Por Juan M. Jara

En un Municipio en rojo, que transita sus días en descubierto (sin eso no podria pagar sueldos), con una planta sobredimensionada y servicios deficientes, el foco está puesto en la estructura. La plata no alcanza, se escucha decir como explicación mezclada con excusa, pero la que hay ¿en qué se va?. Básicamente, casi el 75% del presupuesto se va en sueldos, lo cual hace, desde hace tiempo, prácticamente inviable la función esencial del Municipio. Y entonces empezamos con las preguntas incómodas: Si la plata, casi toda, se va en sueldos, y los servicios son deficientes, 51.800 habitantes del Partido están sosteniendo a los (pongamos) 1.200 que forman parte de la actual estructura municipal? Cuántos funcionarios están «becados» si la respuesta es «no hay plata» para poder hacer lo que tienen que hacer? Bonificaciones y Reserva de Cargos, dos canales donde se va la plata. Hoy empezamos por los primeros.
Para realizar este informe, es necesario analizar el Decreto 606/2026 de la Municipalidad de 9 de Julio, el cual actualiza el esquema de bonificaciones o sobresueldos para el funcionarios del gabinete local. Este documento no solo redefine la estructura de ingresos de los funcionarios, sino que también marca el pulso de las prioridades administrativas para el ciclo fiscal vigente.
Con fecha 29 de Abril, el Municipio publicó el esquema y pocentajes de bonificaciones retroactivo al 1 de abril de este año. Analicemos estos datos, que es información pública, sobre funcionarios públicos y su desempeño en la faz pública.

El esquema de beneficios en el ojo público

En el complejo entramado de la administración pública municipal, las bonificaciones representan una herramienta para compensar responsabilidades que exceden la jornada laboral ordinaria. No se trata de aumentos arbitrarios, sino de suplementos salariales calculados como un porcentaje sobre el haber básico, diseñados para retribuir condiciones específicas de trabajo que la ley exige a ciertos cargos de jerarquía. Habitualmente se arreglan mano a mano entre el funcionario y el intendente.
El reciente decreto municipal de 9 de Julio puso el foco sobre tres ejes principales que definen cómo se remunera a los secretarios y directores de la actual gestión. Estas figuras legales buscan, digamos, profesionalizar la función pública, aunque también generan un debate sobre el peso que estas compensaciones tienen sobre el presupuesto total de gastos de personal.

Los tres pilares de la compensación municipal

La primera categoría relevante es la dedicación exclusiva. Este concepto implica que el funcionario se compromete a trabajar únicamente para el Estado, renunciando a cualquier otra actividad privada. En la estructura actual, se observa una escala que va desde el modesto cinco por ciento para la asesoría legal hasta un veinte por ciento para la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social. Esta diferencia porcentual sugiere una valoración técnica distinta según la sensibilidad social del área o la carga horaria que el Ejecutivo demanda para cada oficina.
Por otro lado, la disposición permanente aparece como el rubro más lucrativo para los funcionarios. Esta bonificación premia la disponibilidad del trabajador fuera de los horarios convencionales, una suerte de guardia pasiva para atender crisis o requerimientos inmediatos. Es aquí donde el análisis de datos revela los mayores contrastes, pues mientras algunas secretarías perciben un quince por ciento, la cartera de Obras y Servicios Públicos alcanza un cincuenta por ciento de bonificación, consolidándose como el área con mayor incentivo económico por disponibilidad.
Finalmente, el bloqueo de título constituye un resarcimiento ético y profesional. Se aplica a aquellos funcionarios que, poseyendo títulos universitarios, tienen prohibido ejercer su profesión de manera privada para evitar conflictos de intereses con el municipio.
En el ejercicio actual, áreas como Vivienda y Bromatología perciben entre un veinte y un veinticinco por ciento por este concepto, asegurando que el conocimiento técnico del profesional esté volcado íntegramente al servicio público. Aunque luego en la práctica, el profesional puede tener una salida derivando en un colega sus trabajos en el ámbito privado sin romper, técnicamente, el bloque.

Un cambio de ritmo frente al ejercicio anterior

Al comparar esta estructura con los datos del periodo 2025, se detecta un proceso de ajuste normativo. La transición desde la ordenanza del año pasado hacia la actual Ordenanza 7483 de 2026 muestra que el municipio buscó consolidar legalmente estos beneficios para blindarlos ante posibles reclamos administrativos. Si bien la mayoría de los nombres en el gabinete se mantienen estables, los porcentajes de bonificación han sido recalculados para alinearse con el nuevo Cálculo de Recursos.
Este cruzamiento de datos permite concluir que la gestión decidió apostar por una mayor retribución en las áreas operativas directas. El hecho de que las bonificaciones por disposición permanente superen ampliamente a las de bloqueo de título indica que, para la actual administración, la capacidad de respuesta inmediata ante problemas de infraestructura o seguridad es un valor más costoso y necesario que la mera especialización profesional de sus integrantes.