Junio se despide con un paro docente en la provincia de Buenso Aires por 24 horas. La medida de fuerza responde a lo que los sindicatos califican como un inaceptable vacío de propuestas de recomposición por parte del gobierno de Axel Kicillof. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), coalición que agrupa a organizaciones históricas como Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET, confirmó que la huelga general se ejecutará sin asistencia a los lugares de trabajo. El principal detonante ha sido la parálisis de la mesa paritaria. Los representantes de los trabajadores aseguran que las autoridades no han presentado un porcentaje concreto que permita hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo.
Si bien la cuestión salarial se posiciona como el eje urgente de la protesta, los líderes sindicales advierten que el malestar dentro del sistema educativo es mucho más profundo. La agenda de reclamos incluye una enérgica denuncia contra la creciente ola de hechos de violencia que se registran en los establecimientos escolares, una problemática que, según denuncian, deja a los maestros en una situación de extrema vulnerabilidad ante la falta de protocolos efectivos y resguardo institucional. A este complejo panorama se suma la queja generalizada por la sobrecarga laboral. Los sindicatos señalan que las exigencias burocráticas y la extensión de responsabilidades sin el debido soporte administrativo han llevado al personal educativo al límite del desgaste físico y mental.

Jubilaciones, salud y el futuro técnico

El paro de este martes también busca frenar hipotéticas modificaciones previsionales. Desde el frente gremial manifestaron un rechazo categórico a cualquier intento de reforma que altere los derechos de jubilación del sector, un territorio histórico de disputa con las administraciones de la provincia. Asimismo, el FUDB encendió las alarmas sobre el desfinanciamiento sistemático de la educación técnica, un sector clave para el desarrollo industrial de la región que hoy padece graves deficiencias de inversión.
Por último, el conflicto se traslada al ámbito de la salud de los propios trabajadores. El comunicado exige de manera prioritaria que se regularicen y garanticen las prestaciones de IOMA, la obra social de los empleados estatales de la provincia. En los últimos meses, la entidad médica ha acumulado severas denuncias por demoras, cortes de servicios y deficiencias crónicas en la cobertura, obligando a los docentes a costear tratamientos de forma particular.

La diputada provincial de Fuerza Patria, con anclaje en el Frente Renovador, presentó el proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para modificar la Ley 10.342, buscando facultar formalmente a intendentes de la provincia a otorgar permisos de provecho y beneficio sobre las banquinas de rutas y caminos de jurisdicción provincial, una franja de la traza pública históricamente excluida de toda actividad económica, aunque de hecho en algunos lugares son visibles estos cultivos. “Estoy impulsando este proyecto para que los municipios puedan otorgar permisos de uso y explotación agrícola en las banquinas de rutas y caminos provinciales, generando un registro de las áreas habilitadas”, dijo la diputada provincial Ayelén Rasquetti al ser entrevistada en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).
El proyecto de modificación a la ley 10.342 habilitaría la explotación agrícola controlada en las márgenes de las rutas de la provincia de Buenos Aires: “Esto permitiría a los productores alquilar esas banquinas, expandir la producción, crear empleo local y generar ingresos genuinos para los municipios sin aumentar impuestos. La ley deja a criterio de cada municipio cómo otorgar los permisos y la Dirección de Vialidad provincial determinará las zonas y condiciones de uso por razones de seguridad vial; la iniciativa responde a la necesidad de recursos municipales ante la crisis económica y la falta de fondos nacionales”.

“Los servicios municipales dependen de los impuestos”, dijo Rasquetti. «si no se pagan, es difícil mantenerlos. Muchos intendentes no quieren aumentar tributos existentes porque baja la recaudación y piden soluciones creativas. Propusimos un proyecto que beneficia a productores y municipios permitiendo el uso de banquinas, regulado por Vialidad, que definirá zonas, horarios y protocolos de seguridad vial. Actualmente ya hay cultivos en banquinas sin control ni regulación; con la ley, los municipios otorgarán permisos y controlarán el uso”.
Los espacios cedidos se destinarían a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, entre otros usos. Para Rasquetti, los fondos recaudados por esta vía tendrían una asignación específica inmediata: el financiamiento de obras públicas de infraestructura comunitaria, el mejoramiento de la red vial rural local y el sostenimiento de políticas locales de seguridad ciudadana.

Interrogada sobre la interna peronista que se identifica con el sector de La Campora por un lado y el del gobernado Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro, por el otro, la diputada dijo: “Como Frente Renovador, no participamos en internas peronistas, nos enfocamos en soluciones concretas para la gente, como este proyecto y otros sobre tarifas diferenciales para quienes no tienen acceso a gas. También estamos trabajando en proyectos para ayudar a los endeudados del sistema bancario y financiero que ha llegado a niveles alarmantes; mejorar rutas nacionales y regular combustibles, siguiendo la consigna de Sergio Massa de enfocarnos en los problemas reales de la gente y no en internas”.

El Tribunal Oral Federal Número Dos de Rosario condenó a dos exfuncionarios municipales de la localidad bonaerense de Pergamino por no controlar el uso de agroquímicos, pero absolvió a los siete productores agropecuarios y aplicadores que se encontraban imputados por contaminar el entorno rural y periurbano. La decisión, polémica, de los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario reconoció formalmente que los productos fitosanitarios causan daños severos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Sin embargo, el tribunal argumentó que el umbral de pruebas exigido por el derecho penal no fue superado para demostrar de manera indubitable la responsabilidad directa de los agricultores juzgados, aplicando así el principio jurídico del beneficio de la duda. Los jueces admitieron que «no hay dudas que los productos fitosanitarios contaminan y generan daños en la salud de las personas y el ambiente» y que “no es lo mismo vivir cerca o lejos de los campos donde se usan estos agroquímicos, ”. Pero evaluaron que el delito atribuido a los imputados no fue probado, de acuerdo a las leyes penales vigentes.

La condena recayó de forma exclusiva sobre Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, exintegrantes de la Dirección de Ambiente Rural del municipio de Pergamino. Ambos recibieron una pena de dos años de prisión en suspenso y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras determinarse que omitieron sistemáticamente sus deberes de fiscalización y control sobre las pulverizaciones en zonas prohibidas. Adicionalmente, la sentencia ordenó remitir los antecedentes a la fiscalía de San Nicolás para que evalúe si existe responsabilidad penal por parte del propio intendente local, Javier Martínez, y otros cuadros jerárquicos de la administración municipal.
El proceso legal, considerado un caso testigo para la regulación del modelo agroindustrial en la región pampeana, se originó en el año 2018 a raíz de una denuncia impulsada por la vecina Sabrina Ortiz. El expediente recopiló múltiples testimonios e informes médicos que daban cuenta de graves patologías sufridas por los habitantes de los barrios periurbanos entre 2011 y 2019, incluyendo afecciones respiratorias, problemas dermatológicos, casos de cáncer y mutaciones genéticas asociadas a la presencia de agroquímicos en sangre.
Los grupos de vecinos afectados y las organizaciones civiles expresaron su profunda disconformidad con el fallo judicial, al que calificaron como una señal de impunidad para los sectores vinculados al negocio agropecuario. Los equipos legales de las víctimas anticiparon que apelarán la resolución ante las instancias superiores una vez que se presenten los fundamentos completos del veredicto el próximo 10 de agosto, bajo la premisa de que los tribunales deben adoptar un rol más preventivo y precautorio ante las emergencias sanitarias derivadas de la actividad humana.

La Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires mantiene bajo análisis el posible respaldo institucional a la «Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles». Se trata de una nueva herramienta desarrollada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que busca distinguir a los establecimientos rurales que demuestren un cumplimiento riguroso de las normativas vigentes y adopten un modelo de gestión enfocado en la responsabilidad social y laboral.
La propuesta fue presentada formalmente ante los legisladores por los delegados de las regiones Buenos Aires Norte y Centro del organismo, Rodrigo Esponda y Maximiliano Hugo Ruggeri. Según explicaron los representantes durante el encuentro, la certificación se implementará de manera gratuita y voluntaria para las empresas. El objetivo principal es consolidar procesos de Conducta Empresarial Responsable, permitiendo a los productores identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos que puedan surgir dentro de sus operaciones, sus cadenas de valor y el entorno rural en general.

El proyecto cuenta con un fuerte respaldo político dentro de la comisión, donde ya se evalúa la redacción de una declaración parlamentaria para visibilizar e impulsar la iniciativa en todo el territorio provincial. La diputada Silvina Vaccarezza, una de las principales voces a favor de la medida, enfatizó la necesidad de que el Poder Legislativo actúe como un catalizador para el crecimiento del interior productivo. Según la legisladora, es fundamental reconocer de manera institucional a aquellos actores del sector agropecuario que implementan buenas prácticas, asociando el desarrollo económico con el bienestar de los trabajadores y el compromiso con las comunidades locales.
La reunión de comisión, que evidenció la relevancia de la agenda laboral rural en el debate legislativo, además de Vaccarezza, contó con la participación de un amplio arco de otros diputados provinciales, entre ellos Analía Corvino, Esteban Acerbo, Viviana Guzzo, Sabrina Inés Sabat, Oscar Liberman, Valentín Miranda, Paula Bustos, Luciano Bugallo, Marcela Basualdo y Carlos Puglelli, quienes evaluaron los alcances técnicos de la medida y su potencial impacto en la formalización y sostenibilidad del empleo en el campo bonaerense.

Referentes del Consorcio Vial de Bragado denunciaron un deterioro generalizado en la red de caminos y advirtieron sobre la falta de previsión ante posibles eventos climáticos extremos. El conflicto, que escaló tras la presentación de un proyecto de transparencia en el Concejo Deliberante, expone tensiones profundas en torno a la administración de los fondos públicos destinados al sector productivo.
Según un informe publicado por el portal Infonoroeste, los productores Carlos Gutiérrez y Gervasio Raffo, figuras históricas del ámbito vial en la región, manifestaron que el consorcio atraviesa un periodo de serias deficiencias operativas. Ambos productores señalaron que, aunque ciertas zonas como La Limpia, Máximo Fernández y Raucho muestran mejores condiciones, la mayor parte de los 1.300 kilómetros que integran la red vial rural padece un abandono crónico. Según afirmaron en declaraciones a Bragado TV recogidas por la fuente, esta problemática no es exclusiva de la actual gestión, sino que refleja fallas estructurales acumuladas a lo largo de las últimas dos décadas.
El foco principal de la controversia radica en el destino y la ejecución de la tasa vial, el impuesto que abonan los productores para garantizar la transitabilidad de las rutas por las que se traslada la cosecha. De acuerdo con lo informado por Infonoroeste, Gutiérrez cuestionó la falta de transparencia en la rendición de cuentas, describiendo los informes oficiales como poco fiables frente a una recaudación que, impulsada por el aumento en el precio del gasoil, supera actualmente los 2.000 millones de pesos. Además, el sector alertó sobre la insuficiencia del presupuesto asignado para combustible en 2026, asegurando que las partidas actuales apenas cubren una semana de trabajo mensual, lo que reduce drásticamente la capacidad de respuesta ante emergencias.
A este escenario de precariedad logística se suma la inquietud por el pronóstico meteorológico para la segunda mitad del año. Los portavoces rurales advirtieron que la posible llegada del fenómeno climático de El Niño podría desencadenar lluvias intensas, lo que agravaría la situación de no realizarse obras hidráulicas urgentes. En el reporte de Infonoroeste, Raffo enfatizó la necesidad de limpiar canales y ejecutar entubamientos preventivos de manera inmediata, alertando que la inacción no solo afectaría la salida de la producción agrícola, sino que amenaza con aislar a los pequeños pueblos rurales del distrito, repitiendo crisis hídricas del pasado.

Un hundimiento repentino de la Ruta Nacional 5 encendió las alarmas este domingo y segé divcersos testimonios, provocó daños severos en varios vehículos. El incidente ocurrió en el kilómetro 281, en las inmediaciones del acceso a la localidad de La Niña, dentro del partido de Nueve de Julio.
La magnitud de la falla estructural provocó que al menos diez vehículos sufrieran desperfectos mecánicos de diversa consideración al atravesar el sector afectado sin advertencia previa. Los conductores damnificados se vieron obligados a detenerse de inmediato sobre la banquina a la espera de asistencia técnica, en una situación que generó un fuerte malestar y momentos de tensión en el lugar.
Ante la emergencia, personal de la Policía Vial y técnicos de la empresa concesionaria responsable de la ruta se desplazaron a la zona para iniciar las tareas de señalización preventiva y asistir a los usuarios afectados. En paralelo, los especialistas comenzaron a realizar las primeras evaluaciones de la estructura dañada para determinar el alcance del hundimiento y planificar las obras de reparación urgentes que demandará la calzada.

Foto gentileza “El Regional Digital”

Finalmente, sobre la tarde del lunes, el tramo fue reparado. Segun pudo saberse, el hundimiento se habría originado en al rotura de una alcantarilla que derivó en el debilitamiento del suelo y, en consecuencia, el hundimiento del piso.
De todas maneras se pidió a los conductores extremar las medidas de precaución y acatar estrictamente las indicaciones del personal desplegado. A pesar de la gravedad de los daños visibles en el trazado, afortunadamente no se reportaron personas heridas, aunque el episodio vuelve a poner el foco de atención sobre el estado de conservación de una de las rutas más transitadas de la provincia. Las soluciones definitivas, incluído un plan de acción duradero, aun están en el deben.

El intendente de Junín en uso de licencia y actual senador provincial, Pablo Petrecca, admitió públicamente que el municipio pagó un sobreprecio superior a los 12 millones de pesos en la adquisición de luminarias LED. Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento o calificar el hecho como una irregularidad, el funcionario defendió la transacción apelando a criterios de durabilidad y calidad técnica de los materiales adquiridos, en una postura que despertó una fuerte controversia tanto a nivel local como provincial.
El caso tomó relevancia pública tras un fallo adverso del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. En su resolución definitiva sobre el ejercicio fiscal 2024, el organismo de control rechazó de forma categórica los descargos presentados por el Ejecutivo municipal y determinó que existió un perjuicio económico exacto de 12.818.038,97 pesos por encima de los valores de mercado vigentes al momento de la transacción. El dictamen detalla que la comuna llevó a cabo una operatoria de «triangulación» administrativa al direccionar una orden de compra por un total de 147.744.703 pesos hacia la empresa estatal local Grupo Servicios Junín S.A. (SAPEM), la cual a su vez adquirió las luces a un proveedor que ya se encontraba registrado de manera directa ante el propio Municipio.

Según la auditoría provincial plasmada en el Expediente N° 3-059.0-2024, esta intermediación sirvió para eludir los mecanismos tradicionales de licitación pública y privada, privando a las arcas municipales y a los contribuyentes de un ahorro directo sustancial. Como consecuencia directa de estas anomalías, el Tribunal de Cuentas aplicó cargos solidarios y multas que superan en su conjunto los 16,8 millones de pesos, una suma que, según el marco legal vigente, el propio Petrecca, junto al contador municipal Mauro Jacobs y el jefe de Compras Daniel Barrenechea, deberán abonar de sus patrimonios personales.
A pesar del rigor legal del fallo, las declaraciones públicas de Petrecca han profundizado el debate en torno al uso de los recursos públicos. Durante una reciente entrevista radial en el medio «La Verdad», el actual legislador provincial asimiló su lógica comercial a un antiguo y recordado eslogan publicitario al afirmar que se compró más caro pero se eligió lo mejor del mercado. El mandatario defendió la medida enmarcándola dentro de un ambicioso plan de reconversión lumínica que ya ha instalado unas 18.000 luces en la ciudad con miras a alcanzar la cobertura total. Argumentó además que la celeridad en la contratación mediante la SAPEM era necesaria para resguardar el valor del dinero frente a los altos índices inflacionarios y garantizar equipamiento con superior soporte técnico.
La oposición y diversos sectores de la comunidad local han reaccionado con severas críticas ante lo que consideran un sistema de desmanejo administrativo recurrente, señalando que los argumentos del Ejecutivo chocan de frente con los datos duros de la auditoría. Los cuestionamientos se han intensificado en los últimos días debido a que este revés financiero coincide con otra resolución judicial desfavorable para la comuna de Junín, que obliga al municipio a afrontar un pago cercano a los 37 millones de pesos por el despido ilegal de un empleado municipal extendido durante seis años. Además, el Tribunal dejó abierta la puerta para investigar eventualmente otros hechos que podrían haberse concretado con esta misma lógica admitida abiertamente por Petrecca.

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, confirmó públicamente en las últimas horas su intención de competir por la gobernación bonaerense. Entrevistado por Carlos Graziolo en  ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) Flexas ratificó sus intenciones haciendo foco en el núcleo de cómo ha construido su discurso: el valor del interior provincial frente al centralismo porteño, la necesidad de una propuesta propia de la Unión Cívica Radical (UCR) sin alianzas automáticas y su experiencia de gestión local.
Así dijo: “Decido postularme a gobernador bonaerense porque la provincia necesita un proyecto propio, pensado desde adentro y no desde la capital. Los intendentes somos candidatos naturales porque conocemos la realidad local. El radicalismo debe presentar una propuesta propia antes de pensar en alianzas; ya es tiempo de mostrar nuestro proyecto y candidatos. Para el conurbano y el interior propongo soluciones diferenciadas, especialmente en educación y seguridad, y es clave cambiar el régimen de coparticipación para que la provincia reciba más recursos”.

En una provincia históricamente polarizada y cuando se le preguntó ¿Cómo planea romper esa romper esa situación sin terminar siendo funcional a alguno de los dos extremos? Expresó: “La polarización en Buenos Aires sigue entre kirchnerismo y nuestra fuerza; con elecciones desdobladas, somos la segunda fuerza y debemos enfocarnos en una propuesta propia. La convención provincial de la UCR decidirá la estrategia de alianzas, pero el radicalismo debe presentar alternativa. Es fundamental separar elecciones provinciales y nacionales para discutir los problemas bonaerenses”.

También Flexas habló de la situación de IOMA: “En salud, la crisis de IOMA afecta a todos; la buena administración local es clave y debe replicarse en la provincia, con equipos capacitados. Propongo discutir la coparticipación nacional y provincial, aumentar la autonomía y recursos municipales (del 16,4% al 20%) para que los municipios resuelvan más problemas”.
Ante la consulta de un oyente sobre si su precandidatura lanzada tan prematuramente le puede jugar en contra al distrito por parte del gobierno actual respondió: “No temo que mi precandidatura a gobernador perjudique al distrito; confío en que no habrá discriminación”.

Finalmente, Flexas trazó un rápido resumen de la actualidad del distrito vecino: “Hemos priorizado la salud, los médicos están bien pagos y mejoramos notablemente los caminos tras adquirir maquinaria nueva con un crédito provincial. Anuncié mi candidatura con anticipación porque necesito tiempo para darme a conocer fuera del distrito, ya que no cuento con grandes recursos. Estoy convencido de que se puede llegar”.

La intendente de General Arenales, Erica Revilla, entrevistada en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), habló de la reciente promulgación de ‘Ficha Limpia’ en su distrito, el primero en hacerlo en la provincia: “Aprobamos la ordenanza de ‘Ficha Limpia’ en General Arenales para exigir transparencia y honestidad a los candidatos. Todos los funcionarios presentamos declaración jurada patrimonial anualmente”.
La intendente y dirigente de la UCR bonaerense, aludió también sobre la situación de IOMA y el presente económico de los municipios que debe cubrir costos de salud y medicamentos que la provincia no provee, sin saber si es por cuestiones políticas: «IOMA no está funcionando. Nosotros tenemos que hacernos cargo de medicamentos, traslados a Buenos Aires, cirugías y tratamientos. La salud es una necesidad y para nosotros es una prioridad, pero cada vez es más difícil sostenerla”. En cuanto a remedios que deben llegar a los municipios a través de las distintas regiones sanitarias, Revilla se quejó que “En otros municipios llega y aquí todavía no. La salud y la educación no deberían tener banderías políticas. Además, asumimos gastos de dependencias provinciales como el registro civil, aunque no corresponde, y gestionamos los recursos municipales con máxima transparencia y control”.

También la intendenta explicó las particularidades de un distrito con cuatro localidades de baja diferencia en cantidad de habitantes entre una y otra, ya que la cabecera del distrito -General Arenales- contaba con 5031-Indec 2025- sobre los 4179 de Ascensión, 3891 de Arribeños y 2004 de Ferré/La Trinidad -ídem- lo que obliga a mantener un equilibrio constante en la asistencia de servicios y obras públicas en cada lugar.

Por Redacción Extra Digital

El más reciente  revela que el municipio de Nueve de Julio mantiene un desempeño calificado como «cumplimiento medio«, sin registrar variaciones significativas respecto de la medición previa, un patrón que expone las dificultades estructurales de la administración local para adecuarse a los estándares de transparencia fiscal vigentes. Con una calificación global de 43 puntos sobre los 100 posibles, Nueve de Julio comparte grupo con distritos de diversa envergadura como Olavarría, Vicente López y Patagones. El desglose de los componentes de este índice de transparencia permite identificar con precisión dónde radican las debilidades institucionales del municipio y cuáles son los aspectos que impiden su ascenso hacia los niveles de excelencia alcanzados por casi la mitad de las comunas bonaerenses.
El principal obstáculo de Nueve de Julio se localiza en la visibilidad de sus herramientas básicas de planificación financiera. La administración local obtuvo una puntuación de cero en el apartado destinado al Presupuesto vigente para el ejercicio de 2026, lo que indica una omisión total en la exposición pública de su cálculo de recursos y presupuestos de gastos en la plataforma web oficial. Esta carencia contrasta fuertemente con los 76 distritos de la provincia que exhiben de manera abierta y detallada sus presupuestos corrientes.
En materia de información coyuntural, el municipio muestra un cumplimiento a medias. En lo referente a la Situación Económico Financiera trimestral, Nueve de Julio sumó 25 puntos debido a que publica datos pero arrastra un rezago de tres meses en la actualización de su esquema de ahorro, inversión y financiamiento, en lugar de la difusión casi inmediata que exigiría un estándar de transparencia óptimo. Del mismo modo, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos obtuvo apenas 3 puntos por presentarse de forma incompleta y desactualizada, mientras que la información sobre deuda pública y la clasificación de gastos por finalidad y función sumaron 5 puntos cada una, denotando también demoras e imprecisiones sustanciales en su publicación web. El único ítem donde el municipio logra el puntaje ideal es en la facilidad de acceso general a su sitio web, obteniendo 5 puntos por disponer de enlaces visibles que guían al usuario, aunque el contenido interior de estos portales carezca de la profundidad requerida.
En el territorio bonaerense, un total de 64 municipios —equivalentes al 48% de las jurisdicciones— lograron la puntuación perfecta de 100 puntos, consolidándose en el grupo de cumplimiento estricto. Ciudades vecinas y de características comparables han protagonizado avances notables en sus portales de datos abiertos, demostrando que la adecuación técnica y política es posible.
La falta de movimiento en la calificación de Nueve de Julio refleja un atraso frente a la tendencia general del monitoreo, donde unas 20 jurisdicciones mostraron mejoras evidentes en su desempeño institucional y administrativo. El estancamiento de la comuna ratifica que, si bien se cumple con las pautas mínimas de navegabilidad y accesibilidad técnica que otorgan el beneficio del enlace web, la actualización periódica y la carga integral de las cuentas públicas continúan rezagadas frente a las demandas de control ciudadano y las normativas de responsabilidad fiscal que rigen en la provincia. Dicho de otra manera, la herramienta funciona, hay que darle contenido. 

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Días atrás, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires rechazó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley que buscaba reformar el régimen del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). La decisión legislativa encendió las alarmas entre varios intendentes bonaerenses, quienes reclaman una mayor autonomía financiera y critican la falta de sintonía de los diputados con la realidad económica de los distritos. La iniciativa, impulsada por el bloque Fuerza Patria, proponía que los fondos derivados del endeudamiento provincial se transfirieran a los municipios como recursos de libre disponibilidad. Además, planteaba que el reparto se realizara bajo criterios objetivos, utilizando el Coeficiente Único de Distribución (CUD) o una combinación de indicadores transparentes, evitando así la discrecionalidad política.
Tras el freno en la Legislatura, las reacciones del poder local no tardaron en llegar. Franco Flexas, intendente de General Viamonte, manifestó su desconcierto ante la postura de los legisladores, señalando una contradicción entre las promesas previas y el resultado de la votación. En declaraciones al medio La Tecla, Flexas sugirió que detrás del rechazo podría existir un interés por mantener el control centralizado de los recursos, algo que, a su juicio, no debería ocurrir.

El jefe comunal advirtió sobre el desconocimiento que, según él, muestran algunos diputados respecto a la asfixiante situación que atraviesan las administraciones locales. Para Flexas, el peor escenario sería que el dinero quede atado a programas específicos de ministerios provinciales como Cultura, Transporte o Infraestructura, en un contexto donde las prioridades urgentes pasan por la gestión diaria y el pago a proveedores esenciales, que en muchos casos acumulan retrasos de hasta 120 días.
«Municipios que están tan complicados económicamente va a ser muy difícil que expliquen cómo gastan estos recursos cuando no pueden pagar obligaciones«, admitió el intendente, alertando que varias comunas ya enfrentan serias dificultades incluso para cumplir con el pago del medio aguinaldo.
El reclamo de Viamonte no es un hecho aislado. Se suma a las críticas de otros mandatarios municipales, como Pablo Fisher, intendente de Laprida, quien también advirtió que la postura de la Cámara de Diputados impactará directamente en el funcionamiento cotidiano de los distritos y en los servicios que se brindan a los vecinos.
Hacia el cierre de sus declaraciones, Flexas apuntó contra la paradoja del discurso político actual. Cuestionó que los mismos legisladores que diagnostican y exponen el freno de la actividad económica general parezcan ignorar el impacto que esa misma crisis tiene en las arcas municipales. Al recordar que los municipios no cuentan con las herramientas macroeconómicas del gobierno central, el intendente concluyó con un interrogante que resume el malestar de los gobiernos locales: «Si entienden que hay un parate y que las familias tienen menos plata, ¿qué creen que les pasa a los municipios? Nosotros no emitimos ni deuda ni pesos, entonces ¿de dónde vamos a sacar la plata?».
Pese al revés en el recinto, los jefes comunales anticipan que mantendrán la presión política para lograr que el FEFIM se convierta en una herramienta de auxilio directo, automático y de libre uso para atender las emergencias de cada territorio.

En Alberti, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, expuso los avances técnicos para la licitación del Tramo V del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, un megaproyecto que representa el eslabón final para contener las crecidas cíclicas del río. La jornada, planteada como un ejercicio de rendición de cuentas ante el sector agropecuario y los líderes locales, encierra un  trasfondo de disputa política. El gobierno de la provincia ha tenido que reconfigurar su estrategia financiera luego de que la administración nacional paralizara los recursos destinados a la obra pública. Fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense confirmaron que, ante este escenario de asfixia presupuestaria, la gestión de Axel Kicillof debió acudir a un esquema de financiamiento mixto que contempla una inyección de 138 millones de dólares, apuntalada sustancialmente por un préstamo internacional de 110 millones de dólares otorgado por el Banco Europeo de Inversión (BEI), además de aportes del tesoro provincial.

En la mesa de debate hubo delegaciones de múltiples distritos vecinos. Entre ellos,  9 de Julio participó con el Secretario de Gobierno, Federico Aranda, coincidiendo con intendentes y legisladores de localidades como Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín, estructurando un reclamo unificado por la continuidad de la infraestructura básica. Los datos técnicos provistos por la Dirección Provincial de Hidráulica indican que las obras civiles para las etapas 1 y 2 de este quinto tramo se desplegarán a lo largo de un eje lineal de más de 60 kilómetros de cauce, extendiéndose desde Bragado hasta las proximidades de la laguna Rocha. El objetivo primordial es triplicar la sección actual del río para multiplicar de forma exponencial su capacidad de evacuación hídrica. De completarse con éxito, el sistema permitirá recuperar y proteger de manera directa unas 400.000 hectáreas de alta productividad agrícola y ganadera. Esta proyección ha despertado un cauteloso optimismo en las principales entidades rurales del país, cuyas delegaciones regionales —incluyendo a CARBAP, la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria— siguieron al detalle las exposiciones técnicas en el auditorio.

Sin embargo, el factor tiempo juega en contra de la planificación oficial y la impaciencia de los productores locales empieza a hacerse notar. Durante su alocución, Katopodis lamentó el impacto del freno de los fondos federales al señalar que, de haberse sostenido el ritmo de ejecución de financiamiento previo, los trabajos correspondientes al Tramo IV habrían concluido en el transcurso de 2024, abriendo una transición inmediata hacia la fase definitiva que hoy se debate. La urgencia política coincide además con las advertencias meteorológicas. La provincia se encuentra implementando en paralelo un Plan de Gestión del Riesgo Climático ante las previsiones de un nuevo ciclo bajo la influencia del fenómeno de El Niño, cuyas precipitaciones extremas amenazan con poner a prueba el sistema antes de que las excavadoras terminen sus tareas.
El encuentro de Alberti también funcionó como caja de resonancia para las demandas históricas de las comunidades periféricas, que temen quedar rezagadas frente a la magnitud del plan principal. Desde la delegación de Junín se aprovechó la instancia para elevar un enérgico pedido enfocado en obras de infraestructura local complementarias, exigiendo formalmente el dragado urgente de la laguna El Carpincho y la readecuación de los canales urbanos vinculados. Los líderes comunales advirtieron que la ampliación del cauce mayor del río Salado perderá efectividad si el Estado central y los municipios no ejecutan de forma simétrica las obras accesorias destinadas a blindar de forma definitiva el casco urbano de las principales ciudades del norte bonaerense.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires no pudo destrabar el proyecto para otorgar libre disponibilidad de fondos a las intendencias. En el centro de la controversia se encuentra el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una estructura de recursos financieros diseñada originalmente con fines específicos de infraestructura, pero que los intendentes demandan reconvertir con urgencia en caja de «libre disponibilidad». La asfixia presupuestaria de los 135 distritos bonaerenses, combinada con la inminente obligación del pago de aguinaldos a los empleados públicos en junio, llevó a que más de 90 jefes comunales de diversos signos políticos firmaran un reclamo conjunto. Sin embargo, la sesión extraordinaria demostró que el consenso territorial no siempre se traduce en acuerdos parlamentarios automáticos en la legislatura provincial.

Cruce de acusaciones y divisiones multipartidarias

El fracaso de la iniciativa legislativa expuso fracturas internas y miradas contrapuestas sobre el federalismo fiscal. Desde el oficialismo provincial vinculado a Unión por la Patria, la propuesta de una distribución con criterios específicos era defendida como una herramienta transitoria y necesaria. El jefe de la bancada oficialista, Facundo Tignanelli, lamentó el bloqueo opositor argumentando que el proyecto representaba una solución para un problema urgente y advirtió que, ante la imposibilidad de reunir las mayorías especiales, las intendencias no podrán disponer de esos recursos hasta después del período de pago de salarios complementarios. En una sintonía similar, voces oficialistas calificaron el desenlace como un desfinanciamiento directo a los territorios.
Por el lado de la oposición, el panorama dista de ser homogéneo. Desde bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron con dureza la falta de flexibilidad y exigieron que el dinero llegue a los distritos bajo criterios objetivos y sin discrecionalidad política. Parlamentarios del sector señalaron su sorpresa ante la postura de la cámara, argumentando que los gobiernos locales son la primera ventanilla de respuesta a los ciudadanos y que nadie mejor que un intendente sabe si los fondos deben destinarse a salarios, equipamiento o asistencia social. Por otro lado, desde sectores del PRO se cuestionó la utilización del Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el reparto de estos nuevos instrumentos de asistencia, bajo la premisa de que dicho índice perjudica activamente a determinados municipios. Esta discrepancia técnica sobre el mecanismo de asignación terminó por dinamitar la posibilidad de obtener los dos tercios de los votos necesarios para tratar el proyecto sobre tablas.

Las consecuencias inmediatas en el territorio

La presión financiera pasa directamente a los intendentes de la provincia. La imposibilidad de reconvertir el destino del fondo de inversión municipal en gastos corrientes implica que las comunas deberán reestructurar sus presupuestos propios de cara a las próximas semanas.
Con las paritarias municipales en tensión y la recaudación local afectada por el escenario económico general, los intendentes se verán obligados a postergar obras de infraestructura aprobadas o a demorar pagos a proveedores para dar prioridad absoluta a la masa salarial interna. La Cámara de Diputados cerró sus puertas sin una nueva fecha de convocatoria, dejando la resolución del conflicto postergada para la segunda mitad del año y consolidando el escenario de fragilidad fiscal en el territorio bonaerense.

Convocados por el Ministerio de Seguridad bonaerense, intendentes y funcionarios de una docena de distritos de la región se reunieron ayer viernes en Chivilcoy enfocados en la modernización de los marcos legales vigentes y la descentralización de las fuerzas policiales.
La intendente María José Gentile asistió acompañada por miembros de su gabinete y  participó de una mesa de trabajo diseñada para articular políticas directas con el gobierno provincial y fomentar un intercambio de experiencias entre gestiones locales que enfrentan desafíos similares en el territorio.

Los funcionarios debatieron sobre nuevas alternativas de financiamiento para las comunas, el análisis minucioso de las estadísticas delictivas de la región y la implementación de políticas conjuntas de tránsito y seguridad vial. El eje central, sin embargo, giró en torno a la necesidad de actualizar la legislación actual para dotar a las herramientas locales de mayor agilidad frente al delito.
Además de Nueve de Julio y los anfitriones de Chivilcoy, del encuentro participaron autoridades de Alem, Chacabuco, General Arenales, Bragado, Carlos Casares, Florentino Ameghino, General Villegas, Hipólito Yrigoyen y Alberti, en un intento por consolidar un frente institucional unificado frente a la problemática de la seguridad pública.

La Suipachense vuelve a la actividad tras un extenso y complejo proceso judicial que logró detener su quiebra definitiva. La reapertura de la planta representa un alivio social y económico para una región fuertemente ligada a la actividad agroindustrial. El Juzgado Civil y Comercial de Mercedes determinó que la fábrica sea gestionada a partir de ahora por la firma Compañía Láctea Suipacha S.A.. Al frente de esta nueva etapa se encuentra el empresario Pablo Acsi, un exdirectivo de la multinacional Parmalat, quien asumirá la responsabilidad de reactivar marcas emblemáticas de la industria local como Lácteos Conosur y la propia marca homónima de la planta.
La estrategia para el regreso a la actividad contempla un esquema de crecimiento gradual y ordenado. En esta primera fase, la usina prevé procesar un volumen diario de aproximadamente 50.000 litros de leche, una cifra que equivale a una quinta parte de los 250.000 litros diarios que la infraestructura llegó a manejar en sus épocas de mayor esplendor. Asimismo, la reactivación comenzará con la reincorporación de una plantilla inicial de entre 25 y 30 operarios, con la proyección de ampliar las fuentes de trabajo a medida que se consolide la cadena de distribución. En el corto plazo, las operaciones se enfocarán en tres líneas estratégicas: leche entera en envases de cartón, yogur y leche en polvo, dejando para el futuro la posibilidad de reactivar el sector de quesería.

El camino hacia la reactivación estuvo precedido por una profunda crisis financiera bajo la administración del grupo controlante venezolano Maralac. Dicha gestión acumuló deudas millonarias postconcursales que superaron los 8.458 millones de pesos en cheques rechazados, además de reclamos de índole laboral y gremial por encima de los 1.000 millones de pesos, lo que decantó en la declaración de la quiebra directa en noviembre del año pasado.
Frente al riesgo inminente de un desmantelamiento de las instalaciones, los trabajadores mantuvieron un acampe ininterrumpido en los accesos a la planta con el fin de custodiar bienes de alto valor tecnológico, como la maquinaria de envasado y la torre secadora de leche en polvo. La resistencia obrera contó con el respaldo del sindicato del sector (ATILRA) y de las autoridades municipales locales, quienes agilizaron las gestiones ante ministerios y organismos de control para destrabar las habilitaciones comerciales y sanitarias necesarias para la comercialización.
La resolución del tribunal subraya que la continuidad de la planta no solo dinamiza la economía comunitaria y preserva puestos laborales estratégicos, sino que además valoriza el activo industrial en sí mismo. Bajo el nuevo acuerdo, los ingresos derivados del alquiler de las instalaciones se canalizarán parcialmente, a través de una cuenta judicial, para comenzar a saldar las deudas pendientes con los antiguos acreedores, devolviendo a Suipacha su lugar como un polo de referencia en la cuenca lechera bonaerense.