La provincia de Buenos Aires es el epicentro de una profunda reconfiguración política donde las principales fuerzas del país buscan definir su identidad y liderazgo de cara a los próximos desafíos electorales. Ya no lo pueden ocultar. En un escenario marcado por la polarización, tanto el Pro, como el peronismo y La Libertad Avanza han acelerado sus movimientos estratégicos en el territorio bonaerense.

Macri y el relanzamiento del Pro bonaerense

Mauricio Macri ha decidido retomar un rol protagónico en la provincia de Buenos Aires con un movimiento que muchos analistas interpretan como un desafío directo a la hegemonía de Javier Milei en el espectro de la centroderecha. El expresidente busca normalizar y fortalecer la estructura del Pro en el principal distrito electoral del país, enviando un mensaje claro de autonomía frente al gobierno nacional. En un nuevo cónclave realizado en Vicente López, el ex presidente juega a deambular entre acercarse pero no tanto con el gobierno de Milei. Este relanzamiento no solo apunta a contener la fuga de dirigentes hacia las filas libertarias, sino también a consolidar una alternativa que conserve la identidad original del partido frente a las políticas de la Casa Rosada.

Kicillof y el clamor por el liderazgo peronista

Por otro lado, el gobernador Axel Kicillof encabezó el  lanzamiento de un nuevo espacio de Mujeres y Diversidades, un acto que trascendió la gestión institucional para convertirse en una plataforma de posicionamiento político. En medio de consignas que exigen la libertad de Cristina Kirchner y un creciente clamor por su propia proyección presidencial, Kicillof intenta nuclear a los sectores más dinámicos del peronismo bonaerense. El evento subrayó la intención del gobernador de liderar la resistencia a las políticas nacionales, consolidando una base de apoyo social y política que trasciende las fronteras de la provincia.

La Libertad Avanza y la estrategia territorial

En respuesta a estos movimientos, La Libertad Avanza prepara una ambiciosa avanzada territorial mediante la organización de «Cabildos Abiertos» en los 135 municipios de la provincia. Esta iniciativa busca institucionalizar el apoyo popular que llevó a Javier Milei a la presidencia, construyendo una estructura propia que no dependa de alianzas externas. El objetivo de la fuerza libertaria es disputar cada distrito bonaerense, desafiando a las estructuras tradicionales del peronismo y del Pro en sus propios territorios y consolidando una presencia territorial que sea capaz de sostener el proyecto oficialista en el largo plazo.

Tras nueve meses de silencio y una profunda incertidumbre que mantuvo en vilo a toda una comunidad, la histórica empresa láctea La Suipachense se prepara para reabrir sus puertas. El conflicto, que dejó a decenas de familias sin sustento y generó un persistente acampe en las puertas de la fábrica, ha encontrado una vía de resolución gracias a una reciente decisión judicial.
El juez a cargo del concurso de acreedores autorizó a la sindicatura a firmar un contrato de alquiler con la firma Compañía Láctea Suipacha S.A., la única oferente en el proceso de licitación. Este acuerdo no solo contempla el uso de la planta industrial y su maquinaria, sino también el derecho sobre las marcas comerciales de la firma, un activo vital para recuperar el posicionamiento en el mercado lácteo argentino.
La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y cautela durante una asamblea en el mismo lugar donde los trabajadores mantuvieron su protesta desde agosto del año pasado. Juan Luis Mancini, intendente de Suipacha, acompañó el anuncio pidiendo prudencia, aunque reconoció que se trata de un paso decisivo. Según el mandatario local, aunque la puesta en marcha no será inmediata, la resolución marca el inicio del fin de un conflicto que amenazaba con borrar del mapa a una de las instituciones económicas más emblemáticas del municipio. El fallo judicial subraya la relevancia social de la empresa, destacando que su reactivación es fundamental para preservar las fuentes de trabajo y sostener el dinamismo comercial de la zona. Durante los meses de inactividad, la articulación entre el municipio, el gremio y la justicia fue constante, buscando evitar el desmantelamiento de la unidad productiva.
Para los trabajadores, liderados por referentes gremiales como Cristian Fenoglio, la autorización de alquiler representa la victoria de una resistencia que duró casi tres trimestres. Con la mirada puesta en los próximos meses, la expectativa ahora se centra en el cronograma de reincorporaciones y en el plan de producción que la nueva firma arrendataria implementará para devolverle a Suipacha su histórico motor industrial.

La ciudad de América, cabecera del partido de Rivadavia, celebra este fin de semana su 122° aniversario. La Municipalidad ha diseñado un cronograma extenso que va desde el 16 hasta el 18 de mayo, combinando actos protocolares, inauguraciones de infraestructura y festivales populares.
El inicio formal de las festividades tendrá lugar el sábado por la mañana en la Plaza Colón, donde se llevará a cabo el acto oficial a las 10:00. Tras la ceremonia, el Museo Histórico de Rivadavia abrirá sus puertas para presentar una nueva muestra artística. La jornada vespertina del sábado estará marcada por un avance institucional relevante: la inauguración del Centro Municipal de Monitoreo en el Anexo Municipal, una obra clave orientada a reforzar la seguridad urbana en todo el distrito. La noche cerrará con un despliegue musical de gala en el Cine Teatro Español, a cargo de la Big Band de la Escuela Municipal de Música de Trenque Lauquen.

El domingo, el epicentro de la celebración se trasladará al predio Galpón Cultura + Deportes a partir de las 14:00. Este espacio albergará una feria de emprendedores y un patio gastronómico, acompañados por una programación musical que busca integrar a toda la familia. Artistas como Chiro y Nati, Los Herederos de Juan Carlos, La Polvareda y Kaiser Carabela serán los encargados de animar el escenario principal en un ambiente de recreación al aire libre.
Finalmente, el lunes 18 de mayo concluirán los festejos con una propuesta literaria y lúdica en la Biblioteca Municipal. El ciclo RecreArte presentará una edición especial con Panadero a las 17:30, cerrando así tres días dedicados a la identidad y el encuentro comunitario. Las autoridades locales han hecho extensiva la invitación no solo a los residentes de América, sino también a los vecinos de toda la región para sumarse a este nuevo aniversario.

La Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires logró un acuerdo de unidad al filo del cierre del plazo legal. El consenso permite la renovación de la conducción partidaria sin necesidad de recurrir a las urnas. El ex diputado provincial Emiliano Balbín, nieto del histórico líder radical, fue el elegido para presidir el Comité provincial. Su designación es el resultado de una alianza entre el abadismo, el possismo, el salvadorismo y la corriente Evolución. Con este pacto, Balbín sucederá en la presidencia a Miguel Fernández, actual titular del Comité de Contingencia. La unidad es general salvo en unos pocos distritos como General Pueyrredón y Mercedes en donde habra una disputa interna el proximo 7 de junio.
El acuerdo de unidad se basó en un cuidado reparto de poder entre las diversas líneas internas. La vicepresidencia del partido quedará en manos de la ex diputada nacional Josefina Mendoza, representante de Evolución, el sector liderado por el legislador nacional Martín Lousteau. Como gesto para contener a la facción saliente de Fernández, la nueva estructura del Comité incorporará una silla adicional en su mesa directiva mediante la creación de la vicepresidencia primera. Este puesto fue asignado a Pablo Zubiaurre, ex intendente de Ayacucho. Si bien Zubiaurre figura inicialmente en la lista como quinto vocal, el compromiso establece que será ungido formalmente como vicepresidente primero durante la sesión inaugural del organismo. La mesa directiva se completará con el diputado de Tandil, Matías Civale, alineado al sector Evolución, quien asumirá como secretario general. Por su parte, la tesorería será ocupada por un dirigente designado por el espacio de Gustavo Posse.
El sector de Martín Lousteau se reservó el derecho de nombrar al presidente de la Convención provincial, cargo que recaerá en Pablo Nicoletti, quien estará secundado por un vicepresidente proveniente de la alianza entre Abad, Posse y Salvador. En el balance final de la negociación, el espacio liderado por Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén mantuvo su peso institucional al asegurarse seis vocales y veinte convencionales.
En lo que respecta a la representación a nivel país, el consenso estableció que el primer convencional nacional será Pablo Domenichini, de Evolución. Finalmente, la nómina de delegados enviados al Comité Nacional de la UCR estará encabezada por Sebastián Salvador, a quien le seguirán en orden Alejandra Lordén, Miguel Bazze y Josefina Lauría.

Unidad también en 9 de Julio

En sintonía con lo ocurrido a nivel provincial, el radicalismo local también logró limar asperezas y sellar la unidad entre los sectores de Ignacio Palacios, Javier Fernández, Francisco Castagnino, Horacio Baglietto. La presidencia quedará en manos de Juan Pablo Mondelli, Luis Secreto será el nuevo Secretario General, mientras que Diego Spinetta será el convencional provincial y el mismo Palacios es el Convencional Nacional número 19. Si bien el «nachismo» tiene la presidencia y mayoría en cargos, están todas las lineas integradas de buena manera, segun comentó una fuente radical.

UCR/ Convencionales Nacionales

• Convencional 1: DOMENICHINI, PABLO
• Convencional 2: SPINELLI, VERONICA CECILIA
• Convencional 3: RAITERI MARIO AUGUSTO
• Convencional 4: FERNANDEZ SILVIA INES
• Convencional 5: HOURCADE, LISANDRO FABIAN
• Convencional 6: MINNAARD, PRISCILA
• Convencional 7: YANIBELLI, PABLO ANDRES
• Convencional 8: VERA, FANNY
• Convencional 9: GANDO IGNACIO
• Convencional 10: VERGEL SCIARA MARIA BELEN
• Convencional 11: RECOULAT, FRANCISCO
• Convencional 12: AGUERO, MAITEN
• Convencional 13: FRANGUL, CLAUDIO
• Convencional 14: SQUILLACCI, MERCEDES
• Convencional 15: CORDISCO, HERNAN CECILIO
• Convencional 16: FARAONE, ANA MARIA EDITH
• Convencional 17: MITTELBACH, NAHUEL
• Convencional 18: QUINTANA, NATALIA
• Convencional 19: PALACIOS, IGNACIO ABEL
• Convencional 20: MALDONADO, SILVANA NOEMI
• Convencional 21: RODRIGUEZ, RAUL RODOLFO
• Convencional 22: BISSO, VALERIA
• Convencional 23: BOUVIER, ROMAN LUJAN
• Convencional 24: MARTINEZ, GLADYS

Un grupo de intendentes bonaeresnes se presentó ante la Cámara de Diputados para exigir una respuesta urgente a la asfixia económica que atraviesan sus distritos. El encuentro, que tuvo lugar en La Plata, marca un punto de inflexión en el reclamo por los recursos que la administración de Axel Kicillof aún no ha transferido a los municipios.
La comitiva que encabezó el reclamo refleja la magnitud del conflicto, ya que no se limita a un solo color político. Entre los presentes estuvieron Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales, junto a Franco Flexas de General Viamonte, también de la UCR, y Javier Gastón, jefe comunal de Chascomús perteneciente a la fuerza massista. Esta alianza estratégica busca demostrar que la preocupación por la estabilidad institucional y financiera es compartida tanto por la oposición como por sectores aliados al oficialismo provincial.
El eje de la discusión se centró en la necesidad de transformar el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal en recursos de «libre disponibilidad». Originalmente destinados a obras de infraestructura específicas, los intendentes solicitan que, ante el agravamiento de la crisis, se les permita utilizar el 100% de ese dinero para cubrir gastos corrientes, tales como el pago de salarios y la continuidad de servicios esenciales. Esta petición surge como una medida de emergencia frente a una inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de las partidas presupuestarias aprobadas a finales del año pasado.
Este grupo de intendentes actúa en representación de una estructura más amplia denominada Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo. Este espacio, del cual también participa la Intendente Maria José Gentile, agrupa a 70 jefes comunales de diversos signos políticos, desde el peronismo y el radicalismo hasta el PRO y fuerzas vecinalistas. La presencia de figuras como Suescun y Gastón ante autoridades legislativas como el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, y diputados de diversos bloques, subraya la intención de elevar el conflicto a una instancia de negociación política superior, más allá de la burocracia ministerial.
Sin embargo, el reclamo de mayor autonomía financiera choca con las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial. Mientras los intendentes piden menos restricciones, el Ministerio de Infraestructura publicó una nueva resolución que endurece los controles sobre el uso de los fondos para obras públicas. Esta normativa exige documentaciones técnicas exhaustivas y condiciona los pagos a avances físicos estrictos, lo que en los municipios es interpretado como un avance del centralismo en un momento donde la realidad local demanda flexibilidad y rapidez.
Pese a las diferencias, el encuentro en la Cámara de Diputados dejó entrever una posible «luz al final del túnel». Se baraja la posibilidad de modificar la legislación actual para permitir que otros recursos, como el Fondo Educativo, puedan ser la llave que destrabe la situación financiera de las comunas. Mientras se espera la conformación de una comisión bicameral para avanzar en soluciones concretas, los intendentes advierten que los tiempos legislativos no coinciden con las urgencias de los vecinos, quienes ya perciben el impacto de la parálisis en las obras y los servicios públicos locales.

Polémica por el uso financiero de un millonario fondo para obras hídricas. Se trata del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que cuenta con $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en Lecap, mientras hay demoras en el plan para controlar inundaciones en la Cuenca del Salado. Eso ha motivado la queja de la diputada provincial Silvina Vaccarezza [UCR-Cambio Federal] que cuestionó el uso de los fondos y señaló que hay “290.000 mil millones de pesos puestos en el circuito financiero y no en el Salado”.
La legisladora, residente en Alberti, por la cuarta sección electoral, lo dijo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y explicó que
“el fondo fiduciario hídrico, financiado por un impuesto al combustible, debería destinarse a obras como la canalización del río Salado, la obra pública más importante de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la mayor parte del fondo está invertida en instrumentos financieros y solo una mínima parte se usó para la obra, cuyo avance es casi nulo. Esto genera bronca porque el impuesto se cobra, pero no se aplica a su fin, y la falta de avance en la etapa 4 impide que la etapa 5 sea efectiva; lo mismo ocurre con el fondo vial y las obras inconclusas en rutas”.

Los dichos de Vaccarezza tienen asidero luego de que el Gobierno informara que una parte significativa del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica —creado para financiar obras contra inundaciones— está invertida en instrumentos financieros y allí empezaron a surgir cuestionamientos -entre ellos el de la legisladora bonaerense- y desde el sector agropecuario por el uso de esos recursos. Apuntan a que buena parte del dinero no se está destinando a obras. En paralelo, también aparecieron pedidos para que se informe con mayor claridad en qué se usan los fondos y poder seguir su destino, como ocurría años atrás.
El planteo se apoya en el último informe de gestión enviado al Congreso. Allí, ante la pregunta sobre el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, el Ministerio de Economía informó que al 6 de abril de 2026 el fondo contaba con $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en Lecap [Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos]. Sin embargo, en esa respuesta no se precisó a qué obras específicas están afectados esos recursos ni cómo se ejecutan.
Vaccarezza cree “inadmisible” que los recursos se destinen a instrumentos financieros mientras siguen pendientes obras clave para prevenir inundaciones y agregó: “no es un tema técnico, es una decisión política” y advirtió sobre una “desconexión total entre las prioridades del gobierno nacional y las necesidades reales del interior”.

Hay que recordar que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica en Argentina fue creado en noviembre de 2001 mediante el Decreto N º 1381/200, justo pocos días antes del gran estallido social que derivó en la salida del gobierno de Fernando De la Rúa. Fue constituido para gestionar recursos provenientes de impuestos a los combustibles (naftas y GNC) destinados a obras de infraestructura hídrica, mitigación de inundaciones y protección vial/ferroviaria a nivel nacional fue creado en 2001 mediante un decreto nacional con el objetivo de financiar obras vinculadas al manejo del agua, en particular para prevenir inundaciones. Se nutre de impuestos aplicados sobre los combustibles —como la nafta y el gas natural comprimido— y, con el paso del tiempo, se convirtió en una herramienta central para financiar proyectos de infraestructura hídrica en distintas provincias. En 2006, una ley estableció que sus recursos debían tener una asignación específica a este tipo de obras.
El reclamo se da en un momento en que los datos presentados por el Gobierno ante el Congreso muestran avances muy bajos en tramos clave del Plan Maestro del Río Salado, una de las obras más importantes para el manejo del agua en la provincia de Buenos Aires, que abarca cerca de 17 millones de hectáreas en la región pampeana. Uno de los puntos más sensibles es el Tramo IV, Etapa II, en Roque Pérez. La obra quedó frenada en febrero de 2025 y el Gobierno lo formalizó mediante actas administrativas, justificando la decisión en la emergencia económica del Decreto 70/2023. En octubre de ese año, tras una reunión con la Mesa de Enlace, anunció la reactivación. Sin embargo, los números presentados ante el Congreso seis meses después muestran avances muy bajos.
Vaccarezza dijo: “No soy técnica ni abogada, pero veo que los fondos hídricos y viales, que deberían usarse exclusivamente para obras y mantenimiento de rutas, se están destinando a otros fines y no hay transparencia sobre su uso. Investigué y presenté el tema en la legislatura, pero es difícil acceder a la información y el gobierno nacional no responde. Seguiré insistiendo porque estas obras, como la canalización del Salado, son clave para la región productiva y para mitigar inundaciones y terminar los 33 km que faltan sería fundamental”.

Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos, salió a romper el discurso de sus colegas bonaeresnes y afirmó que su administración no detendrá el plan de obras públicas en el distrito, independientemente del signo político que encabece los gobiernos nacional o provincial. El mandatario local atribuyó esta posibilidad a lo que describió como una gestión eficiente de los recursos municipales, marcando una diferencia con el panorama de austeridad que atraviesan otras localidades bonaerenses.
Las declaraciones de Passaglia surgen en un contexto de creciente preocupación fiscal para los municipios de la provincia de Buenos Aires. El descenso en la recaudación de tasas locales y la disminución de los fondos por coparticipación provincial han llevado a varios intendentes a alertar sobre la dificultad de sostener los servicios básicos y la infraestructura. Sin embargo, el intendente de San Nicolás sostuvo a través de sus redes sociales que los municipios tienen la capacidad de sostenerse por sí mismos si orientan su gestión hacia los resultados y evitan lo que calificó como una postura de «queja permanente».

El jefe comunal, quien lidera el espacio político local «Hechos», enfatizó que la continuidad de los trabajos en su ciudad busca mejorar la calidad de vida de los vecinos sin depender de las transferencias externas. Esta postura se distancia de los reclamos de un grupo de intendentes que prevén presentarse ante la Legislatura provincial para solicitar que una mayor parte de los fondos coparticipables sea de libre disponibilidad, permitiéndoles cubrir gastos operativos en lugar de estar sujetos exclusivamente a proyectos de infraestructura específicos.
La determinación de Passaglia resalta la brecha en las estrategias de gestión local frente a la actual coyuntura económica de Argentina. San Nicolás intenta posicionarse como un modelo de autonomía administrativa que busca blindar su agenda de desarrollo local ante la incertidumbre política y financiera que afecta al resto de la provincia, basandose en la buena gestión de los recursos propios.

Por Redacción Extra Digital

María José Gentile participó de la cumbre de intendentes bonaerenses del PRO con Cristian Ritondo y el actual Ministro del Interior Diego Santilli. El encuentro tuvo lugar en la sede amarilla del barrio de San Telmo, y el ministro hizo gala de su cintura para recibir los reclamos y objeciones de los intendentes, como el caso de Gentile, que tienen marcados enfrentamientos con los violetas en sus distritos, prometer poco pero, a la vez, no romper puentes porque sabe que eso no ayudaría a sus aspiraciones personales de suceder a Kicillof en la gobernación.
Durante el encuentro, el «Colo» se comprometió a interceder ante el Gobierno nacional para destrabar fondos adeudados, al tiempo que emitió un pedido de pragmatismo político a los jefes comunales de preservar la armonía con las filas de La Libertad Avanza (LLA), a pesar de las crecientes fricciones territoriales.
Pero lo que pretende Santilli no es fácil. La principal preocupación manifestada por los intendentes radica en la actitud de los concejales libertarios en sus distritos, cuyas posturas suelen chocar con las gestiones municipales del PRO. Ante este panorama, el mensaje del ex vicejefe de Gobierno porteño fue contundente respecto a la importancia de no romper los puentes y mantener el diálogo abierto en las localidades. El trasfondo de esta distensión forzada es puramente electoral.
Las apiraciones electorales chocan con las realidades de la convicencia en cada distrito. Con denuncias penales de por medio, en 9 de Julio, la voluntad del aspirante a candidato bonaerense se ve difícil de lograr. Lo mismo ocurre en Zárate, Lobos y Arrecifes.
Además, las urgencias económicas dominan la agenda inmediata de los municipios. Los intendentes exigen que la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, que depende del area del Ministro, libere los fondos comprometidos para obras públicas que se encuentran paralizadas. En este punto, Santilli asumió la responsabilidad de gestionar ante el Ejecutivo nacional la cancelación de estas deudas, aunque por ahora no ve posible la asignación de partidas a los distritos.
De la reunión en San Telmo participaron, además de Gentile, Soledad Martínez de Vicente López, Guillermo Montenegro de Mar del Plata, Sebastián Abella de Campana y representantes de General Pueyrredón y Junín, entre otros. Se espera que el debate sobre la convivencia con sus pares «violetas» vuelva a ser el eje central de la discusión política en futuros encuentros. Por ahora, cada cual atiende su juego. El de varios distritos, incluído 9 de Julio, es  el de sobrevivir a una realidad territorial en rojo.

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Oriundo de Trenque Lauquen donde reside, en 2023, Valentín Miranda fue reelecto como Diputado Provincial por la Cuarta Sección electoral, en representación de Juntos por el Cambio. Tras la división del ese espacio, quedó integrado en el bloque UCR + Cambio Federal. Fue designado presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones y vicepresidente de la de Deportes.
En diálogo con ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) se refirió a la Ruta Provincial 50 “Está en estado crítico, con pozos, falta de señalización y anegamientos, lo que la vuelve muy peligrosa. He presentado varios proyectos pidiendo mejoras, pero el gobierno provincial solo responde con excusas sobre la situación económica y no da soluciones concretas”.

El dirigente radical, viene impulsando este reclamo desde hace tiempo. En noviembre de 2025 ya había presentado un proyecto para solicitar obras en la intersección de Smith y Moctezuma, en el partido de Carlos Casares. Según detalló, en los últimos meses se intensificaron las quejas de vecinos y usuarios habituales de la ruta, quienes advierten por la falta de mantenimiento en banquinas e intersecciones, además del crecimiento de la vegetación: “Los pastizales altos, animales que cruzan la calzada y el pavimento en pésimo estado hacen que transitar esta ruta sea un padecimiento diario y podrían ocasionar graves consecuencias”, sostuvo el legislador en los fundamentos de su iniciativa.
Miranda criticó la mala administración de los recursos provinciales y la falta de prioridades en obras esenciales como rutas, seguridad y salud. Además, “desde las comisiones que integro, impulsamos proyectos importantes para la región, como obras hidráulicas y prevención de adicciones, especialmente la ludopatía en jóvenes”. Al repecto agregó que
“la ludopatía y las apuestas online afectan gravemente a jóvenes y familias en la provincia de Buenos Aires; falta una ley y respuestas concretas”.

También se refirió a las reformas políticas: “Es urgente discutir la autonomía municipal y reorganizar la administración provincial, ya que los municipios asumen más responsabilidades sin recursos suficientes«.
El Diputado trenquelauquense es miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Además, integró la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la de  Asuntos Municipales y  también la de Clubes y Asociaciones Civiles. “En el Consejo de la Magistratura, logramos cubrir más de 500 vacantes judiciales, aunque aún quedan alrededor de 400-500, y seguimos trabajando para mejorar la justicia. La provincia de Buenos Aires carece de autonomía municipal, lo que dificulta la gestión local; es fundamental descentralizar competencias y recursos para que los municipios puedan responder mejor a las demandas de los vecinos”, expresó el diputado.
Sobre las internas del radicalismo, aún no está definido si habrá acuerdo o competencia para las mismas que están previstas, en primera instancia para el domingo 7 de junio.

Lo que comenzó como una queja aislada en el interior de la provincia de Buenos Aires se ha transformado en un movimiento legal coordinado que amenaza con poner en jaque las arcas de múltiples municipios. Productores rurales de otros 16 distritos manifestaron su intención de recurrir a la Justicia para denunciar el estado de abandono de los caminos rurales, argumentando que las tasas que pagan por su mantenimiento no se traducen en obras concretas.
Esta escalada del conflicto surge tras el precedente sentado en distritos como Azul, donde la Justicia comenzó a fallar a favor de los contribuyentes rurales. El eje de la disputa radica en la naturaleza jurídica de la «tasa vial»: a diferencia de un impuesto general, una tasa debe representar la contraprestación de un servicio efectivo. Según denuncian los productores, el dinero recaudado se desvía habitualmente para cubrir gastos corrientes de las municipalidades, mientras que la red secundaria y terciaria de caminos se vuelve intransitable durante las épocas de lluvia o cosecha.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha seguido de cerca este proceso, que refleja un malestar profundo en el sector agroindustrial. Los productores sostienen que la falta de infraestructura adecuada no solo incrementa los costos logísticos para retirar la producción de granos y ganado, sino que también afecta la vida cotidiana de las comunidades rurales.
El frente judicial que se está gestando incluye a distritos de peso en la economía provincial, donde las asambleas de productores han decidido dejar de lado las mesas de diálogo agotadas para pasar a la acción legal. La estrategia busca que la Justicia obligue a las intendencias a presentar planes de obras detallado, transparentar el uso de los fondos específicos asignados a la vialidad rural y, en algunos casos, la devolución de lo aportado.
Desde el ámbito político, el reclamo es visto con preocupación, ya que un fallo masivo a favor de los productores podría obligar a una reestructuración completa de los presupuestos municipales. Mientras tanto, la tensión en las zonas rurales continúa creciendo, marcando un nuevo capítulo en la histórica y compleja relación entre el sector agropecuario y los gobiernos locales por el manejo de los recursos públicos.

El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), implementado por la Provincia de Buenos Aires, atraviesa una situación crítica y quedó  descontinuado  ante la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional. Se trata de una política que nació como respuesta de emergencia durante la pandemia, pero que con el paso del tiempo se consolidó como un pilar de la asistencia social en el ámbito educativo.
El programa fue diseñado para garantizar el acceso a la alimentación de niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas. Su modalidad consiste en la entrega mensual de un módulo alimentario directamente a las familias a través de los establecimientos educativos. Estas cajas incluyen entre 9 y 15 productos básicos —como arroz, fideos, aceite, leche, legumbres y conservas— con el objetivo de cubrir necesidades nutricionales esenciales en los hogares más vulnerables.
A diferencia del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que brinda comida dentro de las instituciones, MESA funciona como un complemento domiciliario. Su implementación permitió sostener la asistencia alimentaria incluso fuera del calendario escolar o en contextos donde la presencialidad se veía interrumpida.
Con el deterioro de la situación económica, el alcance del programa se amplió y hoy resulta clave para más de dos millones de beneficiarios en la provincia. Además de los alimentos, en muchos casos se incorporan materiales con recomendaciones nutricionales y recetarios, con el fin de promover hábitos saludables.

Sin embargo, el esquema enfrenta fuertes limitaciones presupuestarias. La provincia sostiene que el recorte en las transferencias nacionales destinadas al SAE obligó a reorganizar prioridades. En ese marco, se dispuso la suspensión del MESA por 90 días a partir de mayo, con el objetivo de redirigir fondos al sostenimiento del servicio alimentario dentro de las escuelas. El costo mensual del programa ronda los $31.000 millones, mientras que el SAE requiere cerca de $40.000 millones mensuales para funcionar adecuadamente. En un contexto de alta inflación y creciente demanda social, las autoridades advierten que sin una recomposición del financiamiento nacional, la continuidad de MESA queda seriamente comprometida.
La posible desaparición del programa encendió alertas en municipios y organizaciones sociales, que advierten sobre el impacto directo que tendría en la seguridad alimentaria de millones de familias bonaerenses.

Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, manifestó un rechazo rotundo a la instalación de nuevas cabinas de peaje en la Ruta Nacional 5, específicamente a la altura de Gorostiaga, e instó a los ciudadanos a no abonar las tarifas hasta que se retomen las obras de la autovía, actualmente paralizadas.
Britos calificó de «inadmisible» que el nuevo esquema de concesión impulsado por el Gobierno nacional priorice la recaudación mediante el mantenimiento de la traza existente, sin incluir la duplicación de la calzada. Según el mandatario, sumar nuevos cobros en un corredor históricamente apodado como la «ruta de la muerte» por su alta siniestralidad representa un agravio para los usuarios que esperan mejoras estructurales desde hace décadas.

La postura del intendente no es aislada, ya que cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante local y busca consolidar un frente común con otros jefes comunales de la región. Los argumentos son sólidos ya que los dirigentes locales argumentan que los impuestos actuales, como el gravamen a los combustibles, deberían ser suficientes para el mantenimiento básico, haciendo injustificable un nuevo peaje sin la contraprestación de una obra de gran magnitud.
Tal como lo informó EXTRA Digital la semana pasada, las palabras de Britos coinciden con lo expresado por Carlos Mosso, ex concejal de Mercedes y miembro orginario de «Vecinos Autoconvocados por al Autovia 5», en el programa «Temprano para Todo» (Supernova 97.9) quien vio en esta nueva licitación una suerte de «deja vu», de historia repetida.
De esta manera, el futuro de la concesión de la Ruta 5 se encamina parece encaminarse hacia un escenario de incertidumbre.

Carlos Mosso, ex concejal en Mercedes, es miembro orginal del colectivo de vecinos autoconvocados “Autovía Ruta 5 ¡Ya!”, que desde hace años reclama la concreción de la obra sin resultados positivos hasta el momento. Por su experiencia, acumulada en mas de 30 años de frustraciones viales con las idas y venidas sobre el futuro de la ruta 5, no es fácil sacarle una luz de esperanza cada vez que aparece un nuevo intento de solucionar la situación de este trazado, como es lo ocurrido ahora. Hace unos días se conoció la empresa que ganó la licitación para la repavimentación del la ruta 5. Dato positivo. Pero los antecedentes de la misma no sería muy alentadores y el proyecto sería algo ya probado y con final conocido. Por este motivo, Mosso estuvo en «Temprano para Todo» (Supernova 97.9).

«En primer lugar, ya se sabe cuál es la empresa que ganó la licitación para la repavimentación de la Ruta Nacional N° 5. Ahora falta la firma del contrato y algunas cuestiones administrativas, por lo que recién entre agosto y septiembre de este año la empresa se haría cargo de la concesión. Después viene algo lógico: como cualquier vecino que contrata un servicio, uno busca referencias. En este caso, si uno googlea a la empresa ganadora, CEOSA, ve que es una firma mendocina de origen familiar, que realizó la gran mayoría de sus obras en esa provincia. Prácticamente el 99% de sus trabajos fueron allí, salvo el Paseo del Bajo, en la Ciudad de Buenos Aires», comienza explicando Mosso para luego agregar que la empresa «tuvo un traspié en 2020, cuando emitió cheques sin fondo por más de 43 millones de pesos. Evidentemente se recuperó, algo que puede pasar en este tipo de empresas, muchas veces vinculadas a la obra pública. En su momento incluso hubo pedidos de quiebra. Hoy, si el Estado nacional le adjudicó la licitación, quiero creer que tiene respaldo económico para hacerse cargo del corredor«, explicó el ex edil mercedino.

TpT — ¿Lo primero que se construiría serían los nuevos peajes?

CM —La historia se repite desde los años ‘90: primero se instalan los peajes y después, con suerte, comienzan las obras. Según el contrato, la empresa debe, entre el año uno y el ocho, repavimentar integralmente los 560 kilómetros de la Ruta 5, desde Luján hasta Santa Rosa (La Pampa). Entre el año ocho y el dieciséis, se prevé una segunda repavimentación completa, lo cual genera dudas: si el trabajo está bien hecho, ¿por qué duraría solo ocho años? Y del año dieciséis al veinte, se plantea una nueva pavimentación parcial. Todo esto figura en el pliego. Por lo menos, hace pensar que la calidad de la obra podría no ser la mejor. Probablemente tengamos que pagar peajes más caros. El pliego establece que la tarifa máxima para autos será de 3.000 pesos. Hoy ya está cerca de ese valor, incluso antes de que la empresa asuma la concesión. Esto muestra que el objetivo principal es recaudar.

TpT — Por lo dicho, habría varios puntos cuestionables.

CM —Claramente es un esquema cuestionable, porque esos recursos podrían destinarse a otras mejoras, como nuevas calzadas o un tercer carril, en lugar de repavimentar reiteradamente lo mismo. Además, queda claro que estamos lejos de una autovía: el pliego habla únicamente de repavimentación y mantenimiento.

TpT—¿Qué pasará con los peajes?

CM —Está previsto instalar uno en Lonquimay (La Pampa) y otro en Gorostiaga. Este último ya se había intentado en los ‘90, pero se frenó por la protesta vecinal. Ahora lo van a ubicar, pero hay una cuestión: la ley establece que entre peajes debe haber al menos 80 kilómetros. Hoy, entre Olivera y Gorostiaga no se cumple esa distancia, por lo que moverían el peaje de Olivera hacia Luján. Es una maniobra para encuadrarse en la norma, pero seguir cobrando.

Ante este panorama, y por el acumulado de varios proyectos inconclusos o truncos a lo largo de estos 30 años, Mosso no pierde las esperanzas, pero…

CM —Intento ser optimista, pero cada vez cuesta más. La experiencia indica que las cosas no suelen ser como se anuncian. Además, CEOSA ya participó en una UTE —una unión transitoria de empresas— junto a firmas vinculadas a concesiones anteriores, como Green S.A., que estuvo a cargo de la Ruta 5 y terminó desapareciendo. En el país no hay muchas empresas capaces de afrontar obras viales de gran escala. Son siempre las mismas, que se asocian, se separan y vuelven a asociarse. Las constructoras más pequeñas no pueden encarar este tipo de proyectos. Por eso, cuesta confiar en que esta vez sea diferente. Más aún cuando el contrato apunta principalmente al mantenimiento.Por ejemplo, los 20 kilómetros de obra entre Mercedes y Suipacha, hoy paralizados, no están incluidos en el pliego. Tampoco hay licitación para los 8 kilómetros restantes hasta la autopista Mercedes-Luján. Hay vacíos importantes. Otro caso es el bypass de Luján, inaugurado en 2018 pero aún inconcluso. No tiene iluminación completa, faltan colectoras y rotondas. Ese tramo tampoco está contemplado en el pliego, debido a conflictos judiciales con la empresa constructora de entonces.Todo esto genera desconfianza.

Consultado sobre la participación dele Estado en esta obra, el ex concejal expresó que «el Estado no va a aportar fondos, algo que el gobierno viene diciendo desde la campaña. Es un esquema similar al de los ‘90: el peaje financia las obras. Pero en la práctica, lo recaudado apenas alcanza para mantenimiento básico: corte de pasto, señalización, bacheo. Para obras importantes, es muy difícil que alcance sin financiamiento externo«.

La desconfianza está claramente expresada en las palabras de Mosso, basicamente por los antecedentes: «No tenemos expectativas de que esto cambie en el corto plazo, viendo los antecedentes. Por eso insistimos desde hace años en otra alternativa: en lugar de una autopista, ¿por qué no avanzar con una autovía? Es igual de segura y cuesta aproximadamente la mitad. Incluso podría comenzarse con un tercer carril, como en tramos de la Ruta 7 en Córdoba y Mendoza. Es una solución más económica que reduce significativamente los accidentes frontales. Después, con el tiempo, eso puede evolucionar a una autovía y, eventualmente, a una autopista si el tránsito lo justifica. Pero acá se elige siempre el camino más complejo, cuando hay opciones más simples y efectivas. Y, como suele pasar, terminan beneficiándose unos pocos».

Por Carlos Graziolo

De 2023 hasta 2025, el tandilense Matías Civale presidió el bloque UCR + GEN en la Cámara de Diputados bonaerense. Desde el 10 de diciembre de 2025 se desempeña como vicepresidente del cuerpo legislativo. Referenciado políticamente en Facundo Manes y Martín Lousteau, Civale se posiciona como un férreo opositor a las políticas del presidente Javier Milei y mantiene una estrecha relación política con el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi. En diálogo con Temprano para todo (Supernova 97.9), el ex secretario de Gobierno municipal destacó el modelo de gestión de Tandil y planteó la necesidad de replicarlo a nivel provincial. Además, se expresó de cara a la interna radical de junio próximo.

—¿Qué destaca del modelo Tandil?

—Tandil es una ciudad que se ha transformado y hoy está entre las de mejor calidad de vida del país, según distintos informes universitarios. Tiene un crecimiento demográfico por encima de la media y un desarrollo sostenido en la construcción. Además, cuenta con una matriz productiva diversificada: agro, turismo, industria metalmecánica y, en los últimos años, un fuerte desarrollo en la industria del software. Hoy ese sector genera más de 2.800 puestos de trabajo directos y posiciona a la ciudad hacia el futuro.

—¿Cuál es la clave de ese desarrollo?

—El principal activo de Tandil es el trabajo público-privado. Más allá de las obras concretas —hospitales, centros de salud, infraestructura— hay un intangible que es una forma de construir ciudadanía. Ese modelo obliga a generar consensos entre sectores que muchas veces tienen intereses distintos.

—¿Puede dar un ejemplo concreto?

—La Usina Popular y Municipal de Tandil es un caso claro. Es una empresa con participación pública y privada, donde el municipio tiene un rol clave. No solo distribuye energía: también gestiona el relleno sanitario, impulsa proyectos de generación energética, desarrolla parques solares, brinda servicios de telecomunicaciones y hasta servicios de emergencia. Esa articulación genera resultados muy positivos.

—¿Este esquema se replica en otras áreas?

—Sí. Tenemos un Instituto Mixto de Turismo y distintos planes estratégicos vinculados al desarrollo agroalimentario y tecnológico. Todo se hace en conjunto con el sector privado, acompañando al sector productivo en lugar de ponerle obstáculos.

—¿Se puede trasladar este modelo a la provincia?

—Ese es nuestro objetivo. Queremos que la voz del interior productivo sea escuchada. Hoy hay una gran desigualdad: en un pequeño porcentaje del territorio vive la mayor parte de la población, mientras que en el interior muchas veces sentimos que las políticas públicas no llegan. Esto se ve en situaciones concretas, como las inundaciones o el estado de los caminos rurales.

—¿Cómo analiza la gestión del gobierno nacional?

—Es un gobierno que no solo no combatió la casta, sino que reproduce sus prácticas. Además, tiene un problema central: es un gobierno inhumano, que no piensa en el otro ni en el bien común. Predomina una lógica individualista.

—¿En qué se refleja eso?

—En la falta de sensibilidad social. Hoy vemos jubilados que no llegan a fin de mes, un sistema universitario desfinanciado y un modelo económico que funciona para muy pocos. La clase media, que históricamente fue el diferencial argentino, está en riesgo.

—¿Qué rol debe asumir el radicalismo?

—Tenemos la responsabilidad de construir una alternativa. Entendemos por qué la sociedad eligió un cambio tras el fracaso del último gobierno, pero hoy es necesario ofrecer una propuesta distinta, que mantenga cuestiones como el equilibrio fiscal, pero con una fuerte dimensión humana.

—¿Cómo se prepara el partido para ese desafío?

—Estamos atravesando un proceso interno de renovación de autoridades. Es parte de la vida democrática del partido. Las instituciones fuertes —incluidos los partidos políticos— son fundamentales para cualquier proyecto de país. Por eso promovemos la discusión interna y buscamos, si es posible, una lista de unidad que fortalezca al radicalismo como alternativa.

Un nuevo foco de conflicto estalló en el interior de la provincia de Buenos Aires. José Luis Salomón, intendente de Saladillo perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), ha expresado públicamente su malestar ante la posibilidad de que los productores agropecuarios de su distrito inicien acciones legales contra el municipio por el cobro de las tasas locales.
El desencadenante de esta disputa es la creciente disconformidad del sector rural frente a la presión fiscal municipal. Ante los rumores de que la Sociedad Rural local podría llevar el reclamo a la justicia, Salomón decidió romper el silencio y confrontar directamente a la organización, calificando la actitud de los productores como «descalificadora» para con la gestión pública.

Intendente José Luis Salomón (Saladillo)

En un tono inusualmente duro, el jefe comunal defendió la administración de los recursos y cuestionó la legitimidad del reclamo. Salomón comparó la carga de las tasas municipales con los costos privados que maneja el sector, señalando que lo que el municipio percibe en concepto de guías representa apenas una cuarta parte de lo que la propia Sociedad Rural cobra por sus remates de hacienda. «Nosotros no estamos en desacuerdo con lo que ellos cobran ni les pedimos que lo bajen«, enfatizó el mandatario para evidenciar lo que considera una doble vara por parte de los dirigentes rurales.
La confrontación surge en un momento de especial fragilidad para las arcas municipales. El intendente subrayó que su administración realiza un trabajo «responsable y solidario» para cubrir demandas sociales y de infraestructura que, según denuncia, no están siendo atendidas ni por el gobierno provincial ni por el nacional. Para Salomón, la amenaza de judicializar las tasas viales no solo es injusta, sino que ignora el esfuerzo del municipio por sostener los servicios básicos en un contexto económico adverso.
La Sociedad Rural de Saladillo prepara una asamblea de productores, en la que estará presente el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, quien logró sentencias en la Justicia que favorecieron al campo en referencia al cobro de tasas municipales.

                                                     Ignacio Bustingorry  (Pte. Soc. Rural de Saladillo)

El titular de la organización rural, Ignacio Bustingorry, expresó en el medio Séptima sección que “se están planteando amparos para que lo recaudado tanto en la tasa de red vial como de guías, vaya realmente al mantenimiento de la infraestructura de los caminos rurales”.
Mientras el campo analiza sus próximos pasos antes de una asamblea clave de productores de la cual va a participar el abogado Pablo Abbdón Torres Brathé, patrocinante de varias causas similares en otros distritos y quien consiguió fallos favorables a los productores sobre la tasa y/o cobro de la tasa de Red Vial,  cruce de declaraciones marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político local y uno de los sectores económicos más influyentes del distrito. Lo que comenzó como una queja por el estado de los caminos y el valor de las tasas ha derivado en una batalla política abierta que pone a prueba la convivencia institucional en el corazón productivo bonaerense.