Docentes universitarios de todo el país volverán a parar la próxima semana, en una medida que refleja la creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional. La protesta, convocada por sindicatos y federaciones, se extenderá del 30 de marzo al 1º de abril e incluirá, además, clases públicas en distintas universidades.
El reclamo central apunta a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 y respaldada por un fallo judicial favorable. Según los gremios, la norma establece una recomposición salarial que el Ejecutivo no está cumpliendo. En este contexto, la decisión del gobierno de Javier Milei de otorgar aumentos de manera unilateral —2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo— sin convocatoria a paritarias, profundizó el conflicto. Para los sindicatos, estos incrementos resultan insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo.

Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), su secretaria general, Laura Carboni, fue categórica: incluso si se efectivizara el aumento acumulado del 6,7%, el atraso salarial seguiría muy por debajo del 49% necesario para equiparar la inflación, tal como —afirman— establece la ley vigente.
El conflicto no es sólo normativo: también es social. Según datos difundidos por el propio gremio, un ayudante de primera con dedicación simple percibe poco más de $228.000 mensuales, mientras que incluso los cargos de mayor carga horaria no logran superar la línea de pobreza, que el INDEC ubica en torno a los $1.397.672. En ese marco, los sindicatos endurecieron su posición y advierten que las medidas de fuerza continuarán mientras no haya una recomposición efectiva y una convocatoria formal a paritarias. “No volvemos a las aulas en defensa de nuestro salario y de la universidad pública”, señalaron.
La disputa, sin embargo, excede lo salarial. Lo que está en juego es el esquema de financiamiento del sistema universitario en su conjunto y el rol del Estado en su sostenimiento. Mientras el Gobierno busca sostener su programa económico con foco en el ajuste del gasto, el sector universitario advierte sobre el impacto directo en el funcionamiento de las instituciones. El resultado es un conflicto abierto, con impacto directo en el calendario académico y sin señales claras de resolución en el corto plazo.

La caída del financiamiento docente y el retroceso de los programas educativos ponen en duda la prioridad que el Gobierno dice otorgar a la calidad educativa.

Cuando el presidente Javier Milei habló en la apertura de sesiones del Congreso, uno de los ejes de su discurso fue la educación. “Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo”, afirmó, al plantear la necesidad de reformar los distintos niveles del sistema y devolver a la escuela su función original: formar a los estudiantes y evitar —según sus palabras— el adoctrinamiento. Sin embargo, más allá de los discursos, los números muestran una realidad distinta. Diversos informes basados en datos oficiales indican que durante el primer tramo de la gestión libertaria la inversión educativa sufrió uno de los recortes más profundos de las últimas décadas, especialmente en áreas vinculadas con la formación docente y los programas de inclusión educativa.
Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el año 2025 cerró con altos niveles de subejecución presupuestaria, particularmente en áreas sociales. Dentro del sector educativo, varios programas centrales registraron caídas abruptas.Entre los casos más significativos se encuentran Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), ambos con ejecución prácticamente nula, así como programas de infraestructura para jardines infantiles con recortes cercanos al 90%. Las becas estudiantiles y los programas de acompañamiento educativo también sufrieron reducciones importantes.Uno de los rubros más afectados fue la formación docente, con una caída que supera el 75% en algunos programas durante 2025 y un nuevo recorte que supera el 44% en lo que va de este año.
El ajuste no se limita al área educativa estricta. En el Ministerio de Capital Humano —del cual depende la Secretaría de Educación— se observa una fuerte reducción del gasto público: la ejecución cayó cerca del 48% en Educación y más del 70% en áreas vinculadas con niñez y familia. La tendencia también se replica en el sistema científico y tecnológico. Programas de promoción de la investigación registran reducciones superiores al 70%, mientras organismos como el CONICET, la CONAE y el Servicio Meteorológico Nacional también experimentan recortes significativos.El cuadro general muestra una política de reducción del gasto público que impacta con especial intensidad en áreas vinculadas con educación, ciencia y desarrollo productivo, mientras el peso relativo de los servicios de deuda y otros gastos del Estado se mantiene elevado.

El panorama presupuestario refuerza esa tendencia. De acuerdo con el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, la inversión nacional en educación rondará el 0,75% del PBI, muy por debajo del 6% que establecía la Ley de Financiamiento Educativo sancionada hace dos décadas. En términos reales, esto implica una reducción cercana al 50% respecto del nivel de recursos disponibles en 2023 para la Secretaría de Educación. El impacto se extiende a distintas áreas del sistema: universidades, escuelas técnicas, infraestructura escolar, equipamiento educativo y programas de capacitación docente. Cabe recordar que el financiamiento educativo en Argentina depende en gran medida de las provincias, que sostienen cerca del 75% del gasto total. Sin embargo, el aporte nacional ha sido históricamente clave para equilibrar desigualdades regionales, particularmente a través de programas como el FONID o las becas educativas.
La eliminación de estos mecanismos de compensación agravó la situación salarial de los docentes, cuyos ingresos se ubican hoy en niveles históricamente bajos en términos reales, según distintos relevamientos sindicales. A esto se suman otras medidas que marcaron el rumbo de la política educativa nacional: la discontinuación del programa Conectar Igualdad, la reducción del número de becas Progresar y el congelamiento de su monto, demoras en la distribución de libros escolares y la caída de la inversión en infraestructura educativa. El ajuste también alcanzó a las universidades públicas, que según estimaciones del sector perdieron cerca del 29% de su presupuesto real en los últimos dos años.
En ese contexto, organizaciones educativas y sindicatos docentes advierten que la educación se ha convertido en una de las principales variables de ajuste del actual modelo económico. Un informe del Instituto Marina Vilte, vinculado a CTERA, sostiene que entre 2023 y 2025 la función Educación y Cultura registró una caída real del 47,7%, muy por encima del promedio del ajuste general del Estado. El impacto, señalan, se refleja directamente en las escuelas: reducción de programas socioeducativos, menos recursos para infraestructura, recortes en becas, conectividad y formación docente. Durante 2025, además, quedaron más de 135 mil millones de pesos del presupuesto educativo sin ejecutar, lo que para los especialistas constituye una señal de que el ajuste no responde únicamente a restricciones fiscales, sino también a decisiones de política pública.

El debate de fondo, entonces, no se limita a la magnitud del recorte. También plantea una discusión más profunda sobre el rol del Estado en el sostenimiento del sistema educativo y en la formación del capital humano que el propio gobierno señala como clave para el desarrollo del país. Porque, más allá de las diferencias ideológicas, la experiencia histórica muestra que la calidad educativa rara vez mejora cuando se reducen las inversiones en docentes, infraestructura y programas de inclusión. Y en educación, como suele decirse, los efectos de las decisiones políticas no se miden en meses, sino en generaciones.

La Inspectora Jefa Distrital de Educación del partido de 9 de Julio, Gabriela Tiani, detalló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las actividades sobre la gestión educativa 2026, comenzando por el inicio del ciclo que se dio en estos días en distintos niveles. Habló de prioridades, infraestructura y desafíos en la educación distrital. También se refirió a la deserción escolar, sobre todo en el nivel secundario: “En muchos casos no hay familia detrás; igualmente los pibes vuelven a la escuela a contar que les pasa, a contar como están. Es la situación económica la que los obliga a salir a trabajar el motivo de esa deserción”.
Los cambios en la matrícula, en muchos casos a la baja, fue también tema de la entrevista. Puso como ejemplo el Jardín de Infantes 907 de Patricios, donde se incorporó la sala de 1 año con la de 2 a raíz de la baja matrícula y porque reunía las condiciones.
Interrogada sobre la nueva iniciativa de la prohibición de celulares en las escuelas, situación que busca mejorar la atención de los estudiantes, reconoció que genera un debate sobre su efectividad y necesidad: “En el nivel primario contamos con las aulas digitales móviles, con computadoras, que hacen que no sea necesario el uso de celulares para el trabajo pedagógico. Se complejiza más en el nivel secundario. No quiero decir que no haya escuelas que han logrado restringir el uso, pero como acuerdo que puedan establecer con los estudiantes, porque los hay que no acuerdan entregar el celular antes de entrar a clase. ¿Cómo se resuelve? Tiene que surgir del acuerdo entre el docente, el equipo de conducción y los estudiantes, claramente. Pero siempre hay una situación que dispara a ese ‘no uso’ del celular. Un conflicto generalmente. Hay instituciones, por ejemplo, la escuela secundaria de Quiroga (El ‘Mariano Moreno’ n °11) que lo tiene instalado, resuelto hace años y no es un tema en cuestión. En otros establecimientos, genera un debate sobre su efectividad y necesidad”.
La inspectora Jefa Distrital de educación también se refirió a las principales prioridades de la gestión distrital este año, los desafíos que enfrenta actualmente el distrito en materia de calidad educativa y evalúa positivamente el desempeño de las escuelas y docentes y personal no docente en la jurisdicción. No dejo de aclarar sobre la repitencia, esa situación compleja contando el funcionamiento del sistema, causas y consecuencias y brindando respuestas y soluciones que la audiencia y los lectores deben conocer.
Finalmente Gabriela Tiani contó lo significativo que representan para distintas comunidades educativas la celebración de diversos aniversarios: los 50 años del Jardín de Infantes n ° 909 ‘Lola Labbé’ frente a la Escuela de Educación Técnica; los 150 años de la Escuela n ° 2 Hipólito Yrigoyen y los 25 años de la Escuela de Educación Artística. Y hubo un recreo, breve, para hablar de política.

Por Javier Pappalardo

Por estos días se repite una frase que empieza a dejar de sonar exagerada: más de la mitad de los empleos iniciales podrían desaparecer o transformarse radicalmente por la inteligencia artificial. No se trata de ciencia ficción ni de un futuro lejano. Es un proceso que ya comenzó y que avanza con una velocidad que muchas instituciones todavía no terminan de comprender.
Durante décadas, el primer empleo funcionó como una puerta de entrada al mundo laboral. Era el escalón donde se aprendían tareas básicas, se adquiría experiencia y se cometían errores a bajo costo. Oficinas administrativas, atención al cliente, análisis inicial de datos, soporte técnico, redacción simple, traducciones básicas, tareas contables preliminares: millones de jóvenes empezaban allí. Pero justamente esas tareas comparten una característica central: son repetitivas, estructuradas y basadas en reglas. Exactamente el tipo de trabajo que los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar hoy con creciente eficiencia. Algunos ejemplos ya empiezan a verse con claridad.
En los call centers, por ejemplo, los asistentes virtuales pueden responder miles de consultas simultáneamente. Preguntas sobre facturación, seguimiento de envíos, turnos médicos o soporte técnico básico ya son resueltas por sistemas automatizados capaces de comprender lenguaje natural. Muchas empresas están reduciendo personal en las áreas de atención inicial porque la primera interacción con el cliente ya no la realiza una persona.

Algo similar ocurre con los analistas administrativos junior. Tareas como cargar datos, verificar planillas, ordenar documentos o generar reportes básicos pueden ser realizadas por sistemas que procesan información en segundos. En sectores como finanzas, seguros o logística, buena parte del trabajo inicial está migrando hacia plataformas automatizadas.
La redacción también está cambiando. Informes simples, resúmenes de documentos, descripciones de productos, correos formales o notas informativas básicas pueden generarse hoy mediante herramientas de inteligencia artificial. Muchas tareas que antes realizaban redactores principiantes o asistentes editoriales están siendo absorbidas por software especializado.
En el mundo de la programación ocurre algo parecido. Durante años, muchos desarrolladores comenzaron su carrera escribiendo código sencillo, corrigiendo errores menores o adaptando programas existentes. Hoy los sistemas de asistencia para programación pueden generar fragmentos completos de código, detectar fallos y proponer soluciones en segundos. Esto no elimina a los programadores, pero reduce la necesidad de perfiles muy iniciales. Incluso profesiones tradicionalmente consideradas seguras comienzan a ver cambios. En el ámbito legal, por ejemplo, la revisión preliminar de contratos o la búsqueda de jurisprudencia —tareas típicas de abogados junior— puede realizarse mediante herramientas que analizan miles de documentos en pocos minutos. En contabilidad, los sistemas automáticos ya clasifican facturas, detectan inconsistencias y generan reportes financieros básicos.

La consecuencia inmediata no es necesariamente un desempleo masivo, pero sí una transformación profunda del mercado laboral. El problema es estructural: si desaparecen o se reducen drásticamente los trabajos iniciales, ¿cómo se forma la próxima generación de profesionales?
Durante siglos, el conocimiento se transmitió mediante un proceso gradual: aprendiz, asistente, especialista. La inteligencia artificial amenaza con eliminar o comprimir ese primer tramo del aprendizaje laboral. Paradójicamente, mientras las empresas adoptan sistemas cada vez más sofisticados, también necesitan trabajadores con mayor criterio, creatividad y capacidad de resolución de problemas. Pero esas habilidades suelen desarrollarse justamente en los primeros años de experiencia profesional.
Esto plantea un desafío educativo enorme. Si las tareas básicas son realizadas por máquinas, la formación deberá orientarse desde el inicio a habilidades más complejas: pensamiento crítico, capacidad interdisciplinaria, adaptación tecnológica y comprensión profunda de los sistemas automatizados.Al mismo tiempo, surgirán nuevos roles. Toda tecnología que reemplaza funciones también crea otras. Ingenieros de datos, entrenadores de modelos de inteligencia artificial, auditores algorítmicos, especialistas en ética tecnológica o diseñadores de interacción humano-máquina son profesiones que hace apenas una década prácticamente no existían.La pregunta, entonces, no es si habrá trabajo, sino qué tipo de trabajo habrá y quién estará preparado para hacerlo.Los países que comprendan esta transición podrán adaptar sus sistemas educativos y productivos. Los que la ignoren corren el riesgo de enfrentar una generación de jóvenes altamente formados pero con pocas oportunidades de ingresar al mercado laboral.
La inteligencia artificial no solo está cambiando cómo trabajamos. Está redefiniendo cómo empezamos a trabajar. Y en ese cambio silencioso se juega buena parte del futuro económico de las próximas décadas.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un principio de acuerdo con los gremios docentes. La administración de Axel Kicillof presentó una propuesta superadora que consiste en un incremento salarial del 9% distribuido en tres tramos, logrando así el visto bueno de las bases sindicales que venían de protagonizar un paro total de actividades el pasado lunes.
El conflicto, que parecía escalar tras una oferta inicial del 3% calificada como insuficiente por los trabajadores, obligó al Ejecutivo provincial a reabrir las negociaciones con urgencia. El nuevo esquema de pagos contempla un 1,5% retroactivo a febrero, un 5% correspondiente a marzo que se percibirá en abril, y un último tramo del 2,5% para abril, a cobrarse en mayo. Esta mejora triplica el porcentaje originalmente propuesto y representa un alivio momentáneo en la tensa relación entre el Palacio de la Gobernación y los sindicatos.

El ministro de Gobierno Carlos Bianco defendió la gestión paritaria subrayando el complejo contexto económico nacional. El funcionario recordó que la provincia enfrenta severas restricciones presupuestarias derivadas de los recortes de fondos por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Según Bianco, a pesar de estas limitaciones, la oferta bonaerense se posiciona como una de las más competitivas del país, aunque reconoció que los salarios han perdido terreno frente a la inflación persistente.
La aceptación por parte de los docentes no solo normaliza el calendario escolar, sino que también marca el camino para el resto de los sectores estatales. Tras el entendimiento con los maestros, las autoridades provinciales iniciaron mesas de diálogo con los gremios de trabajadores del Estado y judiciales, bajo la expectativa de replicar acuerdos similares que permitan contener el malestar social.
El desenlace de esta negociación ocurre en un clima político sensible, donde incluso sectores aliados al oficialismo provincial habían manifestado su respaldo a las medidas de fuerza. Con este acuerdo, el gobierno de Kicillof logra desactivar un frente de conflicto crítico, priorizando la continuidad de las clases mientras intenta equilibrar las cuentas públicas en un escenario de creciente incertidumbre financiera.

Por Javier Pappalardo

Las democracias no suelen desplomarse con estruendo. Se erosionan en silencio. El desgaste es lento, casi imperceptible, y cuando se advierte ya forma parte del paisaje. Ocurre en la política, ocurre en los medios —que hoy son también política— y ocurre, con menos ruido pero con mayor profundidad, en el sistema educativo. Allí donde antes se ejercitaba el arte de pensar con otros, comienza a imponerse una pedagogía de la ejecución, de la estandarización y del cumplimiento auditado.
El problema no es la tecnología ni la profesionalización docente. Tampoco lo es la legítima aspiración a la eficiencia o la calidad. El dilema aparece cuando esos instrumentos, concebidos como medios, se transforman en fines. Cuando el error molesta, la duda hace perder tiempo y la pregunta incomoda, el aula deja de ser un espacio de búsqueda y se convierte en una línea de montaje cognitiva. El modelo clásico de profesor —errático, apasionado, dispuesto a detener la clase para discutir una hipótesis improbable— es reemplazado por una figura más aséptica: el operador educativo. Gestiona procesos, cumple indicadores, verifica resultados. No duda: certifica. La obediencia epistemológica sustituye al riesgo intelectual. La inteligencia se reduce a estrategia; no se trata de comprender sino de aprobar.
En algunos campus virtuales de la región, cursos idénticos se distribuyen a miles de estudiantes por cuatrimestre. Los docentes eligen entre comentarios preaprobados para asegurar coherencia en la evaluación. Los contenidos vienen empaquetados: video, foro, cuestionario de opción múltiple, plazo, rúbrica cerrada. Equidad garantizada. Consistencia asegurada. Margen de intervención humana, mínimo.
Nada de esto sería alarmante si el diseño permaneciera subordinado al juicio pedagógico. Pero cuando el sistema no permite avanzar al siguiente módulo si el alumno no reproduce palabra por palabra la definición oficial de un concepto, la comprensión deja de ser el objetivo. Se premia la fidelidad literal; se penaliza la formulación personal. La estandarización cumple su promesa de control, pero empobrece la apropiación crítica del saber.

En certificaciones corporativas y cursos masivos en línea —los llamados MOOCs— millones de estudiantes producen trabajos evaluados por otros estudiantes bajo grillas rígidas. El juicio académico se desliza hacia el chequeo automático: encaja o no encaja. Pensar algo nuevo deja de ser central. La ilusión del progreso se confunde con la perfección estadística.
El periodista y ensayista estadounidense Sydney J. Harris advirtió que el peligro no era que las máquinas pensaran como hombres, sino que los hombres comenzaran a pensar como máquinas. El siglo XXI parece confirmar esa intuición. El aula pensada como protocolo —aunque se presente bajo el lenguaje de la innovación— se asemeja cada vez más a un restaurante de comida rápida: consistencia, volumen y velocidad a cambio de sabor y sorpresa. El estudiante aprende a sobrevivir en este ecosistema. Domina el arte de parecer que sabe. Cita autores que no leyó, reproduce conceptos que no asimiló y produce textos que reflejan lo que el sistema espera. Formalmente correctos, esencialmente vacíos. La validación reemplaza al conocimiento.
Los informes de calidad son impecables. Las tasas de aprobación crecen. Las plataformas registran actividad constante. Todo funciona. Pero el pensamiento crítico —ese temblor necesario— se vuelve una rareza estadística. El error, que durante siglos fue el tropiezo fecundo del aprendizaje, desaparece junto con lo humano cuando se lo elimina en nombre de la eficiencia. Hay además una dimensión política que no conviene soslayar. Un sistema educativo que desalienta la duda produce ciudadanos menos inclinados a interpelar el poder. La pedagogía de la repetición —aunque se vista de neutralidad tecnológica— moldea subjetividades funcionales al orden existente. Cuando la evaluación premia la adhesión literal y no la elaboración crítica, el pensamiento deja de ser herramienta de emancipación para convertirse en mecanismo de adaptación.
Por eso la discusión no es técnica sino cultural. No se trata de rechazar plataformas ni métricas, sino de recordar que el conocimiento auténtico siempre contiene un margen de incertidumbre. Educar es exponer a la incomodidad de no saber todavía. Si el aula elimina ese temblor en nombre de la eficiencia, puede que gane en prolijidad, pero pierde en profundidad. Y una sociedad que renuncia a la profundidad intelectual difícilmente pueda sostener, en el tiempo, la vitalidad de su democracia. Porque enseñar nunca fue administrar contenidos. Fue encender preguntas. Y el verdadero riesgo no es que las respuestas estén automatizadas, sino que hayamos olvidado qué preguntas merecían ser formuladas.