La intendente María José Gentile mantuvo un encuentro con la flamante inspectora jefa regional de Educación, Gladys Caligaris, con el objetivo de delinear estrategias comunes y analizar la situación educativa actual de la región.
La reunión, que también contó con la participación de la inspectora jefa distrital, Gabriela Tiani, y de la directora de Educación local, Marisa Poratti, sirvió como escenario para repasar la agenda de proyectos conjuntos y establecer nuevas líneas de trabajo destinadas a brindar un acompañamiento integral a las comunidades escolares.

Durante el intercambio, las autoridades coincidieron en la necesidad de articular de manera eficiente las políticas de la provincia de Buenos Aires con las herramientas de la gestión municipal. En ese sentido, ambas funcionarias remarcaron que el trabajo coordinado es una pieza fundamental para ampliar las oportunidades de desarrollo, tanto para el cuerpo docente como para los estudiantes del distrito y sus alrededores.

Por cuarta vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la comunidad educativa argentina, junto a diversos sectores sociales y sindicales, se concentró e la Plaza de Mayo para exigir al Gobierno Nacional la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el sistema educativo califica como vital para su supervivencia. La marcha, multitudinaria, se calculan que hubo unas 120.000 personas, se replicó en todo el país. En 9 de Julio, la jornada de protesta tuvo su lugar en el edificio de la conocida como Escuela de Comercio, en donde hubo una concentración que incluyó docentes, alumnos, concejales, autoridades educativas y vecinos.

El núcleo de la protesta radica en una profunda crisis presupuestaria que, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ha llevado la inversión por estudiante a su nivel más bajo en las últimas dos décadas. Las autoridades académicas denuncian que, a pesar de que el Congreso aprobó y ratificó la ley que garantiza la actualización de las partidas según la inflación, el Poder Ejecutivo mantiene los fondos congelados, una situación que ha escalado hasta instancias judiciales y que aguarda una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El impacto de este ajuste se siente de manera más crítica en los salarios de los trabajadores. Los gremios docentes y no docentes denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% desde finales de 2023, lo que ha provocado un creciente «éxodo de profesionales» hacia el sector privado o el exterior. Además del reclamo salarial, la movilización pone el foco en el desfinanciamiento de los hospitales universitarios, instituciones que cumplen un rol dual esencial: la atención gratuita de pacientes y la formación práctica de los futuros médicos del país.
Bajo la consigna «203 días sin aplicar la ley», el documento central leído durante el acto destacó que el sistema se encuentra en un «escenario límite». Mientras el Gobierno sostiene su política de equilibrio fiscal y auditorías sobre las casas de estudio, los rectores de las universidades públicas advierten que sin una rectificación inmediata del presupuesto para 2026 —el cual prevé una caída real cercana al 18% respecto al año anterior—, la continuidad de la actividad académica y las becas estudiantiles para los sectores más vulnerables estarán en serio riesgo.

Las universidades públicas de Argentina enfrentan este martes 12 de mayo una nueva jornada de protesta masiva en un contexto de creciente tensión con el gobierno de Javier Milei. La denominada Marcha Federal Universitaria busca denunciar lo que académicos y estudiantes califican como un «ahogo presupuestario» sin precedentes, que ha llevado la inversión por estudiante a su nivel más bajo en dos décadas. A pesar de que el Congreso aprobó y ratificó una ley de financiamiento para actualizar estas partidas según la inflación, la medida permanece bloqueada en el sistema judicial, dejando el conflicto en un limbo legal que la Corte Suprema deberá resolver.
El núcleo del conflicto radica en el drástico recorte de fondos. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por el sitio Chequeado, los recursos destinados a la educación superior sufrieron una caída real del 30,7% en comparación con 2023. Esta reducción ha golpeado con especial dureza a los gastos de funcionamiento, que incluyen desde el pago de servicios básicos hasta el mantenimiento de edificios y hospitales universitarios, cuya ejecución presupuestaria apenas alcanzó el 9,3% en el primer cuatrimestre del año.

La situación salarial es otro de los puntos críticos que impulsan la movilización. El poder adquisitivo de los docentes y trabajadores universitarios ha caído un 34,2% desde el inicio de la actual gestión. 
Desde el sector universitario advierten que la falta de actualización no solo pone en riesgo la continuidad de las clases, sino también la investigación científica y el sistema de becas estudiantiles. El Gobierno mantiene su política de ajuste fiscal, y la comunidad académica insiste en que la sostenibilidad de la universidad pública se encuentra hoy en un punto de inflexión.
El acto central será a las 17 en Plaza de Mayo, y las distintas organizaciones definieron puntos de encuentro y horarios escalonados para concentrarse y dirigirse luego hacia el lugar de convocatoria..

Tras años de gestiones, la Escuela Secundaria n ° 8 «General José de San Martín» finalmente encendió sus hornallas y calderas con gas natural. En diálogo con Temprano para todo (Supernova 97.9), Martín Guaragna, director del establecimiento, no ocultó su entusiasmo y habló del alcance de la obra, los desafíos económicos que vienen y el rol fundamental de las instituciones locales.Además, celebró la habilitación del servicio y destacó el trabajo conjunto entre el Consejo Escolar, la Cooperadora y la comunidad para mejorar las condiciones edilicias de cara al invierno.

TpT – ¿Qué significa para la comunidad educativa la llegada del gas natural?

Martin Guaragna – Es un avance histórico para nosotros. Así como a veces las cosas no salen tan bien, hoy tenemos que decir que la escuela ya cuenta con el servicio y estamos muy contentos. Es un paso gigante. Por ahora, el gas ya funciona en la caldera, la cocina y el laboratorio, que eran nuestras prioridades. Para muchos puede parecer algo común, pero para nuestra realidad es un logro enorme.

TpT – La conexión es el primer paso, pero ahora queda el desafío de la calefacción en las aulas, ¿Cómo planean avanzar?

MG – Exacto, ahora el objetivo es instalar los calefactores. Ya estamos en movimiento con la cooperadora, el Consejo Escolar y esperamos contar con el apoyo de la municipalidad. El tema es el costo: cada radiador ronda los 400 o 500 mil pesos y necesitamos doce. Mientras tanto, seguiremos usando los equipos de aire acondicionado, aunque ya tienen mucho uso y necesitan reparaciones. Lo principal es que los chicos pasen bien el invierno; todas las gestiones son para su beneficio.

TpT – En este camino hubo muchos actores involucrados, ¿a quiénes destaca en esta gestión?

MG – Quiero agradecer a la jefa distrital, Gabriela Tiani, por su apoyo constante y perfil bajo. También a Valeria Maidana, presidenta del Consejo Escolar que, a pesar de haber tenido encuentros y desencuentros, se puso la idea al hombro y ya proyecta la ampliación de aulas. Pero un párrafo aparte merece nuestra cooperadora. Pusieron el pecho en momentos muy difíciles cuando fuimos muy vapuleados. Son ellos quienes compran desde artículos de limpieza hasta tecnología de punta.

TpT – Hablando de la cooperadora, mencionó que el equipamiento de la escuela es notable…

MG – Estamos muy complacidos. Gracias a ellos tenemos pizarrones nuevos, una impresora color en camino, televisores grandes, proyectores y equipos de audio de lo mejor del mercado. Incluso hace unos días, cuando los chicos fueron al cine por un proyecto, la cooperadora costeó los remises y las golosinas. Es difícil que la gente se sume hoy a estas organizaciones, por eso valoramos tanto a quienes están.

TpT – Por último, ¿cómo reciben las recientes medidas provinciales respecto a los comedores?

MG – Vemos de forma muy positiva la decisión del gobierno provincial de aumentar la cuota alimentaria. Todo lo que sume para mejorar la calidad de vida de los alumnos en la escuela es bienvenido. Estamos en una etapa de mucho agradecimiento hacia todos los que pusieron su granito de arena, incluidos los medios que nos ayudaron a visibilizar nuestras necesidades.

El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), implementado por la Provincia de Buenos Aires, atraviesa una situación crítica y quedó  descontinuado  ante la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional. Se trata de una política que nació como respuesta de emergencia durante la pandemia, pero que con el paso del tiempo se consolidó como un pilar de la asistencia social en el ámbito educativo.
El programa fue diseñado para garantizar el acceso a la alimentación de niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas. Su modalidad consiste en la entrega mensual de un módulo alimentario directamente a las familias a través de los establecimientos educativos. Estas cajas incluyen entre 9 y 15 productos básicos —como arroz, fideos, aceite, leche, legumbres y conservas— con el objetivo de cubrir necesidades nutricionales esenciales en los hogares más vulnerables.
A diferencia del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que brinda comida dentro de las instituciones, MESA funciona como un complemento domiciliario. Su implementación permitió sostener la asistencia alimentaria incluso fuera del calendario escolar o en contextos donde la presencialidad se veía interrumpida.
Con el deterioro de la situación económica, el alcance del programa se amplió y hoy resulta clave para más de dos millones de beneficiarios en la provincia. Además de los alimentos, en muchos casos se incorporan materiales con recomendaciones nutricionales y recetarios, con el fin de promover hábitos saludables.

Sin embargo, el esquema enfrenta fuertes limitaciones presupuestarias. La provincia sostiene que el recorte en las transferencias nacionales destinadas al SAE obligó a reorganizar prioridades. En ese marco, se dispuso la suspensión del MESA por 90 días a partir de mayo, con el objetivo de redirigir fondos al sostenimiento del servicio alimentario dentro de las escuelas. El costo mensual del programa ronda los $31.000 millones, mientras que el SAE requiere cerca de $40.000 millones mensuales para funcionar adecuadamente. En un contexto de alta inflación y creciente demanda social, las autoridades advierten que sin una recomposición del financiamiento nacional, la continuidad de MESA queda seriamente comprometida.
La posible desaparición del programa encendió alertas en municipios y organizaciones sociales, que advierten sobre el impacto directo que tendría en la seguridad alimentaria de millones de familias bonaerenses.

La dirección de la Escuela Normal Superior «9 de Julio» ha emitido un comunicado oficial
informando la interrupción parcial de sus actividades académicas para este martes 21 de abril. La medida responde a la adhesión del personal auxiliar al paro general convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo que impide a la institución garantizar las condiciones básicas de higiene y seguridad necesarias para el funcionamiento escolar. La suspensión afecta de manera directa a los estudiantes y docentes de los turnos mañana y noche, quienes no tendrán actividad durante la jornada del martes. Por el contrario, las autoridades confirmaron que el turno tarde mantendrá el dictado de clases de forma totalmente regular.

Respecto a la reanudación del ciclo lectivo, se ha establecido un esquema especial para el miércoles 22 de abril. Según el cronograma dispuesto por la Prosecretaría de la Unidad Académica, el ingreso para todos los niveles correspondientes al turno mañana se verá retrasado hasta las 8:30 horas.
El reporte, firmado por el Prosecretario de la Unidad Académica, el profesor Javier J. Pappalardo, subraya la dependencia del sistema educativo provincial respecto a la operatividad del personal de maestranza y servicios, cuya ausencia obligó a esta modificación de último momento en el calendario escolar del distrito.

Por Redacción Extra Digital

En 9 de Julio, el cierre de la semana escolar marcada por la ola de amenzas de tiroteos en establecimiento educativos que se esparció por varios puntos del país, concluyó con un viernes de tensión pero sin ninguno de los hechos que se anunciaban por mensajes o pintadas. Pero hubo un par de situaciones que se destacaron.
La más importante ocurrió en la escuela de Comercio, en donde un alumno del turno tarde fue sorprendido por una policia que controlaba la entrada al establecimiento cuando escondía un arma, que resultó ser de juguete, en el arenero. El ràpido y contundente accionar de la agente  fue importante para exponer y controlar el incidente. De acuerdo a fuentes consultadas se tomaron los datos del menor y de la familia para anexar a la denuncia. Se informó a los padres del menor que expresaron su angustia por la incómoda situación.
También se encontró “un objeto” (no pudimos saber de qué tipo) en la Escuela Técnica, hecho que también fue denunciado. Todo está en manos de la Justicia. Cabe destacar la colaboración directa de la policia comunal que fue plena y en la medida de sus posibilidades con los requeriemitos de las autoridades del sistema educativo.
El mensaje es claro. Estas “bromas” son inaceptables y tienen consecuencias legales, para quienes la realizan y, en el caso de menores, para sus padres ya que, como explicamos anteriormente, es un delito, que genera un gasto operativo porque moviliza a todo el sistema educativo y de seguridad.
Por otro lado, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense difundió una serie de pautas de intervención obligatorias para los establecimientos educativos tras una semana marcada por amenazas de tiroteos y actos de violencia. Las autoridades provinciales buscan llevar tranquilidad a las familias y garantizar la continuidad pedagógica mediante el uso de herramientas específicas que permitan abordar estos episodios, que en algunos casos incluyeron la presencia de armas en las aulas.
La estrategia oficial se centra en la prevención y la comunicación responsable, solicitando a estudiantes, docentes y familias evitar la viralización de mensajes intimidatorios para no alimentar el efecto contagio. Ante la detección de una amenaza o situación sospechosa, las instituciones deben dar aviso inmediato a las autoridades escolares e inspectores regionales, quienes coordinarán las respuestas territoriales junto con las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial si fuera necesario.
En paralelo a las medidas de seguridad, el gobierno provincial promueve la creación de espacios de diálogo dentro de la comunidad educativa para fortalecer la convivencia escolar. Se han programado reuniones con inspectores de todos los niveles y encuentros informativos con padres para detallar los mecanismos de protección vigentes. El objetivo central de la cartera educativa es mantener las escuelas abiertas y seguras, minimizando las interrupciones en el dictado de clases ante este tipo de incidentes.

Los consejeros escolares de La Libertad Avanza (LLA), Norma Prait y Leonardo Rodoni se refirieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) al pedido de informes sobre el uso del Fondo Educativo 2025 y a los problemas en la pileta en el Centro Educativo Complementario n ° 1 ‘Pibelandia’.
Sobre ambos temas dijeron: “Queremos saber adónde se destinó ese fondo; tenemos rumores, pero aun nada oficial y también queríamos saber quién había dado fin de obra a la pileta de ‘Pibelandia’, cosa que sabemos que aun no ocurrió. La responsable de realizar el fin de obra es la Dirección Provincial de Infraestructura escolar, que son un grupo de arquitectas que tienen sede en el Consejo Escolar, no depende de él, pero tienen sede y trabajan ahí. No sabemos los motivos por los que aún no se dio el fin de obra a esa pileta”.

Más adelante explicaron que una vez conformada el bloque de consejeros escolares de LLA pidieron el legajo de esa obra para saber cuánto se había invertido, “y vimos que invirtió mucho más de lo que el trabajo correspondía, hablamos de 21 millones de pesos en reparar una pileta que se podría haber hecho nueva con ese monto por estimaciones que nos informaron otros arquitectos. Obra autorizada en diciembre de 2024, se hizo en enero de 2025 por lo tanto no se pudo usar durante la ‘Escuela abierta de verano 2025’. Pero durante todo 2025 no se dictaminó el fin de obra. Nosotros, sin saber eso, nos venimos a enterar cuando este año la Inspectora Distrital, en medios de comunicación, informa que la pileta tenía pérdidas y, a partir de todos estos antecedentes, es que hacemos un pedido de informes dentro del Consejo Escolar a la presidenta del mismo Valeria Maidana. Nos da una primera respuesta que es incompleta, donde los cuatro puntos que pedimos, que tienen que ver con el monto, el legajo, período de financiación, con el procedimiento de licitación. Como hubo muchas inconsistencias en esa primera respuesta, volvimos a reiterarlo y ahí es denegado directamente ese pedido de informes”.
“Somos seis consejeros», aclara Rodoni, «y molesta mucho un pedido de informes, si bien hay cuatro bloques allí” (Nota de la redacción: Valeria Maidana y Enrique Márquez por el PRO; Leny Luberriaga por UCR; Enzo Zega por Fuerza Patria y Prait y Rodoni por LLA).

Explicaron que “el pedido de informes tiene que ver con lo importante, con clarificar, traer luz, transparentar, sacarnos dudas. Pedimos información sobre un hecho o sobre algo que no sabe o consideramos que no se hizo bien o sí. Somos funcionarios públicos, fuimos votados por el pueblo y cuando pedimos informes tiene que ver con después poder comunicar lo que estamos pidiendo. Esa es la finalidad y nos sorprendió mucho que nos negaran. La primera vez lo aprobaron con mucho malestar. Y la segunda vez la propia presidenta del cuerpo (Maidana) nos dice que no nos va a responder más informes argumentando que nosotros como bloque de consejeros escolares no podemos hacer un pedido de informes al mismo cuerpo”.
Interrogados sobre si reglamentariamente es así, expresaron: “No. No hay nada escrito en la reglamentación de los CE que no podamos pedir informes y deducimos es que el cuerpo estaba acostumbrado a una sola línea política y que no hubiese oposición”.
Ambos repasan que el primer pedido sobre uso del Fondo Educativo (FE) 2025 “es para que sea público porque estamos hablando de alrededor de 1200 millones de pesos, no si falta una hoja en un legajo; estamos hablando de muchísimo dinero que tienen que estar en las escuelas públicas de nuestro distrito, que la mayoría se llueven, están destrozadas. Es dinero que viene del gobierno provincial. Nuestro reclamo es genuino porque es un dinero de todos nosotros y un reclamo que vamos a sostener siempre”.
El complejo trámite que deriva de la filtración concluyente que tiene la pileta de ‘Pibelandia’ que diariamente perdía un volumen de agua importante y su ¿posible solución? fue explicado así: “Nos encontramos con un problema que cuando se hace una licitación y una empresa gana el proyecto de obra, hay un plazo donde se puede anteponer que no funciona bien o que la obra está incompleta o que no se cumplió con los requisitos. Y ese plazo ya se cumplió y el proveedor ya cobró. Ahora hay que hacer un nuevo proceso licitatorio, otro legajo, un concurso nuevo; ya no se le puede reclamar al anterior”.
Los fondos los provee la provincia, al consultárselos sobre qué argumento se van a usar para convencer a las autoridades provinciales que provea nuevos fondos porque se hizo mal respondieron que “ahí también hay otro bache, ya que no hay control desde la provincia al municipio; una gran falla de entrega de dinero y no está el control de rendición, adónde fue ese dinero o porque una obra fue necesaria que se haga dos o tres veces”.

Un informe nacional advierte que más de la mitad de los alumnos falta al menos 15 días al año. Los especialistas observan una polarización en la asistencia y diferencias entre provincias. Apuntan a límites difusos como parte del problema. El dato más visible del informe elaborado por Argentinos por la Educación es que el 51 por ciento de los alumnos del último año de secundaria acumula al menos 15 inasistencias al año, según el operativo Aprender 2024. Dos años antes ese porcentaje era del 44 por ciento. El incremento de 7 puntos porcentuales se replicó en las 24 jurisdicciones del país. Los autores hablan de una “polarización” en la asistencia. Es decir que se mantiene estable el grupo que casi no falta, pero se amplía el de quienes se ausentan con mayor frecuencia.
Para los equipos directivos, el problema ya ocupa el centro de la escena. El 46% de los directores considera al ausentismo como un obstáculo moderado o serio para el aprendizaje, por encima de la impuntualidad, los bajos logros académicos o incluso el ausentismo docente. Aunque se trata de una tendencia global –según PISA 2022, el 47% de los directores argentinos identifica el ausentismo como un límite para enseñar–, en el país adquiere rasgos propios. Entre ellos, fuertes desigualdades territoriales. Buenos Aires lidera con un 66% de estudiantes que faltan al menos 15 días, seguida por CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo aparecen Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%).
Las razones que explican las ausencias combinan factores estructurales y personales. El 62% de los estudiantes menciona problemas de salud, pero el segundo motivo —señalado por el 39%— es más difícil de encuadrar: “No tener ganas de ir a la escuela”.
Para especialistas, ese dato no es menor. “El ausentismo es un síntoma y no el problema en sí mismo”, sostiene Viviana Postay, especialista en gestión educativa. “Los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites ni el sentido del tránsito por la escuela secundaria”, agrega.
Bruno Videla, docente y coautor de un informe reciente sobre ausentismo escolar coincide en ese diagnóstico y va más allá: “El ausentismo es la punta del iceberg”, señala. Debajo aparecen la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza con las familias y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En ese marco, advierte, sumar días al calendario escolar resulta insuficiente.

La lectura también es compartida por la investigadora Sandra Ziegler (Flacso), quien interpreta el fenómeno como un “desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles”. “La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ expresa un problema de sentido”, plantea. Es decir, no se trata solo de asistir, sino de encontrar motivos para hacerlo.
El informe incorpora además una dimensión social. Según Romina De Luca (Conicet), en el sector estatal el ausentismo suele estar vinculado a problemas de acceso, tareas de cuidado familiares, trabajo o situaciones familiares. En ese sentido, advierte que las faltas también reflejan procesos de segregación educativa.

Por Javier Pappalardo

Hay una verdad ineludible que atraviesa la Argentina contemporánea y que pocos se animan a formular sin rodeos: el tablero no es neutral, está inclinado desde el nacimiento. No se trata de una consigna ideológica ni de una exageración retórica. Es un dato estructural. Quien llega al mundo en una familia con capital cultural y capital económico inicia la partida con ventaja. Tiene lenguaje, hábitos, referencias, vínculos. Tiene, en definitiva, un sistema de contención que le permite equivocarse sin que el error se convierta en destino. Negarlo es negar la evidencia.
Pero el problema no es la existencia de esa desigualdad de origen. Las sociedades nunca han sido plenamente iguales. El verdadero problema aparece cuando el único mecanismo capaz de compensarla —el sistema educativo— deja de cumplir su función.
Porque para el hijo del obrero, para quien no hereda redes ni capital simbólico, la escuela no es un complemento: es todo. Es la única posibilidad real de modificar la trayectoria que le fue asignada antes de poder elegir. Es la herramienta central de movilidad social. Cuando esa herramienta se debilita, lo que se rompe no es solo una institución: se rompe la promesa de igualdad.
La degradación de la calidad educativa no es un fenómeno abstracto. Tiene consecuencias concretas, visibles y profundamente injustas. En Argentina, menos de la mitad de los estudiantes termina la escuela secundaria en tiempo y forma, y una proporción significativa no alcanza niveles básicos en comprensión lectora o matemática. Ese no es un dato técnico: es una señal de alarma.
Mientras tanto, la escena cotidiana ofrece una postal elocuente. En muchas aulas del sistema público, buena parte del tiempo se destina a dinámicas de contención, a conversaciones sobre regulación emocional, a sostener lo urgente. En paralelo, en otros circuitos educativos, los estudiantes incorporan programación, idiomas, pensamiento computacional desde edades tempranas. Esa diferencia no es pedagógica, es estructural. Mientras unos aprenden a gestionar cómo se sienten, otros aprenden a competir en el mundo que viene. Y el sistema, lejos de cerrar esa brecha, la amplifica.

Porque cuando la exigencia baja en nombre de la inclusión, lo que en realidad ocurre es una forma silenciosa de desigualdad. Se reemplaza conocimiento por contención. Se sustituye exigencia por acompañamiento. Se posterga el aprendizaje duro —lenguaje, matemática, tecnología— como si fuera secundario, pero no lo es. Es decisivo. No se trata de negar la dimensión emocional. Se trata de no invertir prioridades. Porque cuando la escuela deja de enseñar con rigor, no protege al alumno, lo desarma. Y ese desarme se revela más adelante, en la universidad, donde muchos descubren que no tienen las herramientas necesarias, y en el mercado laboral, donde la falta de competencias se vuelve evidente. En la vida, donde la promesa de movilidad social se diluye.
El que se estrella no es el hijo de los sectores más favorecidos. Es el que apostó todo a un sistema que le prometió herramientas que nunca le dio. Es el que creyó que el esfuerzo alcanzaba, sin saber que el punto de partida seguía definiendo el resultado. Los sectores más favorecidos siempre construirán sus redes. Siempre tendrán alternativas. Siempre podrán corregir desvíos. La escuela pública, en cambio, es la única red para millones. Si esa red se debilita, no hay segunda oportunidad.
La verdadera injusticia no es que existan desigualdades de origen. La verdadera injusticia es que el sistema que debía corregirlas termine consolidándolas. Porque cuando la educación deja de ser un puente, se convierte en un filtro, y cuando eso ocurre, el tablero ya no está inclinado, está definitivamente amañado.

Docentes universitarios de todo el país volverán a parar la próxima semana, en una medida que refleja la creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional. La protesta, convocada por sindicatos y federaciones, se extenderá del 30 de marzo al 1º de abril e incluirá, además, clases públicas en distintas universidades.
El reclamo central apunta a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 y respaldada por un fallo judicial favorable. Según los gremios, la norma establece una recomposición salarial que el Ejecutivo no está cumpliendo. En este contexto, la decisión del gobierno de Javier Milei de otorgar aumentos de manera unilateral —2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo— sin convocatoria a paritarias, profundizó el conflicto. Para los sindicatos, estos incrementos resultan insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo.

Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), su secretaria general, Laura Carboni, fue categórica: incluso si se efectivizara el aumento acumulado del 6,7%, el atraso salarial seguiría muy por debajo del 49% necesario para equiparar la inflación, tal como —afirman— establece la ley vigente.
El conflicto no es sólo normativo: también es social. Según datos difundidos por el propio gremio, un ayudante de primera con dedicación simple percibe poco más de $228.000 mensuales, mientras que incluso los cargos de mayor carga horaria no logran superar la línea de pobreza, que el INDEC ubica en torno a los $1.397.672. En ese marco, los sindicatos endurecieron su posición y advierten que las medidas de fuerza continuarán mientras no haya una recomposición efectiva y una convocatoria formal a paritarias. “No volvemos a las aulas en defensa de nuestro salario y de la universidad pública”, señalaron.
La disputa, sin embargo, excede lo salarial. Lo que está en juego es el esquema de financiamiento del sistema universitario en su conjunto y el rol del Estado en su sostenimiento. Mientras el Gobierno busca sostener su programa económico con foco en el ajuste del gasto, el sector universitario advierte sobre el impacto directo en el funcionamiento de las instituciones. El resultado es un conflicto abierto, con impacto directo en el calendario académico y sin señales claras de resolución en el corto plazo.

La caída del financiamiento docente y el retroceso de los programas educativos ponen en duda la prioridad que el Gobierno dice otorgar a la calidad educativa.

Cuando el presidente Javier Milei habló en la apertura de sesiones del Congreso, uno de los ejes de su discurso fue la educación. “Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo”, afirmó, al plantear la necesidad de reformar los distintos niveles del sistema y devolver a la escuela su función original: formar a los estudiantes y evitar —según sus palabras— el adoctrinamiento. Sin embargo, más allá de los discursos, los números muestran una realidad distinta. Diversos informes basados en datos oficiales indican que durante el primer tramo de la gestión libertaria la inversión educativa sufrió uno de los recortes más profundos de las últimas décadas, especialmente en áreas vinculadas con la formación docente y los programas de inclusión educativa.
Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el año 2025 cerró con altos niveles de subejecución presupuestaria, particularmente en áreas sociales. Dentro del sector educativo, varios programas centrales registraron caídas abruptas.Entre los casos más significativos se encuentran Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), ambos con ejecución prácticamente nula, así como programas de infraestructura para jardines infantiles con recortes cercanos al 90%. Las becas estudiantiles y los programas de acompañamiento educativo también sufrieron reducciones importantes.Uno de los rubros más afectados fue la formación docente, con una caída que supera el 75% en algunos programas durante 2025 y un nuevo recorte que supera el 44% en lo que va de este año.
El ajuste no se limita al área educativa estricta. En el Ministerio de Capital Humano —del cual depende la Secretaría de Educación— se observa una fuerte reducción del gasto público: la ejecución cayó cerca del 48% en Educación y más del 70% en áreas vinculadas con niñez y familia. La tendencia también se replica en el sistema científico y tecnológico. Programas de promoción de la investigación registran reducciones superiores al 70%, mientras organismos como el CONICET, la CONAE y el Servicio Meteorológico Nacional también experimentan recortes significativos.El cuadro general muestra una política de reducción del gasto público que impacta con especial intensidad en áreas vinculadas con educación, ciencia y desarrollo productivo, mientras el peso relativo de los servicios de deuda y otros gastos del Estado se mantiene elevado.

El panorama presupuestario refuerza esa tendencia. De acuerdo con el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, la inversión nacional en educación rondará el 0,75% del PBI, muy por debajo del 6% que establecía la Ley de Financiamiento Educativo sancionada hace dos décadas. En términos reales, esto implica una reducción cercana al 50% respecto del nivel de recursos disponibles en 2023 para la Secretaría de Educación. El impacto se extiende a distintas áreas del sistema: universidades, escuelas técnicas, infraestructura escolar, equipamiento educativo y programas de capacitación docente. Cabe recordar que el financiamiento educativo en Argentina depende en gran medida de las provincias, que sostienen cerca del 75% del gasto total. Sin embargo, el aporte nacional ha sido históricamente clave para equilibrar desigualdades regionales, particularmente a través de programas como el FONID o las becas educativas.
La eliminación de estos mecanismos de compensación agravó la situación salarial de los docentes, cuyos ingresos se ubican hoy en niveles históricamente bajos en términos reales, según distintos relevamientos sindicales. A esto se suman otras medidas que marcaron el rumbo de la política educativa nacional: la discontinuación del programa Conectar Igualdad, la reducción del número de becas Progresar y el congelamiento de su monto, demoras en la distribución de libros escolares y la caída de la inversión en infraestructura educativa. El ajuste también alcanzó a las universidades públicas, que según estimaciones del sector perdieron cerca del 29% de su presupuesto real en los últimos dos años.
En ese contexto, organizaciones educativas y sindicatos docentes advierten que la educación se ha convertido en una de las principales variables de ajuste del actual modelo económico. Un informe del Instituto Marina Vilte, vinculado a CTERA, sostiene que entre 2023 y 2025 la función Educación y Cultura registró una caída real del 47,7%, muy por encima del promedio del ajuste general del Estado. El impacto, señalan, se refleja directamente en las escuelas: reducción de programas socioeducativos, menos recursos para infraestructura, recortes en becas, conectividad y formación docente. Durante 2025, además, quedaron más de 135 mil millones de pesos del presupuesto educativo sin ejecutar, lo que para los especialistas constituye una señal de que el ajuste no responde únicamente a restricciones fiscales, sino también a decisiones de política pública.

El debate de fondo, entonces, no se limita a la magnitud del recorte. También plantea una discusión más profunda sobre el rol del Estado en el sostenimiento del sistema educativo y en la formación del capital humano que el propio gobierno señala como clave para el desarrollo del país. Porque, más allá de las diferencias ideológicas, la experiencia histórica muestra que la calidad educativa rara vez mejora cuando se reducen las inversiones en docentes, infraestructura y programas de inclusión. Y en educación, como suele decirse, los efectos de las decisiones políticas no se miden en meses, sino en generaciones.

La Inspectora Jefa Distrital de Educación del partido de 9 de Julio, Gabriela Tiani, detalló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las actividades sobre la gestión educativa 2026, comenzando por el inicio del ciclo que se dio en estos días en distintos niveles. Habló de prioridades, infraestructura y desafíos en la educación distrital. También se refirió a la deserción escolar, sobre todo en el nivel secundario: “En muchos casos no hay familia detrás; igualmente los pibes vuelven a la escuela a contar que les pasa, a contar como están. Es la situación económica la que los obliga a salir a trabajar el motivo de esa deserción”.
Los cambios en la matrícula, en muchos casos a la baja, fue también tema de la entrevista. Puso como ejemplo el Jardín de Infantes 907 de Patricios, donde se incorporó la sala de 1 año con la de 2 a raíz de la baja matrícula y porque reunía las condiciones.
Interrogada sobre la nueva iniciativa de la prohibición de celulares en las escuelas, situación que busca mejorar la atención de los estudiantes, reconoció que genera un debate sobre su efectividad y necesidad: “En el nivel primario contamos con las aulas digitales móviles, con computadoras, que hacen que no sea necesario el uso de celulares para el trabajo pedagógico. Se complejiza más en el nivel secundario. No quiero decir que no haya escuelas que han logrado restringir el uso, pero como acuerdo que puedan establecer con los estudiantes, porque los hay que no acuerdan entregar el celular antes de entrar a clase. ¿Cómo se resuelve? Tiene que surgir del acuerdo entre el docente, el equipo de conducción y los estudiantes, claramente. Pero siempre hay una situación que dispara a ese ‘no uso’ del celular. Un conflicto generalmente. Hay instituciones, por ejemplo, la escuela secundaria de Quiroga (El ‘Mariano Moreno’ n °11) que lo tiene instalado, resuelto hace años y no es un tema en cuestión. En otros establecimientos, genera un debate sobre su efectividad y necesidad”.
La inspectora Jefa Distrital de educación también se refirió a las principales prioridades de la gestión distrital este año, los desafíos que enfrenta actualmente el distrito en materia de calidad educativa y evalúa positivamente el desempeño de las escuelas y docentes y personal no docente en la jurisdicción. No dejo de aclarar sobre la repitencia, esa situación compleja contando el funcionamiento del sistema, causas y consecuencias y brindando respuestas y soluciones que la audiencia y los lectores deben conocer.
Finalmente Gabriela Tiani contó lo significativo que representan para distintas comunidades educativas la celebración de diversos aniversarios: los 50 años del Jardín de Infantes n ° 909 ‘Lola Labbé’ frente a la Escuela de Educación Técnica; los 150 años de la Escuela n ° 2 Hipólito Yrigoyen y los 25 años de la Escuela de Educación Artística. Y hubo un recreo, breve, para hablar de política.

Por Javier Pappalardo

Por estos días se repite una frase que empieza a dejar de sonar exagerada: más de la mitad de los empleos iniciales podrían desaparecer o transformarse radicalmente por la inteligencia artificial. No se trata de ciencia ficción ni de un futuro lejano. Es un proceso que ya comenzó y que avanza con una velocidad que muchas instituciones todavía no terminan de comprender.
Durante décadas, el primer empleo funcionó como una puerta de entrada al mundo laboral. Era el escalón donde se aprendían tareas básicas, se adquiría experiencia y se cometían errores a bajo costo. Oficinas administrativas, atención al cliente, análisis inicial de datos, soporte técnico, redacción simple, traducciones básicas, tareas contables preliminares: millones de jóvenes empezaban allí. Pero justamente esas tareas comparten una característica central: son repetitivas, estructuradas y basadas en reglas. Exactamente el tipo de trabajo que los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar hoy con creciente eficiencia. Algunos ejemplos ya empiezan a verse con claridad.
En los call centers, por ejemplo, los asistentes virtuales pueden responder miles de consultas simultáneamente. Preguntas sobre facturación, seguimiento de envíos, turnos médicos o soporte técnico básico ya son resueltas por sistemas automatizados capaces de comprender lenguaje natural. Muchas empresas están reduciendo personal en las áreas de atención inicial porque la primera interacción con el cliente ya no la realiza una persona.

Algo similar ocurre con los analistas administrativos junior. Tareas como cargar datos, verificar planillas, ordenar documentos o generar reportes básicos pueden ser realizadas por sistemas que procesan información en segundos. En sectores como finanzas, seguros o logística, buena parte del trabajo inicial está migrando hacia plataformas automatizadas.
La redacción también está cambiando. Informes simples, resúmenes de documentos, descripciones de productos, correos formales o notas informativas básicas pueden generarse hoy mediante herramientas de inteligencia artificial. Muchas tareas que antes realizaban redactores principiantes o asistentes editoriales están siendo absorbidas por software especializado.
En el mundo de la programación ocurre algo parecido. Durante años, muchos desarrolladores comenzaron su carrera escribiendo código sencillo, corrigiendo errores menores o adaptando programas existentes. Hoy los sistemas de asistencia para programación pueden generar fragmentos completos de código, detectar fallos y proponer soluciones en segundos. Esto no elimina a los programadores, pero reduce la necesidad de perfiles muy iniciales. Incluso profesiones tradicionalmente consideradas seguras comienzan a ver cambios. En el ámbito legal, por ejemplo, la revisión preliminar de contratos o la búsqueda de jurisprudencia —tareas típicas de abogados junior— puede realizarse mediante herramientas que analizan miles de documentos en pocos minutos. En contabilidad, los sistemas automáticos ya clasifican facturas, detectan inconsistencias y generan reportes financieros básicos.

La consecuencia inmediata no es necesariamente un desempleo masivo, pero sí una transformación profunda del mercado laboral. El problema es estructural: si desaparecen o se reducen drásticamente los trabajos iniciales, ¿cómo se forma la próxima generación de profesionales?
Durante siglos, el conocimiento se transmitió mediante un proceso gradual: aprendiz, asistente, especialista. La inteligencia artificial amenaza con eliminar o comprimir ese primer tramo del aprendizaje laboral. Paradójicamente, mientras las empresas adoptan sistemas cada vez más sofisticados, también necesitan trabajadores con mayor criterio, creatividad y capacidad de resolución de problemas. Pero esas habilidades suelen desarrollarse justamente en los primeros años de experiencia profesional.
Esto plantea un desafío educativo enorme. Si las tareas básicas son realizadas por máquinas, la formación deberá orientarse desde el inicio a habilidades más complejas: pensamiento crítico, capacidad interdisciplinaria, adaptación tecnológica y comprensión profunda de los sistemas automatizados.Al mismo tiempo, surgirán nuevos roles. Toda tecnología que reemplaza funciones también crea otras. Ingenieros de datos, entrenadores de modelos de inteligencia artificial, auditores algorítmicos, especialistas en ética tecnológica o diseñadores de interacción humano-máquina son profesiones que hace apenas una década prácticamente no existían.La pregunta, entonces, no es si habrá trabajo, sino qué tipo de trabajo habrá y quién estará preparado para hacerlo.Los países que comprendan esta transición podrán adaptar sus sistemas educativos y productivos. Los que la ignoren corren el riesgo de enfrentar una generación de jóvenes altamente formados pero con pocas oportunidades de ingresar al mercado laboral.
La inteligencia artificial no solo está cambiando cómo trabajamos. Está redefiniendo cómo empezamos a trabajar. Y en ese cambio silencioso se juega buena parte del futuro económico de las próximas décadas.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un principio de acuerdo con los gremios docentes. La administración de Axel Kicillof presentó una propuesta superadora que consiste en un incremento salarial del 9% distribuido en tres tramos, logrando así el visto bueno de las bases sindicales que venían de protagonizar un paro total de actividades el pasado lunes.
El conflicto, que parecía escalar tras una oferta inicial del 3% calificada como insuficiente por los trabajadores, obligó al Ejecutivo provincial a reabrir las negociaciones con urgencia. El nuevo esquema de pagos contempla un 1,5% retroactivo a febrero, un 5% correspondiente a marzo que se percibirá en abril, y un último tramo del 2,5% para abril, a cobrarse en mayo. Esta mejora triplica el porcentaje originalmente propuesto y representa un alivio momentáneo en la tensa relación entre el Palacio de la Gobernación y los sindicatos.

El ministro de Gobierno Carlos Bianco defendió la gestión paritaria subrayando el complejo contexto económico nacional. El funcionario recordó que la provincia enfrenta severas restricciones presupuestarias derivadas de los recortes de fondos por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Según Bianco, a pesar de estas limitaciones, la oferta bonaerense se posiciona como una de las más competitivas del país, aunque reconoció que los salarios han perdido terreno frente a la inflación persistente.
La aceptación por parte de los docentes no solo normaliza el calendario escolar, sino que también marca el camino para el resto de los sectores estatales. Tras el entendimiento con los maestros, las autoridades provinciales iniciaron mesas de diálogo con los gremios de trabajadores del Estado y judiciales, bajo la expectativa de replicar acuerdos similares que permitan contener el malestar social.
El desenlace de esta negociación ocurre en un clima político sensible, donde incluso sectores aliados al oficialismo provincial habían manifestado su respaldo a las medidas de fuerza. Con este acuerdo, el gobierno de Kicillof logra desactivar un frente de conflicto crítico, priorizando la continuidad de las clases mientras intenta equilibrar las cuentas públicas en un escenario de creciente incertidumbre financiera.