más pequeña. Lo votó para no tener ninguna. Esa es la diferencia que el oficialismo no termina de entender, o no quiere entender.
Adorni no se va porque Milei no quiere que se vaya, y Milei no quiere que se vaya porque no tiene con quién reemplazarlo. Esa es la verdad sin eufemismos. Un funcionario con despacho en la Casa de Gobierno lo describe con una franqueza que incomoda: ya no saben con quién hablar ni qué puerta tocar. Lo que esa imagen revela no es solo desorganización: es el resultado de años de peleas internas que destruyeron la red informal de coordinación sin la cual ningún gabinete funciona. Karina Milei manda. Adorni porta el título. Y en el medio, la gestión se mueve a tientas.
La escasez de reemplazantes no es accidente: es el precio de una forma de gobernar que expulsa a quienes tienen trayectoria. Diana Mondino, desplazada de la Cancillería sin explicación válida. Osvaldo Giordano, eyectado de la Anses porque su esposa votó como diputada en un sentido que disgustó al Presidente. Sonia Cavallo, removida de la embajada ante la OEA porque su padre criticó la política económica en un blog personal. En los tres casos, Milei no solo decidió: se ufanó. La injusticia y la humillación caminaron del brazo, y el mensaje llegó claro al resto del sistema político: acercarse tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar.
Un gobierno que no puede reemplazar a sus funcionarios cuestionados porque no tiene con quién hacerlo no está gobernando con fortaleza sino con inercia. Y la inercia, en política, siempre tiene fecha de vencimiento. La pregunta que circula en los despachos ya no es si Adorni se va. Es cuándo ese dato deja de ser el problema y se convierte en el síntoma de un modelo de conducción que confunde la lealtad ciega con la virtud, y que aprendió a echar con orgullo a quienes más necesitaba. Eso, a diferencia de la inflación, no se corrige con una hoja de Excel.

La provincia de Buenos Aires es el epicentro de una profunda reconfiguración política donde las principales fuerzas del país buscan definir su identidad y liderazgo de cara a los próximos desafíos electorales. Ya no lo pueden ocultar. En un escenario marcado por la polarización, tanto el Pro, como el peronismo y La Libertad Avanza han acelerado sus movimientos estratégicos en el territorio bonaerense.

Macri y el relanzamiento del Pro bonaerense

Mauricio Macri ha decidido retomar un rol protagónico en la provincia de Buenos Aires con un movimiento que muchos analistas interpretan como un desafío directo a la hegemonía de Javier Milei en el espectro de la centroderecha. El expresidente busca normalizar y fortalecer la estructura del Pro en el principal distrito electoral del país, enviando un mensaje claro de autonomía frente al gobierno nacional. En un nuevo cónclave realizado en Vicente López, el ex presidente juega a deambular entre acercarse pero no tanto con el gobierno de Milei. Este relanzamiento no solo apunta a contener la fuga de dirigentes hacia las filas libertarias, sino también a consolidar una alternativa que conserve la identidad original del partido frente a las políticas de la Casa Rosada.

Kicillof y el clamor por el liderazgo peronista

Por otro lado, el gobernador Axel Kicillof encabezó el  lanzamiento de un nuevo espacio de Mujeres y Diversidades, un acto que trascendió la gestión institucional para convertirse en una plataforma de posicionamiento político. En medio de consignas que exigen la libertad de Cristina Kirchner y un creciente clamor por su propia proyección presidencial, Kicillof intenta nuclear a los sectores más dinámicos del peronismo bonaerense. El evento subrayó la intención del gobernador de liderar la resistencia a las políticas nacionales, consolidando una base de apoyo social y política que trasciende las fronteras de la provincia.

La Libertad Avanza y la estrategia territorial

En respuesta a estos movimientos, La Libertad Avanza prepara una ambiciosa avanzada territorial mediante la organización de «Cabildos Abiertos» en los 135 municipios de la provincia. Esta iniciativa busca institucionalizar el apoyo popular que llevó a Javier Milei a la presidencia, construyendo una estructura propia que no dependa de alianzas externas. El objetivo de la fuerza libertaria es disputar cada distrito bonaerense, desafiando a las estructuras tradicionales del peronismo y del Pro en sus propios territorios y consolidando una presencia territorial que sea capaz de sostener el proyecto oficialista en el largo plazo.

La concejal Nancy Grizutti, de Fuerza Patria, uno de los dos bloques en que se divide el peronismo de 9 de Julio se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) al Proyecto de Comunicación presentado el jueves 14 de mayo en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante sobre ‘Relevamiento de titularidad de propietarios de terrenos en las localidades del distrito. Grizutti estuvo presente ayer en Ensenada, por el lanzamiento del Movimiento mujeres y diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera el gobernador Axel Kicillof.
El tema sobre el que profundizó la concejal por la falta de titularidad de terrenos y viviendas en la provincia de Buenos Aires es un déficit estructural histórico que afecta a millones de personas. Las estimaciones de viviendas y terrenos en territorio bonaerense que carecen de escrituras formales, alcanzan a casi la mitad de ellas, una cifra asombrosa y esa es una situación conocida legalmente como «irregularidad dominial».
Esta problemática abarca desde loteos informales antiguos hasta barrios populares consolidados y asentamientos, lo que genera un persistente estado de vulnerabilidad para las familias, en torno de ciudades de alta concentración demográfica. En el interior, pueblos en general, la situación sin resolver aumenta el costo de los pocos terrenos que tienen titularidad e impide la consolidación de núcleos urbanos menores y conspira contra el arraigo.
“Hay una falta de fiscalización o de relevamiento de los terrenos, ya sean públicos o privados, porque sabemos que hay falta de terreno para hacer viviendas; hay muy pocos terrenos municipales para poder hacer viviendas”, dice Grizutti. Y agrega: “Pero, es parte de la tarea de gobernar, de gestionar, de ejecutar. Pero, si no tenés datos, es imposible planificar”.

En otro Partido bonaerense los reclamos por los caminos rurales también pasaron al modo judicial. En esta ocasión, la Sociedad Rural de Coronel Brandsen (SRCB) decidió llevar a tribunales el reclamo por la falta de mantenimiento de la red vial rural, un conflicto que se suma a una creciente ola de demandas similares en otros distritos de la región.
El detonante de la medida fue el veto impuesto por el intendente Fernando Raitelli a la creación de una comisión especial que buscaba supervisar el destino de los fondos recaudados a través de la tasa vial. Ante lo que consideran un fracaso de las gestiones administrativas, reuniones y notas presentadas durante años, los ruralistas han comenzado a organizar presentaciones judiciales conjuntas para exigir soluciones concretas.
“Ante la inacción y la falta de una política de infraestructura rural para el distrito por parte de la Municipalidad, y habiendo agotado las instancias de trabajo conjunto, determinamos abrir una nueva instancia y acudir a la Justicia”, explicó el presidente de la Sociedad Rural de Brandsen, Gustavo Lorenti, en un comunicado.
Este movimiento en Brandsen no es un caso aislado, sino que forma parte de un fenómeno regional impulsado por recientes fallos judiciales que han sentado precedentes clave. En municipios como Daireaux y Azul, la Justicia ha ordenado devolver el dinero de las tasas a los productores tras comprobar que los servicios de mantenimiento eran deficientes o inexistentes, basándose en el principio jurídico de que toda tasa debe tener una contraprestación efectiva.
Actualmente, productores de otros 16 distritos bonaerenses, incluidos Rauch, Necochea y General Pueyrredón, evalúan seguir el mismo camino legal. La estrategia de los ruralistas apunta no solo a garantizar la transitabilidad de los caminos para la cosecha, sino también a obligar a las comunas a transparentar el uso de los recursos, denunciando que en muchos casos los fondos viales son desviados para cubrir otros gastos operativos de los municipios.

El 13 de mayo de 2026, el Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Rosario abandonó la sala de audiencias para recorrer durante casi tres horas el territorio de Pergamino donde se investigan las fumigaciones con agrotóxicos que forman el núcleo del juicio oral y público en curso. La diligencia, denominada inspección ocular, fue solicitada por la querella y aceptada por unanimidad por los integrantes del Tribunal. Su realización marca el inicio del tramo final de una causa que lleva años de instrucción y que se ha convertido en un antecedente judicial de alcance nacional en materia de derecho ambiental.
En el banquillo de los acusados se encuentran productores agroindustriales, fumigadores y funcionarios municipales. Las imputaciones apuntan a la contaminación ambiental con agrotóxicos en zonas rurales y periurbanas del distrito, en cercanías de viviendas, establecimientos educativos y fuentes de agua.

La inspección: cuando el expediente se encontró con el territorio

La inspección ocular comenzó en la localidad de Juan A. de la Peña, vinculada a la imputación que recae sobre José Luis Grattone, fumigador e ingeniero agrónomo, y sobre Cristian Taboada, empleado suyo. El Tribunal se detuvo frente a un establecimiento educativo cuyo jardín linda directamente con el campo que Grattone habría fumigado, en aparente violación de la ordenanza local que establece un resguardo mínimo de cien metros.

Desde allí, el recorrido continuó hacia la vivienda del testigo Héctor Spagna, quien declaró durante el juicio haber presenciado cómo el imputado Fernando Cortese descargaba agrotóxicos desde una máquina fumigadora sobre la Ruta Nacional 188. Spagna también relató episodios de exposición directa que le generaron reacciones físicas severas. La inspección permitió al Tribunal constatar in situ las distancias y condiciones descriptas en los testimonios.
La comitiva se dirigió luego al sector de Villa Alicia, donde se ubican los campos vinculados a los imputados Cortese, Víctor Tiribó y Mario Roces. En el predio de Cortese se identificó el lugar exacto de extracción de muestras de suelo que, según la prueba pericial incorporada al expediente, arrojaron una de las mayores cargas de plaguicidas detectadas en toda la causa. Durante el ingreso al campo se registró un incidente con la esposa del imputado, quien intentó impedir el acceso de parte de la prensa y de testigos presentes en la diligencia.

Viviendas, escuelas y agua: la prueba sobre el territorio

En el campo de Tiribó, el Tribunal pudo observar la cercanía entre el predio y las viviendas de varios testigos que declararon durante el juicio. Entre ellos, Paola Díaz, quien relató afectaciones a la salud de su familia vinculadas a las fumigaciones, incluyendo la muerte de su hija de doce años por leucemia. Erika Díaz, por su parte, describió fumigaciones realizadas con mosquito y mochila, con exposición directa para los aplicadores y consecuencias respiratorias y cutáneas en su grupo familiar.
El recorrido incluyó la Escuela Nro. 52 de Villa Alicia, ubicada aproximadamente a doscientos metros del campo de Tiribó. La relevancia de esa parada radicó en que muestras de agua tomadas en las inmediaciones del establecimiento registraron presencia de agrotóxicos en niveles que la pericia oficial calificó como preocupantes. La constatación reviste particular gravedad por tratarse de un espacio donde niños, docentes y familias desarrollan actividades cotidianas.
En el campo del imputado Roces — cuya defensa intentó evitar el juicio oral alegando una demencia sobreviniente, planteo que el Tribunal rechazó — el presidente del Tribunal, Dr. Román Lanzón, se paró en la puerta de la vivienda de Sabrina Ortiz, una de las querellantes, y pudo observar de manera directa la proximidad entre la casa y el predio. Ortiz fue quien impulsó originalmente la denuncia, luego de que estudios detectaran glifosato y AMPA en la orina de sus hijos, además de resultados compatibles con daño genético en integrantes de su familia.
El recorrido culminó en el paraje de Ayersa, vinculado a los hermanos Sabattini. Allí se verificó el lugar de extracción de muestras de suelo cuyos resultados fueron compatibles con un predio sometido regularmente a fumigaciones. En este caso, según constancias del expediente, las fumigaciones habrían ocurrido violando una medida cautelar judicial que prohibía aplicaciones en un radio de 1.095 metros, dictada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

Un antecedente con historia

La inspección ocular de Pergamino es la tercera de este tipo en procesos judiciales vinculados a fumigaciones con agrotóxicos en la Argentina. La primera tuvo lugar en el juicio del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, el primero de su tipo en el país y en América Latina, iniciado en 2012 tras años de denuncia de los vecinos del barrio. Ese proceso concluyó con la condena de un productor rural y un aeroaplicador.
La segunda inspección se realizó en el marco del amparo por las fumigaciones en la Escuela Rural Martín Fierro, en el partido de Coronel Suárez, afectada en 2014 por una fumigación terrestre durante el horario escolar. En ese caso se dictó una medida cautelar que estableció zonas de exclusión de fumigaciones alrededor del establecimiento.
En Pergamino, por primera vez en este tramo del proceso, un Tribunal Oral Federal recorrió el territorio donde se investiga un patrón de fumigaciones que involucra a productores, aplicadores y funcionarios municipales. La diligencia permitió articular tres dimensiones de la prueba que habitualmente se analizan por separado: los testimonios de los vecinos, la evidencia científica de las pericias y la geografía concreta de la exposición.

Los próximos pasos del juicio

Concluida la inspección, el juicio retorna a Rosario para sus últimas etapas. El 20 de mayo de 2026 se realizará la audiencia de cierre de la etapa probatoria, en la que está prevista la declaración de testigos ofrecidos por la defensa del imputado Cortese — médicos toxicólogos que intentarán sostener la tesis de las Buenas Prácticas Agrícolas como respuesta a la prueba ambiental y sanitaria producida en la causa.
Los alegatos finales están previstos para los días 27 y 28 de mayo de 2026. La querella expondrá en primer término, dividiendo su presentación entre la dogmática penal y la dogmática ambiental. Le seguirá el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Federico Reynares Solari. Luego será el turno de las defensas. Tras los alegatos, el Tribunal quedará en condiciones de dictar sentencia en lo que se ha convertido en uno de los juicios ambientales más relevantes de la historia judicial argentina.

Por Ing. Agr./ Paisajista Florencia Céspedes

Sábados atrás mostramos como el ciruelo tenía flores, algo anormal para la época. Muchas personas ya pedían el frío, el receso invernal para guardar la  cespedera y, al final, el lunes 11 de Mayo se les diò, la ciudad amaneció blanca Martes y resto de la semana aflojó para beneficio de aquellos que todavía no están preparados para proteger sus plantas. Ahora vamos a apuntar a que conozcan los tipos de heladas, plantas que pueden andar en invierno y también algunos consejos básicos y simples para cuidar a las plantas. La temperatura es fundamental para los diferentes procesos metabólicos y también puede ser un problema para el crecimiento y desarrollo de las plantas si hacemos las cosas mal. Por eso, las temperaturas bajas son particularmente importantes por los daños que pueden provocar a las plantas y si el suelo está desnudo más.

¿Cómo proteger a los cultivos de las heladas? Los métodos para proteger a los cultivos fueron variando con el paso de los años. Antes, por ejemplo, se utilizaba la quema de caucho, ya que los pequeños focos de incendios calentaban el aire. Hoy la práctica esa sí se eligiera sería discutible. Las heladas negras son aquellas que se dan cuando no hay humedad ambiente y la temperatura es 0 o por debajo, acá lo qué se afecta es el tejido vegetal. Para este tipo de helada, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda la aspersión del agua “las gotas sobre los cultivos se congelan, protegiendo a las plantas y aprovechando la liberación de calor del agua al congelarse”. Las heladas blancas para nuestra zona son las qué más ocurren, se forman cuando se produce una escarcha blanca sobre las hojas y superficies, es decir, cuando el vapor de agua se condensa y forma hielo. “La escarcha protege a la planta. Estas heladas suelen ser las menos dañinas: no llegan a lastimar internamente a la planta, y se derriten con la llegada de los primeros rayos de sol”.

Por eso, resulta importante esperar hasta que salga el sol antes de hacer cualquier trabajo de jardinería, huerta, o en el campo largar la hacienda a una pastura o verdeo después del encierre nocturno. Es aconsejable cambiar el riego a una pulverización fina en la huerta o jardín, para que el frío que está en el ambiente lo chupe el agua y no le llegue a la planta directamente, consultar si conviene aplicar algún fertilizante químico en momentos dónde las plantas crecen más lento a causa de las bajas temperaturas y los días cortos, los abonos orgánicos generan más temperatura como consecuencia de la actividad de los microorganismos . En el jardín es momento de los bulbos, ayudados con mulching u hojas secas se lucirán  más al estar protegidos de las bajas temperaturas (ejemplo: Narcisos, Marimonias, Fresias). Pensamientos o Violas aportan colores desde ahora y hasta finales de la primavera en el jardín en invierno, las Caléndulas o Copetes  en primavera aparecen sus flores. En los lugares de mediasombra la Violeta de los Alpes es una excelente opción, si los riegos son pocos puede durar todo el año, introduciendo el dedo en la tierra para saber cómo está de humedad es el mejor método casero, nos dirá como está de humedad.

Cuando podar las rosas es la pregunta que se hacen en muchos hogares, Mí consejo es esperar ya que muchas están con pimpollos y los brotes en las ramas están activos. Se podría optar por un fungicida para controlar la mancha negra que se observa en la hoja, de este modo entraría en el reposo invernal con este hongo controlado. 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Nueve de Julio anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de asistencia económica destinado a los hogares en situación de vulnerabilidad que dependen del gas envasado. Este mecanismo reemplaza de forma definitiva al anterior Programa Hogar.
De acuerdo con la información oficial, el beneficio está dirigido exclusivamente a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural. Para recibir la ayuda, los usuarios deben cumplir con los criterios de vulnerabilidad vigentes y estar inscritos de manera obligatoria en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), ya que quienes no figuren en este padrón quedarán excluidos del beneficio.
A diferencia del sistema anterior, el nuevo esquema operará mediante un reintegro directo tras efectuar la transacción. Las autoridades aclararon que la compra deberá realizarse de forma digital utilizando las billeteras virtuales BNA+ o MODO, incluyendo las tarjetas y cuentas de todos los bancos adheridos a esta última plataforma de pagos.
En cuanto a la cobertura, el programa prevé un tope de hasta dos garrafas mensuales durante el período invernal, que comprende los meses de abril a septiembre, mientras que entre octubre y marzo el subsidio se reducirá a una garrafa por mes. El monto estipulado para la bonificación se fijó en $9.593 por cada unidad adquirida.
Para asegurar la continuidad del beneficio, la OMIC recordó que todos los antiguos beneficiarios del Programa Hogar deben realizar la nueva inscripción en el RESEF. El trámite se puede gestionar de manera virtual a través del portal oficial Argentina.gob.ar o mediante la aplicación Mi Argentina. Para resolver dudas o solicitar asesoramiento personalizado, los vecinos pueden acercarse a la sede de la OMIC en Libertad Nº 934 o comunicarse al teléfono 2317-610000, interno 160.

El Club Atlético 9 de Julio anunció la convocatoria de un numeroso grupo de sus jugadoras para integrar las preselecciones de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Como parte de su preparación, el combinado regional disputará este domingo una serie de partidos amistosos frente a los representativos de la Asociación del Noroeste en la ciudad de Pehuajó.
La nómina de convocadas abarca diferentes categorías formativas. En la división Sub 14, las jugadoras seleccionadas son Mora Delgado, Matilde Vanina, Sara Tello, Sara Chiesa, Isabela Dalochio y Clara Romero. Por su parte, la categoría Sub 16 cuenta con la citación de Alma Rabenna, Indiana Abelairas, Isabella D’Elia, Francisca Zúñiga Pirez, Inés Ibarra, Emilia Ugalde, Maite Avendaño y Josefina Miranda, mientras que Camila Simonelli representa a la institución en la categoría Sub 19.
Desde la comisión directiva del club expresaron su satisfacción por mantener, un año más, una fuerte presencia en los combinados regionales. Las autoridades de la entidad destacaron que, independientemente de quiénes conformen la lista definitiva para los torneos oficiales, todas las jugadoras convocadas han demostrado estar al nivel de la exigencia competitiva.
Un aspecto clave de este proceso es que todas las seleccionadas se encuentran en su segundo año dentro de sus respectivas categorías, un factor que busca respetar los tiempos de maduración y el proceso formativo de las deportistas. Debido a este compromiso regional y a la cantidad de jugadoras afectadas, este fin de semana no se disputarán partidos correspondientes al torneo local.