El municipio intervino en el barrio Los Sauces tras la denuncia de los vecinos por el presunto envenenamiento de un árbol en un espacio público. La situación motivó la actuación de la Dirección de Espacios Verdes y de las autoridades policiales para esclarecer lo sucedido y resguardar la zona. El episodio se registró en torno a un ejemplar ubicado en la plaza de Vélez Sársfield y Tucumán, donde se constató la posible aplicación de un producto químico. Ante este escenario, personal municipal desplegó un operativo preventivo que incluyó la colocación de cintas perimetrales para restringir el acceso al sector y evitar riesgos para los transeúntes.
En paralelo, la Policía Comunal intervino de oficio para constatar los daños ocasionados. Desde el gobierno local señalaron que se continuará trabajando para determinar las responsabilidades del caso y garantizar la seguridad en los espacios de uso común del vecindario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó una sentencia que obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. y a la Provincia de Buenos Aires a garantizar el suministro de agua potable y segura en la ciudad de Bragado, luego de un extenso litigio judicial motivado por altos niveles de contaminación.
Con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación de la compañía y dejó firme el fallo judicial que ordena la ejecución de las obras necesarias en un plazo de seis meses para adecuar los niveles de arsénico en la red de distribución a los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino.

El expediente se originó en 2013 a raíz de una demanda colectiva y una acción de amparo ambiental impulsada por vecinos de la zona, preocupados por la calidad del recurso hídrico que consumían a diario. De acuerdo con los estudios periciales incorporados a la causa —entre ellos, análisis realizados por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires—, el agua de red presentaba concentraciones de arsénico de hasta 0,07 miligramos por litro. Dicha cifra superaba en siete veces el límite máximo tolerado de 0,01 mg/l establecido tanto por el Código Alimentario Argentino como por las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud para salvaguardar la salud pública.
Durante el proceso, la compañía estatal intentó revertir los fallos adversos dictados en las instancias inferiores, cuestionando aspectos procesales vinculados a la legitimación de los demandantes y buscando dilatar la ejecución de trabajos estructurales. Sin embargo, la causa recorrió un largo camino que incluyó pronunciamientos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, las cuales rechazaron de manera sistemática los planteos de la prestataria.
El máximo tribunal federal declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por ABSA, cerrando así la vía recursiva. De este modo, quedó firme la sentencia que le exige a la empresa implementar de manera urgente un plan de potabilización y ejecutar las obras de infraestructura necesarias en el plazo de seis meses para adecuar los parámetros de la red a los niveles seguros permitidos. Especialistas y referentes locales destacaron que la resolución representa un hito en la defensa de los derechos ambientales y de consumo, al priorizar la protección de la salud de la comunidad frente a un problema histórico que afectó a la región durante más de una década.

El proyecto de ordenanza, presentado por el bloque de la UCR en la sesión del jueves 24 de septiembre del Concejo Deliberante para la creación de un Programa Municipal de Concientización y Acción sobre Dislexia y Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) y aprobado por unanimidad cosechó el beneplácito de la numerosa platea que acompaño la presentación con globos celestes el color que identifica la calma y claridad. El silencio con que se siguió la exposición de Eduardo Moscato solo fue interrumpido cuando finalizó la votación con aplausos y abrazos entre los presentes.
Entendiendo que la dislexia y otras Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) requieren un abordaje integral que incluya educación, salud, información, acompañamiento y capacitación, fue que padres de niños con esa condición participaron en la elaboración del proyecto de ordenanza.
Para sumar argumentos a lo tratado en la noche del jueves, entrevistamos a Daniela Martino en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9): “Me alegra que la ordenanza visibilice la dislexia y promueva capacitaciones. Como mamá y docente, sé que no implica menor inteligencia, sino una forma distinta de aprender que requiere apoyo y evaluaciones adecuadas: sus señales pueden confundirse con distracción o vagancia. En mi caso, soy mamá de un nene con dislexia, pero también soy profesora. Entonces, lo que me pasa a veces es saber lo que necesita un alumno con dislexia, las adecuaciones que se necesitan, el apoyo y las dinámicas que deben cambiar dentro del aula. Pero también sé que, como profe, es muy difícil lograr esas adecuaciones porque no tenemos el tiempo, porque tenemos un aula muy heterogénea, donde no solamente se presenta la dislexia, hay diferentes problemas económicos, emocionales, justamente”. Daniela explica que “el diagnóstico temprano de dislexia permite comprender las dificultades y brindar apoyo académico y emocional. Con las herramientas adecuadas, no hay límites para el futuro; los adultos también debemos prevenir el bullying”.

“La dislexia es una condición neurobiológica del cerebro, -dice Daniela Martino- o sea, que la persona nace con esta diferencia en su cerebro. La única diferencia es que la forma de procesar la información es diferente a un a neurotípico. El neurotípico es el común de la gente. Entonces, el disléxico lo que tiene es una dificultad al procesar el sonido o la lectura de la sílaba, y también al comprender el sentido de esa palabra escrita. Esto no significa que tengan menor inteligencia, sino que aprenden de manera distinta, por eso necesitan un abordaje al concepto de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? De manera oral, de manera visual, con imágenes o videos. Y me pasa también, como profe, que no es lo mismo evaluar de manera escrita que evaluar de manera oral. Lo más estandarizado es tomar una prueba escrita. En ese caso una persona con dislexia es muy probable que falle. En cambio, si esa misma persona yo le tomo una evaluación oral, es muy probable que demuestre todo lo que conoce”.

“En el aula, en la primera etapa, en la primera edad, o primera infancia, los chicos tal vez demoran en empezar a hablar. Cambian algunas palabras. Lo que a veces se toma como un juego, una palabra que se equivocan, ya puede ser una señal. O no recuerdan secuencias, los días, los meses. Esos son pequeños indicadores. Una vez que ingresan al jardín, presentan una dificultad para aprender a escribir las primeras palabras, situaciones, copiar del pizarrón. Y ya, una vez que están escolarizados y deberían leer, es más notoria la diferencia, porque no pueden alcanzar el mismo ritmo que sus compañeros. Si todos escriben tres oraciones, ellos no escriben tres oraciones. Si todos leen dos oraciones de corrido, ellos ya no las leen” ejemplifica Martino y agrega “los indicadores a mayor edad empiezan a ser más puntuales y más claros”.
“La dislexia suele ser hereditaria y todavía está subdiagnosticada. Cuando un alumno no logra seguir los contenidos, puede desconectarse o mostrar conductas disruptivas; necesitamos abordarlo de forma personalizada” aclara.
Interrogada sobre si hay una afectación al estado de ánimo, al espíritu individual de cada uno de esos chicos respondió: “Exactamente. Por eso es fundamental que se difunda y que aprendamos a ver las banderas bien temprano, porque son niños y no entienden que lo que está pasando es una condición de su cerebro, y lo que hacen es compararse con el par. Y si el par puede y ‘yo no puedo’, eso afecta directamente a su estado emocional. Y termina impactando no solamente en el desarrollo académico, sino en la vida. Por eso decimos que el sujeto con dislexia no termina cuando termina la escuela, esto impacta para toda la vida. Y si bien nos enfocamos en los andamiajes que se tienen que hacer para para poder pasar por la escolarización, tenemos que hacer el andamiaje también en la parte anímica para que pueda vivir sin ese sesgo, sin esa ese prejuicio que se le pone encima”.
“La dislexia no se cura, pero los apoyos psicopedagógicos y psicológicos ayudan; como pueden ser costosos, es importante el acompañamiento de la comunidad. También puede diagnosticarse en la adultez: ante la duda, recomiendo consultar a un profesional”

“Querernos visibilizar la dislexia y acompañar a las familias; no hay estadísticas nacionales, aunque estimaciones de España indican que podría afectar a uno de cada diez alumnos. También hay otras condiciones asociadas y necesidades de alfabetización que requieren atención en el aula. A veces no tenemos las herramientas para poder acompañar a los alumnos. Por eso es tan importante que se visibilice esa condición”.

Qué dice la ordenanza

El articulado que dio fundamento a la creación del Programa Municipal de Concientización y Acción sobre Dislexia y Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), tiene como objetivo promover la detección temprana, la orientación, la capacitación, la accesibilidad y el acompañamiento de las personas de todas las edades con dislexia y otras DEA, dentro de las competencias municipales. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno, que tendrá que coordinar la participación de las distintas áreas municipales, sus funcionarios responsables y la elaboración anual de un plan de acciones sobre dislexia y otras DEA. ¿En qué consistirán esas acciones?: en campañas, talleres, capacitaciones, actividades culturales o deportivas, difusión de información, mejoras en la atención al público y en el acceso a la información, así como orientación a personas y familias, acciones de salud, actividades para personas adultas o propuestas de inclusión educativa y laboral.
El funcionario responsable de cada área deberá informar anualmente a la Secretaria de Gobierno la acción que proyecte realizar en el marco del Programa y, una vez cumplida, presentar una breve evaluación de lo realizado. La SdG coordinará una capacitación anual para el personal municipal, con prioridad para las áreas de salud, desarrollo social, niñez, discapacidad, educación, cultura, deportes, empleo, comunicación, atención ciudadana y tránsito. Y publicará anualmente un informe breve y accesible con las acciones realizadas por cada área municipal que no podrá incluir datos personales identificables. La capacitación deberá abordar señales de alerta, trato respetuoso, orientación, derivación, accesibilidad y derechos. No habilitará a los agentes municipales a diagnosticar ni a indicar tratamientos. La detección de señales de alerta no equivale a un diagnóstico. El diagnóstico y el tratamiento corresponden a profesionales habilitados.
El Departamento Ejecutivo deberá realizar todos los años una campaña pública de visibilización, especialmente durante la semana del 8 de octubre. La campaña deberá utilizar lenguaje claro, tipografías legibles, buen contraste y formatos accesibles. Deberá informar sobre derechos, señales de alerta, vías de orientación y la importancia de evitar la estigmatización.

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

El cambio de siglo trajo muchos pro y contra. En tecnología, la IA me ha sorprendido, ya que a muchos lugares que voy la consultan en busca de tener el mejor consejo a la hora de poner o recomendar una planta en el hogar. Hoy nos ocupa la alimentación, qué tenemos en el mercado? Y que recursos desaprovechamos? Las fotos muestran un desperdicio de la bolsa domiciliaria como es la cascara de cítricos y césped  esperando ser recolectado por el carpido.
Nuestra ciudad atraviesa por un grave problema, la mayor parte de su sociedad carece de educación ambiental y de alimentación saludable. Sabemos que la actividad física es buena, pero sabemos qué comemos? Las fotos muestran dos hojas de acelga, una crecida con compost y otra de mercado. Vamos a describir los riesgos.

Los cinturones hortícolas usan agroquímicos y fertilizantes sintéticos en busca de buenos rendimientos y no perder la producción por el ataque de alguna plaga, los excesos de estos insumos pueden traernos problemas a la salud. Ejemplos: El exceso de nitrógeno en las verduras se acumula principalmente en forma de nitratos, los cuales al ser ingeridos por el ser humano pueden transformarse en nitritos y provocar problemas de salud graves, especialmente en los más jóvenes. Los nitritos en exceso atacan la hemoglobina de la sangre e impiden que transporte oxígeno. La piel toma un color azulado o grisáceo por la falta de oxígeno, a largo plazo, los nitritos pueden formar nitrosaminas en el estómago, sustancias relacionadas con riesgos de cáncer gastrointestinal.
El nitrógeno es un constituyente esencial de numerosas moléculas vegetales, entre las que se encuentran proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, enzimas y clorofila, entre otras. Su disponibilidad afecta el rendimiento de los cultivos, resultando muy común la aplicación de nitrógeno mediante fertilizantes de síntesis química. Un exceso de fertilización nitrogenada puede tener múltiples repercusiones en el ambiente. Algunas de las más relevantes son la contaminación de acuíferos y la generación de gases de efecto invernadero.
En una producción extensiva, hablando en criollo, lo que abunda es urea y el uso de fitosanitarios, en la mente de ese productor está claro que sí no usas tecnología, no ganas plata. Encima nosotros ya dejamos de mostrar el interés que tenían nuestros padres o abuelos en tener la huerta en el patio, pero cuales son los riesgos de comprar sin saber su origen?
Pensando a largo plazo, ese consumo de verduras y hortalizas  INYECTADAS (fertilizantes sintéticos y agroquímicos)puede causarnos diabetes y tiroides (muy común escuchar a personas contando que las padecen) o náuseas, vómitos o diarreas. La ciudad muestra semana a semana su lado más triste, abundante residuos orgánico mezclado con basura y reciclaje, lo más importante para el bolsillo de estos días es tener claro qué la semilla es lo más económico. Sólo faltan las ganas y se puede comenzar a comer mejor.

Tras una histórica batalla judicial de más de 15 años, los vecinos de 9 de Julio lograron una victoria definitiva en defensa de su salud. El Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes dictó un fallo histórico que obliga a la empresa ABSA y a la Provincia de Buenos Aires a garantizar agua potable libre de arsénico para todo el partido, sentando un precedente nacional.
Para hablar sobre este logro colectivo y lo que significó para la comunidad, Julia Crespo, ex integrante de “Todos porel agua” estuvo dialogando enen ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) : “Yo soy la cara visible y más conocida de esta lucha, pero no hay que dejar de reconocer, como siempre lo hago, que esto fue una lucha vecinal, donde se involucraron muchos vecinos y vecinas de 9 de julio, donde había un objetivo único y no importaba ningún otro tema. Este es el logro de una comunidad, de una ciudad, de un grupo de personas que, en conjunto, y solidariamente, hicieron una lucha para que se le reconozca el derecho al acceso a agua potable. Y no quiero dejar de mencionar alguien que ya no está con nosotros, varios de los luchadores del grupo que se involucraron mucho, hoy no están con nosotros. Quiero reivindicar al doctor Juan Gabriel Kersich que fue el iniciador y quien nos fue marcando cómo debíamos accionar y quien nos quiso entender a muchos que no podían seguir, nuestros hijos, no podíamos seguir nosotros consumiendo agua con esos niveles de arsénico”.

El fallo establece un estándar obligatorio para todas las prestadoras de agua del país: no superar el límite de 0,01 miligramos de arsénico por litro. De hecho, a raíz de esto, la entrevistada reconoció que ayer se habían recibido diversas consultas desde otros lugares del país al conocerse la noticia.
“El acceso al agua potable fue un logro colectivo” repite Crespo, “basado en análisis que hoy confirman que el agua de la red de ABSA es segura para beber; quienes lo cuestionen deben presentar pruebas, o dirigirse al área de bromatología, que le van a hacer el análisis y ahí tendrá el resultado del agua que entra a su casa”. La lucha vecinal de “Todos por el Agua” queda como precedente para futuros reclamos.

La intendente María José Gentile se reunió con Claudio «Chqui» Tapia, en su versión de presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), con el objetivo de reestructurar el tratamiento de la basura en el distrito. El encuentro, en la sede del organismo estatal, fue para gestionar una intervención directa en el actual basural de la ciudad. La urgencia radica en las condiciones del predio local, un espacio que requiere de acciones inmediatas para evitar que las deficiencias operativas deriven en una crisis ambiental y sanitaria, un patrón tristemente común en diversas localidades.
La jefa comunal confirmó que la próxima semana un equipo de especialistas técnicos del CEAMSE desembarcará en Nueve de Julio para realizar un relevamiento del terreno, diagnosticar sus necesidades más urgentes y trazar una hoja de recomendaciones técnicas para su saneamiento y modernización.

La transición de un basural a cielo abierto a un relleno sanitario controlado ha sido una promesa de difícil cumplimiento debido a los altos costos de infraestructura, la necesidad de maquinaria pesada permanente y la falta de planificación a largo plazo.En el caso de Nueve de Julio, el basural está desbordado y fuera de control. Además está prácticamente el el límite de égido urbano. Cuando un basural pierde su capacidad operativa o carece del manejo técnico adecuado, las consecuencias las sufre la comunidad. Vectores de enfermedades, riesgos de contaminación de las napas  por la filtración de lixiviados y las emisiones de gases que suelen derivar en incendios espontáneos, conforman un cuadro de riesgo que la actual gestión ya conoce, ya las ha padecido el verano pasado y busca desactivar antes de que empeice la temporada de calor. El riesgo es inminente y un incendio desbordado del basural con el humo hacia la ciudad sería un escenario de consecuencias definitivas para la gestión. La decisión de buscar la asistencia del CEAMSE es un reconocimiento tácito de que las herramientas y capacidades locales ya no son suficientes para administrar el volumen y la complejidad de la basura urbana.Con más de cuarenta años de trayectoria, el CEAMSE nació precisamente como una respuesta estatal unificada entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires para erradicar los basurales a cielo abierto y la incineración descontrolada, prácticas que dominaron hasta finales de la década de 1970. A lo largo de los años, el organismo evolucionó desde la simple administración de rellenos sanitarios hacia la creación de los denominados «complejos ambientales». En estos espacios, la basura ha dejado de ser vista exclusivamente como un desecho para convertirse en un recurso. La institución lidera procesos de reciclaje, valorización de materiales y, de manera crucial, la captura del biogás emanado por la descomposición de la materia orgánica para transformarlo en energía renovable.

El Juzgado de Garantías  N° 1 de Mercedes concedió el amparo a los vecinos de 9 de Julio tras una batalla judicial de más de quince años motivada por la contaminación con arsénico.

Por Redacción Extra Digital

En una decisión judicial de profunda trascendencia institucional y social, la justicia bonaerense ratificó de manera definitiva la obligación de garantizar agua potable libre de contaminantes a la totalidad de la población del partido de 9 de Julio, sentando un precedente determinante sobre la tutela efectiva del derecho a la salud y a la vida digna. Con este decisión
El litigio tuvo su punto de partida en el año 2010, cuando un grupo de vecinos de la ciudad de 9 de Julio, liderados por Juan Gabriel Kersich y representados por patrocinio letrado, promovieron una acción de amparo contra la empresa prestadora Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y la Provincia de Buenos Aires. Los habitantes denunciaron que el agua suministrada a través de la red domiciliaria, extraída del acuífero Pampa, contenía niveles alarmantes de arsénico, nitratos, flúor y sólidos disueltos, los cuales superaban con creces los límites de potabilidad establecidos por el Código Alimentario Argentino y las directrices de la Organización Mundial de la Salud.
La preocupación central radica en el impacto del arsénico sobre el organismo. La ingesta prolongada de esta sustancia química produce el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad caracterizada por lesiones cutáneas graves y alteraciones sistémicas que incrementan sustancialmente el riesgo de desarrollar cáncer, afecciones hepáticas, renales y respiratorias. Esta condición resulta especialmente severa para grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas y personas con patologías previas.

El largo camino de la Justicia

Por más de una década y media, el expediente recorrió todas las instancias judiciales del país. En las fases iniciales del proceso, el juzgado interviniente dictó medidas cautelares con el objetivo de resguardar de inmediato la salud de la población, ordenando a la empresa concesionaria la entrega gratuita de agua potable en bidones tanto a los demandantes como a escuelas, hospitales, clínicas y centros asistenciales.
La complejidad del caso escaló sensiblemente cuando miles de vecinos se adhirieron progresivamente a la demanda, lo que desencadenó disputas procesales sobre la naturaleza de las acciones colectivas. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual en diciembre de 2014 emitió un fallo clave. El máximo tribunal del país reencauzó el proceso bajo la doctrina de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, remarcando que en materia ambiental y de salud pública no es necesario que cada ciudadano litigue individualmente para beneficiarse de la protección judicial. Mientras se resolvían los aspectos formales, la Corte Suprema dispuso mantener de forma ininterrumpida la provisión cautelar de agua segura en virtud de los principios ambientales de prevención y precaución.

Fundamentos de la sentencia

La sentencia definitiva, emitida el 27 de agosto de 2026 por el juez Luis Marcelo Giacoia, delimita con claridad que el grupo afectado comprende a la totalidad de las personas domiciliadas en el Municipio de 9 de Julio que consumen agua de la red domiciliaria, incluyendo expresamente a los habitantes del barrio Ciudad Nueva.
Para fundamentar la decisión, el magistrado articuló las disposiciones de la Constitución Nacional y Provincial con los tratados internacionales de derechos humanos de máxima jerarquía. El fallo ratifica que el acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental, indispensable para el disfrute de una vida digna y condición previa indispensable para el goce de cualquier otro derecho. Asimismo, el texto judicial adopta la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema Nacional, consolidando un cambio de paradigma hacia un modelo eco-céntrico. Bajo este marco, el resguardo de la salud colectiva y la preservación de los recursos hídricos prevalecen de forma absoluta sobre reglamentaciones secundarias o dilaciones de carácter administrativo y financiero.

Lo que implica el precedente

El impacto del prolongado reclamo ciudadano y de las resoluciones judiciales dictadas a lo largo de la causa impulsó la ejecución de obras de infraestructura indispensables en la zona. Entre los avances concretados se destaca la construcción e independización de la Planta de Tratamiento de Agua en 9 de Julio para la remoción de arsénico, así como la expansión del anillo hídrico y la conexión formal para abastecer a la población de Ciudad Nueva.
Con esta sentencia, la justicia sienta un precedente ineludible en materia de servicios públicos y ambientales en la Argentina. El caso Kersich no solo representa la victoria de una comunidad en defensa de su salud frente a la contaminación, sino que establece un estándar exigible para todas las prestadoras de agua del país: garantizar de forma permanente e incondicional agua segura que cumpla estrictamente con el parámetro máximo de 0,01 miligramos por litro de arsénico.

Después de haber participado el último fin de semana en Carlos Tejedor del encuentro del Consejo Regional de Salud, la secretaria de Salud de Nueve de Julio, Dra. Tamara Vázquez Lagorio, dialogó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) donde aclaró el faltante de medicamentos en el Hospital de Dudignac que había sido mencionado por la delegada de esa localidad en una entrevista en este mismo programa, y los desafíos de la cobertura social que debe afrontar su área.

Sobre el faltante de medicamentos, Lagorio explicó que se viene agudizando desde que el gobierno nacional desarticuló y redujo drásticamente el Programa Remediar, interrumpiendo la distribución masiva y gratuita de remedios y trasladando la responsabilidad de la compra de medicamentos a las provincias y por añadidura a los municipios. Además agregó que también dejaron de recibir de ‘Medicamentos Bonaerenses’, un programa de la Provincia de Buenos Aires que distribuye de forma gratuita medicamentos esenciales a hospitales públicos y centros de atención primaria de los 135 municipios: “El municipio está afrontando totalmente el 100 por ciento toda la compra de medicamentos. No falta lo básico, pero se tuvo que reducir el vademécum porque es imposible económicamente poder hacer la compra de lo que el ‘Remediar’ dejó de mandar y lo que supuestamente la ayuda que íbamos a tener de ‘Medicamentos Bonaerenses’ que fue escasa, porque solamente recibimos una escasa cantidad de medicamentos de la línea cardiológica, pero no recibimos nada de antibióticos, antipiréticos como ibuprofeno, paracetamol, que es lo que más se consume”.

También la secretaria de Salud hizo hincapié en que a los Centros Primarios de la Salud (CAPS) se acercan no solo aquellos que no tienen ninguna cobertura social sino también quienes la tienen, pero no pueden acceder a la compra por falta de dinero. Mostró además su entusiasmo por la posibilidad inmediata de la apertura del espacio para Salud Mental en la sala de Diamantina: “Estamos trabajando fuerte en eso” y, si bien no precisó fecha de apertura, arriesgó que la misma sería entre noviembre y diciembre próximo, ya que el lugar se está acondicionando.
También la funcionaria se expresó a favor sobre la telemedicina que ha ganado notoriedad desde la implementación realizada por la ‘Cooperativa eléctrica’: “No lo veo mal, es lo que se viene. A algunos colegas les gustará, a otros no, pero -recordó- cuando la pandemia los tratamientos de Psicología se empezaron a hacer en forma virtual y de hecho hay pacientes que lo siguen utilizando porque les gustó y les funciona”. Sobre los CAPS o ‘salitas’ admitió la mayor asistencia, ya que aumentó de manera sostenida debido a la crisis económica y el encarecimiento de la salud privada.

Un nuevo estudio epidemiológico puso números a algo que varias comunidades rurales vienen denunciando hace años: vivir cerca de campos pulverizados con agroquímicos afecta la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación, publicada en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, analizó nueve localidades de la región agroindustrial de Santa Fe y encontró que, entre 2008 y 2018, la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre se multiplicó por 2,4 y la de hipotiroidismo por 2,5 en las mujeres que residen a menos de 400 metros de los campos pulverizados.
El trabajo se apoyó en una muestra de 6.497 mujeres de entre 18 y 70 años, que reportaron sus antecedentes de embarazos y de tratamientos por hipotiroidismo. De los 2.870 embarazos relevados en el período, 369 (el 13%) terminaron en pérdida gestacional —285 en el primer trimestre, 59 en el segundo y 25 en el tercero—. Los autores también hallaron que las mujeres con hipotiroidismo tienen un 40% más de probabilidades de sufrir un aborto espontáneo temprano que las que no lo padecen, y que ambos indicadores crecieron siguiendo un mismo patrón temporal a lo largo de la década estudiada.

Detrás del estudio está el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que lo elaboró junto a investigadores de la UBA, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, a partir de datos relevados en los campamentos sanitarios de la carrera de Medicina de la UNR. Su director, Damián Verzeñassi, lo enmarca como continuidad de un trabajo de 2023 que ya había detectado mayor incidencia de cáncer y mortalidad en las mismas poblaciones fumigadas, y resume el hallazgo con una frase: «Existe un patrón de daño definido». Para Verzeñassi, el estudio expone el costo sanitario de un modelo productivo que sigue sin hacerse cargo de sus consecuencias. La conclusión del equipo de investigación es directa: los químicos que sostienen el agronegocio ya no solo generan controversia ambiental, sino un problema de salud pública documentado y, según sostienen, cada vez más difícil de negar.

La secretaria de Salud de Nueve de Julio, Dra. Tamara Vázquez Lagorio, participó de un nuevo encuentro del Consejo Regional de Salud en Carlos Tejedor, con el objetivo de coordinar estrategias conjuntas que optimicen la atención médica en los municipios de la zona. La cumbre reunió a autoridades locales y provinciales, incluyendo a la intendenta anfitriona, María Celia Gianini, y a funcionarios del Ministerio de Salud bonaerense. Durante la jornada, los representantes analizaron los desafíos compartidos por las diferentes localidades y evaluaron herramientas para mejorar la respuesta del sistema público.

En su intervención, Vázquez Lagorio subrayó el valor de la articulación intermunicipal para detectar problemas comunes y diseñar soluciones prácticas. La funcionaria destacó que la Atención Primaria de la Salud debe mantenerse como el motor de las políticas públicas, priorizando el despliegue territorial y la prevención.La agenda del encuentro abordó ejes clave para la gestión sanitaria actual, integrados en un debate abierto. Las discusiones se centraron en el abordaje integral de la salud mental mediante mesas de trabajo locales, la necesidad de generar acuerdos directos entre las áreas de salud y educación, y los avances técnicos para implementar la Historia de Salud Integrada.

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El integrante y vocero habitual de ‘Concientizando Palabras’ la ONG dedicada a la prevención y concientización del Grooming en 9 de Julio, contó en ‘Temprano para todo’ la satisfacción de la organización al conocer la reciente aprobación -por unanimidad- del Proyecto de Ordenanza “Programa Municipal de Prevención y concientización sobre Grooming” que fue expuesto por la concejal de Unión por la Patria, María Elena Defunchio.
Hay que hacer constar que ya hace más de dos años y medio atrás la propia ONG ‘Concientizando Palabras’ hizo uso de la Banca Ciudadana (Banca 19) para alertar sobre este grave problema. Rizzo explicó lo inmediato: como se va a aplicar esta nueva disposición del Honorable Concejo Deliberante en las escuelas e instituciones del partido. También las herramientas concretas que aporta esta medida para padres y docentes y de que manera se articulará el municipio con los servicios locales de niñez ante una situación de alerta.
Tampoco dejó de señalar cuales son las señales de alerta más comunes que un adulto puede notar en el comportamiento digital de un niño, niña o adolescente. Y que hay que hablar con los menores sobre los riesgos en internet sin generar miedo o prohibiciones que lleven al ocultamiento por parte de esos menores y adolescentes.

También Martín Rizzo explicó los errores comunes que cometen las familias al intentar manejar un perfil sospechoso en redes sociales, lo que rápida -y fácilmente- provoca la salida de contacto de los victimarios. Aconsejó la inmediata denuncia en Fiscalía al detectar un caso sospechoso y no borrar las conversaciones ni bloquear inmediatamente al usuario antes de radicar la denuncia.
No obstante, todo el optimismo suyo y de sus compañeros de ‘Concientizando Palabras’ choca contra un dato revelador que dejó el entrevistado: “Antes en cada charla que dábamos, 6 de cada 10 padres sabían de que se trataba el grooming; ahora el desconocimiento es de 10 sobre 10”. Y agrega: “La falta de tiempo lleva a muchas familias a darles el celular a sus hijos sin poder acompañarlos. Por eso, escuelas, municipios y autoridades deben brindar herramientas para que niños, niñas y adolescentes comprendan los riesgos y aprendan a usar la tecnología de forma segura y consciente”.

Organizada desde el CEBAS (Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública) en conjunto con Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia hoy se realizará una colecta de sangre y registro de donantes de médula ósea. Será a partir de las 13:30 en el Salón Abuelo Julio, ubicado en Tomás Cosentino 1245. Para turnos comunicarse con Stella al teléfono 2345-656192.

El Dr. José María Giuliodoro hizo uso anoche de la Banca 19 (o Banca Ciudadana) en la sesión del Concejo Deliberante, para presentar e impulsar el tratamiento de su proyecto de ordenanza sobre la regularización del servicio de telemedicina. Defendió la ordenanza para garantizar médicos matriculados, seguros y tener im control local para proteger a pacientes e instituciones, evitar que la telemedicina reemplace la atención presencial y destinar recursos al sistema sanitario rural.
En su alocución, Giuliodoro explicó que «uno de los puntos más importantes que es la matriculación. Quienes se oponen dicen que exigir que los médicos virtuales estén matriculados en nuestro colegio médico de la provincia de Buenos Aires es una traba burocrática. Esto es una absoluta falsedad. La matriculación es la única barrera que separa a la medicina real de la estafa y de la tragedia». Y agregó que todos los médicos están inscriptos en una matrícula provincial que les brinda la asistencia ante eventual mala praxis y también garantiza y regula el derecho del paciente.
Y al respecto dijo: «Imagínese que un vecino del 9 de julio a las 3 de la mañana utiliza la aplicación de de telemedicina y, del otro lado, aparece una cara en la pantalla. Yo me pregunto ¿quién es esa persona? ¿Es realmente un médico? ¿Es un estudiante avanzado de medicina? ¿Es un pediatra certificado? ¿Es un especialista? ¿Es un profesional que otra vez no tenga matrícula o, si tiene matrícula, está suspendida por una mal praxis en otra provincia y se esconde detrás de un monitor? No lo sabemos. Sin la exigencia de estar inscripto en nuestro distrito 7º, el colegio médico, hay un anonimato médico total y absoluto. El paciente no sabe quién lo atiende, y, si ese supuesto médico comete un error grave de diagnóstico, receta mal un medicamento o ignora un síntoma letal, ¿a quién le reclama el síntoma de julio? ¿A una atención al cliente? Exigir la matriculación es la forma de garantizar que este profesional es real, que está habilitado y que el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires tiene la facultad de sancionarlo, inhabilitarlo, si comete mala praxis. No es ningún tipo de corporativismo. Esto es identidad, seguridad y justicia para el paciente».

Pero el doctor Giuliodoro explicó un punto que, a su entender es aun más importante, y tiene que ver con el quien presta hoy el servicio de telemedicina, que es la CEyS Mariano Moreno: «Hoy, el 9 de julio, el servicio de telemedicina se está ofreciendo a través de nuestra Cooperativa Electrica, cobrándose directamente en la factura del luz. Muchos creen que, si llega a pasar algo, el problema es de la aplicación tecnológica, pero la realidad jurídica, según la ley nacional de defensa del consumidor, es otra. Existe la responsabilidad solidaria.
Si mañana ocurre una desgracia clínica, en una videollamada, una demanda por mala praxis, no solo le apuntan el médico de la pantalla, la empresa tecnológica foránea, también la demanda quedará con todo su peso sobre quien facturó y ofreció el servicio, o sea, nuestra Cooperativa y, por efecto consorcial, a este municipio».
Y aclaró que «al exigir, en el artículo 8, que esta plataforma presente una póliza de seguro de responsabilidad civil y, en el artículo 7, que tenga un dominio legal, no estamos atacando a nuestra querida cooperativa. Al contrario, le estamos dando un escudo legal, estamos salvando a las instituciones de nuestro pueblo de comerse un juicio millonario por culpa de esas empresas foráneas que lucran y luego desaparecen de la virtualidad. Si una plataforma se niega a contratar un seguro o no tiene un domicilio aquí, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está protegido el ciudadano?»
En su explicación, Giuliodoro dejó en claro que «la pantalla, señores concejales, no resuelve todo», que la relación médico paciente es irreemplazable, y que por ese motivo en el artículo 6º del proyecto se prohíbe que se ofrezca guardias virtuales como reemplazo de la guardia presencial: «La tecnología debe complementar, nunca reemplazar el factor humano, lo lindo que tiene la medicina». 
Otro punto del proyecto, el artículo 10, prevé el pago de una tasa y que ese dinero vaya en su totalidad para mejorar las salitas de los pueblos y también para ayudar aquellos médicos que trabajan los pueblos.
A partir de ahora, está en los concejales el darle tratamiento a este proyecto de ordenanza.

Todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Partido, tanto en el casco urbano como en las localidades rurales, aplican de manera gratuita las dosis del Calendario Nacional de Vacunación. La atención se realiza de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00 horas. La Secretaría de Salud local insta a la población a revisar y completar sus esquemas de inmunización. El servicio médico se brinda por estricto orden de llegada y sin necesidad de turno, con la única excepción de la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), que requiere de una inscripción previa. La distribución de estas dosis en toda la red de centros sanitarios del distrito tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo y evitar que las distancias geográficas representen un obstáculo para la prevención.
El esquema de vacunación disponible en los CAPS cubre una amplia gama de enfermedades, adaptándose a distintos grupos etarios y condiciones médicas. Los vecinos pueden acceder a las vacunas quíntuple bacteriana, poliomielitis (IPV/Salk), neumococo conjugada, rotavirus y meningococo. De igual manera, se administran la triple viral y las variantes celular y acelular de la triple bacteriana, junto con las dosis destinadas a prevenir la varicela, la hepatitis A y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El dispositivo sanitario incluye además inmunizaciones específicas para poblaciones vulnerables o expuestas a riesgos particulares. Este grupo abarca la vacuna antigripal para embarazadas, adultos mayores, personal de salud y personas con condiciones preexistentes, así como la dosis contra la FHA para residentes o trabajadores de zonas endémicas. A esto se suma la actual campaña contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), vigente hasta el 31 de agosto, la cual está dirigida exclusivamente a personas gestantes entre las semanas 32 y 36 para proteger a los recién nacidos frente a cuadros graves de bronquiolitis.