La Corte Suprema ordenó aplicar el artículo 55 de la reforma laboral para actualizar créditos de trabajadores que tienen juicios pendientes. El Gobierno celebró la decisión como un avance para las empresas. Pero detrás del argumento de la previsibilidad económica aparece una pregunta incómoda: ¿quién paga el costo de la inflación cuando la Justicia tarda años en resolver?

Por Redacción Extra Digital

Hay decisiones judiciales que no terminan cuando se conoce el fallo. Empiezan, en realidad, cuando se observa quién gana, quién pierde y qué consecuencias produce aquello que los tribunales acaban de resolver. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aplicar el artículo 55 de la Ley 27.802, correspondiente a la reforma laboral, pertenece a esa categoría.
El máximo tribunal dejó sin efecto ocho pronunciamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habían dispuesto actualizar créditos laborales mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés anual del 3%. En su lugar, ordenó aplicar el mecanismo establecido por la nueva legislación para los juicios que se encontraban en trámite y todavía no tenían sentencia definitiva cuando entró en vigencia la norma. La resolución lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El Gobierno no tardó en celebrar. El Ministerio de Capital Humano calificó el pronunciamiento como «auspicioso» y sostuvo que establece un criterio rector para el conjunto del sistema judicial. Según la cartera que conduce Sandra Pettovello, la decisión contribuye a la seguridad jurídica, protege el derecho de propiedad y permite mantener los costos indemnizatorios dentro de parámetros razonables. La explicación tiene una lógica económica que merece ser considerada. Para una empresa, una deuda judicial que crece durante años mediante mecanismos de actualización diferentes según el tribunal puede convertirse en una obligación difícil de prever. La previsibilidad de los costos, la posibilidad de calcular contingencias y la existencia de reglas comunes son elementos importantes para cualquier actividad económica. Pero el problema aparece cuando esa previsibilidad se analiza desde un solo lado del mostrador. Porque del otro lado hay un trabajador que fue despedido, que no cobró lo que considera que le corresponde y que debió recurrir a la Justicia para reclamarlo. No eligió esperar cuatro, cinco o más años. Tampoco controla los tiempos de los tribunales ni puede decidir cuándo termina el expediente. Sin embargo, durante todo ese período, su crédito queda expuesto a la pérdida de poder adquisitivo que produce la inflación.

El artículo 55 establece un mecanismo específico para esos expedientes. La actualización se calcula mediante la tasa pasiva que determine el Banco Central, con un límite máximo equivalente al capital histórico actualizado por IPC más un 3% anual y un piso del 67% de ese último cálculo. La norma dispone, además, que estos parámetros son de orden público y deben ser aplicados por los jueces de oficio o a pedido de parte. No es un detalle menor. El nuevo mecanismo modifica las expectativas económicas de quienes ya estaban litigando y establece un criterio que deberá ser considerado en las causas alcanzadas por la disposición. Tampoco significa que todos los trabajadores cobrarán automáticamente un 33% menos: el resultado dependerá de la liquidación y de la aplicación de los límites establecidos por la ley.

Hay, además, una cuestión jurídica que conviene no confundir. La Corte no declaró constitucional el artículo 55 ni resolvió definitivamente la discusión sobre la prohibición de indexar. Consideró que, al momento de dictar sentencia, debía atender a la legislación vigente y que esa nueva regulación resolvía el criterio de actualización aplicable a los expedientes involucrados. Por eso dejó sin efecto las decisiones anteriores y ordenó dictar nuevos pronunciamientos. La diferencia importa porque el debate constitucional no desaparece por el solo hecho de que la Corte haya dispuesto aplicar una norma. La discusión sobre los alcances de los derechos patrimoniales, la protección del trabajo y la razonabilidad de los mecanismos de actualización conserva su dimensión jurídica.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece una protección especial para el trabajador. No se trata de una concesión política ni de una fórmula retórica: es un mandato constitucional que debe convivir con el derecho de propiedad y con la seguridad jurídica. Y precisamente por eso resulta insuficiente analizar el problema exclusivamente desde la necesidad empresarial de limitar las contingencias judiciales. Una indemnización laboral no es una inversión financiera. Es un crédito que nace de una relación de trabajo y que, cuando no se paga, puede terminar convertido en un expediente judicial. Si el tiempo transcurrido deteriora su valor real, la pregunta no puede ser solamente cuánto debe pagar una empresa, sino también cuánto termina perdiendo quien tuvo que esperar para cobrar. La discusión tampoco exige desconocer que existen mecanismos de actualización que pueden producir resultados desproporcionados o que la litigiosidad necesita reglas claras. Pero una cosa es evitar distorsiones y otra es que la búsqueda de previsibilidad termine trasladando al trabajador una parte del costo económico de la demora judicial.

En definitiva, la seguridad jurídica es indispensable. Sin reglas previsibles no hay inversión, planificación ni estabilidad en las relaciones económicas. Pero esa seguridad no puede tener una sola dirección. También debe garantizar que quien tiene un derecho reconocido no termine recibiendo una suma cuyo valor se haya deteriorado por circunstancias que no provocó. La Corte tomó una decisión que tendrá consecuencias sobre los juicios laborales alcanzados por la nueva legislación. El Gobierno la presentó como una señal favorable para las empresas. Ahora corresponde mirar la otra cara de la resolución y examinar qué sucede con los trabajadores que llevan años esperando una respuesta. Porque la seguridad jurídica tiene dos bolsillos. Y si uno se protege mientras el otro pierde poder adquisitivo, la discusión sobre el equilibrio todavía está lejos de terminar.

La salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, utilizando a la Argentina como país de tránsito en medio de restrictivas medidas judiciales en su contra, desencadenó la apertura de investigaciones judiciales dirigidas hacia funcionarios del gobierno argentino.
La controversia se intensificó tras la confirmación de la Dirección Nacional de Migraciones respecto al paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino. El legislador, sobre quien pesaba una orden de entrega de pasaportes y una prohibición de salida de Brasil emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes en el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero, cruzó la frontera terrestre a través del puente internacional Tancredo Neves hacia Puerto Iguazú.
Según las autoridades migratorias argentinas, el senador ingresó al país junto a su familia presentando documentación válida y sin que pesaran en ese momento alertas ni restricciones registradas en los sistemas de control locales. Pocas horas después de su arribo a la provincia de Misiones, el grupo abordó un vuelo privado con matrícula argentina de la firma Baires Fly en el aeropuerto de Puerto Iguazú. Tras realizar una escala técnica de reabastecimiento en Guayaquil, Ecuador, la aeronave aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en la ciudad de Miami.

La rapidez de la maniobra y el trayecto aéreo seleccionado, que evitó el sobrevuelo del espacio aéreo brasileño, encendieron las alarmas en el ámbito político y judicial de la región. Frente a las versiones que sugerían la existencia de un operativo de auxilio, diversos actores de las partes involucradas hicieron públicas sus posturas de manera contradictoria.
En Brasil, el entorno político cercano al senador rechazó inicialmente la hipótesis de una huida del país. El coordinador de la campaña presidencial del Partido Liberal, Rogério Marinho, desmintió enfáticamente la salida de la dirigencia al declarar públicamente que el senador no había salido del territorio nacional. No obstante, una vez confirmado el desembarco en territorio estadounidense, el propio Flávio Bolsonaro dedicó un agradecimiento público al Presidente de la Nación Argentina, expresando en sus canales oficiales: «Gracias por su valentía y sentido de justicia».
Desde la Casa Rosada mantuvieron que los controles fronterizos operaron estrictamente conforme a la norma, asegurando que la familia ingresó «con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales registrados en los sistemas migratorios nacionales». Sin embargo, funcionarios de la administración celebraron abiertamente la noticia. Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, respaldó la maniobra en redes sociales al señalar que el legislador brasileño se encontraba «a salvo de una persecución política«.

El paso de Bolsonaro por suelo argentino dio lugar a la apertura de causas en la justicia federal. La fiscalía de Puerto Iguazú y juzgados federales porteños iniciaron medidas de prueba tras denuncias presentadas por legisladores de la oposición y presentaciones de oficio.Las actuaciones buscan determinar si existió un incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento o una intervención irregular por parte de integrantes del Poder Ejecutivo argentino para facilitar la logística y posterior despegue del vuelo privado. Entre los nombres señalados en los planteos judiciales figura el del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien la oposición atribuye participación en la coordinación del operativo, además de requerirse la preservación de los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional misionesño y de las planillas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La crisis hídrica en la localidad bonaerense de Carlos Casares desató un nuevo y duro cruce político entre el gobernador Axel Kicillof y los legisladores de La Libertad Avanza, quienes reclamaron por la ejecución de obras públicas e insistieron en la responsabilidad provincial sobre el servicio de agua potable. El enfrentamiento se originó a raíz de los graves problemas de abastecimiento de agua y las inundaciones que afectan a la región, una situación que motivó críticas cruzadas sobre el manejo de la infraestructura y el financiamiento estatal.
La senadora provincial por la Cuarta sección electoral, Analía Balaudo, apuntó directamente contra la administración bonaerense y sostuvo que la prestación del servicio a través de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. es una competencia exclusiva de la Provincia. La legisladora argumentó que el gobierno de Kicillof no puede eludir sus obligaciones y calificó de ridículo intentar desviar responsabilidades hacia la administración nacional. Este posicionamiento se enmarca en la denuncia penal presentada formalmente por Balaudo contra ABSA y funcionarios provinciales. En dicha acción judicial se investigan presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de las deficiencias reiteradas en la provisión del servicio esencial para los vecinos de Carlos Casares.

Por su parte, el gobernador Kicillof desestimó los reclamos durante su visita a la ciudad y cuestionó la postura de los referentes libertarios. El mandatario calificó de contradictorio que dirigentes de ese espacio exijan obras de infraestructura a nivel local mientras respaldan la política de inversión cero impulsada por el presidente Javier Milei a escala nacional.
Desde la bancada libertaria, conducida en el Senado por Carlos Curestis, respondieron que las diferencias con la Casa Rosada no eximen a la administración provincial de gestionar y solucionar los problemas que corresponden a su jurisdicción. El contrapunto dejó al descubierto la persistente tensión entre la Provincia y la Nación en torno a la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos básicos.

El Congreso perdonó deudas con CAMMESA, pero los honorarios del juicio contra la Cooperativa los pagan los socios. La ley de Zonas Frías incluyó un mecanismo para compensar las facturas impagas de las distribuidoras eléctricas con la mayorista. La Cooperativa Mariano Moreno podría intentar acogerse, aunque con condiciones que todavía no cumple. Lo que ninguna ley borra son las costas y los honorarios regulados en el juicio que ya perdió, y esa cuenta la afronta la entidad con el dinero de todos sus asociados.

Por Redacción Extra Digital

El Senado convirtió en ley la semana pasada el paquete energético del Gobierno nacional. El debate público se concentró en la reforma del régimen de subsidios al gas para las zonas frías, pero el artículo más discutido es otro. Bajo el título de «Autosuficiencia económico-financiera del Mercado Eléctrico Mayorista», el artículo 4° habilita a las distribuidoras eléctricas a compensar las deudas que acumularon con CAMMESA, la compañía que administra la compra y venta de energía en el país, con los ingresos que dicen haber dejado de percibir durante los años de congelamiento tarifario.
Las cifras nacionales son grandes. Según el informe que la Jefatura de Gabinete envió al Congreso en abril, la deuda alcanzada ronda los 1.842 millones de dólares. Edenor encabeza la lista con 438 millones, Edesur sigue con 345, y si se agrupa por holding el mayor beneficiario es el Grupo DESA de Rogelio Pagano, dueño de EDEN, EDELAP, EDEA, EDES y EDESA, con 474 millones. El funcionario a cargo de implementar el mecanismo, el subsecretario de Energía Eléctrica Damián Sanfilippo, fue director de suministros de ese grupo y gerente general de EDEN, según publicó el portal especializado Post Energético.
En 9 de Julio la pregunta es más concreta. La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno arrastra una deuda con CAMMESA que ya no está en discusión, porque tiene sentencia firme en un juicio ejecutivo. ¿La alcanza el perdón? En parte, quizás, y con condiciones. Pero hay una porción de esa cuenta que la ley no toca y que los asociados van a pagar de todos modos.

Cómo funciona el perdón

La ley no condona nada de manera automática. Lo que crea es un procedimiento administrativo. La Secretaría de Energía debe calcular cuánto dejó de cobrar cada distribuidora por las tarifas congeladas durante las emergencias, un concepto que la norma llama «activos regulatorios», y ese monto se aplica a cancelar la deuda con CAMMESA, hasta el límite de esa deuda. Si el crédito es mayor que el pasivo, la diferencia no se cobra en efectivo ni se puede destinar a otra cosa.
Hay tres condiciones que importan para una cooperativa del interior bonaerense. La primera es que la distribuidora tenga un plan de regularización de deudas con CAMMESA. La segunda es que renuncie a todos los reclamos judiciales o administrativos contra el Estado Nacional vinculados a las emergencias tarifarias. La tercera es de jurisdicción. La Subsecretaría nacional calcula los activos regulatorios de las distribuidoras bajo jurisdicción federal, que son Edenor y Edesur; para las demás, incluidas las cooperativas bonaerenses, el trámite requiere la intervención de las autoridades energéticas de la Provincia, es decir del Ministerio de Infraestructura y del OCEBA, que es quien fija las tarifas que se dicen congeladas.
Asesores de cooperativas de otras provincias que ya analizaron la ley coinciden en que se trata de una herramienta pensada para las grandes distribuidoras que también alcanza a las cooperativas, pero advierten que no es una condonación inmediata: hay que instar el procedimiento, auditar la deuda y cuantificar el crédito. Todo eso depende de una reglamentación que todavía no existe.

El juicio que la Cooperativa Mariano Moreno ya perdió

La situación de la Mariano Moreno tiene una particularidad que la distingue de la mayoría de las distribuidoras que la ley tiene en mente. Su deuda con CAMMESA no es una factura pendiente ni un plan de pagos en curso. Es una sentencia. CAMMESA promovió un juicio ejecutivo ante la Justicia Federal, obtuvo sentencia de trance y remate, y el 4 de agosto de este año la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó el último recurso que intentó la Cooperativa. Desde entonces la condena está firme, se practicó la liquidación del capital con sus intereses y el expediente se encuentra en la etapa de regulación de honorarios de los abogados.
Ese dato no fue informado por la Cooperativa en el descargo que presentó ante el INAES en el expediente que investiga su administración, según pudo constatar este medio. Tampoco figura, hasta donde se sabe, en la información que la entidad ha dado a sus asociados sobre el estado del pasivo.
¿Puede la Cooperativa, con una condena firme, entrar al régimen de compensación? En principio la ley no lo excluye: la deuda por compra de energía es la misma, esté o no judicializada. Pero para hacerlo tendría que suscribir un plan de regularización con CAMMESA, cosa que no ha ocurrido, y tendría que renunciar formalmente a cualquier reclamo contra la Nación por la emergencia tarifaria. Esa renuncia es una decisión societaria de peso, que implica resignar un crédito potencial a cambio del alivio, y que en una cooperativa debería pasar por la asamblea de asociados.

Lo que ninguna ley perdona

Aquí está el punto que conviene dejar claro, porque es el que va a tocar el bolsillo de cada socio. La ley permite compensar una cosa muy precisa: las obligaciones que las distribuidoras tienen con CAMMESA por la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. Eso es el capital de la deuda y sus intereses. Nada más.
Cuando una empresa pierde un juicio, la sentencia la condena además a pagar las costas del proceso. Las costas incluyen la tasa de justicia y, sobre todo, los honorarios de los abogados de la parte que ganó. Esos honorarios se regulan en función del monto del juicio, y en un ejecutivo por una deuda millonaria con CAMMESA representan una suma muy importante. En el caso de la Cooperativa, ese cálculo es exactamente lo que el juzgado federal está haciendo en este momento.

Los honorarios no son un crédito de CAMMESA. Son un crédito propio de los abogados que la representaron, contra la Cooperativa como condenada en costas. Una ley nacional que autoriza a compensar deudas «con CAMMESA» no puede extinguir lo que se le debe a un tercero, y ningún artículo de la norma sancionada lo intenta. Lo mismo vale para la tasa de justicia, que es un tributo, y para los gastos del proceso. En otras palabras, aun en el mejor escenario para la Cooperativa, aun si logra un plan con CAMMESA, renuncia a sus reclamos, convence a la Provincia de que le reconozca activos regulatorios y consigue que el Estado absorba hasta el último peso del capital, los honorarios y las costas del juicio se pagan igual. Y se pagan con el único dinero que tiene una cooperativa: el que aportan sus asociados a través de la tarifa.
Esa es la cuenta que dejó el litigio. Haber llegado a una sentencia firme, en lugar de acordar antes o de pagar en término, tuvo un costo que no depende de ninguna decisión que se tome ahora en Buenos Aires ni en La Plata. Ya está fijado por la Justicia, solo falta ponerle número.

Las preguntas que faltan responder

La ley también abrió un debate que las cooperativas cumplidoras miran con recelo. Entidades que pagaron en tiempo y forma sus facturas a CAMMESA no reciben ningún beneficio, mientras las que dejaron de pagar ven licuado su pasivo. En el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo planteó esa objeción a los funcionarios de Energía. Distribuidoras provinciales del interior bonaerense, además, ya habían advertido en mayo que ellas también tienen derecho a reclamar activos regulatorios, con antecedentes judiciales a favor, lo que puede convertir el perdón en un problema fiscal mayor que el previsto.
Para los asociados de la Mariano Moreno quedan preguntas concretas que el consejo de administración debería responder antes de la próxima asamblea. Si va a intentar acogerse al régimen, con qué plan de regularización, y a qué reclamos va a renunciar. Cuánto suman las costas y los honorarios que la compensación no cubre. Y por qué la firmeza de la condena, que cambió el estado patrimonial de la entidad desde agosto, no fue informada a los socios ni a la autoridad que la fiscaliza.

Ayer sábado, la familia de Matías Inveninato, junto con integrantes de «Estrellas Amarillas», pintaron la que recuerda el lugar y la fecha en donde fue atropellado y perdió la vida. Familiares y allegados estuvieron en ese punto del acceso a la localidad de French realizando este homenaje y recordatorio de algo que nunca debió haber pasado. Emiliana Chávez, la abogada que patrocina a la familia, leyó una carta de la hermana de Matías, que puso en palabras el dolor de la pérdida y dejando bien en claro que la búsqueda de justicia es inclaudicable ademas de la mejor manera de honrar su memoria.

«Ya pasaron 3 años de aquel 17 de septiembre que sacudióuestra vida para siempre….
Es muy loco como el tiempo puede mutar tanto…pasar de ser eterno a transcurrir con una velocidad atroz…
Así pasan los recuerdos, así se pasan los días… muchos son interminables, otros ni siquiera nos damos cuenta.
Pero hay algo que nos queda y es tu ausencia…Y de repente tenemos que aprender a llenarla…
Intentamos ponerle palabras, recuerdos, colores, anécdotas…pero tu espacio sigue quedando vacío…
la mesa familiar no es la misma, la casa es inmensa, y al mismo tiempo, te encontramos en cada rincón,
una foto, un disco de cerati, un libro de historia, una remera, un chiste compartido, un papel con tu letra,
tu risa contagiosa y tu mirada profunda…
Ya 3 años sin vos Mati.. y el pecho se estruja… Duele la soledad, duele la ausencia de un último abrazo, de un último beso
El pedido sigue siendo el mismo: Justicia para que lo que pasó no quede en el olvido…
para que atropellar y escapar… no sea una salida tramposa…
Hoy pintamos esta estrella para recordar que aquí se apagó tu vida, Pero tu recuerdo está más vivo que nunca…
En cada uno de nosotros, tus afectos, tu familia, tus amigos…
quienes tuvimos el privilegio de tenerte cerquita sabemos quién fue El Tingo…
para quienes no te conocieron queremos que sepan que aquí se apagó un ser de
luz que hoy nos acompaña desde el cielo…. para siempre… hasta que nos volvamos a encontrar…
Y mientras tanto, el pedido sigue siendo el mismo… Porque tres años pasaron y la pregunta sigue ahí, intacta, esperando respuesta… No pedimos venganza… nunca lo pedimos… Pedimos que la muerte de Matías tenga consecuencias…
Que su vida valga lo mismo que valía cuando reía acá, entre nosotros…
Que atropellar y abandonar a una persona al costado de un camino no quede en la nada…
Que su nombre no se convierta en un expediente más esperando en un juzgado…
Que alguien diga, por fin, que lo que le pasó importó…
Que su vida importó…
Y esta estrella que hoy pintamos es también un llamado… para que el que pase por acá se
detenga y reflexione… porque ninguna vida puede apagarse en un camino y quedar
en el olvido… nosotros vamos a seguir nombrándote… hasta que la justicia llegue…
porque vos merecías vivir… y merecés que se haga justicia.»

La Dirección del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) N° 4 emitió un comunicado dirigido a docentes, estudiantes, personal no docente y al público en general para advertir sobre la existencia de perfiles digitales y publicaciones que utilizan el nombre y el logotipo de la institución sin autorización. Las autoridades del establecimiento educativo, perteneciente a la Unidad Académica Escuela Normal Superior, calificaron como sumamente grave el hecho de que en este contexto también se haya constatado la difusión de imágenes de menores de edad.
Frente a esta situación, la entidad subrayó que la identidad institucional, incluyendo el empleo de sus símbolos, marcas e isotipos, está estrictamente reservada para sus canales de comunicación oficiales. Por lo tanto, recordaron que su uso, por parte de terceros, sin la debida autorización previa se encuentra terminantemente prohibido.

                                                                           Ejemplo de publicación falsa

Asimismo, la institución hizo especial hincapié en la protección de los menores involucrados. El documento oficial recuerda que la difusión de fotografías de niños, niñas y adolescentes sin el consentimiento explícito de sus progenitores o tutores supone una vulneración de los derechos fundamentales. Estos derechos se encuentran amparados y consagrados por las leyes nacionales y provinciales vigentes orientadas a la protección de la niñez.
Finalmente, las autoridades del ISFDyT N° 4 lanzaron una contundente advertencia sobre las consecuencias para los involucrados. El comunicado establece de manera categórica que toda persona que genere, replique o promueva este tipo de contenidos asumirá la total responsabilidad legal y administrativa por las infracciones cometidas y los perjuicios ocasionados.

La Corte Suprema ordenó a Facebook borrar publicaciones anónimas que señalaban a un estudiante de la UNLP como «abusador, manipulador psicológico y machista» y entregar los datos de quienes las hicieron. El fallo fue unánime y marca un límite para los escraches virtuales.

Por Redacción Extra Digital

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer este miércoles un fallo que toca de cerca a cualquiera que tenga un celular. Los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, decidieron por unanimidad que Facebook Argentina SRL debe eliminar publicaciones de Facebook e Instagram que acusaban a un estudiante universitario de ser «abusador, manipulador psicológico y machista». También le ordenaron a la empresa entregar los datos disponibles para identificar a los titulares de las cuentas desde las que se difundieron.
El caso empezó con una acción de hábeas data. La presentó un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, a quien el expediente identifica con las iniciales F.C. Los posteos aparecían bajo el nombre «Comisión de Género de la FaHCE», llevaban una fotografía suya y contaban detalles de una relación sentimental con una integrante de esa agrupación, cuya identidad nunca se hizo pública. El joven contó en la demanda que después de esas publicaciones sufrió destrato, exclusión social y distanciamiento, y que también se vio afectado su trabajo como docente. En primera instancia le dieron la razón. La Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión porque entendió que el tema de fondo, la violencia de género, era de interés público, que tanto el estudiante como la comisión tenían relevancia pública y que los posteos eran una denuncia política antes que una descalificación personal. La Corte dejó sin efecto esa sentencia.
El primer punto que discutió el tribunal fue si un militante es una figura pública. El estudiante participaba en agrupaciones y en reclamos por el aborto legal, la violencia de género y los femicidios. Para Rosatti, «el mero hecho de haberse presentado en la demanda como ‘militante social’ no lo equipara a una figura pública«. Y advirtió que pensar lo contrario podría «obstaculizar gravemente la libre intervención de los ciudadanos en la discusión política al desincentivar fuertemente la expresión pública de sus opiniones personales«. Dicho de otro modo, si opinar o participar alcanzara para perder la intimidad, muchos elegirían quedarse callados.
Lorenzetti llevó la discusión a la vida en las redes. «Las costumbres sociales se han inclinado hacia la publicación de todo lo que se hace día a día en el mundo digital, pero no por esa razón se trata de personas ‘públicas’«, escribió. Publicar la propia vida en Instagram o sumarse a una causa colectiva, según su voto, no significa renunciar a la protección de la privacidad.
El segundo punto fue el interés público. Rosenkrantz sostuvo que la importancia del discurso sobre la violencia contra las mujeres, «o a cualquier otro discurso que tenga trascendencia social, política o institucional«, no es «una razón válida para aplicar de un modo diferente las pautas que esta Corte ha establecido invariablemente en numerosos fallos«. El fallo lo resume así: «La circunstancia de que ciertos temas sean -desde un punto de vista teórico, sistémico o ideológico- de interés público, no autoriza per se a exponer en redes sociales aspectos que hacen a una relación sentimental en particular o detalles de la vida sexual de una persona«. Para la Corte, los hechos concretos que se difunden tienen que estar directamente relacionados con el interés público que se invoca, y no alcanza con que el tema en general sea importante.
El tercer punto, y quizás el más novedoso, fue el anonimato. Rosatti señaló que las redes sociales llegan a muchísima gente y a la vez permiten ocultar quién publica. Esa combinación multiplica el efecto de una acusación y le quita al acusado la posibilidad de responder. En este caso, además, la denuncia nunca llegó a una oficina administrativa ni a un juzgado donde pudiera investigarse con una autoridad imparcial. «La ausencia de datos mínimos verificables que permitan al individuo que se encuentra implicado en la denuncia ejercer su derecho de defensa, vulnera el debido proceso en sentido amplio y expone al acusado a un riesgo cierto de daño irreparable a sus derechos personalísimos«, escribió el presidente del tribunal.
Rosatti reconoció que el anonimato puede servir para denunciar violencia, sobre todo cuando quien denuncia está en inferioridad de condiciones. Pero marcó hasta dónde puede llegar: «El anonimato para denunciar hechos relativos a la violencia de género puede ser un buen comienzo, pero no puede ser llevado al límite de impedir el ejercicio del derecho de defensa«. Según la Corte, la forma en que se difundieron las acusaciones dejó al estudiante en una «inaceptable situación de indefensión».
Conviene leer el fallo con precisión. La Corte no prohibió los escraches en redes ni dijo que las denuncias por violencia de género deban quedar en silencio. Resolvió un caso concreto en el que se juntaron cuatro elementos: acusaciones graves, cuentas anónimas, exposición de la vida íntima y ninguna instancia donde el acusado pudiera defenderse. Esa suma fue la que el tribunal consideró incompatible con la protección del honor y la intimidad. La sentencia tiene 59 páginas e incluye un repaso histórico sobre el anonimato y los seudónimos, con referencias a El Lazarillo de Tormes, El Federalista, Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges.
En las ciudades del interior, donde todos nos conocemos y una publicación en Facebook recorre el pueblo en una tarde, el fallo tiene una lectura práctica. Cualquiera puede denunciar, opinar y criticar. Lo que ahora tiene un límite claro fijado por la Corte es acusar a alguien desde las sombras y exponer su vida privada sin darle la posibilidad de defenderse. La libertad de expresión sigue siendo la regla. El derecho de defensa también cuenta.

Manuel Adorni presentó en la Justicia su justificación patrimonial en la causa por enriquecimiento ilícito. Setenta y ocho páginas que intentan cerrar una cuenta que, puesta en orden cronológico, sigue sin cerrar.

En el último día del plazo, la defensa de Manuel Adorni entregó al fiscal federal Gerardo Pollicita un escrito de setenta y ocho páginas con respuestas a las veinte preguntas que la fiscalía le había formulado sobre su patrimonio. La causa tramita ante el juzgado de Ariel Lijo e investiga la evolución de sus bienes entre el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió como funcionario, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete. La conclusión del escrito es que esa evolución «encuentra sustento razonable y verificable». Para evaluar esa frase no hace falta opinar. Alcanza con poner las declaraciones juradas del propio Adorni una detrás de la otra.

La secuencia, según sus declaraciones juradas

• Diciembre de 2023. Al asumir declara un patrimonio de alrededor de 26 millones de pesos. La mitad de un departamento en Parque Chacabuco, otro en La Plata, un auto de 2019 y ahorros. Un perfil austero.
• 2024. En la declaración original, el patrimonio neto de ese año figura en 12,4 millones de pesos.
• Marzo y abril de 2026. Se abre la causa penal y la Justicia levanta el secreto bancario.
• 10 de junio de 2026. Con la investigación en curso, Adorni rectifica sus declaraciones. El patrimonio de 2023 pasa de 26,7 a 478,1 millones de pesos. El de 2024, de 12,4 a 570 millones. Aparecen más de 500.000 dólares en efectivo que antes no figuraban y la mitad de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
• 11 de junio de 2026. Presenta la declaración de 2025, con un patrimonio neto de 627,2 millones de pesos. Se suma la mitad de un departamento en Caballito, comprado en noviembre de 2025 en 230.000 dólares.
• 27 de junio de 2026. Deja el cargo.
• 21 de septiembre de 2026. Presenta la justificación ante la fiscalía.

Medido en términos reales, descontada la inflación, el crecimiento entre la declaración original de 2023 y la de 2025 supera el 400 por ciento. Pero el dato más revelador no es el porcentaje, sino el momento. Los bienes que explican ese salto no aparecieron durante la gestión, sino después de que la Justicia empezara a preguntar por ellos.
La explicación central de la defensa es una inversión en bitcoin realizada entre 2014 y 2018, con un capital inicial de 200.000 dólares que habría generado otros 300.000 de ganancia. De ahí saldría el efectivo que respalda todo lo demás. El problema es aritmético antes que judicial. Quien tenía esa suma disponible en 2014 declaró, al asumir en 2023, un patrimonio de unos 26 millones de pesos. Especialistas que revisaron la documentación presentada con las rectificaciones calificaron los cálculos de confusos y erróneos.
El resto del andamiaje descansa en préstamos. Madre y abuela aportaron 42.500 dólares. La casa de Indio Cuá, de 120.000 dólares, se pagó con 20.000 en efectivo y 100.000 prestados por particulares, sin intervención bancaria. El departamento de Caballito se pagó con 30.000 dólares en efectivo y una hipoteca privada de 200.000, otorgada por las propias vendedoras, a dos años y sin interés. Todo es legal. Todo es posible. Pero una hipoteca sin interés entre desconocidos en la Argentina de 2025 es, por lo menos, una rareza que merece más que una línea.
La fiscalía, además, atribuye a las refacciones de Indio Cuá un gasto de 245.000 dólares pagados en efectivo a un contratista. La defensa lo niega y sostiene que el costo fue menor y salió de ahorros propios. Y queda en pie la brecha que la investigación detectó en el período: ingresos por 229,7 millones de pesos frente a gastos por 272,8 millones, con una diferencia superior a los 43 millones, a la que se suman unos 400.000 dólares que, según la investigación, no encuentran correlato en ingresos lícitos comprobados.
Conviene recordar qué es exactamente lo que se discute. El delito de enriquecimiento ilícito del artículo 268 (2) del Código Penal tiene una particularidad: se configura cuando el funcionario, requerido a justificar un enriquecimiento apreciable posterior a su asunción, no lo justifica. La carga de la explicación la tiene él. Por eso este escrito no es un trámite más, sino el acto central de la causa. Y por eso importa tanto que las explicaciones remitan a una inversión de hace doce años con documentación discutida, a préstamos de particulares y a pagos en efectivo sin factura.
Nada de esto convierte a Adorni en culpable. Rige la presunción de inocencia y corresponde que sea la Justicia la que diga si la justificación alcanza. El fiscal puede darla por suficiente, pedir nuevas medidas o citarlo a indagatoria. Pero sí hay algo que se puede afirmar desde ahora, porque surge de sus propios papeles. Un funcionario que declaró un patrimonio modesto al entrar, rectificó sus declaraciones recién cuando lo investigaban y explica la diferencia con bitcoins de 2014, préstamos familiares y dinero en efectivo, no presentó una justificación, presentó una versión.
Adorni fue, durante más de dos años, la voz del Gobierno que prometía terminar con los privilegios de la casta. Esa promesa se mide también en esto. La transparencia no es una consigna para los otros, sino una declaración jurada que cierra el primer día, sin necesidad de rectificarla cuando llega la citación.

 
A tres años del fallecimiento de Matias Inveninato, familiares y amigos lo recuerdan con una carta que incluye, además de su memoría, el pedido de justicia. Una Justicia demorada, con acusados, señalados, y una causa que va muy lenta.
La carta dice lo siguiente.

17 de septiembre de 2026. Tres años. Hay fechas que no pasan. Se quedan. Se quedan en la memoria, en las fotografías, en los lugares, en las conversaciones. Se quedan en el corazón de quienes tuvieron que aprender a vivir con una ausencia que nunca eligieron. Hoy se cumplen tres años desde que Matías Sebastián Inveninato, Tingo, murió. Tenía 37 años. Tenía sueños. Tenía proyectos. Tenía amigos. Tenía una familia que lo amaba. Tenía abrazos todavía por dar, risas todavía por compartir, días que todavía no había vivido. Tenía toda una vida por delante. Y en un segundo, todo eso se apagó.
Pero hay algo que el tiempo no pudo apagar: su recuerdo. Porque Tingo no es un nombre en un expediente. No es un número de causa. No es una noticia vieja. Tingo fue una persona. Alguien que dejó huellas en quienes lo conocieron. Alguien cuya ausencia todavía duele. Alguien cuyo lugar nadie puede ocupar. Y por eso hoy, tres años después, queremos recordarlo como merece: con amor, con dolor, pero también con la voz firme. Porque aquella mañana no solamente se perdió una vida. Una familia perdió a uno de los suyos. Unos padres perdieron a un hijo. Unos hermanos perdieron a un hermano. Los amigos perdieron a un amigo. Y quienes lo amaban tuvieron que empezar a convivir con una pregunta que todavía duele: ¿Por qué?
Matías fue atropellado y abandonado, en el acceso a French. Y desde aquel día, además del dolor de haberlo perdido, comenzó otro camino: el de buscar la verdad y esperar justicia. Un camino demasiado largo. Tres años esperando que la Justicia Penal haga justicia. No pedimos venganza. Nunca la pedimos. Pedimos que la muerte de Matías tenga consecuencias. Pedimos que se determine la responsabilidad que corresponda. Pedimos que su vida tenga el valor que tenía cuando todavía estaba entre nosotros. Porque la justicia no devuelve a Matías. No lo va a traer de vuelta. No va a borrar aquella mañana. No va a reparar completamente el corazón de quienes lo lloran.
Pero puede decir algo que una familia necesita escuchar: que su vida importó. Que lo que le pasó importó. Que abandonar a una persona al costado de un camino no puede convertirse en una historia que el tiempo termine borrando. Hoy no queremos que Tingo sea recordado solamente por la forma en que murió. Queremos recordarlo por cómo vivió. Por quien fue. Por las personas que lo quisieron. Por las historias que dejó. Por todo lo que todavía provoca nombrarlo. Y también queremos que su nombre siga estando ahí, donde todavía falta una respuesta.
Tres años. Tres años de ausencia. Tres años de preguntas. Tres años de dolor. Tres años de esperar. Y aunque el tiempo pase, hay algo que no cambia: No te olvidamos, Tingo. No vamos a olvidar tu sonrisa. No vamos a olvidar tu nombre. No vamos a olvidar que tenías 37 años y una vida por vivir. Y tampoco vamos a olvidar lo que pasó. Porque recordar no es quedarse atrapado en el pasado. Recordar también es pedir que la verdad salga a la luz. Recordar es exigir justicia. Recordar es impedir que una vida se convierta simplemente en un expediente más. Hoy, a tres años de tu partida, te nombramos. Por vos. Por quienes te aman. Por quienes te extrañan. Por quienes todavía esperan. Y porque hay heridas que quizás nunca cierren, pero hay una esperanza que tampoco vamos a abandonar: QUE TU MEMORIA SEA SEMILLA DE JUSTICIA.
Matías “Tingo” Inveninato. 17 de septiembre de 2023 — 17 de septiembre de 2026.
Tres años sin vos. Tres años esperando justicia.

Por Redacción Extra Digital

La probation que el 28 de mayo de este año le permitió a Carlos Alberto Fullana, Sergio Nelson Mujica y Federico Horacio Raimundo Obieta evitar el juicio oral por uso de documento privado falso y estafa en concurso real —causa que tramita bajo la carátula ME-1921-2024— podría revocarse. Según pudo saber este medio, los tres imputados no cumplieron dentro del plazo fijado por el juzgado con condiciones centrales del beneficio.
La resolución, dictada por la Magistrada del Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, Claudia Esquivel, había concedido la suspensión por el término de tres años, con vencimiento recién en mayo de 2029, a cambio de una reparación económica de cien millones de pesos para los particulares damnificados y del cumplimiento de una serie de condiciones patrimoniales vinculadas a la sociedad «Juan F. Fullana S.A.», entre ellas la acreditación de que el inmueble sobre Ruta Nacional 5 estuviera libre de gravámenes y en condiciones de ser cedido a la familia damnificada.
Ese plazo, de acuerdo a lo que trascendió, ya venció sin que los imputados —representados por los defensores particulares Alejandro Acuña y Horacio Alejo Chiminelli— cumplieran con lo comprometido: no se firmó la cesión del inmueble y tampoco se efectivizó el pago de los cien millones de pesos ofrecidos como reparación del daño.
El incumplimiento no opera de forma automática. La ley exige que, antes de revocar el beneficio, se realice una audiencia. Pero de confirmarse que ni el inmueble ni el dinero cambiaron de manos, no habría otro camino que el debate oral y público por los delitos de uso de documento privado falso y estafa en concurso real para Carlos Fullana, Mujica y Obieta.
A casi tres meses de un acuerdo que suponía cerrar una disputa familiar y societaria arrastrada durante años, en Tribunales nadie descarta que, debido al incumplimiento, se fije día y hora del comienzo del juicio oral y público.

Por Redacción Extra Digital

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín ha emitido un fallo significativo que obliga a la Municipalidad de Rojas a rendir cuentas sobre la recaudación y el destino de las tasas agropecuarias, con un plazo de 45 días para presentar la información
detallada. Esta medida judicial surge como respuesta a un recurso de amparo presentado por entidades como la Sociedad Rural de Rojas, la filial local de la Federación Agraria Argentina y Coninagro, luego de que el municipio no diera curso a reiterados pedidos de
acceso a la información pública.
El núcleo del reclamo radica en la necesidad de conocer el volumen exacto de recursos que ingresan a las arcas municipales en concepto de tasas como la de conservación de la red vial, seguridad e higiene, y control de marcas y señales. Los productores agropecuarios buscan establecer si existe una verdadera correspondencia entre los montos recaudados y la prestación efectiva de los servicios que estas tasas deben financiar. En un distrito con aproximadamente 1.200 kilómetros de caminos de tierra, el estado de esta infraestructura es vital para la logística agropecuaria, y la presunción de que los fondos se desvían hacia otros fines ha motorizado este reclamo histórico.

Precedentes en otros Distritos Bonaerenses

El fallo en Rojas no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de creciente judicialización de los conflictos por las tasas viales en toda la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses, diversos juzgados han comenzado a establecer límites al cobro de tributos municipales cuando no se constata una contraprestación real del servicio.
Un precedente clave se registró en marzo de este año en Daireaux, donde un juzgado de Trenque Lauquen declaró nulo el cobro de la tasa vial tras comprobarse que el municipio no había prestado el servicio de mantenimiento de manera adecuada durante los años
2022 y 2023. La sentencia determinó que el cobro pierde su sustento jurídico si el servicio no se presta efectivamente, obligando al municipio a devolver lo cobrado a los productores demandantes. Este fallo estableció que la existencia del servicio no puede ser una
«presunción abstracta», sino que debe demostrarse concretamente.

En abril de 2026, la Justicia también hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por productores en el partido de Azul. Al igual que en Rojas, la administración local fue intimada a informar en un plazo de 45 días sobre los costos, las obras ejecutadas y los datos generales relativos al mantenimiento de la red vial. En este distrito, la controversia se había exacerbado tras la implementación de un tributo que exigía el pago equivalente a un litro de gasoil por hectárea mensual, lo que movilizó a los sectores rurales a exigir mayores niveles de control sobre el uso de los fondos.

Implicancias y Reclamos del Sector Agropecuario

La acumulación de fallos judiciales favorables a las entidades rurales ha generado preocupación en las administraciones municipales, ante la amenaza que esto representa para su recaudación. Sin embargo, desde el sector productivo aclaran que el objetivo principal no es la evasión del pago, sino garantizar la existencia de caminos transitables que permitan el traslado de la producción, el acceso a las escuelas y la conectividad de los establecimientos rurales. «El productor no quiere no pagar. Lo que quiere es pagar, pero tener caminos.
Porque si no tengo caminos, ¿de qué me sirve no pagar la tasa si tampoco puedo sacar la producción?»
Frente a esta problemática, organizaciones como CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) impulsan un cambio de paradigma en la gestión de los recursos. El reclamo central apunta a dotar a las sociedades rurales de potestades para fiscalizar y supervisar el destino de los fondos recaudados. Asimismo, proponen la conformación de consorcios donde los propios productores tengan
participación directa en la administración de los recursos destinados a la red vial, un modelo que, según argumentan, ha demostrado ser exitoso en otras jurisdicciones al garantizar la operatividad de los caminos y prevenir la judicialización de los conflictos
tributarios.

El reciente fallo de sentencia definitiva en el caso Kersich (dictado por el juez Luis Marcelo Giacoia) representa una victoria histórica para el partido de 9 de Julio. Al resolver el amparo colectivo iniciado en 2010 por la ONG «9 de Julio TODOS por el AGUA» con el patrocinio del Dr. Fernando Cabaleiro de Naturaleza de Derechos, la justicia impuso de forma permanente el límite estricto de 0,01 mg/l de arsénico y ordenó mantener los estándares sanitarios del Código Alimentario Argentino.
Dado que el caso de French funciona como una evolución directa del caso Kersich —pero sumando la gravedad de la contaminación del agua por agroquímicos y pesticidas además del arsénico—, entrevistarnos con el abogado Cabaleiro fue clave y este respondió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).
“La sentencia definitiva cierra un proceso emblemático de 16 años. La causa, respaldada por 2.600 personas, visibilizó la problemática regional del acceso al agua y estableció reglas procesales aplicables a todos los casos vinculados con este derecho humano”, dijo Cabaleiro. Y agregó: “La planta potabilizadora de 9 de Julio ya no garantiza el límite de 10 µg/L de arsénico: los últimos muestreos registran entre 16 y 56,1 µg/L. Evaluaremos plantearlo en la causa o esperar la sentencia para exigir su cumplimiento en la etapa de ejecución”.

Cabaleiro aclaró que “La sentencia obliga a ABSA y a la provincia a garantizar 10 microgramos de arsénico por litro, pero el problema persiste. Hay que determinar por qué el agua sale contaminada, extender la red a zonas periféricas y resolver las deficiencias en ‘Ciudad Nueva’ y French”.
“La sentencia reconoce la lucha vecinal, pero la contaminación por arsénico y agrotóxicos sigue invisibilizada y sin solución definitiva”, dice el abogado ambientalista a cargo de las dos causas. “La problemática se extiende por la llanura bonaerense y otras provincias, mientras las cautelares contra las fumigaciones no se cumplen debidamente”.
“La causa de French está trabada por recusaciones, apelaciones y demoras judiciales, mientras persisten incumplimientos de la cautelar. Confío en destrabarla y solicitar medidas y multas contra los responsables”, expreso Fernando Cabaleiro.

Tras una histórica batalla judicial de más de 15 años, los vecinos de 9 de Julio lograron una victoria definitiva en defensa de su salud. El Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes dictó un fallo histórico que obliga a la empresa ABSA y a la Provincia de Buenos Aires a garantizar agua potable libre de arsénico para todo el partido, sentando un precedente nacional.
Para hablar sobre este logro colectivo y lo que significó para la comunidad, Julia Crespo, ex integrante de “Todos porel agua” estuvo dialogando enen ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) : “Yo soy la cara visible y más conocida de esta lucha, pero no hay que dejar de reconocer, como siempre lo hago, que esto fue una lucha vecinal, donde se involucraron muchos vecinos y vecinas de 9 de julio, donde había un objetivo único y no importaba ningún otro tema. Este es el logro de una comunidad, de una ciudad, de un grupo de personas que, en conjunto, y solidariamente, hicieron una lucha para que se le reconozca el derecho al acceso a agua potable. Y no quiero dejar de mencionar alguien que ya no está con nosotros, varios de los luchadores del grupo que se involucraron mucho, hoy no están con nosotros. Quiero reivindicar al doctor Juan Gabriel Kersich que fue el iniciador y quien nos fue marcando cómo debíamos accionar y quien nos quiso entender a muchos que no podían seguir, nuestros hijos, no podíamos seguir nosotros consumiendo agua con esos niveles de arsénico”.

El fallo establece un estándar obligatorio para todas las prestadoras de agua del país: no superar el límite de 0,01 miligramos de arsénico por litro. De hecho, a raíz de esto, la entrevistada reconoció que ayer se habían recibido diversas consultas desde otros lugares del país al conocerse la noticia.
“El acceso al agua potable fue un logro colectivo” repite Crespo, “basado en análisis que hoy confirman que el agua de la red de ABSA es segura para beber; quienes lo cuestionen deben presentar pruebas, o dirigirse al área de bromatología, que le van a hacer el análisis y ahí tendrá el resultado del agua que entra a su casa”. La lucha vecinal de “Todos por el Agua” queda como precedente para futuros reclamos.

Por Redacción Extra Digital

La causa que le dio a la Argentina su precedente más citado sobre el derecho humano al agua potable nació en 9 de Julio y terminó el 27 de agosto pasado. El juez Luis Marcelo Giacoia dictó sentencia definitiva en «Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ Amparo», dieciséis años después de que veinticinco vecinos se presentaran por derecho propio a denunciar que el agua que salía de sus canillas superaba largamente los valores de arsénico tolerados por el Código Alimentario Argentino. El fallo tiene tres puntos. El primero condena a ABSA y a la Provincia de Buenos Aires a realizar las obras que aseguren la potabilidad del agua de red domiciliaria, con un contenido de arsénico que no podrá superar los 0,01 miligramos por litro. El segundo da esa condena por cumplida. El tercero impone las costas a la demandada vencida.

La secuencia merece atención, porque en ella se juega el resultado económico del pleito. ABSA había pedido que se declarara abstracto el objeto del amparo, y tenía con qué pedirlo. En septiembre de 2016 informó al expediente que la planta de tratamiento para remoción de arsénico de 9 de Julio estaba terminada, con una capacidad de 600 metros cúbicos por hora, y que el agua que salía de ella cumplía los parámetros exigidos. El juez no siguió ese encuadre. Entendió que la empresa había producido un hecho extintivo de la acción en los términos del artículo 163 inciso 6° segundo párrafo del Código Procesal, lo que le permitió condenar primero y tener por cumplido después. Un proceso declarado abstracto habitualmente termina con las costas por su orden. Una condena con hecho extintivo termina como terminó esta, con los gastos del juicio a cargo de quien obligó a litigar durante dieciséis años sin allanarse nunca. Esas costas recaen sobre ABSA y sobre la Provincia. La misma sentencia recuerda que el Estado provincial tiene participación en el capital accionario de la empresa, extremo que la Suprema Corte consideró en 2012 al citar al Fiscal de Estado para que interviniera en la causa.
El segundo legado del fallo es normativo y sobrevive al expediente. La defensa central de ABSA durante toda el litigio fue que la Provincia adhirió al Código Alimentario mediante la ley 13.230 en 2004, cuando el valor admitido de arsénico era 0,05 miligramos por litro, y que nunca ratificó las resoluciones conjuntas de 2007 que lo bajaron a 0,01. El juzgado rechazó esa lectura y adoptó la tesis de la adhesión dinámica, con apoyo en la doctrina de la Suprema Corte bonaerense en «Florit» y en «Caselles», en el rechazo de la Corte nacional a la queja de ABSA en «Conde» por el caso de Lincoln, y en lo resuelto por la Cámara de San Martín en «Fernández Urricelqui». La adhesión provincial no cristalizó la norma nacional en el estado en que estaba en 2004. Las prórrogas que habían diferido la exigencia del valor más estricto vencieron sin que se conocieran los resultados del estudio de hidroarsenicismo que las justificaba. El estándar aplicable en 9 de Julio, con autoridad de cosa juzgada, es 0,01.
El tercer elemento es el que ordena toda la historia. La medida cautelar se dictó el 2 de noviembre de 2010, a pocas semanas de iniciada la demanda, y se amplió el 10 de enero de 2011 para que el agua se entregara en bidones en el domicilio de cada amparista. En mayo de 2012 el juzgado multó a la empresa con veinte pesos por amparista y por día de incumplimiento, sanción que la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó en julio de ese año. ABSA recurrió esa cautelar hasta la Corte Suprema de la Nación y ganó en dos oportunidades, en 2014 y en 2017, siempre por razones procesales. En ambos fallos, los tribunales superiores ordenaron expresamente que la medida se mantuviera vigente por aplicación de los principios de prevención y precaución. La empresa ganó todas las discusiones sobre cómo debía tramitarse el juicio y siguió repartiendo bidones mientras las ganaba.
El reproche de la Corte Suprema en diciembre de 2014 fue el inverso del que suele escucharse en materia colectiva. No se objetó que quedara gente afuera. Se objetó que se incorporaran al expediente 2.641 coactores individuales, de manera que la Corte calificó de intempestiva y sorpresiva, con afectación del derecho de defensa de la demandada. La respuesta a un daño que alcanza a toda una ciudad pasa por la representación adecuada del grupo. Ese fue el camino que el juzgado tomó en 2018, cuando definió como colectivo afectado a toda persona domiciliada en el partido que consume agua de red de ABSA, incluida la zona de Ciudad Nueva, y designó al Defensor del Pueblo bonaerense como representante adecuado. En la audiencia donde se resolvió ese punto, dos de las actoras originales manifestaron haber perdido contacto con su letrado patrocinante.
La sentencia dedica un capítulo entero a la sociedad civil. Reconstruye, apoyándose en un trabajo académico de Verónica Cáceres publicado por el CONICET, cómo el reclamo empezó en 2010 con las preguntas de un médico en una red social, cómo derivó en la entidad «9 de Julio Todos por el Agua», y cómo más de un centenar de muestras de orina analizadas en la Universidad Nacional de Rosario arrojaron que el setenta por ciento de los vecinos estudiados presentaba niveles de arsénico por encima de los límites vigentes. El magistrado agrega allí una manifestación personal, cuando consigna que el seguimiento del Acta Acuerdo firmada en 2011 le consta por haber participado de algunas de las reuniones de supervisión.
Queda un intervalo que el fallo no explica. Entre el informe de ABSA que acreditó la planta en funcionamiento, en septiembre de 2016, y la medida para mejor proveer que el juzgado ordenó el 10 de marzo de 2026 para actualizar los valores del agua, transcurrió una década. La causa que resolvió el problema sanitario de la ciudad permaneció ese tiempo sin pronunciamiento definitivo, con la cautelar en pie y la planta funcionando.
El punto primero del fallo sigue siendo un título de condena, y ese es el activo que la ciudad conserva. Fija un techo de 0,01 miligramos por litro que hoy obliga a ABSA y a la Provincia, con un representante adecuado ya designado para todo el colectivo. Si algún día los valores vuelven a subir, nadie tendrá que empezar de nuevo. Lo que la sentencia del 27 de agosto vino a escribir en el expediente, 9 de Julio ya lo sabía desde 2016. Lo que hizo el trabajo durante todo ese tiempo fue una medida provisoria dictada por un juez a las pocas semanas de recibir la demanda, sostenida contra tres instancias de recursos, mientras la decisión de fondo esperaba su turno.

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