Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de permanencia

La situación de los caminos rurales tiene un escenario de duración superior al año. Se debate, se reclama, se protesta, se hace catarsis a través de las redes y en reuniones de mesas agropecuarias. Se proponen soluciones que no terminan concretándose y en el mientras tanto se forman entidades gremiales para encauzar esos reclamos. ¿Cuánto se ha hablado, escrito y fotografiados sobre el estado de esos caminos? Si fuera una película -desgraciadamente no lo es- sería un éxito de taquilla que permanece en cartelera superando todos los récords. Si fuera un libro sería un best seller, ese producto cultural que alcanza un éxito comercial masivo y rápido, destacando en las listas de los más vendidos. Pero tampoco lo es. Es el talón de Aquiles de este gobierno y de otros 16 -por lo menos- que tienen sobre sí la acción judicial de productores que hartos de la falta de soluciones decidieron pasar a la acción directa de la faena legal. Se está buscando en esos otros distritos, de distinto pelaje político, que cada quién presente planes de obras realizados y, fundamentalmente, a realizar, que se transparenten los recursos usados y, en algunos casos, la devolución de lo aportado. La permanencia del problema ya superó un límite de tiempo tolerable a pesar de las múltiples advertencias.

Bolilla Indirecta

La carta que dirigió la Sociedad Rural de 9 de Julio a la intendenta municipal manifestándole “la situación de extrema gravedad que nuevamente atraviesa la red de caminos rurales de este partido, la cual compromete severamente el inicio de la campaña de cosecha en curso y condiciona el ciclo productivo 2026/2027. En el presente momento, el 70% de los caminos rurales se encuentra intransitable, imposibilitando el normal movimiento de maquinaria, insumos y producción. Esta condición, agravada por los pronósticos climáticos emitidos, determina que la superficie productiva del ciclo 2026/2027 sea igual o inferior a la de la campaña anterior, con el consiguiente perjuicio económico para los productores y para la comunidad en general del distrito”, parece ser un dardo concreto al nuevo secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, segundo de Boufflet antes. Si bien Poggi está desde marzo en el cargo y ya venía ocupando la dependencia más sensible por estos tiempos, su ubicación en el cargo ante la negativa de otros a los que les fue ofrecido, lo coloca en un lugar donde la tolerancia no está invitada y esta carta se parece a una ‘bienvenida’ poco amable para con el nuevo encargado de la cartera.

Bolilla epistolar

“Dos cartas iguales escribí en la noche …” decía José Pedroni, el poeta santafesino en la Novena Luna de su Lunario Santo sobre la Maternidad. Las dos cartas de las que hablamos no tienen nada de ternura, todo lo contrario. Son las que hizo públicas la Sociedad Rural de 9 de Julio; una la ya comentada a la intendenta municipal (Bolilla Indirecta) y la otra dirigida a las autoridades de la Dirección Provincial de Hidráulica, en la que SR9 conjuntamente con los Referentes de Cuarteles del distrito de 9 de Julio, solicitan el reemplazo de quien actualmente está al frente del Departamento II, Sede 9 de Julio. Allí, dicen: “solicitamos formalmente el reemplazo inmediato del Ingeniero Nicolás Battistela por una persona competente en el área, en su carácter de representante del Departamento Zona II, Sede 9 de Julio”.
La entidad fundamenta su pedido en una gestión que califica de ineficiente, señalando que la falta de mantenimiento técnico y la ausencia de regularización de las obras hídricas desde 1990 fueron factores determinantes en las graves inundaciones sufridas el año pasado.

Bolilla de intriga

Habida cuenta de los inconvenientes severos en caminos del partido que afectan a la comunicación de pueblos, parajes y trabajadores en general, los situación salarial de los trabajadores municipales que recurrentemente están negociando -a través de sus representantes gremiales- los aumentos de sus ya de por sí magros salarios, y un sinfín de cuestiones que solo recogen críticas y protestas, vale preguntarse ¿habrá interesados en presentarse a la contienda electoral de 2027 para renovar el Concejo Deliberante y sobre todo el cargo mayor, intendente del distrito? Seguramente sí lo habrá, pero quienes sean ellos/ellas ¿estarán en condiciones de modificar el estado de cosas’. Se sugiere una meditación concienzuda de la situación.

Bolilla de reconocimiento

El director de la Escuela Secundaria n °8 ‘General José de San Martín’ fue muy claro al reconocer la labor de la cooperadora del establecimiento en su labor constante de apoyo a la tarea de docentes y personal auxiliar. Martín Guaragna resaltó especialmente la actuación de los cooperadores en la concreción de la obra de gas que había dado lugar a tantas idas y vueltas. También tuvieron su reconocimiento la Inspectora jefa Distrital, Gabriela Tiani y Valeria Maidana, presidenta del Consejo Escolar.

Bolilla de movilidad

La jefatura de ANSES de 9 de Julio ha informado que, vistas las numerosas solicitudes recibidas desde distintas localidades del partido por vecinos solicitando la presencia en ellas de agentes de la oficina central, se organizó un cronograma de visitas a las mismas que amplía el diagrama anterior de puntos fijos (Quiroga, Dudignac y Patricios) sumando este mes a Carlos María Naón y La Niña (lunes 11 de mayo); 12 de Octubre y Morea (lunes 18 de mayo) y French (martes 26 de mayo). El objetivos de acercar los servicios solicitados a vecinos que por razones de distancia o dificultades de traslado no pueden tenerlos podrá cumplirse en esas jornadas para trámites, consultas y gestiones, todas relacionadas con las prestaciones y programas del ANSES.
Los horarios y puntos de atención de las localidades mencionadas donde se hará presente la oficina móvil será anunciado en los próximos días.

Bolilla de escasez

El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak advirtió por la escasez de vacunas antigripales, detallando que “después de semanas de faltantes, el Gobierno Nacional envió una parte de las vacunas antigripales adeudadas. Llegaron dosis, pero no todas” dijo el ministro “y esto no resuelve el problema de fondo”. Como dato, no es la primera vez que la provincia reclama por este problema, ya que anteriormente lo había hecho por las demoras en la provisión de nueve vacunas, varias de ellas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación que son obligatorias. También Kreplak detalló que vacunas serán regularizadas en su provisión para mayo, cuales serán cubiertas en forma provisoria por la provincia y cuáles se encuentran faltantes sin fecha de regularización. En 9 de Julio no se han detectado situaciones de faltantes.

Bolilla de acuerdo

La adjudicación del Club Atlético Naón de la primera fase del torneo de la Liga Nuevejuliense de fútbol, puso en acuerdo unánime a la comunidad futbolística de 9 de Julio. Es que todos se preguntan por igual como un torneo tan largo (22 fechas) no otorga un título de campeón como correspondería. El intríngulis -que no sería tal si se modifica la cuestión- solo podrá ser resuelto desde l propia Liga a través de los representantes de los clubes. ¿Habrá campeón con posterioridad como ocurrió con Rosario Central en el futbol profesional? Por lo pronto comenzó la segunda fase. Si Naón repite la conquista será el campeón. Si es otro el triunfador, habrá final para saberlo.

]]>https://www.semanarioextra.com.ar/los-gastos-que-desafian-el-relato-de-austeridad/Sun, 03 May 2026 08:55:07 +0000https://www.semanarioextra.com.ar/?p=99034El informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante el Congreso incorporó un anexo que introduce un elemento incómodo en el relato oficial: la utilización de recursos de Nucleoeléctrica Argentina para consumos que difícilmente puedan asociarse con la operación de un sector estratégico. El documento —de 58 páginas— detalla que, entre marzo de 2025 y […]]]>

El informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante el Congreso incorporó un anexo que introduce un elemento incómodo en el relato oficial: la utilización de recursos de Nucleoeléctrica Argentina para consumos que difícilmente puedan asociarse con la operación de un sector estratégico.
El documento —de 58 páginas— detalla que, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, se registraron gastos en hoteles de alta gama en Europa, servicios recreativos en playas españolas, compras en tiendas comerciales y extracciones de efectivo por montos que superan los 50 millones de pesos, tanto en el país como en el exterior. La información no individualiza responsables, pero delimita un período que coincide con la gestión de Demian Reidel al frente de la compañía.

La existencia de una cuenta corporativa centralizada —identificada en el informe— desde la cual se canalizaron gran parte de los consumos internacionales, sumada a la reiteración de operaciones en rubros ajenos a la actividad nuclear, plantea interrogantes sobre los controles internos. Más aún cuando los gastos incluyen pagos en free shops, discotecas y servicios de carácter recreativo.
La difusión del informe, originada en un pedido de acceso a la información pública promovido por la diputada Florencia Carignano, obligó a la empresa a ofrecer explicaciones. Desde la actual conducción se sostuvo que existe un universo amplio de tarjetas corporativas bajo auditoría, aunque la frecuencia y el perfil de los consumos detectados sugieren que esos mecanismos no resultaron suficientes para prevenir desvíos.

En paralelo, Demian Reidel buscó despegarse del episodio a través de sus redes sociales, donde afirmó que sus resúmenes no reflejan gastos personales y cuestionó la interpretación de los datos. Sin embargo, la coincidencia temporal entre los consumos en el exterior y sus viajes oficiales mantiene abierto el interrogante sobre la trazabilidad de esos fondos.
El caso adquiere relevancia política porque se inscribe en un contexto en el que el Gobierno ha construido su identidad sobre la idea de austeridad en el uso de los recursos públicos. La eventual coexistencia de ese discurso con prácticas de gasto que lo contradicen introduce una tensión que trasciende lo administrativo y se proyecta sobre la credibilidad de la gestión. Tras la repercusión del informe, la actual conducción de la empresa anunció la revisión de los consumos internacionales y la decisión de discontinuar el uso de tarjetas corporativas en viajes. Se trata de medidas que apuntan a recomponer controles, pero que llegan en un escenario donde el debate ya no se limita a la eficacia de los mecanismos de auditoría, sino que alcanza a la responsabilidad política por su eventual insuficiencia.
El problema no es la existencia de gastos —inevitables en cualquier estructura estatal compleja— sino su naturaleza, su reiteración y el momento en que se produjeron. Lo que entra en discusión ya no es solo la gestión, es la coherencia.

El titular de la agencia 9 de Julio de ANSES, Gonzalo Crespo, habló en “Temprano para todo” (Supernova 97.9) sobre el proceso de reestructuración que atraviesa el organismo a nivel nacional, en el marco de un esquema de retiros voluntarios y los próximos operativos en las localidades que se llevarán a cabo en mayo.
Respecto al primer tema, Crespo explicó que «no hay despidos. Quien se retira lo hace porque acepta un retiro voluntario que ofreció el Gobierno. En nuestra sede vamos a tener algunos adheridos. Todavía no se ha concretado, pero sí, vamos a tener retiros. Eso también nos va a llevar a que, en un lapso de tiempo, debamos readaptarnos con los operadores y agentes que nos queden, y los que nos van a faltar”. En ese sentido, señaló que la proporción de agentes que podrían adherir rondaría el 25% de la dotación actual, aunque aclaró que aún no hay cifras definitivas. También indicó que no se prevé el ingreso de nuevo personal: “Una vez finalizada la reestructuración, se evaluará la posibilidad de solicitar agentes de ANSES de otras dependencias que acepten venir a 9 de Julio. La idea es que sean trabajadores ya contratados y con experiencia. Si no se logra, se analizará con la regional de Chivilcoy cómo continuar”.
En paralelo, destacó las gestiones para sostener y ampliar la presencia del organismo en el interior del distrito, una de las principales demandas de delegados municipales e instituciones locales. Actualmente, ANSES mantiene puntos de contacto fijos en Dudignac (primer jueves de cada mes), Quiroga (segundo) y Patricios (tercero).
“También, desde nuestro grupo de trabajo en La Libertad Avanza, venimos recogiendo ese reclamo. La resolución de sumar o retomar otros puntos depende de la regional, y nosotros tenemos que ver cómo nos adecuamos, sobre todo por la reducción de personal que afecta la posibilidad de viajar a las localidades”, explicó.
En ese marco, confirmó una serie de operativos móviles en distintas localidades: el 11 de mayo en Naón y La Niñal, el 18 en Morea y 12 de Octubre; y el 26 en French. Estos dispositivos funcionarán con atención en doble turno —mañana y tarde— aunque los horarios aún no están definidos.

“Me gustaría destacar que es importante que los vecinos aprovechen estas oportunidades para realizar sus trámites. Esto también es una evaluación: en función de la demanda, la regional decidirá si los operativos continúan. Queremos recuperar la territorialidad en el partido de 9 de Julio y brindar un mejor servicio”, remarcó.
En esa línea, no descartó que, de no justificarse una frecuencia mensual, los operativos puedan realizarse cada 60 días: “Lo importante es estar presentes. En esta primera etapa logramos sumar cinco localidades más, además de los puntos fijos, lo cual es muy positivo”. Crespo adelantó además que acompañará personalmente cada operativo móvil: “Voy a estar en cada caso, acompañando a la oficina móvil”.
Consultado sobre si esa presencia en territorio tiene también un trasfondo político, respondió: “Yo pertenezco a un grupo político, no lo niego: La Libertad Avanza. Nosotros trabajamos para la comunidad y hoy me toca estar acá. Nunca había ocupado un cargo público. Realmente me gusta y me interesa. Dije que iba a trabajar para la gente, y eso es lo que voy a hacer dentro de mis posibilidades”.

“Veo el trabajo que realizan los concejales, los consejeros escolares, recorriendo todo el partido. Como grupo político, nos debemos a la gente, nada más que eso”, concluyó.

La evolución reciente de la economía argentina muestra un fenómeno cada vez más visible: mientras algunos sectores vinculados a la exportación exhiben dinamismo, la actividad orientada al mercado interno enfrenta un deterioro persistente. La contracara es una demanda debilitada que impacta de lleno en la industria, el comercio y el consumo masivo.
Los datos más recientes reflejan que la principal preocupación de empresarios industriales y comerciales no reside en los costos o en la competencia externa, sino en la caída de las ventas. Más de la mitad de las empresas identifica a la demanda insuficiente como el principal obstáculo para su funcionamiento, en un contexto donde las expectativas tampoco anticipan una recuperación en el corto plazo.
El cuadro se completa con indicadores de confianza empresarial en descenso, carteras de pedidos por debajo de los niveles habituales y un acceso al crédito que continúa siendo limitado. En este escenario, la producción se sostiene en niveles deprimidos y sin señales claras de reactivación, mientras las decisiones de inversión y expansión quedan postergadas.
El comercio minorista reproduce la misma dinámica. Supermercados y autoservicios mayoristas también ubican a la debilidad del consumo como el principal condicionante de su actividad. La pérdida de poder adquisitivo se traduce en menores volúmenes de venta y en un cambio en los patrones de consumo, con una mayor selectividad por parte de los hogares. Este comportamiento se vuelve especialmente evidente en alimentos básicos. El caso de la carne vacuna resulta ilustrativo: los precios registran incrementos muy por encima de la inflación general, lo que ha provocado una caída sostenida en el consumo per cápita. En el último año, los argentinos redujeron significativamente su ingesta de carne vacuna, reemplazándola parcialmente por alternativas más económicas como el pollo o el cerdo, aunque sin lograr compensar la caída total.
La dinámica de precios no solo refleja tensiones internas, sino también el impacto del contexto internacional y de la estructura de costos del sector. A ello se suma una carga impositiva significativa en la formación del precio final, que limita el margen de absorción de aumentos sin afectar la demanda.
Sin embargo, mientras el consumo interno se contrae, el sector exportador muestra un desempeño opuesto. Las ventas externas de carne registran incrementos tanto en volumen como en valor, alcanzando niveles elevados en comparación con períodos anteriores. Este comportamiento responde a la competitividad en mercados internacionales y a una orientación creciente hacia la demanda externa.

El contraste entre ambos procesos —caída del consumo interno y expansión exportadora— pone en evidencia un cambio en el eje de funcionamiento de la economía. La actividad encuentra sostén en sectores que no dependen del poder de compra local, mientras aquellos ligados al mercado doméstico pierden dinamismo. Este desacople plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema en el mediano plazo. Una economía con consumo debilitado tiende a resentir su entramado productivo, especialmente en sectores industriales y comerciales que dependen del volumen de ventas internas. A su vez, la falta de recuperación de la demanda limita la generación de empleo y refuerza el círculo contractivo.
En ese marco, el desempeño agregado puede mostrar signos de estabilidad o incluso de mejora en determinados indicadores, pero con una distribución desigual entre sectores. La expansión de las exportaciones convive con un mercado interno en retroceso, configurando un modelo que reduce su dependencia de la clase media como motor del crecimiento.
La evidencia reciente sugiere que la economía argentina transita una etapa de reconfiguración, donde la fortaleza externa no logra compensar plenamente la debilidad interna. El resultado es un esquema que, al menos en su fase actual, encuentra dificultades para articular crecimiento con expansión del consumo y de la actividad industrial.

Por Redacción Extra Digital

Personas con discapacidad, familiares y profesionales del sector se concentraron frente a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para manifestar su rotundo rechazo a un nuevo proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo y denunciar lo que califican como un «vaciamiento» de las políticas de asistencia vigentes.  La movilización ocurre en un clima de creciente tensión política y judicial. Los manifestantes sostienen que la iniciativa oficialista, denominada por sectores del gobierno como un plan para combatir el fraude en las pensiones por invalidez, representa en realidad un retroceso en derechos adquiridos. Según las organizaciones convocantes, el proyecto busca reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), una norma sancionada e insistida por el Congreso el año pasado que el gobierno de Javier Milei se ha resistido a implementar plenamente pese a las reiteradas órdenes judiciales.

El punto de mayor fricción radica en el nuevo sistema de auditorías y reempadronamiento obligatorio, además de la eliminación del nomenclador que regula el valor de las prestaciones. Mientras que el oficialismo argumenta que estas medidas son necesarias para transparentar un sistema que consideran plagado de irregularidades, las familias denuncian que se está instalando una mirada estigmatizante. Para los manifestantes, el enfoque oficial asocia la discapacidad con el fraude en lugar de garantizar el acceso a la salud y la vida independiente. Advierten, además, que la introducción de mecanismos de «suspensión preventiva» de pensiones ante cualquier inconsistencia administrativa dejaría a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad económica.
La crisis no es solo legislativa sino también operativa. Los prestadores de servicios, que incluyen centros de día, transportistas y profesionales terapéuticos, denuncian que el sistema se encuentra al borde del colapso debido al retraso crónico en los pagos y la falta de actualización de los aranceles frente a la inflación. Esta situación ha derivado en la suspensión de tratamientos vitales para miles de pacientes, agravando una emergencia sanitaria que, según el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado ignora deliberadamente.
Desde el Ministerio de Salud han intentado calmar las aguas prometiendo saldar deudas pendientes durante el transcurso del mes, pero las respuestas no han sido suficientes para disuadir la protesta. El colectivo de discapacidad exige que se detenga el avance del proyecto en el Senado y que se cumpla de inmediato con la ley de emergencia vigente, la cual establece la actualización automática de aranceles y garantiza el financiamiento del nomenclador nacional. En un contexto de ajuste fiscal, el conflicto plantea un debate profundo sobre dónde deben trazarse los límites del recorte estatal cuando se trata de los sectores más frágiles de la sociedad.
En 9 de Julio, el Centro Educativo Terapéutico «Pasos» se plegó a la jornada de protesta. El frente de la institución apareció con carteles alusivos a lo dramático de la situación. Las fuentes de trabajo, las prestaciones y el futuro de personas con discapacidad están en juego, en un escenario en donde el gobierno nacional insiste con un ajuste en los sectores equivocados. Las reacciones no se hicieron esperar. Habrá que ver si la administración Milei está dispuesta a pagar el costo político en un escenario general en donde el crédito político se viene agotando.

 El gobierno nacional impulsó una profunda reforma en el sistema de atención y pensiones para personas con discapacidad, desatando una nueva oleada de tensiones políticas y sociales. La iniciativa, presentada bajo el título de lucha contra el fraude, busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había ratificado previamente tras un veto presidencial.
El proyecto introduce cambios estructurales que, según las autoridades, buscan ordenar el gasto público, pero que las organizaciones del sector denuncian como un desmantelamiento de derechos adquiridos. Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas. El texto establece criterios de incompatibilidad más estrictos, determinando que el empleo formal será motivo de cancelación del beneficio, lo que ha generado preocupación sobre la inclusión laboral del colectivo. Además, el gobierno propone que las pensiones se mantengan en un valor equivalente al 70% de la jubilación mínima, eliminando adicionales por zonas desfavorables o condiciones específicas de invalidez.

En el ámbito de las prestaciones de salud, el proyecto plantea la eliminación del nomenclador nacional de aranceles, una herramienta que hasta ahora garantizaba valores uniformes para los servicios de rehabilitación y transporte en todo el país. Esta medida, sumada a la desregulación de las negociaciones con obras sociales y prepagas, hace temer a los prestadores por la viabilidad económica de los centros de día y escuelas especiales. El oficialismo sostiene que estas reformas permitirán una fiscalización más eficiente mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES y ARCA.
La respuesta de la oposición y de las familias no se ha hecho esperar, calificando la medida como un avance sobre un sector extremadamente vulnerable en un contexto de alta inflación. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de depurar un sistema que considera plagado de irregularidades, el conflicto se traslada ahora al Congreso, donde se anticipa un debate legislativo marcado por la presión social y las advertencias sobre el alto costo político que podría acarrear un recorte en un área de sensibilidad extrema.
Hoy miércoles los prestadores de servicios de discapacidad declararon una jornada de protesta con paro de actividades. En nuestra ciudad, el Centro Educativo terapéutico Pasos, referente a nivel regional, se sumó a esta medida de fuerza. Los prestadores aducen que la eliminación del nomenclador sacaría los valores de referencia (hoy en muchos casos desactualizados) con lo cual haria más dificil la negociación y, eventualmente, los reclamos porque hoy el nomenclador es un piso, un mínimo del cual partir. Con este proyecto, explican, deja de haber valores universales y cada obra social, prepaga o el mismo Estado fijaría lo que paga.
Una jugada que parece peligrosa para un gobierno que ya probó lo que ocurre cuando se mete con temas socialmente sensibles. Más allá de las posiciones políticas, la calle le ha puesto un freno. Y eso, de cara a un año electoral y las apiraciones reeleccionarias que pueda tener la gestión Milei, con una economía que a nivel calle está estancada, puede llegar a volversele nuevamente en contra .

Por Redacción Extra Digital

El Gobierno avanza con una propuesta que promete transformar de manera profunda el régimen de desalojos en el país. La iniciativa apunta a implementar un sistema de “desalojos exprés”, con plazos notablemente más breves y requisitos simplificados, lo que ha encendido el debate entre propietarios, inquilinos y especialistas en derecho.
El eje central del proyecto es la reducción drástica de los tiempos legales. Actualmente, ante una falta de pago, el proceso de intimación otorga un plazo de diez días al inquilino para regularizar la situación. Con la nueva normativa, ese período se acortaría a tan solo tres días, lo que implica una presión mucho mayor para quienes atraviesan dificultades económicas. Pero el cambio más significativo se encuentra en la etapa final del desalojo. Según la propuesta, el procedimiento completo podría resolverse en apenas cinco días. Para ello, se simplificarían los requisitos exigidos a los propietarios: bastaría con la presentación del título de propiedad para avanzar, eliminando la obligación de presentar una caución real, una garantía que hasta ahora funcionaba como resguardo ante posibles abusos o errores en el proceso.

Desde la perspectiva de los propietarios, la medida representa un avance esperado. Argumentan que los procesos actuales son excesivamente largos, costosos y muchas veces terminan favoreciendo situaciones de ocupación irregular prolongada. La posibilidad de recuperar un inmueble en cuestión de días podría, según este sector, incentivar la oferta de viviendas en alquiler y reducir la incertidumbre jurídica.
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Organizaciones sociales y especialistas advierten que una reducción tan drástica de los plazos podría vulnerar derechos básicos de los inquilinos, especialmente en contextos de crisis económica. Señalan que tres días pueden resultar insuficientes para reunir fondos, negociar alternativas o incluso acceder a asesoramiento legal.
Además, la eliminación de la caución real genera preocupación en el ámbito jurídico. Este requisito no solo protegía al inquilino ante desalojos indebidos, sino que también obligaba al propietario a asumir cierto grado de responsabilidad en el proceso. Su supresión podría inclinar la balanza de forma considerable hacia una de las partes.
En este escenario, el debate no se limita a una cuestión técnica, sino que abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Mientras el Gobierno apuesta por agilizar los procedimientos y dinamizar el mercado inmobiliario, el desafío será evitar que la rapidez se traduzca en desprotección para los sectores más vulnerables.
La iniciativa aún deberá atravesar instancias de discusión legislativa y reglamentación, donde seguramente se pondrán en juego ajustes y posibles modificaciones.

Pintoresco, disruptivo, colorido y, por qué no, una nueva forma de transmitir el mensaje a las nuevas geenraciones. En el corazón de Buenos Aires, donde las protestas y las ceremonias solemnes suelen dominar el paisaje, este fin de semana emergió una escena inusual: miles de personas saltando al ritmo del techno bajo las luces de neón, frente a la histórica Casa Rosada. No se trataba de un festival de música convencional, sino de un homenaje multitudinario al Papa Francisco, liderado por el padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que ha revolucionado la forma de transmitir el mensaje católico a través de las bandejas de DJ.
El evento, bautizado por muchos como una «catedral electrónica a cielo abierto», logró congregar a más de 120.000 personas en la Plaza de Mayo. La convocatoria, organizada por la Asociación Civil Miserando, buscaba celebrar el legado de Jorge Bergoglio en su tierra natal, combinando la espiritualidad tradicional con los códigos de la cultura joven contemporánea. Entre el público, la diversidad era la nota dominante: desde familias con niños y grupos parroquiales hasta jóvenes atraídos por la curiosidad de ver a un sacerdote con alzacuello operando sintetizadores y pantallas LED de última generación.

La figura central de la noche, Guilherme Peixoto, no es un desconocido en el ámbito de la Iglesia moderna. Sacerdote desde 1999 y teniente coronel del ejército portugués, Peixoto saltó a la fama mundial tras su actuación ante un millón de personas en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en 2023. Durante más de dos horas de espectáculo en Buenos Aires, el DJ fusionó ritmos industriales con grabaciones de encíclicas papales, sonidos de campanas y cánticos gregorianos, creando una atmósfera que oscilaba entre la euforia de un club nocturno y el recogimiento de una plegaria colectiva.
Este homenaje adquiere una relevancia especial al realizarse en un contexto de profunda carga emotiva para los fieles argentinos. A medida que se acerca el primer aniversario del fallecimiento de Francisco, ocurrido en 2025, el evento funcionó como un espacio de unidad y reflexión. Durante el set, las pantallas gigantes proyectaron imágenes del pontífice argentino mientras Peixoto integraba mensajes sobre la «cultura del encuentro», la paz mundial y la dignidad humana, pilares fundamentales del pensamiento de Bergoglio.

A pesar de lo disruptivo de la propuesta, las autoridades eclesiásticas locales respaldaron la iniciativa, viéndola como una herramienta pastoral válida para alcanzar escenarios no convencionales.
El operativo de seguridad y tránsito, que se extendió hasta la madrugada debido a la masividad de la concurrencia, reflejó la magnitud de un fenómeno que superó las expectativas iniciales. Mientras los últimos ecos del techno se disipaban en la Avenida de Mayo, quedaba flotando la idea de que este tipo de expresiones podrían marcar un nuevo camino en la comunicación religiosa, logrando lo que muchas veces los sermones tradicionales no consiguen: capturar la atención masiva de una generación que busca nuevas formas de trascendencia.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio intensificó sus esfuerzos preventivos mediante una jornada de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, desarrollada recientemente en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio. Durante la actividad, que tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la subcomisión de hockey, más de 50 personas recibieron la dosis necesaria para protegerse contra esta afección. El operativo estuvo dirigido específicamente a deportistas mayores de 15 años, personal de la institución y sus respectivos grupos familiares, consolidando la presencia estatal en espacios de interacción comunitaria.

Esta patología, de origen viral y transmitida habitualmente por el contacto directo con roedores infectados, representa un desafío para la salud pública debido a la ausencia de un tratamiento médico específico tras el contagio. Por este motivo, las autoridades sanitarias enfatizan que la inmunización es la única herramienta efectiva para mitigar riesgos, con la ventaja de que el esquema consiste en una dosis única que otorga protección para toda la vida. La iniciativa busca generar una barrera epidemiológica sólida en una región donde la prevención es fundamental.
Con el propósito de garantizar un acceso equitativo a la salud, el municipio confirmó que el despliegue territorial continuará durante las próximas semanas en diversos establecimientos educativos y centros de formación. El cronograma previsto incluye visitas a la Escuela N° 451, el Colegio Los Ceibos y el Instituto Jesús Sacramentado, permitiendo que un mayor número de vecinos complete su esquema de vacunación sin necesidad de trasladarse a los centros de salud tradicionales.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad industrial registró un desplome del 8,7% durante el mes de febrero en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra no solo confirma la tendencia negativa con la que inició el 2026, sino que profundiza la preocupación entre los empresarios y sindicatos del sector, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el principal motor productivo del país.
El informe oficial revela un panorama de debilidad casi generalizada: 14 de las 16 ramas industriales relevadas mostraron números en rojo. El impacto ha sido particularmente severo en sectores sensibles al consumo interno y a la inversión. La industria textil lideró las pérdidas con un retroceso superior al 33%, seguida de cerca por la fabricación de maquinaria y equipo, que cayó casi un 30%. Incluso el sector automotriz, históricamente uno de los pilares de la economía local, sufrió una contracción del 24,6%, reflejando tanto la caída en las ventas internas como una menor demanda desde mercados externos clave como Brasil.

Los analistas vinculan este escenario a una combinación de factores que han asfixiado la producción nacional. Por un lado, la persistente pérdida de poder adquisitivo de los hogares ha frenado el consumo de bienes no esenciales, como indumentaria y electrodomésticos, estos últimos con caídas que rondan el 38%. Por otro lado, el sector se enfrenta a un aumento en los costos operativos y, en algunos segmentos específicos, a una competencia creciente de productos importados en un contexto de apertura comercial y ajuste fiscal.
A pesar del desalentador panorama general, el informe técnico permite divisar algunos «brotes verdes» aislados en sectores estratégicos. La refinación de petróleo y la producción de químicos mostraron variaciones positivas, impulsadas principalmente por la actividad en yacimientos no convencionales y la demanda de insumos para el agro. Sin embargo, estos avances resultan insuficientes para compensar el derrumbe de las industrias de uso intensivo de mano de obra, lo que plantea serios desafíos para la estabilidad del empleo industrial en el primer semestre del año.

Por Carlos Graziolo

Un reciente informe del Ministerio de Salud de la Nación consigna un descenso progresivo de nacimientos. La Dirección Nacional de Población (DNP) presenta un estudio sobre el impacto de la caída de la natalidad en la educación argentina. Entre 2012 y 2023 el país experimentó una reducción histórica en los nacimientos —la más pronunciada de Sudamérica—, lo que ya se refleja en la matrícula escolar, especialmente en los niveles inicial y primario.
La baja en la cantidad de nacimientos se da en un escenario global en el que la tendencia a la reducción de la natalidad y la postergación de la maternidad se observa también en otros países y regiones del mundo. Ya en noviembre pasado en este semanario la psicóloga Celeste Fernández se había referido al tema (Ver: “Porque las parejas deciden no tener hijos”).
En 2024 se contabilizaron 413.135 nacimientos vivos. Se trata de un descenso progresivo con respecto a los reportes anteriores. El último de ellos indicaba lo siguiente: “Para el año 2023, el número de nacidos vivos registrados en el país alcanzó un valor de 460.902, un 6,9% menos en relación con el año 2022″.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, el grupo de mujeres entre 25 y 29 años reunió el 25% de los partos en el último registro. Le siguieron las mujeres de 30 a 34 años con 23% y las de 20 a 24 años, que representaron el 22%. La edad media materna estimada oscila ahora entre los 27 y 29 años, lo que marca una postergación nítida respecto de décadas anteriores. Esta tendencia expresa una reorganización de prioridades vitales, pero también una potencial dificultad para el desarrollo familiar en contextos más adversos.
La mayoría de los nacimientos, casi el 71%, ocurrieron entre madres de 20 a 34 años, mientras que los partos en mujeres menores de 20— representaron el 8,56% del total. El informe oficial precisa que 34.426 nacidos vivos en 2024 correspondieron a madres de entre 15 a 19 años y 866 a menores de 15 años.
Respecto a la situación conyugal, el 79,4% de las madres vivía en pareja al momento del parto, mientras que un 12,7% se encontraba sola. Los partos múltiples —gemelos y otros casos— representaron el 2% (8.135) del total de nacimientos, frente al 97,6% (403.133) de partos simples. En la distribución por sexo, el registro para 2024 indica 210.374 nacidos vivos de sexo masculino (51%) y 202.726 de sexo femenino (49%), lo cual reitera la leve prevalencia histórica de varones al nacer.

Susana Sottoli, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ha dicho: “El cambio en el equilibrio de las poblaciones es innegable en el mundo entero. En 1950 el promedio era de cinco hijos por mujer, cuando para 2025 la cifra apenas alcanzará dos hijos por mujer». La experta de Naciones Unidas remarcó que parte de la crisis de natalidad global encuentra en la disminución del embarazo adolescente un aspecto favorable, y señaló: “En el caso argentino bajó un 60%”. Sin embargo, advirtió que persisten desigualdades y dificultades: “Muchas mujeres asocian la dificultad para ampliar la familia a condiciones económicas y laborales precarias, junto con la falta de acceso a servicios de cuidados y de salud”.
Sottoli también puso el acento sobre la lentitud del descenso en el embarazo adolescente en América Latina. Observó que subsisten obstáculos en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, afectando la plena libertad para decidir sobre la maternidad. Consultada por las respuestas estatales frente al declive demográfico, Sottoli indicó: “En algunos países se proponen políticas coercitivas, como lo hizo Japón, China y varias naciones europeas, para desalentar tener varios hijos. Una clara violación de los derechos reproductivos de las personas”.

El país

La baja de la natalidad tiene que ver no con cambios culturales sino con problemas estructurales. En un contexto con el 40 por ciento de la población bajo la línea de la pobreza, con empleos informales, con dificultades para acceder a la vivienda propia, con los costos relacionados con alimentación, alquiler, salud y educación, la decisión de traer una criatura al mundo se hace muy difícil.
Si a eso sumamos la falta de implicancia paterna, la poca ayuda de políticas públicas y acompañamiento de redes institucionales de cuidado, entre otros factores, es lógico que la decisión se piense más de una vez. Y también están los retos futuros en materia de gasto social, mercado de trabajo y sistemas previsionales.

En Nueve de Julio

Consultado el director médico del hospital Zonal ‘Julio de Vedia, Doctor José María Mignes, confirmó la tendencia nacional y universal. En 9 de Julio, y el Hospital es un registro válido y oficial, los datos son elocuentes.
En 2023 los nacimientos registrados fueron 245. En 2024 fueron 213 y en 2025 la cifra volvió a bajar a 191 nacimientos. En tres años el descenso de la natalidad alcanzó el 22 por ciento.

El oficialismo se encamina hoy miércoles a a concretar en tiempo récord la reforma de la Ley de Glaciares. La velocidad del proceso no es un dato menor: refleja una decisión política de avanzar sin dilaciones en un tema que combina intereses económicos, tensiones federales y fuertes cuestionamientos ambientales. Con el respaldo explícito de gobernadores y bloques aliados, el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. El acompañamiento de las provincias no es casual: detrás del impulso reformista se encuentran expectativas de expansión de actividades productivas —principalmente vinculadas a la minería— en zonas que hoy cuentan con restricciones más estrictas.

Sin embargo, el trámite legislativo no avanza sin resistencia. Diversos sectores cuestionan la validez y profundidad de las audiencias públicas realizadas, señalando limitaciones en la participación ciudadana y en la incorporación efectiva de observaciones técnicas. Este punto no solo tensiona el debate político, sino que abre la puerta a futuras impugnaciones judiciales. El escenario que se configura es el de una ley que, aun en caso de ser sancionada, podría enfrentar rápidamente planteos de inconstitucionalidad. Organizaciones ambientalistas, especialistas en derecho ambiental e incluso sectores académicos anticipan litigios que pondrán en discusión aspectos centrales de la reforma, particularmente en lo referido al principio de no regresión ambiental y a la protección de bienes de carácter estratégico como los glaciares.

En términos jurídicos, el debate no es menor. La normativa vigente reconoce a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, lo que los ubica en un plano de tutela reforzada. Cualquier modificación que implique una reducción en los niveles de protección podría ser interpretada como una vulneración de estándares constitucionales y convencionales, especialmente a la luz del derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Así, el oficialismo apuesta a una rápida victoria legislativa, pero el verdadero desenlace podría trasladarse a los tribunales. La discusión sobre la Ley de Glaciares no se agota en el Congreso: todo indica que continuará en el ámbito judicial, donde se definirá si la reforma logra sostenerse frente al control de constitucionalidad o si abre un nuevo capítulo de conflicto institucional en materia ambiental.

Un proyecto de ley impulsado desde la Unión Cívica Radical (UCR) busca poner fin a un calendario que muchos consideran obsoleto y propone que los concejales trabajen durante casi todo el año, reduciendo drásticamente el extenso receso veraniego.
La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Matías Civale, representante de la bancada UCR-Cambio Federal. El eje central de la propuesta es modificar el artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para que el periodo de sesiones ordinarias comience el 1 de febrero y se extienda hasta el 9 de diciembre. Actualmente, los concejos deliberantes inician su actividad oficial recién en marzo o abril, lo que deja los meses de verano en un vacío legislativo que suele depender de convocatorias extraordinarias.

                                                                                                                Diputado Provincial Matias Civale

El argumento del legislador Civale se basa en la necesidad de modernizar una gestión que todavía arrastra costumbres del siglo pasado. Según el autor del proyecto, el esquema actual responde a un «ciclo agrario» de épocas donde el transporte era limitado y los representantes locales debían atender sus campos durante la cosecha. En el contexto actual de hiperconectividad y demandas sociales constantes, Civale sostiene que ese receso prolongado ya no tiene justificación funcional ni política. De implementarse este cambio, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires verían fortalecida su capacidad de control y gestión. El objetivo principal es que los cuerpos deliberativos puedan acompañar desde el inicio del ejercicio financiero la ejecución de políticas públicas, el desarrollo de obras y la planificación anual de las administraciones municipales. Al sincronizar el trabajo legislativo con el calendario real de la gestión pública, se busca una mayor eficacia y una respuesta más rápida a las problemáticas locales.

La reforma no solo apunta a la eficiencia administrativa, sino también a la transparencia y al compromiso de los ediles con sus distritos. Al ampliar el margen de tiempo para el debate en el recinto, se espera reducir la acumulación de expedientes y permitir que temas de impacto vecinal que suelen quedar fuera de la agenda por falta de tiempo encuentren un espacio de resolución formal.
El proyecto llega en un momento de intenso debate político en la provincia, donde la modernización de las instituciones y la reforma política asoman como prioridades de la agenda legislativa para el presente año. Ahora, la propuesta deberá transitar el camino de las comisiones en la Cámara de Diputados bonaerense, donde se medirá el consenso de las distintas fuerzas para transformar el funcionamiento cotidiano de los gobiernos locales.

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla que compromete

La posibilidad del retiro del cajero del Banco Provincia de Buenos Aires de la localidad de La Niña, situación confirmada por el propio delegado ‘Nano’ Álvarez tras la comunicación recibida de la entidad el viernes 27 de marzo, pone y expone en la primera línea a toda la clase política sin distinciones para que el hecho no se concrete.
Los cajeros automáticos, en localidades como La Niña, son fundamentales porque permiten a los residentes retirar efectivo, sobre todo en un lugar donde el comercio de forma electrónica no está desarrollado; cobrar beneficios sin necesidad de ir a una sucursal bancaria -con el costo que eso implica- y también es especialmente importante para aquellos que viven en zonas rurales.
Porque permite la inclusión financiera, proporcionando un acceso directo a la banca, ayudando a las personas a participar en la economía formal y a reducir la desigualdad. También -huelga aclararlo- eliminan barreras geográficas y de tiempo permitiendo a las personas realizar transacciones en cualquier momento y en su propio lugar de residencia.
También el cajero contribuye a mantener los servicios financieros y a fomentar la actividad económica local.
Por todo eso pone y expone en la primera línea a toda la clase política sin distinciones para que el hecho no se concrete, porque si la tan declamada buena línea que dicen tener unos y otros con la casa de gobierno de La Plata es cierta, esta es una oportunidad excelente para que la medida no se concrete.
Unos y otros significa: oficialismo y oposición de aquí con oficialismo de allí. El delegado Álvarez lo dijo sin vueltas: es una decisión política.
Todo esto sin dejar de remarcar la pícara y repudiable estrategia de la sucursal proveedora de dinero que desde Pehuajó retaceó el abastecimiento para boicotear la operatividad del cajero que fue el motivo expuesto para intentar cerrarlo. Veremos.

Bolilla que señala 

El economista Roberto Cachanosky ha señalado el viernes 3 de abril: “Cuando ves que funcionarios públicos acceden a créditos de bancos públicos por montos a los que no puede acceder el común de la sociedad, entenderás que el Estado ha sido tomado como un botín de guerra en que la casta se beneficia en detrimento de la sociedad”.
Es que registros públicos del BCRA, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, muestran que al menos 9 funcionarios y diputados de LLA accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por hasta $400 millones.

Bolilla que se pregunta I

¿Cuál es la carga horaria de los profesionales de los CAPS -las salitas-?, que en algunos casos se retiran muuuucho antes del horario asignado a las mismas dejando a los vecinos sin la atención adecuada. La misma pregunta se refiere a la oficina de licencias de conducir donde el responsable se retira antes de tiempo o directamente hay días que no concurre. Las quejas se manifiestan en las redes sociales verdadero termómetro por estos tiempos del malhumor social.

Bolilla que recuerda

¿Cómo era aquella exposición de maquinaria vial que se exponía frente al municipio mostrando las adquisiciones de las mismas, como una prueba de fortaleza de manejo financiero que se ratificaba con un dinero generoso depositado en algún banco de plaza?
En poco más de una década aquella muestra de buena administración voló por los aires y ahora se rasca la olla para sostener una estructura que recoge ataques y críticas por todos lados.

Bolilla que se pregunta II

La asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista lleva a militantes de todo tipo a preguntarse ¿está en el espíritu del nuevo presidente y quienes conforman la nueva conducción partidaria una reorganización verdadera del espacio que produzca un verdadero acercamiento con el otro sector que ha manifestado públicamente que no reconoce a la nueva conducción? ¿O seguirá siendo una exposición de egos como ha venido ocurriendo?

Bolilla que no aprende

Mariano Páez, el padre de Agostina Páez la abogada santiagueña detenida, y liberada, en Brasil por gestos racistas repitió los gestos de su hija, sin notar que estaba siendo grabado y agregando: “Soy empresario, millonario, usurero y narco”. No queda claro si fue el propio padre quién pagó la caución de 18 mil dólares para la liberación de su hija Agostina o si fue el Estado Argentino. Lo que si quedó claro fue el curriculum ‘non santo’ de Páez y la vocación familiar por la discriminación racial esa práctica de tratar a las personas de manera desigual debido a su raza o etnia y que la familia Páez tiene tan arraigada. Por eso cobró valor el viejo refrán: “de tal palo, tal astilla”.

Bolilla que se repite

La situación del agua en Ciudad Nueva no deja de repetir desagradables fastidios. Es que, en los últimos días, sobre todo el viernes 3 de abril la falta de suministro fue un hecho que refrenda episodios anteriores. A la que hay que agregar la baja calidad de la misma y la necesidad de una solución integral y definitiva para miles de vecinos. ¿Hasta cuándo?

Bolilla que preocupa

Las nuevas y abundantes lluvias entre el 31 de marzo y el 1 de abril y el 3 de abril volvieron a dejar los caminos rurales intransitables en algunos municipios de Buenos Aires, paralizando la actividad en el campo. Las fuertes lluvias de los últimos días sobre el centro de la provincia agravaron la problemática del mal estado de los caminos. Y los productores piden obras para evitar que vuelvan a repetirse las inundaciones del año pasado. Las abundantes lluvias que se registraron en los últimos días en el centro de la provincia de Buenos Aires, que en algunos puntos dejó acumulados de hasta 200 milímetros en pocas horas, volvieron a poner de manifiesto el mal estado de los caminos rurales, por caso en el partido de 9 de Julio superó holgadamente los 130 milímetros de promedio.
Si continúan las precipitaciones de grandes magnitudes el agua no va a escurrir rápido y se insiste que el daño que hace en caminos es lo más grave.
El año anterior 9 de Julio y Carlos Casares fueron dos de los municipios más afectados: en Casares productores locales advierten que el municipio “no tiene vocación de atender la problemática, solo ven al sector rural como fuente de recursos”.
En 9 de Julio con la situación ya conocida de 2025 estas precipitaciones vuelve a revivir ese fantasma. Fue la Sociedad Rural quién emitió un duro comunicado diciendo que: “en los últimos días las lluvias volvieron a hacerse presentes, confirmando que las condiciones que provocaron el desastre siguen intactas”. “El agua vuelve a encontrar al distrito en el mismo estado de vulnerabilidad: sin obras estructurales, sin maquinaria suficiente y sin un plan claro que marque un horizonte en el tiempo”, indicaban en una parte del escrito. Para agregar: “no se trata ya de un episodio aislado, sino de una crisis que se repite y se agrava. Bajamos momentáneamente la fiebre, pero la infección nunca fue tratada. La falta de capacidad operativa y de conducción política sigue siendo evidente. Cansados de recorrer pasillos, asistir a reuniones y escuchar promesas sin resultados, desde nuestra institución decimos basta. Necesitamos hechos concretos y urgentes. El tiempo para dialogar sin decisiones ya se agotó: hoy la situación exige acción inmediata. Este llamado es para todos los poderes del Estado, tanto ejecutivos como legislativos”, concluyeron.
¿Se habrá tomado nota?

Bolilla que informa

Se ha prorrogado el vencimiento de la primera cuota 2026 de la Tasa por Patente de Rodados. La Municipalidad de 9 de Julio informó que el primer vencimiento será el 8 de mayo de 2026 y el segundo el 22 del mismo mes y año. Según se anuncia la medida busca brindar mayores facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.

Bolilla que ilumina

Con un acuerdo entre la ‘Cooperativa eléctrica de Dudignac’ (Cooperativa de provisión de servicios eléctricos, otros servicios públicos, sociales, de vivienda y crédito de Dudignac Ltda.) y la Municipalidad de 9 de Julio, el martes 31 de marzo se convino la colocación de 14 columnas con iluminación LED en distintos sectores de la localidad y también se firmó un acuerdo similar con la Cooperativa de Agua potable, vivienda, consumo y otros servicios públicos de Morea Ltda. en este último caso para la instalación de 8 luminarias LED.
Ambos casos significan avances en el alumbrado público de cada localidad y según dice el parte de prensa oficial, “estas intervenciones forman parte de un plan integral de modernización del sistema de iluminación de las localidades del interior del distrito, con el objetivo de optimizar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los vecinos”.

Bolilla de cuidado

El Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires ha advertido, una vez más, sobre el cuidado que hay que tener con las ofertas virales de anteojos en redes. La proliferación, en redes sociales, de promociones que ofrecen anteojos a precios irrisorios o packs de lentes de colores muchas veces impulsados por influencers o creadores de contenido pueden ser perjudiciales para la salud visual: en la mayoría de los casos están fabricados con plásticos coloreados o materiales sin control de calidad, similares a los que se utilizan en cotillón. Su uso prolongado puede favorecer el desarrollo de cataratas, daño retinal y fatiga visual y terminan recomendando que las compras de anteojos recetados y para sol sea siempre en ópticas habilitadas, bajo la supervisión de profesionales ópticos matriculados.

Una serie de préstamos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del equipo económico y legisladores oficialistas derivó en una denuncia penal y pedidos formales de explicación al Poder Ejecutivo. La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia para que la Justicia investigue posibles delitos como tráfico de influencias y administración fraudulenta. En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó un pedido de informes para que el Gobierno detalle las condiciones en las que se otorgaron los créditos, cuyo volumen total supera los 2.500 millones de pesos.

                                                                                                                        Diputada Mónica Frade (CC)

El punto de partida del caso es información pública: los niveles de endeudamiento pueden verificarse en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. Sin embargo, el cruce de datos con declaraciones juradas —realizado por desarrolladores independientes— permitió identificar a funcionarios y diputados con créditos, en su mayoría hipotecarios, otorgados por el Banco de la Nación Argentina.
Según la denuncia, los montos concedidos no guardarían relación con los ingresos declarados ni con la capacidad de repago de los beneficiarios, lo que abre interrogantes sobre los criterios aplicados. Entre los nombres señalados figuran Federico Furiase, Felipe Núñez, Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe y Emiliano Mongilardi, junto a los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.Los montos relevados muestran cifras significativas: créditos que superan los 300 millones de pesos en varios casos y alcanzan niveles aún mayores en otros. La dimensión del financiamiento, sumada a la condición pública de los beneficiarios, es lo que activa la sospecha política y judicial.

La presentación de Frade avanza sobre aspectos concretos: solicitó acceder a los legajos crediticios, a las actas de directorio que aprobaron las operaciones y a peritajes contables que determinen si existió perjuicio para la entidad bancaria. Además, pidió investigar si hubo condiciones preferenciales —en tasas, plazos o requisitos— y si se respetaron las normas internas y la Carta Orgánica del banco. Por su parte, Paulón puso el foco en tres ejes sensibles: posibles excesos en los límites de crédito para personas políticamente expuestas, eventuales dictámenes técnicos desfavorables ignorados y la existencia de resoluciones excepcionales que hayan permitido aprobar los préstamos.
Desde el oficialismo, algunos de los señalados rechazaron las acusaciones. Sostienen que no existieron privilegios y que los créditos fueron otorgados dentro de líneas abiertas al público general, bajo condiciones regulares de mercado. El caso instala una discusión de fondo: el uso del crédito público y los estándares de transparencia cuando los beneficiarios forman parte del propio entramado estatal. La respuesta, ahora, quedó en manos de la Justicia.