El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un programa especial destinado a regularizar diversas obras hidráulicas que fueron construidas sin los permisos correspondientes dentro de la cuenca del Río Salado. La iniciativa, que impacta directamente en los municipios de la cuarta sección electoral y otras regiones del noroeste bonaerense, busca legitimar los denominados «canales clandestinos» que, pese a su irregularidad administrativa, cumplen un papel esencial en el manejo de excedentes hídricos en zonas rurales.
La medida, comunicada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se fundamenta en la necesidad de resolver una problemática histórica derivada de la particular topografía de la región, donde la ausencia de una red de drenaje natural completa obligó a productores y gobiernos locales a desarrollar sistemas artificiales a lo largo de los años. Según la información difundida por la agencia DIB (Diarios Bonaerenses), la decisión responde a planteos realizados por autoridades municipales durante 2025 ante las dificultades de gestión y mantenimiento que presentaban dichas obras al no contar con autorización bajo el Código de Aguas vigente.

El procedimiento de regularización se estructura en tres fases. En primer lugar, el municipio debe solicitar una instancia de no objeción ante el Comité de Cuenca correspondiente. Posteriormente, se debe presentar la documentación técnica ante la Autoridad del Agua (ADA) para obtener un Certificado de Incorporación al Programa. Finalmente, se procederá a la aprobación técnica final, permitiendo que las obras se mantengan operativas ya sea sin cambios o mediante las adecuaciones necesarias, cuya ejecución correrá por cuenta de los municipios solicitantes.
La nueva normativa contempla además una salvaguarda para aquellas intervenciones que ya enfrentaban procesos legales por clandestinidad, los cuales quedarán en suspenso mientras se tramite la regularización en el nuevo programa. Asimismo, el Gobierno bonaerense habilitó la posibilidad de que los municipios promuevan la creación de Consorcios Mixtos de Usuarios de Aguas Públicas para gestionar la operación y el mantenimiento de las obras, buscando así que estas sigan cumpliendo su función de drenaje bajo un marco legal definido.
La implementación inicial se centrará en las subregiones A2, A3 y B3 de la cuenca, con la posibilidad de extenderse a todo el territorio provincial. La  A2 incluye a 9 de Julio además de Junín, Lincoln, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Carlos Tejedor, 9 de Julio y Bragado. La A3 a Carlos Casares, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Daireaux, Pehuajó, Bragado y Lincoln. Mientras que B3 incluye a comunas como Roque Pérez, Olavarría, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué.

El senador provincial y presidente del bloque del PRO en la Cámara alta bonaerense, Pablo Petrecca, desembarcó este sábado  en el Carlos Casares en el marco de sus recorridas habituales por el interior de la provincia de Buenos Aires. La agenda combinó la actividad institucional y territorial con potentes señales políticas de cara a la construcción de frentes comunes en la Cuarta Sección Electoral.
Uno de los ejes centrales de la visita fue la foto conjunta y el entendimiento político sellado junto al referente libertario de la región y concejal de Trenque Lauquen, Gustavo «Coco» Bories. La postal entre dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza (LLA) ratificó las conversaciones previas que ambos espacios vienen manteniendo en distintos distritos bonaerenses con vistas a los próximos escenarios electorales. En ese marco, los medios destacaron que la articulación busca sumar esfuerzos y consolidar una alternativa opositora amplia en el territorio.

En el plano estrictamente institucional y de gestión, la visita contempló una recorrida por una entidad deportiva de la ciudad, donde Petrecca realizó la presentación oficial del Programa Provincial Dibu. Ante dirigentes y vecinos, el legislador remarcó la relevancia de los clubes de barrio como pilares de contención social y formación para los jóvenes, enfatizando que respaldar a estas instituciones representa una inversión directa en el futuro de la comunidad.
Asimismo, durante su estadía en el distrito, el exintendente de Junín mantuvo diversos encuentros de trabajo con concejales y referentes locales de ambas fuerzas políticas, como Lisandro Perotti y Franco Cruseño, afianzando los vínculos de trabajo conjunto a nivel distrital. Diversas coberturas periodísticas señalaron también que la visita sirvió para debatir sobre la situación de la infraestructura regional y la necesidad de mantener un contacto directo con los actores locales para conocer las demandas cotidianas de los vecinos de la Provincia. la presencia de Petrecca en Casares y, anteriormente en otros distritos bonaerenses, disparan las conjeturas de una eventual intención de ser, al menos, pre candidato a la gobernación provincial el año próximo

Un grupo de productores agropecuarios del partido de General Guido ha judicializado su reclamo contra la administración municipal encabezada por el intendente Carlos Rocha. Los demandantes acusan una grave falta de mantenimiento en la infraestructura vial rural y exigen una rendición de cuentas exhaustiva sobre los fondos recaudados mediante la Tasa de Red Vial. Así, llevaron su reclamo al Fuero Contencioso Administrativo con sede en Dolores.
El eje del conflicto radica en la disparidad percibida entre la presión fiscal que sufren las explotaciones rurales y la contraprestación efectiva en obras y conservación de caminos. Las constantes subas tributarias aprobadas en las sucesivas ordenanzas tarifarias municipales han incrementado el malestar de los contribuyentes, quienes sostienen que las arterias secundarias y terciarias del distrito se encuentran intransitables durante gran parte del año.

En el escrito judicial presentado ante el fuero administrativo, los demandantes solicitaron expresamente que la Municipalidad de General Guido detalle de manera precisa y documentada la totalidad de los recursos financieros percibidos bajo el concepto de Tasa de Red Vial. La petición exige un desglose minucioso de cómo han sido ejecutados dichos fondos en el transcurso de los últimos tres años.
Asimismo, los productores requieren un inventario oficial de las obras públicas realizadas en la red vial del distrito en dicho período, especificando la cantidad exacta de kilómetros intervenidos y el tipo de tareas ejecutadas. La demanda busca esclarecer además el destino de fondos provenientes de partidas provinciales o nacionales asignados específicamente a la infraestructura rural, sobre los cuales los querellantes aseguran no tener constancia clara de su correcta aplicación.

Un punto del planteo legal impugna el criterio de cobro fijado por las autoridades municipales, el cual se fundamenta en la cantidad de hectáreas de cada propiedad sin considerar las variaciones objetivas en la prestación del servicio. Para los productores, esta metodología desvirtúa la naturaleza jurídica de una tasa municipal, la cual exige constitucionalmente un servicio concreto e individualizado como contrapartida. Como medida subsidiaria, la presentación exige al municipio el reintegro de los importes abonados en exceso por los contribuyentes o, en su defecto, que la liquidación de las tasas retroceda a los valores estipulados en la Ordenanza Fiscal 2023. Los demandantes exigen que cualquier readecuación futura se base en parámetros ponderados de razonabilidad y responda a criterios estrictamente no confiscatorios.

Más allá de las pérdidas económicas directas relacionadas con la logística agropecuaria y el transporte de hacienda o granos, el escrito judicial visibiliza las dramáticas consecuencias sociales que provoca el abandono de los caminos interiores. El estado crítico de las vías de circulación impide el normal funcionamiento del sistema educativo rural, provocando la interrupción recurrente de clases debido a la imposibilidad de docentes y alumnos de arribar a los establecimientos escolares. Del mismo modo, los vecinos del distrito alertan sobre los severos riesgos para la salud pública. La intransitabilidad de los caminos dificulta el ingreso de ambulancias y la asistencia oportuna ante emergencias médicas en las fincas rurales. Esta situación vulnera las condiciones básicas de vida de las familias que residen y trabajan de manera permanente en el medio rural bonaerense.

El pronunciamiento del Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores definirá los alcances de la responsabilidad municipal respecto al mantenimiento de la infraestructura básica y sentará un precedente relevante para la fiscalidad local en la provincia de Buenos Aires. Mientras la causa avanza en los tribunales, los productores de General Guido ratifican su decisión de mantener el reclamo formal hasta obtener respuestas concretas que garanticen la transitabilidad y la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Karina Milei  encabezó el lunes pasado una serie de encuentros en la Casa Rosada con los bloques de diputados y senadores provinciales de La Libertad Avanza (LLA). La reunión tuvo como objetivo principal analizar la agenda legislativa bonaerense y sentar las bases de la estrategia política del oficialismo con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
Las deliberaciones, organizadas en dos turnos, fueron coordinadas por el presidente del espacio en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Según fuentes del entorno libertario, el propósito central fue evaluar el trabajo realizado por los legisladores en lo que va del año y establecer los ejes prioritarios para la segunda mitad del ejercicio legislativo.

La Cuarta Sección Electoral tuvo una participación destacada en la jornada a través de los legisladores Analía Balaudo y Gonzalo Cabezas. Balaudo subrayó que durante las reuniones se abordaron temáticas críticas para la provincia, tales como la seguridad, la situación prestacional de IOMA, la agenda legislativa actual y posibles reformas electorales. Para La Libertad Avanza, el desafío inmediato del espacio radica en transformar el caudal electoral obtenido a nivel nacional en una fuerza política con mayor peso legislativo y municipal dentro del territorio bonaerense, bajo el argumento de implementar las ideas del gobierno nacional en la provincia.

El equipo del programa de la Dirección de Deportes del Municipio inició la segunda mitad del año con una sólida actuación en el circuito regional de newcom, logrando victorias en sus tres presentaciones durante un torneo disputado en la ciudad de Junín. El certamen reunió a conjuntos de Pergamino, Salto, General Viamonte, Carlos Casares, Rojas, Lincoln, Junín y Nueve de Julio, en el marco de una nueva fecha destinada a potenciar el desarrollo de esta disciplina en la región. Tras este arranque con pleno de victorias, el equipo nuevejuliense encarará las próximas tres jornadas que restan para completar el calendario oficial, consolidando su participación en el campeonato zonal.

El director del area de Deportes de la Municipalidad, Ariel Pesce, estuvo invitado en «Supernova Deportivo» (Supernova 97.9) y dialogó con Juan Pablo Merico e Iñaki Porto sobre la participación local en las instancias clasificatorias para los Juegos Bonaerenses. Pesce destacó la gran cantidad de inscriptos en diversas disciplinas, sin dejar de agradecer el apoyo de las instituciones, educativas y deportivas, por prestar sus instalaciones y remarcar que es estos Juegos es una política que trasciende los colores políticos.
Explicó que, actualmente, se siguen desarrollando las etapas locales de varias disciplinas, mientras que algunas ya están en las regionales. También confirmó que en 9 de Julio sigue la tendencia en alza de inscriptos, siempre superando el número de años anteriores.
«Si bien siguen siendo los principales deportes los tradicionales, también están otros como el judo, taekwondo, badmington, juegos electronicos, patín, gimnasia artística, prácticamente están todos los deportes cubiertos. Sumá el skate, surf, canotaje, beach voley, lo que se te ocurra, existe. Los juegos tradicionales vienen organizados por Juegos Bonaerenses y los otros lo hacen a través de las federaciones», explicó el profesor.
Además contó el detrás de escena, la logística necesaria para que todos puedan tener su chance de llegar a las finales. «Lo que se vive en Mar del Plata es especial. Los Juegos es un programa que trascendió la política, se vienen realizando desde hace muchos años. Vos tenes en 4 o 5 días adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, conviviendo, participando, y están todos juntos y eso le hace muy bien a todos», remarcó Pesce.
En estos días se conoció la noticia que el gobierno bonaerense distribuyó más de $554 millones entre los 135 distritos para financiar la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026. A Nueve de Julio le corresponden $4.016.100.-  y si bien es un aporte no reintegrable, los municipios deberán rendir los gastos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Dirigentes y militantes de diversos distritos de la región se reunieron en Alberti para el primer plenario de la Cuarta Sección Electoral del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El objetivo del encuentro fue la necesidad de consolidar la estructura del espacio en el territorio y construir una agenda política unificada de cara al futuro. La convocatoria contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la dirigente Cristina Álvarez Rodríguez, del Ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, además de otras figuras.

El anfitrión fue el senador Germán Lago quien destacó el valor del contacto presencial para el fortalecimiento del proyecto, remarcando que la construcción y la organización política no son posibles si no es a través del vínculo personal, un factor que consideró fundamental para motorizar la participación de la militancia.
El plenario contó con presencias del justicialismo nuevejuliense, entre las que se desatcaron Mauro Esteban, Nancy Grizutti, Gabriela Tiani, Hugo Gailach, Pedro Parise y otros nombres habitués del peronismo local.
Este primer plenario en Alberti es parte de un proceso de expansión del Movimiento Derecho al Futuro para afianzar la presencia territorial en las distintas secciones electorales de la provincia, generando ámbitos formales de participación para los dirigentes y militantes que se referencian en el proyecto político del actual gobernador.

La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires tuvo su convención en La Plata en la cual formalizó a sus nuevas autoridades, con el dato de color por un enojo y portazo de un sector. Lo que debía ser el cierre de un proceso de normalización destinado a unificar el espacio concluyó en un clima de tensión y ruptura abierta en el Club Atenas, ante la presencia de aproximadamente dos mil dirigentes y militantes.
El conflicto estalló durante el encuentro convocado para definir la conformación de la Convención Provincial. Según reportes periodísticos, el espacio interno identificado como «Construir», que responde al liderazgo de Miguel Fernández y cuenta con el respaldo de referentes cercanos a Alejandra Lorden, decidió retirarse de la asamblea y desconocer la legitimidad de las decisiones tomadas tras ser excluidos de la Junta Electoral partidaria. El retiro se produjo inmediatamente después de la intervención del convencional Martín Borrazás, momento en el cual los representantes de este bloque abandonaron el recinto bajo la consigna de que el radicalismo provincial se había fracturado.
El referente nuevejuliense Ignacio Palacios, fue parte de la convención y, al ser consultado por este medio sobre lo sucedido, en pleno viaje de regreso minimizó la importancia de lo sucedido con el sector de Fernández.

Este portazo deja sin efecto el intento de unidad que el partido venía gestando desde el adelantamiento de sus elecciones internas, una estrategia que buscaba poner fin a años de internismo exacerbado. En este marco, el dirigente platense Pablo Nicoletti fue proclamado presidente de la Honorable Convención Provincial, consolidando una nueva etapa en la conducción.
La crisis interna reabre interrogantes sobre la capacidad del radicalismo bonaerense para consolidar una oferta política competitiva y unificada. Con bloques legislativos ya fragmentados en la Legislatura provincial y esta nueva división en su estructura organizativa, el partido enfrenta el reto de superar sus diferencias internas mientras debate internamente su posicionamiento estratégico y su identidad frente a los escenarios políticos vigentes en la provincia.

La Libertad Avanza endureció su postura pública e insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma estructural en el Poder Legislativo bonaerense. El principal impulsor de esta ofensiva es el diputado nacional y armador territorial libertario en el distrito, Sebastián Pareja. El dirigente sostuvo que la fuerza no dará ningún paso atrás en su objetivo de disolver la Cámara de Senadores provincial y concentrar la representación legislativa en un único cuerpo deliberativo.
La postura del espacio libertario cobró renovado impulso tras la difusión de versiones periodísticas que atribuían al oficialismo bonaerense la intención de incrementar el número de bancas en ambas cámaras. Ante esta posibilidad, Pareja reaccionó al señalar que la provincia atraviesa una crisis prolongada en servicios esenciales como salud, educación y seguridad, mientras la dirigencia política busca perpetuarse a costa de los contribuyentes. «Estamoscansados de sostener bancas y contratos políticos mientras el Estado provincial abandona sus funciones esenciales. Por eso, vamos a eliminar el Senado bonaerense y usar esa montaña de plata para volver a priorizar lo básico y devolvérsela a quienes lo financian con sus impuestos», expresó Pareja.

Durante su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, negó la existencia de un proyecto de ampliación de escaños legislativosy calificó las versiones circulantes como desprovistas de sustento real.
La iniciativa para recortar la estructura del parlamento bonaerense cuenta con un trámite formal iniciado. Según reveló el portal especializado La Tecla, el proyecto que impulsa la unicameralidad fue ingresado formalmente en abril por el diputado provincial Héctor Gay, exintendente de Bahía Blanca por el PRO y referente del espacio afín a Pareja. La propuesta contempla declarar la necesidad de la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y convocar a una Convención Reformadora. Este cuerpo tendría la facultad de modificar la Carta Magna provincial con el propósito central de abolir la cámara alta y reestructurar el funcionamiento legislativo bajo un único recinto de diputados.

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El próximo jueves 6 de agosto el Senado de la Nación debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (‘ley de tierras’), una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina. Guillermo Hought, integrante de la ONG ConCiencia Agroecológica, amplió datos en ‘Temprano para todos’ (Supernova 97.9) de ese tratamiento parlamentario y de la movilización convocada para ese día, a las 13, en Plaza Belgrano de Nueve de Julio, en rechazo al proyecto.
“Rechazamos la ley de extranjerización de tierras porque reduce la protección contra incendios, permite privatizar riberas y facilita la compra extranjera de zonas fronterizas, poniendo en riesgo el ambiente, el acceso al agua y la seguridad nacional”, dijo Hough.

“La extranjerización de tierras puede dejar comunidades rodeadas y subordinadas a multinacionales”, aclaró Hough. “Junto con organizaciones ambientales, convocamos a una protesta el 6 de agosto contra la ley, cuya aprobación esperamos que el Senado rechace, tenemos la esperanza es que se rechace, porque hay un temor muy grande de los senadores que intenten votar positivamente al rechazo social que puedan recibir”.
La convocatoria es impulsada por la Asamblea por el Agua, ConCiencia Agroecológica y Guardianes de la Ecología, en el marco de una jornada nacional de protesta que se desarrollará en distintas ciudades del país. “Existe un rechazo social transversal a la ley, impulsado por la defensa de la soberanía, el ambiente y los recursos naturales. Las protestas serán masivas en todo el país y se espera que los senadores reflexionen y la rechacen», dijo Guillermo Hough que también puntualizó “el caso de la Unión Cívica Radical (UCR) que han expuesto su postura pública al rechazo de esa ley, porque compromete la soberanía nacional y el control sobre los recursos estratégicos”.
Finalmente, el entrevistado expresó: “Considero muy difícil que se apruebe la ley y pido a las autoridades locales manifestarse en rechazo, porque podría afectar directamente a cualquier municipio y sus tierras”.

El juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Número 2 de la ciudad de La Plata, dictaminó que la Dirección Nacional de Vialidad debe entregar de forma obligatoria toda la documentación pertinente a las obras de la Ruta Nacional No 5, en un fallo que pone de relieve el estricto escrutinio sobre la transparencia en los proyectos de infraestructura pública en Argentina.
El juez hizo lugar de manera parcial a una acción de amparo fundamentada en el derecho al acceso a la información pública. De este modo, ordenó a las autoridades viales exhibir documentación sensible y técnica que hasta el momentose mantenía fuera del escrutinio de la sociedad civil.
El foco está puesto en el tramo de la Ruta Nacional 5 que conecta las localidades bonaerenses de Mercedes y Suipacha, un proyecto estratégico que también engloba el sector conocido como la Variante Suipacha. La sentencia judicial responde a una demanda iniciada por el abogado Lorenzo Matus, quien desde octubre del año 2025 ha buscado esclarecer de forma detallada la ejecución y el financiamiento de los trabajos viales. En su petición original, Matus solicitó conocer de manera exhaustiva el esquema de financiamiento respaldado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), así como los procesos formales de licitación y adjudicación a las empresas constructoras involucradas en el proyecto.

Además de los aspectos estrictamente financieros y administrativos, la parte demandante pidió acceso a los informes de avance físico de las obras, los resultados de las auditorías correspondientes y a todos los expedientes que documenten posibles multas, sanciones o incumplimientos contractuales por parte de los contratistas. La reticencia inicial del Estado nacional a proporcionar esta información de manera íntegra y transparente derivó en la intervención del fuero federal.
Con la presente resolución de Ramos Padilla, la Dirección Nacional de Vialidad se enfrenta a la exigencia perentoria de desclasificar y hacer entrega de los expedientes solicitados. Este acontecimiento judicial no solo impacta en el desarrollo específico de las obras viales y su supervisión en la provincia de Buenos Aires, sino que también sienta un claro precedente sobre la forma en que las distintas dependencias gubernamentales deben responder a los legítimos requerimientos de la ciudadanía en materia de transparencia, integridad institucional y rendición de cuentas.

El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, bloqueará cualquier intento de restituir las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses. La decisión representa un revés significativo para el gobernador Axel Kicillof, quien en los últimos días había reactivado el debate con miras a modificar la ley sancionada en 2016, abriendo un frente de conflicto que trasciende a la coalición oficialista y alcanza a los principales partidos de la oposición.

La postura del massismo fue explicitada por el diputado provincial Rubén Eslaiman, uno de los referentes legislativos del espacio en la provincia. Según los datos reportados por el sitio Cuarto Político, el legislador adelantó que su bloque votará por la negativa ante cualquier iniciativa que busque eliminar la restricción actual. El argumento central de este espacio es mantener la coherencia histórica, dado que el propio Frente Renovador fue uno de los arquitectos e impulsores de la normativa original durante la gestión de María Eugenia Vidal. En palabras del dirigente, avalar ahora una derogación implicaría ir en contra de las bases que su propio espacio redactó. Esta estricta directiva alcanza a toda la estructura provincial del partido, incluyendo a los diecisiete jefes comunales que responden directamente a esa conducción.
Desde el Ejecutivo provincial, la perspectiva es diametralmente opuesta y busca capitalizar la fuerza de los líderes territoriales. El gobernador Kicillof, respaldado activamente por la vicegobernadora Verónica Magario, impulsa la derogación de la ley que establece un límite máximo de dos mandatos consecutivos. Según la cobertura realizada por el diario Página 12, Magario ha defendido la continuidad de las autoridades municipales argumentando que es el electorado, mediante su voto soberano, quien debe tener la potestad exclusiva de definir si un intendente sigue en su cargo o debe ser reemplazado. Esta visión institucional se materializa en el respaldo del Ejecutivo a un proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, el cual busca desactivar las restricciones antes del próximo ciclo electoral de 2027.

La urgencia del debate responde a la estricta matemática que impone el calendario electoral y al impacto directo en la gobernabilidad local. Si la legislación actual se mantiene inalterada, ochenta de los ciento treinta y cinco intendentes bonaerenses quedarán legalmente impedidos de buscar un nuevo mandato en los próximos comicios. Los análisis detallan que cincuenta y tres de estos dirigentes pertenecen a Unión por la Patria, lo que explica la fuerte presión ejercida por agrupaciones como la Liga de Intendentes Peronistas para garantizar su supervivencia territorial. Sin embargo, el obstáculo legal no es exclusivo del peronismo. Existen veintisiete intendentes afectados que forman parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y de distintos espacios vecinalistas. Este escenario ha provocado un intenso debate interno dentro del propio radicalismo, un partido que, presionado por sus líderes comunales, aún no ha logrado unificar una estrategia legislativa común frente al tema.
El panorama político se vuelve aún más complejo al incorporar las demandas de otras facciones fuertes dentro del propio oficialismo. Sectores vinculados al kirchnerismo y a La Cámpora han evitado otorgarle un respaldo automático al proyecto impulsado por Kicillof. Estas agrupaciones consideran que discutir de manera aislada la reelección de los intendentes es un enfoque limitado y han solicitado la conformación de una mesa de negociación política más amplia para acordar primero el rumbo general de la coalición en la provincia. Tal como analiza el sitio especializado Parlamentario, ante la ausencia de una postura unificada, el oficialismo carece actualmente de los consensos necesarios para avanzar con la reforma en los recintos. La negativa del Frente Renovador deja a la gestión provincial sin los votos fundamentales en la Legislatura, transformando una discusión sobre normativas constitucionales e instituciones locales en una de las batallas de poder más determinantes para el control de la provincia más poblada de Argentina.

Pablo Ginestet, representante de la Sociedad Rural de Henderson, es el nuevo presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) para el período 2026-2028. Con este recambio, el mando de la mayor confederación ruralista de la región pampeana permanece en manos de un dirigente del noroeste bonaerense, tras suceder en el cargo a Ignacio Kovarsky, referente del distrito de Trenque Lauquen, confirmando la continuidad del liderazgo político-territorial concentrado en la Cuarta Sección Electoral bonaerense.
La designación de Ginestet responde a una estrategia de la institución para incorporar cuadros jóvenes a la toma de decisiones. Lejos de marcar un quiebre, el nuevo esquema directivo promueve una transición ordenada donde las figuras salientes permanecen ligadas al núcleo de conducción. En este nuevo esquema, Ignacio Kovarsky, presidente saliente, asumirá el rol de secretario de la Mesa Ejecutiva, garantizando un traspaso de mando fluido y la conservación de la línea técnica y política desarrollada en los últimos años. De acuerdo con el pronunciamiento oficial emitido por la confederación, la nueva directiva combina experiencia territorial con una marcada apertura a liderazgos emergentes de diversas zonas rurales.

El recambio institucional también implicó la estructuración de un equipo directivo con amplio alcance geográfico dentro de la zona de influencia de la entidad. La vicepresidencia primera quedó a cargo de Sergio Melgarejo, dirigente de la Sociedad Rural de San Cayetano, mientras que las prosecretarías fueron asignadas a Alejandro Reinoso, de la Asociación Rural de Chascomús, y a Mariano Moro, de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina. Por su parte, Santiago Alem, representante de la Sociedad Rural de Olavarría, asumió la protesorería. El presidente saliente, Ignacio Kovarsky, valoró el ejercicio democrático interno y señaló que la rotación de roles consolida la salud institucional de la organización gremial en un contexto económico y productivo desafiante para los productores pampeanos.
La hegemonía de la Cuarta Sección Electoral en la conducción de CARBAP refleja el protagonismo de los distritos del noroeste bonaerense en la agenda agropecuaria regional. Municipios como Henderson, Trenque Lauquen, Pehuajó, Lincoln y Junín constituyen el núcleo de una de las zonas con mayor densidad productiva agrícola-ganadera del país. Al consolidar su conducción en esta región, CARBAP reafirma su posicionamiento como interlocutor central frente a los gobiernos provinciales de Buenos Aires y La Pampa, así como ante las autoridades nacionales, en debates cruciales referidos a presión impositiva, infraestructura vial rural y políticas de fomento al sector.

La asfixia económica y la caída sostenida de los fondos públicos han logrado algo poco habitual: sentar en una misma mesa de trabajo a intendentes peronistas, radicales, del PRO y vecinalistas. Lobos fue la sede del tercer plenario del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe), un conglomerado que en apenas medio año ha logrado articular a 84 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, nucleando principalmente a distritos del interior con menos de 60.000 habitantes que buscan resguardo ante un panorama fiscal sumamente adverso.

La urgencia financiera bajo la fachada del debate ambiental

Aunque la agenda del encuentro estuvo focalizada en lo ambiental, la gestión de residuos sólidos urbanos y la presentación del programa Municipios Sustentables impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), las conversaciones de pasillo estuvieron completamente monopolizadas por la preocupación macroeconómica. La drástica baja en la recaudación de tasas locales y el declive en los giros por coparticipación nacional y provincial han dejado a las administraciones municipales con un margen de maniobra financiero reducido.
La cumbre en Lobos, encabezada por el intendente anfitrión Jorge Etcheverry (dirigente del PRO), sucede pocas semanas después de que este abroquelamiento comunal sufriera un revés en la Legislatura provincial: el fracaso de su propuesta para lograr que los fondos de endeudamiento fuesen cien por ciento de libre disponibilidad. Lejos de disolver la alianza, la negativa parlamentaria aceleró la necesidad de buscar mecanismos de cooperación descentralizada, economías de escala y optimización de costos operativos.
El intendente de Chascomús, Javier Gastón (perteneciente al Frente Renovador y uno de los impulsores del espacio), explicó a la prensa que el foro nació para fortalecer la democracia local a través del diálogo y el intercambio de experiencias entre municipios pequeños y medianos de la provincia. En palabras del jefe comunal, a un mandatario local le resulta de utilidad práctica directa conocer las soluciones aplicadas por su vecino para resolver dilemas de gestión idénticos, por encima de la filiación política de cada administración.

Pragmatismo municipal 

El Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo no responde a la lógica tradicional de las cúpulas partidarias ni a las dinámicas de dominación que suelen caracterizar el armado político del Gran Buenos Aires. Iniciado a comienzos de año en Chascomús y continuado en Ayacucho antes de desembarcar en Lobos, el espacio mantiene un carácter itinerante pensado para recorrer las distintas regiones del interior bonaerense y facilitar la rotación de las sedes.
Entre los distritos involucrados figuran ciudades como Trenque Lauquen, General Alvarado, Lobería, Dolores, Tandil, Chivilcoy, Nueve de Julio (ausenten en este tercer encuentro), Lincoln y San Miguel del Monte, entre decenas de comunas donde la gestión cotidiana se impone sobre los dogmas ideológicos. Los jefes comunales coinciden en que, ante la paralización de la obra pública nacional y el encarecimiento de insumos básicos en áreas de salud y servicios urbanos, la cooperación técnica se convierte en una prioridad de supervivencia institucional.
Ante la merma de los giros de capital provenientes del Estado nacional, los municipios buscan vías alternativas de auxilio en organismos técnicos y multilaterales. Durante las comisiones de trabajo en Lobos, técnicos del Consejo Federal de Inversiones y especialistas con respaldo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) presentaron herramientas de financiamiento directo orientadas a proyectos de eficiencia energética, reciclaje y saneamiento ambiental.
En paralelo a las discusiones políticas entre alcaldes, los equipos técnicos intermunicipales avanzan en agendas de compras comunitarias de insumos, digitalización de trámites y acuerdos de reciprocidad. El objetivo de fondo expresado por el foro es consolidar una infraestructura institucional compartida que permita sostener la prestación de servicios públicos esenciales en medio del ciclo de austeridad presupuestaria.
El fenómeno del Foro Regional convive en simultáneo con otras dinámicas políticas de la provincia, como la reciente conformación de la Liga de Intendentes peronistas respaldada por el gobierno bonaerense. Sin embargo, a diferencia de las agrupaciones de marcado sesgo partidario enfocadas en la contienda electoral, el espacio nacido en el interior provincial busca preservar una impronta centrada en la gestión territorial.
El desafío principal que enfrentarán estos 84 jefes municipales será sostener la cohesión de la red a medida que avance el calendario político y aumenten las presiones de alineamiento provenientes de las conducciones nacionales y provinciales. Por el momento, la acuciante realidad de las arcas locales funciona como un fuerte aglutinador, demostrando que la necesidad económica en el interior bonaerense está obligando a rediseñar los esquemas tradicionales del ejercicio del poder regional.

El ingeniero Civil Oscar Potetti expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el ‘Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí’. En qué consiste?: “es una propuesta de ingeniería sumada a una estrategia electoral” -y como él mismo dice, no es un eslogan político-. “Consiste en que, durante la próxima campaña electoral, los candidatos a Presidente de la Nación se comprometan públicamente a completar los 511 kilómetros de autovía entre Mercedes y Santa Rosa (LP) dentro del próximo período de gobierno de 4 años entre 2027 y 2031. No significa construir los 511 kilómetros el primer día: significa que desde el primer día exista un proyecto integral, un cronograma, un financiamiento y una decisión política para que la obra quede terminada en los 4 años que abarca el próximo período presidencial y no vuelva a detenerse en una ciudad para continuar varias décadas después”.

Potetti es nacido en Morón, pero criado en 9 de Julio donde cursó sus estudios primarios en el Colegio Jesús Sacramentado y en el Colegio San Agustín y en este mismo colegio la escuela secundaria. Se enorgullece de haber integrado todas las divisiones inferiores del Club y Biblioteca Agustín Álvarez y egresó como Ingeniero Civil de la UCA en 1983. Ejerció la ingeniería civil durante 40 años en empresas de ingeniería y empresas constructoras. También ejerció la docencia universitaria por 23 años. Ahora ha retornado a 9 de Julio, a la que considera su ciudad de origen, después de 50 años de ausencia. Para Potetti el ‘Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí’: “es el compromiso de transformar una promesa de décadas en un proyecto de Estado con principio, cronograma y final de obra”.
¿Por qué el Sí o sí? Significa autovía completa, desde Mercedes hasta Santa Rosa,  el corredor completo. “No queremos que la autovía llegue hasta una ciudad y el resto vuelva a postergarse para otro gobierno o no se haga nunca. Queremos que los 511 kilómetros formen parte del mismo compromiso presidencial” dice Potetti y agrega: “El plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí, convierte un reclamo regional de varias décadas en una condición electoral para quienes aspiren a gobernar la Argentina. Que cada candidato a Presidente diga antes de las elecciones si está dispuesto o no a ejecutar la obra completa durante su mandato”.
Potetti define al plan como que “viene a proponer un cambio de estrategia. Durante años reclamamos la Autovía Ruta 5 a organismos técnicos y funcionarios varios. Ahora queremos que el tema llegue al centro del debate presidencial”. Y para ello aclara que “la novedad es el cambio de estrategia”. Y lo define claramente: «Anteriormente el reclamo era ‘por favor hagan la autovía’ . Ahora se ha modificado: antes de votar, queremos saber quién se compromete públicamente a hacerla”.