El próximo jueves 6 de agosto el Senado de la Nación debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (‘ley de tierras’), una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina. Guillermo Hought, integrante de la ONG ConCiencia Agroecológica, amplió datos en ‘Temprano para todos’ (Supernova 97.9) de ese tratamiento parlamentario y de la movilización convocada para ese día, a las 13, en Plaza Belgrano de Nueve de Julio, en rechazo al proyecto.
“Rechazamos la ley de extranjerización de tierras porque reduce la protección contra incendios, permite privatizar riberas y facilita la compra extranjera de zonas fronterizas, poniendo en riesgo el ambiente, el acceso al agua y la seguridad nacional”, dijo Hough.

“La extranjerización de tierras puede dejar comunidades rodeadas y subordinadas a multinacionales”, aclaró Hough. “Junto con organizaciones ambientales, convocamos a una protesta el 6 de agosto contra la ley, cuya aprobación esperamos que el Senado rechace, tenemos la esperanza es que se rechace, porque hay un temor muy grande de los senadores que intenten votar positivamente al rechazo social que puedan recibir”.
La convocatoria es impulsada por la Asamblea por el Agua, ConCiencia Agroecológica y Guardianes de la Ecología, en el marco de una jornada nacional de protesta que se desarrollará en distintas ciudades del país. “Existe un rechazo social transversal a la ley, impulsado por la defensa de la soberanía, el ambiente y los recursos naturales. Las protestas serán masivas en todo el país y se espera que los senadores reflexionen y la rechacen», dijo Guillermo Hough que también puntualizó “el caso de la Unión Cívica Radical (UCR) que han expuesto su postura pública al rechazo de esa ley, porque compromete la soberanía nacional y el control sobre los recursos estratégicos”.
Finalmente, el entrevistado expresó: “Considero muy difícil que se apruebe la ley y pido a las autoridades locales manifestarse en rechazo, porque podría afectar directamente a cualquier municipio y sus tierras”.

Este jueves 6 el Senado retoma por quinta vez el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto llegó al recinto después de más de quince redacciones, cuatro postergaciones y una negociación que sigue abierta a horas de la sesión. Modifica de un solo movimiento el régimen de tierras rurales, el de expropiaciones, el de desalojos y el de manejo del fuego. Frente al Congreso está convocada una marcha federal bajo la consigna «Argentina no se vende».
La discusión nacional viene ordenada en dos carriles. En uno, el Gobierno sostiene que los límites vigentes desde 2011 espantan capital, que la propiedad no se traslada de país cuando cambia de dueño y que las provincias conservan jurisdicción plena sobre su territorio. En el otro, los sectores que resisten la reforma advierten sobre concentración, sobre el acceso al agua y sobre departamentos donde la titularidad extranjera ya excede los porcentajes que la ley actual fija. Ambas posiciones tienen argumentos serios y las dos están sobradamente publicadas. Hay un tercer plano del que casi no se habla. Es el plano donde la ley deja de ser debate y se vuelve un acto concreto, con partes sentadas frente a un escribano y una escritura que hay que autorizar.

La Ley 26.737 no opera por declamación. Opera por certificado. Antes de autorizar una escritura sobre inmueble rural, el escribano debe requerir la habilitación del Registro Nacional de Tierras Rurales. Sin ese certificado, la escritura no se autoriza. Con él, el acto queda blindado. Ese documento es el punto donde el sistema efectivamente controla, porque es el único momento en que alguien tiene que verificar y firmar antes de que el dominio se transmita.
El certificado es un acto administrativo expreso. Alguien lo dicta, lo suscribe, lo numera y responde por él. Se transcribe, se agrega al protocolo y queda incorporado a la escritura para siempre. Cualquiera que revise ese título dentro de cuarenta años va a encontrarlo ahí. El texto que se vota el jueves introduce, para los supuestos que quedan sujetos a autorización, un régimen de silencio administrativo positivo. Si la autoridad nacional y la provincial no formulan objeciones dentro del plazo previsto, la operación se tiene por autorizada y el adquirente pasa a ser propietario de pleno derecho. Léase con atención lo que eso significa en la práctica. El certificado deja de ser un documento y pasa a ser un cálculo. Ya no hay un acto que transcribir. Hay un plazo que contar. Un título que se apoya en un silencio se apoya en algo que no tiene forma documental. El silencio no se protocoliza.

Ante ese escenario, el escribano queda obligado a certificar la inexistencia de un acto. Tiene que dejar constancia de que una solicitud se presentó en tal fecha, que el plazo transcurrió, y que nadie objetó. Lo primero es verificable. Lo segundo también. Lo tercero es una afirmación negativa que nadie puede acreditar con un documento, porque los documentos prueban lo que existe. El proyecto se llama de inviolabilidad de la propiedad privada y se defiende en nombre de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en materia inmobiliaria tiene un contenido preciso y bastante poco épico. Consiste en que el título sea inobservable, que la cadena dominial cierre y que ningún tercero pueda discutir mañana lo que se firmó hoy.
Un título nacido de un silencio abre una serie de preguntas que hoy no tienen respuesta en el texto. Qué ocurre si la Administración sostiene después que la solicitud estaba incompleta y que el plazo nunca empezó a correr. Qué ocurre si una jurisdicción entendió que le tocaba expedirse a la otra. Qué ocurre con el comprador de buena fe que adquiere, tres transmisiones más adelante, un inmueble cuyo eslabón original se sostiene en una omisión.

La respuesta previsible del oficialismo es que el silencio administrativo ya existe en el derecho argentino y que la certeza que otorga es mayor que la de una autorización demorada por años. Es un argumento atendible. La objeción también lo es, y es más específica. El silencio positivo funciona razonablemente cuando habilita a ejercer una actividad. Funciona bastante peor cuando lo que constituye es un derecho real sobre un inmueble, que se transmite, se hipoteca y se hereda durante generaciones.
Conviene bajar el asunto a nuestro mapa. La ley vigente limita a mil hectáreas la superficie que un mismo titular extranjero puede adquirir en la zona núcleo agropecuaria. Nueve de Julio está adentro de esa zona. El tope que el jueves puede desaparecer no rige sobre la cordillera ni sobre los esteros. Rige sobre estos campos. Hay además una consecuencia federal que merece seguimiento. El dictamen devuelve a las provincias la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas en su jurisdicción. La Provincia de Buenos Aires no tiene hoy una norma propia sobre la materia. Si el texto se convierte en ley, la Legislatura bonaerense va a tener que decidir si dicta una, y esa discusión va a ser tanto o más relevante para el partido que la de esta semana.
El jueves se van a contar votos. Es lo que corresponde y es lo que va a ocupar los títulos del viernes. La pregunta que queda planteada, y que ningún resultado de la votación responde, es qué documento va a tener en la mano el que dentro de veinte años quiera saber por qué ese campo cambió de dueño.

Por Redacción Extra Digital

El 23 de abril de este año el Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió por unanimidad que las restricciones a la adquisición de tierra rural por extranjeros son constitucionales. Al concluir el juicio conjunto de la Ação Cível Originária 2.463 y la Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 342, reconoció la plena vigencia de la Lei 5.709 de 1971 y se detuvo en su artículo más resistido, el que equipara a la empresa brasileña controlada por capital extranjero con la empresa extranjera propiamente dicha. Cuatro meses más tarde, el Senado argentino tiene previsto votar el 6 de agosto un proyecto que elimina ese mismo criterio.
La norma en discusión, que el Ejecutivo denominó de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y redactó el ministro Federico Sturzenegger, obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo y desde entonces atravesó una docena larga de versiones negociadas fuera de comisión. Su
capítulo más discutido reforma la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que fija un techo del quince por ciento a la titularidad extranjera en cada provincia y cada departamento, con un límite adicional del treinta por ciento para cada nacionalidad, y exige el certificado del
Registro Nacional de Tierras Rurales antes de la escritura. El proyecto suprime ese techo para personas y empresas privadas extranjeras y reserva la categoría de extranjero, a los fines de la restricción, para los Estados extranjeros y las entidades en las que participen.
El argumento oficial merece ser expuesto en sus mejores términos. El artículo 20 de la Constitución Nacional garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos, entre ellos el de poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, y desde esa
lectura un tope por nacionalidad introduce una distinción que el constituyente de 1853 quiso descartar. La senadora Patricia Bullrich sostuvo que la cuestión pertenece al concepto de propiedad antes que al de soberanía.
La objeción tampoco es débil. Brasil resolvió la misma tensión con un artículo 190 que manda al legislador regular y limitar la adquisición de inmuebles rurales por extranjeros. La Argentina carece de esa cláusula y por eso el debate se juega en el terreno más resbaladizo
de la razonabilidad. Un techo agregado sobre la superficie de un distrito no impide a ningún extranjero determinado comprar un campo determinado, del mismo modo en que la zonificación no niega el derecho de dominio.

El costado más sólido del proyecto está en la crítica técnica al instrumento vigente. El quince por ciento mide hectáreas sin mirar calidad de suelo, acceso al agua ni valor estratégico, y ese defecto se comprueba en los datos oficiales. Según el relevamiento del Registro de Tierras Rurales de agosto de 2025, ninguna provincia supera el tope. Sin embargo, más de treinta departamentos ya lo exceden y al menos cinco tienen más de la mitad de su territorio en manos extranjeras, entre ellos San Carlos y Molinos en Salta y General Lamadrid en La Rioja. Un porcentaje provincial no detecta esa concentración. Una autorización previa, caso por caso, sí lo hace.
Ahí aparece la comparación que falta en el debate. Los trece millones de hectáreas en manos extranjeras que releva el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires equivalen a cerca del cinco por ciento del total, proporción cercana al 3,6 por ciento que
mide la ley federal de declaración en los Estados Unidos. Aquel país no restringe la propiedad extranjera a nivel nacional, y aun así durante 2026 veinticinco estados trataron proyectos para prohibir determinadas inversiones extranjeras en inmuebles, mientras en el
Senado avanza con apoyo bipartidario una iniciativa que vedaría la compra de tierra a ciudadanos y empresas chinas.
La Unión Europea considera a la tierra agrícola un activo escaso y especial y admite restricciones proporcionadas, aunque en 2015 abrió
procedimientos de infracción contra cinco Estados miembros por discriminar a inversores comunitarios. El criterio que sobrevivió allí es el de residencia, explotación efectiva y control de la especulación.
El mundo se mueve hacia más escrutinio y hacia un instrumento distinto, que cambia el tope porcentual por la autorización previa y desplaza el foco desde la nacionalidad hacia el actor estatal o el fondo de inversión. El proyecto argentino desarma el tope sin ofrecer ese
reemplazo, y esa es la pregunta que el recinto debería contestar el jueves.
Queda un punto que a esta altura importa más que el debate nacional. El dictamen devolvió a las provincias la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas a extranjeros en su jurisdicción, y exigió aprobación provincial y nacional para los inmuebles en zonas de frontera. El senador radical Eduardo Vischi defendió esa solución al sostener que velar por los recursos naturales es una facultad provincial. Si la ley se sanciona con ese texto, la discusión se muda a la Legislatura bonaerense. Habrá que saber qué órgano evaluará las operaciones, con qué plazos y con qué efecto sobre el trámite de escrituración en partidos como el nuestro, donde la tierra rural es el activo principal. Sobre eso todavía no hay una sola definición pública.

El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, bloqueará cualquier intento de restituir las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses. La decisión representa un revés significativo para el gobernador Axel Kicillof, quien en los últimos días había reactivado el debate con miras a modificar la ley sancionada en 2016, abriendo un frente de conflicto que trasciende a la coalición oficialista y alcanza a los principales partidos de la oposición.

La postura del massismo fue explicitada por el diputado provincial Rubén Eslaiman, uno de los referentes legislativos del espacio en la provincia. Según los datos reportados por el sitio Cuarto Político, el legislador adelantó que su bloque votará por la negativa ante cualquier iniciativa que busque eliminar la restricción actual. El argumento central de este espacio es mantener la coherencia histórica, dado que el propio Frente Renovador fue uno de los arquitectos e impulsores de la normativa original durante la gestión de María Eugenia Vidal. En palabras del dirigente, avalar ahora una derogación implicaría ir en contra de las bases que su propio espacio redactó. Esta estricta directiva alcanza a toda la estructura provincial del partido, incluyendo a los diecisiete jefes comunales que responden directamente a esa conducción.
Desde el Ejecutivo provincial, la perspectiva es diametralmente opuesta y busca capitalizar la fuerza de los líderes territoriales. El gobernador Kicillof, respaldado activamente por la vicegobernadora Verónica Magario, impulsa la derogación de la ley que establece un límite máximo de dos mandatos consecutivos. Según la cobertura realizada por el diario Página 12, Magario ha defendido la continuidad de las autoridades municipales argumentando que es el electorado, mediante su voto soberano, quien debe tener la potestad exclusiva de definir si un intendente sigue en su cargo o debe ser reemplazado. Esta visión institucional se materializa en el respaldo del Ejecutivo a un proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, el cual busca desactivar las restricciones antes del próximo ciclo electoral de 2027.

La urgencia del debate responde a la estricta matemática que impone el calendario electoral y al impacto directo en la gobernabilidad local. Si la legislación actual se mantiene inalterada, ochenta de los ciento treinta y cinco intendentes bonaerenses quedarán legalmente impedidos de buscar un nuevo mandato en los próximos comicios. Los análisis detallan que cincuenta y tres de estos dirigentes pertenecen a Unión por la Patria, lo que explica la fuerte presión ejercida por agrupaciones como la Liga de Intendentes Peronistas para garantizar su supervivencia territorial. Sin embargo, el obstáculo legal no es exclusivo del peronismo. Existen veintisiete intendentes afectados que forman parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y de distintos espacios vecinalistas. Este escenario ha provocado un intenso debate interno dentro del propio radicalismo, un partido que, presionado por sus líderes comunales, aún no ha logrado unificar una estrategia legislativa común frente al tema.
El panorama político se vuelve aún más complejo al incorporar las demandas de otras facciones fuertes dentro del propio oficialismo. Sectores vinculados al kirchnerismo y a La Cámpora han evitado otorgarle un respaldo automático al proyecto impulsado por Kicillof. Estas agrupaciones consideran que discutir de manera aislada la reelección de los intendentes es un enfoque limitado y han solicitado la conformación de una mesa de negociación política más amplia para acordar primero el rumbo general de la coalición en la provincia. Tal como analiza el sitio especializado Parlamentario, ante la ausencia de una postura unificada, el oficialismo carece actualmente de los consensos necesarios para avanzar con la reforma en los recintos. La negativa del Frente Renovador deja a la gestión provincial sin los votos fundamentales en la Legislatura, transformando una discusión sobre normativas constitucionales e instituciones locales en una de las batallas de poder más determinantes para el control de la provincia más poblada de Argentina.

Por Redacción Extra Digital

El campo nuevejuliense empezó a jugar al ajedrez, y sobre el tablero hay más piezas que las que se ven. A primera vista, la jugada de apertura la hizo la Sociedad Rural con su proyecto de Comisión Vial autónoma, entregado en mano a los cinco presidentes de bloque. Pero la partida venía de mucho antes, y quien se encargó de recordarlo fue la Federación Agraria. Su presidenta local, Patricia Gorza, pasó por «Temprano para Todo» (Supernova 97.9) y aplaudió la iniciativa de la Rural con un entusiasmo que traía memoria adentro. Dijo que la celebraba «muchísimo» porque «a las instituciones y las personas les cuesta mucho cambiar de opinión», y recordó que durante las reuniones de emergencia de todo el año pasado la postura de la Rural era rechazar este tipo de herramienta, al punto de que, según la propia Gorza, la intendenta Gentile les había manifestado en varias oportunidades que antes de la inundación el municipio había propuesto armar algún sistema y la Rural siempre se había opuesto. El elogio, como se ve, venía con espinas. En la política de las entidades también existen los abrazos que acomodan al abrazado en el lugar exacto donde uno quiere que quede.
Porque la Federación Agraria juega su propia partida, y con otro reloj. La filial local presentó el 12 de mayo, por expediente 342, un pedido de mesa de trabajo formal, con actas, todos los bloques y todos los actores de la ruralidad, para un problema que acumula dieciocho meses. La nota quedó estancada en comisión, el 17 de julio reiteraron la presentación y esperan respuesta en la próxima reunión de la comisión de obras públicas. Gorza fue quirúrgica al describir el estancamiento. De palabra está todo bien, dijo, pero en la formalidad la voluntad política no aparece, «ni del Ejecutivo ni de los concejales en general». Y deslizó una hipótesis que en la trastienda del HCD debe haber hecho ruido: lo que molesta de la formalidad es que las cosas dejan de quedar en el aire, y lo que no queda en el aire obliga a asumir compromisos que a lo mejor no todos están dispuestos a asumir.

Las diferencias entre las dos entidades rurales son más profundas de lo que sugiere la coincidencia en el diagnóstico. La Rural llegó con una ordenanza terminada, inspirada en Benito Juárez, con comisión autónoma y gerente por concurso. La Federación sostiene que no se puede copiar el modelo de un distrito con otra realidad financiera, advierte contra la creación de burocracia innecesaria con la figura del gerente, y pone sobre la mesa el dato que ningún articulado resuelve por sí solo. El parque vial del distrito requiere una inversión de unos cinco millones de dólares en maquinaria, el municipio carece de acceso al financiamiento tradicional y ni siquiera cuenta con una carpeta sólida para salir a buscarlo. Sin resolver eso, dicen en la Federación, cualquier cambio será cosmético y terminará en frustración. También señalan las sillas vacías de la propuesta rural, las cooperativas de servicios, la educación, la salud, la patrulla rural, el transporte y los acopios, actores sin cuyo compromiso ningún cambio estructural camina.
El cuadro deja al oficialismo en una posición curiosa. Su mejor carta defensiva es el recuerdo de que alguna vez propuso un sistema y el campo lo rechazó. Pero jugar esa carta obliga a admitir la pregunta incómoda de por qué aquel interlocutor que decía que no hoy prefiere administrar la caja por su cuenta, y por qué el que solo pedía una mesa lleva casi tres meses esperando que se la armen. Ninguna de las dos respuestas favorece al Ejecutivo, y el silencio tampoco, porque agosto llega con dos expedientes en el Concejo, dos entidades movilizadas y un solo tema del que ya nadie puede bajarse. Las miradas ahora están esperando la jugada de la próxima reunión de la comisión de obras públicas. Ahí se sabrá si el Concejo entendió que el reloj de la partida ya está corriendo, y que en este juego la pieza que no se mueve también comunica.

Un aplauso que se firmó en una conferencia de prensa y un embajador que tomó un avión de vuelta. Parecen cuestiones independientes, pero no, son hechos que cuentan cosas distintas sobre el mismo país. El jueves el Gobierno tiene previsto anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el movimiento institucional de mayor alcance de la gestión en materia monetaria. Llega en un momento singular, porque todo lo que ocurrió antes empujó en dirección contraria a la calma que una reforma de esa envergadura necesita para asentarse.
El martes la titular del Fondo Monetario Internacional viajó al yacimiento Loma Campana, en Neuquén, y cerró una visita que dejó respaldo explícito al rumbo económico. Ese respaldo vino con letra chica. La meta de acumulación de reservas para diciembre sigue abierta, y el propio ministro de Economía admitió que el margen para recortar gasto es cada vez más limitado, con un nivel equivalente a quince puntos del producto. El superávit, de ahora en más, depende de recaudar. El lunes había sido la llegada, la primera visita de una máxima autoridad del organismo en ocho años. Hubo reunión de gabinete ampliado y la afirmación de que el país se encuentra en una posición más sólida.

El mismo día en que ese respaldo ocupaba las portadas, una medición universitaria dejó el dato que más debería inquietar al oficialismo. El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 6,5% y quedó en 1,94 puntos, con un retroceso interanual del 21%. La eficiencia se desplomó 15,4%. Entre los menores de 30 años la baja llegó al 23% y el Gran Buenos Aires concentró la mayor contracción, con 10,9%. El domingo hubo dos movimientos en direcciones opuestas. El Presidente publicó en un matutino porteño los cinco ejes de la reforma monetaria. Mientras tanto, la cancillería brasileña convocaba al embajador argentino en Brasilia para transmitirle el repudio de su gobierno y exigirle explicaciones formales, y llamaba a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, la señal diplomática más severa desde 2023.
El sábado, el origen de todo eso. El Presidente viajó a San Pablo a respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y descalificó desde un escenario partidario al presidente de Brasil y a un ministro de su Corte Suprema. Fue su tercera visita a ese país sin un solo contacto con el gobierno anfitrión. Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina, y hasta el fin de semana la maquinaria bilateral había funcionado a pesar de la mala química entre los mandatarios. Esa distinción se rompió.
El miércoles anterior, la calle. La central obrera abrió su plan de lucha junto a las dos CTA, la UTEP y las organizaciones de jubilados, con una nueva movilización el 7 de agosto y un paro general todavía sin fecha. La aritmética que lo sostiene cabe en un renglón. El salario mínimo quedó en 372.400 pesos frente a una canasta básica total de 1.531.473.
Y antes de todo eso, el 16 de julio. Ese día una consultora cerró el trabajo de campo del sondeo, con mil casos en treinta y nueve localidades. Todo lo que ocurrió después quedó afuera de la medición. El desgaste que muestra el índice se produjo sin San Pablo, sin el llamado a consultas y sin el aplauso del organismo.
Para esta región la cuenta no es diplomática. Los granos, la carne y la industria alimentaria de Nueve de Julio tienen del otro lado de la frontera a un comprador de primera línea, y una relación comercial construida durante cuatro décadas no se administra desde un escenario de campaña ajena.
Queda entonces el saldo del comienzo. Un aplauso que se firmó en una conferencia de prensa y un embajador que tomó un avión de vuelta. El primero se agotará cuando termine la gira. El segundo tarda mucho más en regresar.

El doctor Daniel Gollán, ex ministro de Salud de la Nación (2015) y de la provincia de BsAs (2019-2021), dialogó con ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre temas varios. Gollán iba a participar del Plenario de Salud en 9 de Julio previsto para este lunes 27 de julio y organizado por la vertiente local del Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación política y social argentina de inspiración peronista, liderada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, peroi en la charla anticipó la postergación del encuentro con intendentes, diputados y senadores de la Cuarta Sección Electoral para el lunes 10 de agosto en el Sindicato de Luz y Fuerza (Salta 1478) a las 16:15 hs.
“El gobierno nacional, bajo Javier Milei, se está retirando de sus obligaciones constitucionales en salud, dejando de coordinar y asistir a provincias y municipios” comenzó diciendo y agregó: “La salud requiere estrategias regionales y el Estado nacional debe ser el gran articulador, aportando recursos y coordinación, ya que las enfermedades no respetan fronteras. Las provincias tienen a su cargo la atención hospitalaria y, en algunos casos, la primaria”.
Durante su gestión como ministro se produjo la inclusión de hombres adultos de entre 20 y 64 años en el Programa Sumar, ampliación que abarcó a más cuatro millones de varones de todo el país que no tienen cobertura social. En la entrevista el ex ministro también recordó: “El gobierno nacional se retiró de programas clave de salud como vacunación y el plan Remediar, lo que llevó a una caída drástica en las coberturas y al resurgimiento de enfermedades prevenibles. Esto no solo pone en riesgo vidas, sino que tampoco genera ahorro económico, ya que los costos por complicaciones y atención hospitalaria son mucho mayores. La gente no siempre entiende el impacto de destruir el Estado hasta que necesita servicios básicos y no los tiene, como está ocurriendo ahora bajo el gobierno de Milei”.

También se refirió a quel “la pérdida de empleo formal está dejando a cientos de miles sin cobertura de obra social ni medicina prepaga, lo que genera una demanda insostenible en hospitales públicos, que ya están al límite. El gobierno nacional recorta recursos y medicamentos, mientras las provincias, con menos recaudación, intentan compensar como pueden. La situación es crítica y empeora, no es cierto que siempre estuvimos igual, antes estábamos mejor”.
Gollán, además, implementó en 2015 el llamado Plan Qunita, que distribuía kits con elementos e insumos destinados a mujeres titulares de la Asignación por Embarazo para la Protección Social, con el objeto de reducir la mortalidad infantil. Constaba de un moisés de madera encastrable con el colchón conveniente. Por su participación en el plan, fue denunciado en una causa iniciada por Graciela Ocaña, y en 2021 fue sobreseído por inexistencia de delito, demostrándose como falsos los peritajes presentados por la denunciante.
Finalmente expresó: «La situación es crítica, necesitamos ser más racionales y no repetir errores del pasado. Los gobiernos que ayudan a progresar merecen apoyo, los que destruyen, no”. Sobre el plenario de salud en 9 de Julio dijo que “se están realizando plenarios en toda la provincia y el país para escuchar a la gente y construir un proyecto de salud con participación amplia. Queremos debatir sin odio y sacar al país del desastre actual, apostando por un liderazgo diferente al de Milei, que nos avergüenza internacionalmente”.

Por Redacción Extra Digital

Esta semana, la intendenta María José Gentile viajó a La Plata para reunirse con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. De esa mesa salieron anuncios concretos para el distrito. El avance de las obras en el Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzmán, la implementación de la historia clínica digital en los CAPS y, como novedad de mayor peso, la creación de un Hospital de Día de Salud Mental para Nueve de Julio. Son buenas noticias, y corresponde decirlo sin vueltas. Un distrito con las carencias sanitarias del nuestro necesita cada uno de esos avances, venga la firma de quien venga.

Pero el análisis político empieza justamente ahí, en la firma. Gentile gobierna por el PRO, el espacio que hizo de la confrontación con el kirchnerismo su identidad fundacional y que en la provincia de Buenos Aires es oposición frontal al gobierno de Axel Kicillof. Kreplak es uno de los ministros más identificados con ese gobierno. Y sin embargo, la agenda de gestión de la intendenta transcurre, con creciente frecuencia, en los despachos de La Plata.
En marzo estuvo con el directorio de ABSA por la planta potabilizadora, con la ministra de Ambiente Daniela Vilar por el incendio del basural y el proyecto de relleno sanitario, y participó de la cumbre en la que Kicillof recibió a los 135 intendentes bonaerenses para hablar de la crisis financiera de los municipios. En junio firmó en la capital provincial el convenio del programa MUNA con UNICEF y el gobierno bonaerense. Ahora, salud. El mapa de resultados de la gestión Gentile se dibuja, en buena medida, con tinta provincial. Para un espacio político que construyó su identidad jurando que con el kirchnerismo ni a la esquina, el detalle dista de ser menor.
No hay en eso nada ilegítimo. El federalismo funciona así y todos los intendentes del interior, del color que sean, peregrinan a las ventanillas provinciales porque ahí están los recursos que sus presupuestos no alcanzan a cubrir. La propia Gentile, en su discurso de asunción, ya le había elevado reclamos al gobierno provincial por más efectivos policiales. Gestionar donde hay que gestionar es parte del oficio, y hacerlo cruzando la grieta habla, si se quiere, de pragmatismo. Habrá que recordar este pragmatismo cuando llegue la próxima campaña y la grieta vuelva a subirse al escenario como si nunca hubiera pisado el Salón Dorado.

Lo que el pragmatismo no puede tapar es la pregunta que deja abierta. Si los avances en salud dependen de Kreplak, si el agua depende de ABSA, si el basural necesita a Vilar y el auxilio financiero se discute en el Salón Dorado de la Gobernación, cabe preguntarse qué porción de la agenda local se resuelve efectivamente con recursos, decisión y capacidad de gestión propios del municipio. La respuesta a esa pregunta define la diferencia entre un gobierno que gestiona y un gobierno que tramita. Y un gobierno que tramita vive pendiente del humor, del calendario y de la conveniencia política de la ventanilla que lo atiende.
Y la semana le agregó al interrogante un contraste incómodo. Mientras la intendenta gestionaba en La Plata lo que el municipio no puede resolver solo, en Nueve de Julio la Sociedad Rural presentaba ante todos los bloques del Concejo su proyecto de Comisión Vial Rural autónoma, que le quitaría al Ejecutivo la administración del 85 por ciento de la Tasa Vial. Dos movimientos simultáneos que describen una misma situación desde puntas opuestas. Hacia arriba, el municipio depende de la Provincia para sus obras estructurales. Hacia abajo, el sector productivo más importante del distrito propone administrar por su cuenta los fondos que hoy le confía al municipio. El poder municipal quedó, en una misma semana, con la mano extendida en La Plata y la caja en discusión en su propio partido. Difícil encontrar una fotografía más precisa de dónde está parada la gestión.
Los anuncios de salud son bienvenidos y el Hospital de Día de Salud Mental, si se concreta, será un antes y un después para muchas familias nuevejulienses. Una gestión se mide por lo que consigue, pero también por lo que puede hacer sin pedirlo. Con esa vara, los viajes a La Plata dejan una conclusión que el oficialismo preferiría no leer. Cada logro que vuelve en el baúl del auto oficial es también un recordatorio de todo lo que el municipio ya no resuelve con sus propias manos.

Por Redacción Extra Digital

Hay semanas en que la política se explica mejor por sus objetos que por sus discursos. La que termina dejó dos. El primero fue una sábana de hotel pintada con tinta negra, arrojada desde una tribuna en Estados Unidos, que los jugadores de la Selección desplegaron tras eliminar a Inglaterra con una leyenda de cinco palabras que todo argentino conoce de memoria. El segundo fue un expediente parlamentario que duerme en el Senado desde abril y que el Gobierno necesita despertar antes de septiembre para suspender, otra vez, las primarias abiertas. Una tela improvisada y una tela reglamentaria. La primera conmovió al país en segundos. La segunda no consigue conmover ni a los propios.
La historia de la sábana merece contarse con sus vueltas, porque cada vuelta es un dato político. El Gobierno había aceptado las exigencias de la FIFA de mantener el partido limpio de manifestaciones sobre Malvinas, y su ministra de Seguridad llegó a explicar el acuerdo con una fórmula desdichada sobre el ingreso de mensajes al estadio. Los excombatientes respondieron con canciones de cancha. Cuando la bandera apareció igual, sostenida por los futbolistas más populares del país, el Presidente ensayó primero la desautorización, habló de patrioterismo barato y de eslóganes que generan ruido, y días después, medido el costo, terminó declarando que las Malvinas son argentinas y que se recuperarán por la vía diplomática. El arco completo, de la prohibición pactada al abrazo forzado, tomó menos de una semana. Los gobiernos argentinos llevan medio siglo intentando administrar lo que el fútbol le hace al sentimiento nacional, y medio siglo comprobando que ese territorio no acepta administración. Lo novedoso del episodio reciente es que el ocupante de la Casa Rosada eligió pararse, aunque fuera por un momento, del lado de la ventanilla equivocada del mostrador.

Mientras el país entero discutía la sábana, la otra tela avanzaba con la discreción de las cosas importantes. La Nación describió la estrategia parlamentaria del oficialismo para el segundo semestre, ordenada en tres frentes, con la reforma electoral al tope, el Presupuesto 2027 como moneda de cambio y un paquete económico como horizonte. El corazón de esa reforma es la eliminación, o al menos una nueva suspensión, de las PASO, y su motor confeso es el miedo. En despachos oficialistas se repite un nombre que funciona como advertencia más que como recuerdo. Macri, agosto de 2019. Aquella noche una primaria adversa derrumbó un programa económico en horas, y en la Casa Rosada temen que la historia rime si el Presidente, con la intención de voto que le atribuyen los estudios que circulan por el Congreso, quedara segundo en una primaria frente a un peronismo reunificado por la propia mecánica electoral. La reforma exige mayoría absoluta en ambas cámaras, 129 diputados y 37 senadores, y la llave la tienen los gobernadores y una docena de diputados del PRO cuya conducción, consultada por la prensa, admite que el diálogo profundo todavía no ocurrió. El nuevo jefe de Gabinete negocia, el calendario aprieta, septiembre es el plazo que el propio oficialismo se fijó.
Conviene detenerse en la naturaleza del argumento oficial, porque es una confesión notable. Contra las primarias existen razones serias, y quienes las esgrimen las repiten desde hace una década, desde el costo fiscal de organizar una elección adicional hasta la participación declinante que las fue vaciando de sentido. Pero el motivo que mueve hoy al oficialismo reside en otra parte, en que un resultado adverso podría asustar a los mercados. La ingeniería electoral como cobertura financiera. El calendario cívico rediseñado para que la economía no se entere de lo que piensa el electorado hasta que sea tarde para reaccionar. Un gobierno que llegó al poder denunciando las trampas de la política dedica su capital escaso a la más clásica de todas, que es acomodar el tablero cuando las fichas propias no alcanzan. Y debe negociarlo, además, con los gobernadores y los bloques que su propio relato describió como el problema argentino.

El paisaje alrededor no ofrece respiro. Este miércoles, mientras esta columna se publica, la CGT marcha frente al Congreso junto a las dos CTA, la UTEP y los jubilados de todos los miércoles, con el paro general otra vez sobre la mesa de las centrales. El lunes 27 aterriza Kristalina Georgieva para reunirse con el Presidente, visita que el Gobierno exhibe como respaldo y que también puede leerse como supervisión. Para agosto se anuncia la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y en la provincia de Buenos Aires, una encuesta publicada por Perfil mostró la disputa voto a voto entre el peronismo y La Libertad Avanza, con un dato que vale más que el empate. Cuatro de cada diez electores bonaerenses no se identifican con ningún espacio. Ese cuarenta por ciento suelto, que no milita, que desconfía de todos y que sin embargo lloró con una bandera pintada a mano, es el verdadero árbitro de 2027, y ninguna colectora lo captura por decreto. Y no habita solamente el conurbano de los estudios de opinión. Vive también en estas cuadras y votó en las mesas de nuestras escuelas, y quien pretenda 2027 va a tener que venir a buscarlo hasta acá, donde las lealtades se ganan de cerca o no se ganan.

Queda la comparación final entre las dos telas, que es la enseñanza de la semana. La sábana costó cero, se improvisó en una noche y unificó en una emoción a un país que no se pone de acuerdo en nada. El reglamento cuesta el Presupuesto, las cajas provinciales y meses de negociación con los enemigos íntimos, y todavía no junta las manos necesarias. El oficialismo quizás consiga sus 129 votos, la política argentina ha visto milagros menores. Pero quien necesita cambiar las reglas para no perder ya confesó que duda de poder ganar, y esa confesión no se borra con ninguna mayoría. Porque los votos se negocian, los calendarios se corren y los reglamentos se reescriben. Lo que se pintó sobre una sábana de hotel no estaba en venta.

Por Carlos Graziolo

La sesión del jueves 16 de julio estuvo cargada de acontecimientos. Primero fue la exposición en el uso de la Banca Ciudadana de la Asociación de Padres de alumnos de la Escuela de Educación Especial 501 y una vez iniciada aquella el primer tema tratado era el expediente del Departamento Ejecutivo (DE) para otorgar acuerdo a la designación del abogado Pedro Juan Rebottaro como titular definitivo del Juzgado de Faltas N°1.
Rebottaro ocupa el cargo interinamente desde mayo pasado cuando la anterior titular renunció. En la exposición del concejal César García (PRO), para avalar la designación, se marcaron dos cuestiones objetables: la primera su recorrido de nueve años en la Municipalidad como director de Gestión Judicial, además de su experiencia en derecho administrativo que la oposición, a través de María Elena Defunchio por Unión por la Patria (UxP) objetó porque: «si bien la designación corresponde al DE, cuestionamos la falta de imparcialidad del postulante por haber integrado la estructura municipal”.

El segundo punto en la fundamentación de García es que actualmente el profesional interino “trabaja en la normalización del funcionamiento del Juzgado, realizando unas 80 audiencias semanales para reducir el atraso existente tras la renuncia de la anterior jueza”. Lo que, de ser verdad, está marcando que la anterior titular no trabajaba como tal, marcando una doble carga para la conducción política del municipio: su negativa a dejar el cargo y su mora laboral.
Al momento de la votación el presidente del cuerpo, Esteban Naudín, notificó su abstención por mantener un vínculo profesional con la familia del postulante, argumentando razones éticas. Tras ello el expediente obtuvo nueve votos afirmativos, pero la designación de Rebottaro no logró aprobación, ya que el marco normativo, Ley 8751/77, código de faltas municipal, expresa en su artículo 21 la exigencia de mayoría simple de votos de los miembros que integran dicho cuerpo (10 votos). Y obtuvo 9; los 4 del PRO; 3 de la UCR y 2 de Fuerza Patria. Al PRO le faltó uno para sortear el primer tema de la sesión: la ausencia, con aviso, de la concejal Marisel Unanua lo impidió.

Es pueril el argumento, como alguien mencionó, que su ausencia se debió a que no pudo viajar desde Facundo Quiroga ante la celebración de las Fiestas Patronales por la Virgen del Carmen. Esas celebraciones culminaron a las 16 horas con la procesión. Llamó la atención que el oficialismo haya llegado al recinto sin sopesar la seguridad de los votos para ratificar la designación del Dr. Rebottaro. Una curiosa forma de presentar los expedientes. La propuesta de un o una titular para el Juzgado de Faltas no podrá volver a ser presentado en este período.

Quién fuera tres veces intendente de Alberti y hoy ocupa una banca en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, Germán Lago, expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles de su rol legislativo. El ahora senador provincial, integra comisiones como presupuesto, obras públicas, legislación general y educación: “Mi prioridad es trasladar al Senado las necesidades productivas, de arraigo, trabajo, educación e infraestructura de la cuarta sección electoral, aprendiendo de la experiencia local y de otros distritos. La realidad financiera de los municipios es difícil, con menos coparticipación y sin apoyo nacional, lo que obliga a reordenar prioridades y buscar soluciones creativas y articuladas a nivel provincial y comunitario”.
Para Lago, que estuvo presente en la reciente ‘Feria de Ciencias’ realizada la semana pasada en 9 de Julio el “contexto es difícil por la baja de recursos y la tensión social y es clave que los dirigentes estén cerca de la sociedad y cumplan sus objetivos”. También refirió que “la articulación con actores locales e instituciones es fundamental para atravesar la crisis y responder a demandas. Las ferias de ciencias son espacios valiosos donde surgen proyectos relevantes; un ejemplo es la ordenanza sobre contaminación lumínica en Alberti, nacida de un proyecto estudiantil”.

Interrogado sobre la situación de los edificios escolares en toda la provincia y como se planea articular el presupuesto provincial dijo que “para infraestructura escolar, la gestión y articulación con provincia es esencial, usando herramientas como el fondo educativo, ya que los municipios no pueden afrontar solos esas obras”.
Lago, que es además vicepresidente 6to. del Senado de la provincia, amplió: “Los fondos municipales tienen asignaciones específicas, como el 40% de fondos educativos para infraestructura, y requieren rendición de cuentas anual. Los municipios pueden financiar obras con recursos propios, articulando con privados o vecinos, aunque el acceso a financiamiento internacional depende de la provincia y la Nación. La planificación local prioriza obras según necesidades y demandas de la comunidad, considerando criterios técnicos y sociales, y gestionando recursos en distintos niveles. Es clave contar con equipos técnicos y capacidad de gestión. Destaco el acercamiento del gobernador al interior provincial y la importancia de la equidad en la distribución de recursos”.
El tramo final estuvo dedicado a conocer su opinión sobre la situación interna del peronismo aún sin resolver: “El desafío del peronismo es reconstruir representatividad y confianza, trabajando con gestión, hechos y cercanía con la gente, para ofrecer una alternativa lo suficientemente confiable para recuperar el electorado y poder poner a disposición la plataforma de gobierno que los interprete y que los represente. Nosotros hemos perdido esa representatividad y estamos construyéndola, en este caso, a través de la provincia de Buenos Aires, con gestión, con hechos, con obras y con mucho vínculo, con mucha escucha a las familias, con mucha escucha en los territorios, y acompañando a las familias en toda esta situación que está tan compleja”.

El petróleo desplazó a la soja del podio exportador y con ese movimiento se corrió algo más profundo. La energía se volvió el idioma con el que el Gobierno negocia con Washington, y ese giro está redibujando el mapa del poder en la Argentina.

Hay estadísticas que son economía y hay estadísticas que son política. La que publicó el INDEC sobre mayo pertenece a la segunda categoría. Por primera vez, y en plena temporada de cosecha gruesa, la Argentina exportó más petróleo crudo que maíz y soja. El crudo sin procesar representó el 12,3% del total vendido al exterior y relegó al maíz y a la harina de soja al segundo y tercer puesto. Las ventas de petróleo alcanzaron los 1.172 millones de dólares, un salto interanual del 322%, y la balanza energética cerró con un superávit récord de 1.543 millones. En cualquier otro país sería una curiosidad para analistas de comercio exterior. En la Argentina, donde el campo fue durante un siglo la caja del Estado y el actor con mayor capacidad de veto de la vida pública, es un reordenamiento del tablero.
Conviene recordar la vieja aritmética. Cada gobierno argentino gobernó, en última instancia, con los dólares del agro. Esa dependencia le dio al campo un poder que se midió en rutas cortadas, en la Resolución 125, en cada pulseada por retenciones. Cuando aparece una segunda canilla de divisas, y aparece con este volumen, el precio político de enfrentarse con la primera baja. Nadie lo dice en voz alta en la Casa Rosada, pero el dato de mayo modifica la conversación interna del poder tanto como la externa.
La conversación externa es la más visible y la más novedosa. Desde el salvataje financiero que el Tesoro norteamericano armó para la Argentina a fines de 2025, el Gobierno entendió que necesitaba algo más que afinidad ideológica para sostener el vínculo con Washington. Lo encontró bajo tierra. El acuerdo marco de comercio e inversión firmado con Estados Unidos incluye cooperación en minerales críticos y un compromiso llamativo de trabajar para estabilizar el comercio global de soja, una cláusula que en los hechos funciona como paraguas para el grano argentino en un mercado donde Trump negocia con Xi Jinping la compra china de petróleo y productos agrícolas estadounidenses. A eso se sumó que el EXIM, el banco de exportación e importación norteamericano, reabrió en febrero el financiamiento para operaciones con empresas argentinas del sector público y privado. Y en paralelo avanza la pata nuclear, con la negociación de un nuevo acuerdo de cooperación sobre usos pacíficos de la energía atómica que reemplazará al convenio vigente hasta 2027 y un plan que gira en torno a reactores modulares pequeños, con la construcción del primero en el predio de Atucha. Un reactor, un embarque de gas, un funcionario del Fondo conforme, una tonelada de soja. El patrón se repite toda la semana. La Argentina encontró una moneda de cambio que el Banco Central no imprime.

El giro tiene un mérito que sería injusto negarle al Gobierno. Milei llegó al poder con una política exterior de pizarrón, hecha de gestos ideológicos, y terminó ejerciendo un pragmatismo transaccional que le dio un poder de negociación que la Argentina no tuvo en décadas. Negociar con activos rinde más que negociar con promesas, y por primera vez en mucho tiempo el país se sienta a la mesa con algo que el otro lado necesita.
Pero la trastienda de este poder nuevo tiene también su cuenta de gastos, y ahí es donde el oficialismo prefiere no detenerse. La Comisión Nacional de Energía Atómica atraviesa un desguace con despidos, el proyecto CAREM paralizado y la puesta a disposición de privados de instalaciones, yacimientos y documentación técnica, mientras la oposición en Diputados ensaya una estrategia similar a la que volteó los decretos que desmantelaban el INTI y el INTA, con proyectos de protección del sistema nuclear presentados por distintos bloques. Para el Gobierno se trata de atraer capital a un sector paralizado. Para sus críticos, de ceder a manos privadas norteamericanas un conocimiento que el Estado acumuló durante setenta años. Las dos lecturas merecen ser escuchadas, porque la diferencia entre diplomacia y dependencia se juega precisamente ahí, en quién conserva la llave de lo que se negocia.
Queda un dato final que la euforia oficial tampoco subraya. Tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el barril retrocedió más de un 40% desde su pico de marzo y perforó los 80 dólares. El poder que se construye sobre un precio internacional hereda la volatilidad de ese precio. Y el que se construye sobre la sintonía con una sola capital extranjera hereda los humores de esa capital.
La moneda nueva existe y es genuina. La pregunta política, la que va a ordenar los próximos años, es quién la administra, con qué controles y a qué costo. Porque en la Argentina las bendiciones exportadoras nunca fracasaron por falta de recursos. Fracasaron por la tentación de gastarlas dos veces.

Por Redacción Extra Digital

Antes las convicciones se sostenían a capa o espada o, quizás, pasada la juventud y con la madurez, llegaba un reacomodamiento de ideas. La clase política argentina ha dado muestra que ahora los tiempos se han acelerado y las convicciones ya varían en cuestión de meses. Y quienes padecen este desorden involutivo transmiten una suerte de impunidad ideológica en muchos casos, exasperante. El objetivo es claro: seguir prendidos. Y hay ejemplos, varios,  emblemáticos como Scioli, Santilli, Pichetto, Bullrich (Patricia, no Esteban), entre muchos otros. Ahora se suma uno más. Pablo Petrecca, senador de la provincia de Buenos Aires e intendente en uso de licencia de la ciudad de Junín, generó en fuerte impacto en la interna partidaria al trazar una hoja de ruta que prioriza la subordinación pragmática de PRO bajo el liderazgo del actual mandatario, Javier Milei.
En declaraciones periodísticas, el legislador provincial manifestó abiertamente su deseo de que el PRO ocupe un rol central en los futuros comicios, sugiriendo la conformación de una fórmula presidencial unificada en la que el partido fundado por Mauricio Macri secunde al líder libertario. Al proponer que la agrupación asuma un papel de acompañamiento a nivel nacional, la postura de Petrecca no solo descarta un nuevo intento de Macri por retornar a la Casa Rosada, sino que profundiza los alineamientos hacia una fusión de hecho entre ambas estructuras de cara al mediano plazo. Esta profesión de fe hacia la administración central, argumentada bajo la premisa de dar sostenibilidad a las grandes reformas del Ejecutivo en el Congreso tras el respaldo inicial en el balotaje de 2023, convive sin embargo con matices internos. El propio dirigente se encargó de remarcar que este acompañamiento no equivale a una entrega incondicional, reivindicando que el PRO mantiene una identidad propia capaz de señalar aquello que considera equivocado.

No obstante, el actual discurso de sintonía fina con La Libertad Avanza (LLA) expone contradicciones de peso si se contrasta con la ingeniería electoral de la que participó el propio dirigente bonaerense hace apenas un año. Durante las elecciones legislativas de medio término celebradas el 7 de septiembre de 2025, la provincia de Buenos Aires fue escenario de un inédito desdoblamiento electoral en el que las fuerzas políticas compitieron en un terreno fragmentado. En aquellos comicios, Petrecca no solo evitó confluir en una lista común con el oficialismo nacional, sino que compitió directamente como primer candidato a senador provincial por la Cuarta Sección Electoral bajo el paraguas de «Somos Buenos Aires», un espacio pergeñado con sectores del radicalismo y el peronismo disidencial para rivalizar tanto con el kirchnerismo como con el partido del presidente. El resultado de aquella estrategia de diferenciación en 2025 dejó al peronismo nucleado en «Fuerza Patria» como el claro vencedor en el principal distrito electoral del país, relegando a La Libertad Avanza al segundo puesto y licuando el peso de las terceras vías opuestas al gobierno nacional, entre ellas la que integraba el intendente de Junín.

La reconfiguración discursiva expone el dilema recurrente de la dirigencia del PRO en el territorio bonaerense: la oscilación entre defender la autonomía de gestión territorial o plegarse a la corriente oficialista para evitar quedar atrapados en la polarización entre el gobierno de Milei y la oposición peronista. El giro planteado por Petrecca refleja que, tras el veredicto de las urnas en los comicios de medio término, la supervivencia del espacio parece ligada irreversiblemente al destino de la fuerza gobernante. Además, confirma que en prioridades primero está en seguir siendo parte del esquema político, después la gente.

Por Redacción Extra Digital

En los círculos de reflexión del peronismo circula, desde hace tiempo, una hipótesis de trabajo que casi nunca llega a la superficie del debate público. Puede resumirse así: Estados Unidos preferiría lidiar con las consecuencias migratorias de la pobreza latinoamericana antes que con una región desarrollada que fuera ganando márgenes de soberanía económica. Quienes sostienen esa lectura la apoyan en la historia de las últimas décadas: los proyectos de industrialización y de integración regional habrían encontrado, con matices según la administración de turno en Washington, más obstáculos que apoyos. Quienes la relativizan responden que el subdesarrollo latinoamericano se explica menos por designios externos que por los errores propios —inestabilidad macroeconómica, instituciones débiles, políticas pendulares— y que atribuir la responsabilidad a la potencia hegemónica es una forma elegante de no mirarse al espejo.
No es propósito de esta columna laudar esa controversia, que lleva más de medio siglo abierta. Lo que sí puede constatarse es otra cosa. Si un espacio político considera que ese es el dilema central que enfrentaría en caso de volver al gobierno en 2027 —cómo se desarrolla un país cuando su margen de maniobra externo es estrecho—, resulta llamativo que la discusión no aparezca en ningún ámbito visible. No hay documento partidario, congreso programático ni ciclo de debate que haya llegado al conocimiento público. Si el peronismo discute su estrategia, lo hace en privado.
Lo que sí discute en público, en cambio, es su conducción. Las diferencias entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof, dirigentes del peronismo federal como Sergio Uñac y figuras como Guillermo Moreno se ventilan a diario en declaraciones cruzadas, operaciones y reproches personales. Lo que la lógica política aconseja debatir a la luz —el programa, que se legitima ante la sociedad— permanece en la penumbra; lo que aconseja tramitar con discreción —la interna, que ninguna fuerza exhibe sin costo— ocupa el centro de la escena.

Los efectos de esa inversión son mensurables. Ninguna fuerza política amplía su base electoral mostrando sus disputas de aparato. En el mejor de los casos las administra, en el peor las paga. Los estrategas de la oposición no ignoran que cada semana de interna peronista pública equivale a una semana de campaña ajena financiada con recursos propios. En ese sentido, la actual dinámica del peronismo constituye —involuntariamente— uno de los activos electorales más firmes del oficialismo. Debate estratégico que, dicho sea de paso, tampoco el propio oficialismo exhibe con claridad. Su proyecto para después de 2027 se conoce por sus efectos más que por sus enunciados.
El precedente regional que suele citarse en voz baja, y que pocos se animan a mencionar con todas las letras, es el del MAS boliviano. Un movimiento que dominó la política de su país durante casi dos décadas, que ganó todas las elecciones que disputó, se fracturó en una guerra de sucesión entre sus dos principales figuras, llegó dividido a las urnas y entregó el gobierno a sus adversarios sin que estos debieran construir una mayoría propia. La enseñanza que dejó ese proceso admite una formulación incómoda para cualquier movimiento hegemónico y es que a los oficialismos populares rara vez los derrota la oposición, sino que suele derrotarlos su incapacidad para ordenar la sucesión sin canibalizarse.
Las internas no son una patología sino un signo de vitalidad, y todas las fuerzas políticas las atraviesan. La cuestión no es su existencia sino su lugar. Las conducciones se diriman en elecciones internas, en mesas políticas, en reglas de juego aceptadas. Lo que la experiencia comparada desaconseja es que la disputa por los nombres sea el único contenido que una fuerza le ofrece a la sociedad, máxime cuando el país que esa fuerza aspira a gobernar arrastra una pobreza que la medición oficial ubica por debajo del 30% pero cuya verdadera magnitud es hoy objeto de una intensa controversia metodológica entre economistas, una moneda debilitada, un endeudamiento considerable y una inserción internacional por definir — temas, todos, sobre los que el votante no conoce hoy la posición unificada del principal espacio opositor.
Queda por verse si el peronismo puede invertir el orden de sus prioridades públicas antes de que el calendario electoral lo haga inevitable. La historia reciente de la región sugiere que el tiempo para ese reordenamiento existe, pero no es infinito. Y que a los espacios que llegan a una elección discutiendo apellidos, el electorado suele responderles con otro apellido.

Por Juan Manuel Jara

El Provincial está calentito y no por buena calefacción. Hay enojo y mucho con el Municipio. El motivo? Hace meses que esa comunidad está reclamando por seguridad. Meses. Robos, hurtos, cazadores, un acumulado de episodios que encendieron las alarmas. En una comunidad que pasó de 500 habitantes a 1500, lo que piden es algo básico: seguridad, presencia policial. No hay destacamento, no hay efectivos, y ante una urgencia dependen del 911 que, según relatan, cuando llega el móvil lo hace casi con una hora de delay. Algo poco efectivo, claramente.
En la última semana la situación tuvo su punto de ebullición. Una vez más, la falta de reacción de una gestión que no para de autogenerarse conflictos. Y alguien que miente.
El sábado 27 de junio al mediodia hubo una reunión de vecinos, en la cual también estuvo la delegada Candela Sparano, para hablar sobre estas preocupaciones y la falta de respuesta oficial. Durante el lunes se supo, y la propia delegada lo comunicó en un chat que comparte con vecinos, que se habia acordado otra reunión para el miércoles a las 20:30 en el salón del club 18 de Octubre en donde se anunció la presencia de “autoridades municipales y la cúpula de seguridad”.
De hecho, la misma Sparano, lo confirmó públicamente el martes en una entrevista en el programa “Temprano para Todo” (Supernova 97.9). En el atardecer del miércoles contactamos nuevamente a Sparano y ahí, apesadumbrada pero siempre políticamente correcta, confirmó a este periodista que le habían avisado que ni Depaoli, ni nadie de Policia iban a asistir a la reunión porque el Subsecretario “estaba con estado gripal”. Ella sabía que, nuevamente, iba a tener que poner la cara frente a su comunidad. En la fria noche de El Provincial, por más que la delegada guarde las formas del respeto y la escucha a la hora de declarar, el clima de tensión y hartazgo fue palpable y entendible. La dejaron sola frente a su gente.
El jueves temprano, el municipio, fiel a su ya conocido modus operandi, fue detrás de los hechos y emitió un comunicado tardío, como para salir oliendo a rosas de la situación. El mismo decía, entre otros párrafos: “Ante el pedido de reunión realizado por vecinos de El Provincial para abordar temas de seguridad, desde el Municipio informamos que se establecerá un encuentro con la cúpula de seguridad y autoridades municipales para los próximos días. En el encuentro organizado por dichos vecinos en la jornada de ayer, no hubo representación oficial ya que no estaba informada la fecha y el horario en la nota ingresada al municipio el día lunes. Ante esta situación, es que se propondrá, desde el municipio, un nuevo encuentro”.
Raro, ya que el lunes la delegada (municipal, justamente) había confirmado oficialmente a su comunidad la presencia de autoridades y, el miércoles mismo, según sus propias palabras, le avisaron que no iban asistir (o sea, estaban al tanto) porque “Depaoli estaba con gripe”. Y acá entramos en terreno donde el municipio empieza a hundirse en terreno panatanoso. Alguien miente, lisa y llanamente. Y los reflectores van hacia un mismo lugar.
Por muy buenas fuentes de la localidad, y con pruebas concretas, podemos decir que el pedido de reunión con las autoridades viene siendo solicitado desde hace tiempo, no desde hace una semana. El peloteo también. Reclamo de ese pedido fue hecho a la encargada de Delegaciones, Romina Carballo, por lo menos en tres ocasiones durante abril,  varias veces durante mayo y repetido otras tres ocasiones a lo largo de junio. Los vecinos sienten que les toman el pelo. La temperatura, como es lógico, sube. La paciencia se agota. Y la pregunta que muchos les hacen: qué tiene que pasar para que reaccionen de una buena vez?

Ahora, Depoaoli era el único que podía ir a escuchar? Para qué está Romina Carballo, encargada de Delegaciones, si no es para poner la cara frente a un reclamo de una localidad, o sea, de su área? Y si ella no pudiese porque, pongamos, se le enfermó una mascota, para qué está entonces el Secretario de Gobierno Federico Aranda (de quien depende delegaciones!!) o la misma intendente Gentile, que luego se llena la boca con frases de ocasión y “trabajo mancomunado”, “pensando en los vecinos”? Dónde está su autoridad para ordenarle a alguien de su nutrido organigrama que salga de la comodidad de su escritorio y del horario municipal para ir a poner la cara y darle respuesta a los vecinos que se dicen representar, en una fria noche? Recalculando…
Las autoridades no los escuchan. Y, ella no lo dice, pero el míércoles a Sparano la dejaron sola, la expusieron, porque ella fue la que públicamente avisó de la reunión y le soltaron la mano. Tuvo que seguir poniendo la cara frente a su comunidad. “Hace lo que puede”, señalan vecinos.
Y otra reacción tardía llegó el jueves a media mañana cuando de local, en la comodidad del Palacio (y horario) Municipal, no de vistante en el frio salón del club 18 de Octubre, a la noche y frente a los “peloteados” vecinos, el Secretario de Gobierno convocó a la delegada de El Provincial “para poder conversar sobre lo ocurrido el día miércoles, cómo fue la reunión y conversar sobre posibles soluciones y próxima reunión”. Como si nada hubiese pasado.
Pero, si algo faltaba para certificarles a los habitantes de El Provincial que hacen bien en sentir que la gestión les toma el pelo, fue el anuncio de que iban, finalmente, a tener un (1) efectivo en la localidad….pero eso sí, en horario de delegación, o sea, de 7 a 13!!!!
Casi lo mismo que nada. O sea, un anuncio, para quien quiera cometer alguna fechoría, del mejor horario para planificar su agenda de “actividades”: de las 13 del mediodia a las 7 de la mañana del otro. Eso sí. tienen el horario municipal para descansar. Un detalle: y los sábados y los domingos que no hay atención municipal? Happy hour de tropelias. Zona librada a su suerte.
Es casi infantil el proceder de quienes están a cargo, su amateurismo y hasta la poquísima cintura política, y el apuro de una decisión que sin duda es un “parche”. Lo que venimos marcando desde hace más de una año y, con varios ejemplos, cada vez está más confirmado: No hay una cabeza política,bah, a esta altura ni siquiera hay una cabeza, nadie, absolutamente nadie, que vea venir una. Todas van adentro. Y todas las reacciones son tardias.
Está claro que está gestión reacciona cuando su falta de anticipación la expone. Lo que no se dan cuenta es que este tipo de incidentes hacen cuestionar no solo la aptitud sino tambien la genuina voluntad de varios de sus funcionarios. Pero ante la reiteración de hechos y actitudes, la realidad es una sola, la que está en las calles de la ciudad cabecera y, también, en las localidades.
Y para cerrar esta nota, vaya como bonus track otra muestra del Municipio tardío: En la semana, Julia Cereigido dejó la función pública ya que se jubiló. Era la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes, con directores a cargo de cada una de esas áreas. Gentile confirmó que, tras la salida de Cereigido, la Subsecretaría queda disuelta y las tres direcciones funcionarán independientemente, algo que varias veces se había solicitado, sugerido, dado que era demasida estructura de funcionarios para el movimiento que tienen (varios de esos directores han esgrimido el famoso «no tengo plata» como respuesta a la hora de generar acciones más efectivas).
Más allá de Cereigido, en un Municipio autodeclarado en emergencia económica y financiera desde hace más de un año, la pregunta es por qué no se hizo esa reestructuración antes? Deja picando la sensación que habrá sido para “aguantar” a la hoy ex funcionaria? Respuestas varias, posiblemente, algunas incómodas. Otro ejemplo de Municipio tardio.