Por Javier Pappalardo

El próximo jueves el INDEC difundirá la inflación de julio. Las consultoras la ubican entre 1,9 y 2,1 por ciento, en línea con el 1,9 de junio, mes en el que el índice acumuló 16,8 en el primer semestre y 33,5 interanual. El Banco Central proyecta que el año cierre en torno al 30. Para un país que hace tres años discutía si el número tenía uno o dos dígitos mensuales, es una noticia.Y no es la única.
Las reservas del Banco Central se acercan a los cincuenta mil millones de dólares, su nivel más alto en una década. El riesgo país ronda los cuatrocientos puntos básicos, tras haber perforado los quinientos en enero por primera vez desde 2018. El tipo de cambio se sostiene dentro de la banda. Quien mire solamente el tablero financiero encontrará el mejor cuadro argentino en mucho tiempo, y sería deshonesto negarlo. El problema aparece cuando uno baja del tablero al mostrador. El estimador de actividad crece y la góndola se achica, al mismo tiempo y en el mismo país. Esa contradicción tiene una explicación, y no está en las planillas. Está en el mapa.
La Argentina tiene hoy tres motores potentes. Petróleo y gas, minería y agro, con dinámica sostenida y horizonte largo. Tiene otros tres que operan muy por debajo de su capacidad histórica. Construcción, industria y comercio, que son precisamente los que emplean gente y sostienen el consumo cotidiano. Los primeros dinamizan Neuquén, Cuyo y la pampa exportadora. Los segundos golpean al conurbano bonaerense, que es el corazón del consumo masivo argentino. El especialista Guillermo Oliveto lo resumió mejor que nadie cuando dijo que la geografía del dinero está cambiando.Donde la renta exportadora derrama se compra el bien durable financiado. Donde no llega, el ajuste recae sobre el detergente.

Nueve de Julio está exactamente sobre esa línea de falla y conviene decirlo con precisión. El motor que anda es el nuestro. La campaña se levanta, el productor liquida y la maquinaria agrícola se mueve. Pero el empleo de esta ciudad no vive del campo, vive del comercio de la avenida, de los servicios, del taller mediano y de la construcción. Vive, justamente, de los tres motores que están abajo. Que al partido le vaya bien no significa que a la ciudad le vaya bien, y esa distinción, que en el debate porteño se pierde, acá se ve caminando cuatro cuadras.
Los números del bolsillo confirman el diagnóstico. En mayo los salarios privados registrados subieron 2 por ciento nominal contra un índice de precios de 2,1, y acumulan 3,2 por ciento por debajo del mismo período de 2025. El Salario Mínimo, Vital y Móvil, según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, perdió más del cuarenta por ciento de su poder de compra desde diciembre de 2023. El ingreso disponible, lo que queda tras pagar los gastos fijos, cayó 5,1 por ciento interanual en mayo según Equilibra, con las tarifas explicando buena parte de esa contracción.
Y lo que queda, se decide. El consumo masivo cerró junio con una baja de 2,7 por ciento interanual en volumen, según Scentia, con los kioscos y almacenes de barrio cayendo 4,6. Las pymes minoristas encadenaron once meses consecutivos de retroceso según la CAME. Desayuno y merienda cayeron 7,7 por ciento y limpieza del hogar 6,2. La única categoría que creció en los canales físicos fue la bebida con alcohol.
Hay algo más incómodo. El Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM comparó los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del primer trimestre de 2025 con los de 2026 y encontró unos 213.000 nuevos ocupados junto a unos 192.000 subocupados adicionales. El empleo crece y se degrada a la vez. La estadística cuenta cabezas y no cuenta horas. Los economistas más ortodoxos responden con un argumento atendible. Sostienen que la desinflación es condición previa de cualquier recuperación, que las mejoras salariales empezaron a ubicarse por encima de los precios y que el ingreso real se recuperará cuando la estabilidad se consolide. Puede ser. Las proyecciones más razonables ubican ese alivio recién hacia 2028. Tres años es mucho tiempo para una familia que hoy elige entre el guardapolvo y la garrafa.
La política ya registra la diferencia. La evaluación negativa de la gestión nacional se ubica entre el 55 y el 63 por ciento según la consultora que se tome, y esa caída dejó de explicarse por la herencia recibida. Lo que cambió no es el número. Es el criterio con que la gente juzga. Se pasó de evaluar promesas a evaluar resultados, y la reforma laboral de febrero terminó leyéndose en buena parte de la sociedad como una concesión al empleador antes que como un triunfo propio.
Y sin embargo la oposición no capitaliza. Un tercio de los consultados afirma directamente que carece de líder. Las mediciones muestran a La Libertad Avanza aventajando al peronismo por doce puntos, incluso con el PRO compitiendo por separado. El peronismo suma alrededor del 35 por ciento en respuesta espontánea, repartido entre tres o cuatro nombres que hasta hoy no acordaron nada. Un gobierno mayoritariamente desaprobado que igual gana la elección hipotética describe menos una fortaleza oficialista que una orfandad de alternativas.
Esa combinación empieza a inquietar a quienes se benefician del modelo, y con razón. Un esquema económico se sostiene sobre expectativas, y las expectativas se sostienen sobre la creencia de que el orden va a durar. Cuando una mayoría desaprueba la gestión y al mismo tiempo no encuentra a quién votar en su lugar, el malestar deja de tener cauce institucional y busca otros. Nunca los mejores. La gobernabilidad tiene ese defecto. No cotiza en ninguna pantalla, no tiene símbolo, ningún banco la proyecta en su informe trimestral y no aparece en el relevamiento del Central. Es la única variable de la economía argentina que se mide siempre tarde, y siempre del mismo modo, cuando ya no está.

Por Javier Pappalardo

Hay una variable que no aparece en ningún cuadro y que sin embargo se paga puntualmente. Aparece cuando un productor firma un alquiler por una campaña en lugar de por tres. Aparece cuando un contratista posterga la máquina que ya necesita y arregla la vieja una vez más. Aparece cuando un banco arma la línea a doce meses en lugar de a treinta y seis y el que la toma acepta sin discutir, porque piensa lo mismo. Nadie la publica y todo el mundo la conoce. Es lo que cuesta un calendario político que todavía no cerró.
La economía descuenta el futuro, y para descontarlo necesita ponerle un número a lo que podría pasar. Cuando eso es posible se llama riesgo, se calcula y hasta se asegura. Cuando el futuro admite dos o tres versiones tan distintas que no hay forma razonable de asignarles probabilidad, deja de ser riesgo y pasa a ser incertidumbre, que no se asegura y por lo tanto se cubre del único modo disponible, acortando plazos y pidiendo más margen. Esa protección se cobra por adelantado aunque el escenario malo nunca llegue. La incertidumbre se paga igual, en las tres versiones del futuro.
De dónde viene hoy esa incertidumbre se ubica sin mucho esfuerzo. Sacada del tablero la economía mundial, que va a seguir con sus tasas y sus precios varios meses más, y sacados los cisnes negros, que por definición no entran en ningún cálculo, quedan tres personas construyendo escenarios. Todos los demás esperan que alguna de ellas mueva.
La primera es Milei. La jugada declarada es la reforma del sistema electoral, con un objetivo que nadie disimula, ganar en primera vuelta y evitar el balotaje, donde se ordena todo lo que hasta ese momento estaba disperso en contra. Hasta ahí la claridad. Después empieza lo que en el oficialismo nadie tiene resuelto, la suspensión de las primarias, que ordena la oferta propia y a la vez le regala al adversario una fecha para medirse sin costo, y la provocación a los de adentro, que se paga en la misma moneda en que se cobra. Van y vienen. Y mueven primero igual.
Después está Cristina, y acá alcanza con poco. Tiene un objetivo y lo digo sin adornos. Que Kicillof no sea presidente. Lo demás que se le atribuye está subordinado a eso. Y está Kicillof, que hace la plancha. Ese es el plan completo. No confrontar, no adelantar posición, y dejar que el desgaste haga el trabajo que la confrontación haría peor.

Queda una cuarta hipótesis, el acuerdo. Que las dos piezas del peronismo terminen convergiendo es posible y hay precedente, porque en 2019 Cristina resolvió un problema idéntico eligiendo ella misma al candidato que la encabezaba. Aquello funcionó un tiempo y después dejó de funcionar de un modo que todavía se está pagando. Si llega, va a llegar en los términos que fije quien tiene la iniciativa.
Acá corresponde una objeción honesta. Todo año electoral produce indefinición, en la Argentina y en cualquier democracia, y llamar anomalía a eso sería exagerar. Puede sostenerse incluso que una reforma que asegure resultado en primera vuelta acortaría el período de incertidumbre en lugar de estirarlo. El argumento es válido y hay un dato que lo respalda, porque el riesgo país cerró julio en torno a los cuatrocientos diez puntos, cerca de sus valores más bajos desde 2018, y a fines de mes Moody’s mejoró la calificación soberana de Caa1 a B3. Para el financiamiento externo la Argentina está mejor que en años.
Y sin embargo, adentro pasaba otra cosa. Los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras cerraron el primer semestre en 3.303 unidades, un 1,9 por ciento menos que el año pasado, y en junio se registraron 480 máquinas, un 32,4 por ciento menos que en mayo, según ACARA. La producción del sector había caído más del treinta por ciento en el primer trimestre, y la Bolsa de Comercio de Rosario atribuye el comportamiento a la cautela en las compras, a la espera de definiciones. En los arrendamientos de Córdoba para la campaña 2026/27, el pago semestral ya explica el 28 por ciento de los contratos y el mensual el 21. La brecha es la que interesa. El costo de fondearse afuera bajó y el horizonte de decidir adentro se acortó igual.

La explicación es que el riesgo país mide una sola cosa, la probabilidad de que el Estado no le pague a sus acreedores. No mide si va a haber primarias, ni con qué reglas se vota el año que viene, ni quién gobierna la provincia en 2028. Esa segunda incertidumbre no cotiza en ninguna pantalla y se paga en otra moneda, la del plazo. Un año de siembra, cinco de maquinaria, diez de una mejora en un campo o en una planta. Cada fecha nueva que la política agrega en el medio corre esas tres decisiones un casillero, y la inversión que se posterga no se anuncia en ninguna parte, no ocurre, y por eso no aparece en las estadísticas de los martes.
Acá la cuenta se hace todos los días y con nombre propio. El productor que decide si renueva la sembradora. El acopiador que calcula cuánto adelanta contra entrega. La fábrica de alimentos que evalúa un turno más. El comercio de la avenida que mira el movimiento de agosto para saber si toma un empleado. Ninguno participa en la discusión sobre las primarias abiertas y todos ajustan sus decisiones al resultado de esa discusión. Los tres que hoy parecen dueños de la partida son los únicos que están pensando escenarios, y por eso tienen la iniciativa. Lo que no tienen es la factura. La espera la pagan los que no están sentados a la mesa, en una tasa que ningún organismo publica y que en esta zona se conoce bastante bien.

Representantes del sector empresarial del noroeste de la provincia de Buenos Aires exigieron soluciones urgentes ante el deterioro de la infraestructura vial, el impacto de las inundaciones y la crisis económica que afecta a las pequeñas y medianas empresas. Lo hicieron durante la Asamblea General Ordinaria de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB), celebrada en Carlos Casares, donde líderes del comercio regional expusieron las principales problemáticas que amenazan el desarrollo productivo de la zona.
Uno de los reclamos centrales fue el estado de la Ruta Nacional 5. El presidente de la Federación, Dardo Dameno, criticó duramente las condiciones de la actual concesión y confirmó que la entidad buscará reunirse con autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad. Dameno calificó de deficiente el contrato a 20 años, argumentando que se limitó al mantenimiento básico, y exigió la urgente construcción de una autovía para prevenir accidentes fatales y garantizar una ruta segura en el corredor que conecta hasta La Pampa.
En paralelo, los empresarios manifestaron su preocupación por las inundaciones que castigan a los distintos distritos productivos. Según indicaron durante la asamblea, ya han iniciado diálogos con legisladores y autoridades provinciales para demandar obras de infraestructura que mitiguen el impacto de las inundaciones en las economías locales.
La carga impositiva fue otro de los ejes de debate del encuentro. Desde la conducción de la organización advirtieron que la alta presión tributaria imposibilita la contratación de nuevo personal y dificulta la supervivencia de las pymes, argumentando que se debe abonar un 50% por sobre el salario al Estado sin que esto se traduzca en obras. Asimismo, la asamblea rechazó posibles modificaciones a la normativa que regula las grandes superficies comerciales, defendiendo el rol fundamental del comercio minorista local en la generación de empleo y movimiento económico.
El evento, que fue organizado en la Cámara de Comercio de Carlos Casares bajo la reciente presidencia de Félix De Marco, concluyó con una renovación parcial de la comisión directiva de la Federación y con el compromiso de continuar trabajando junto al Banco Provincia para impulsar herramientas digitales que mejoren la competitividad del sector.

Por Javier Pappalardo

El martes el INDEC informó la inflación de junio, 1,9 por ciento, la primera por debajo del 2 en casi un año. Los diarios nacionales contaron el mismo dato como si fueran dos noticias distintas, y las dos tienen razón. La clave para el lector está en saber qué mira cada uno.

Hay semanas en que el kiosco de diarios parece exhibir la prensa de dos países diferentes. Esta fue una de esas. El martes a la tarde el INDEC publicó el índice de precios de junio y el número fue 1,9 por ciento, el registro mensual más bajo en diez meses y el primero que perfora el piso del 2 desde agosto del año pasado. Con ese dato, el semestre acumuló 16,8 por ciento y la medición interanual quedó en 33,5. Hasta ahí, los hechos. Lo que vino después fue el desdoblamiento.
Para los grandes diarios y la prensa económica, la noticia fue el hito. El piso perforado, la núcleo en 1,6 —la más baja desde julio de 2025—, la racha de tres meses seguidos de desaceleración y la celebración oficial, con el ministro de Economía difundiendo el desagregado apenas salió el dato y el Presidente festejándolo en redes. Perfil venía publicando, además, la letra fina de las proyecciones, el Relevamiento de Expectativas de Mercado que anticipa una inflación anual en torno al 30 por ciento, un dólar oficial deslizándose de los 1.482 pesos de julio a unos 1.673 en diciembre, y un crecimiento del producto cercano al 3 por ciento para el año. En esa lectura, la película es la de una estabilización que se consolida.
Del otro lado del kiosco, la lectura fue la composición del número, no su tamaño. Tiempo Argentino tituló que el 1,9 muestra “la dificultad del gobierno para eliminarla” y recordó que la cifra apenas repite los valores de julio y agosto de 2025, casi un año atrás. Página 12 corrió el foco hacia las canastas que el propio INDEC actualizó con el índice. Una familia tipo necesitó en junio 1.531.473 pesos para no ser pobre y 689.853 para no caer en la indigencia. El Destape publicó el sendero del dólar que espera el mercado, con la pregunta implícita de qué pasa con los precios si el tipo de cambio empieza a correr más rápido que el índice, como ya ocurrió en junio.

¿Quién tiene razón? Los dos, y ahí está el trabajo del lector. La primera clave para entenderlo es una brecha que casi ninguna tapa mostró con el tamaño que merece. Los bienes subieron 1,4 por ciento y los servicios 2,9, más del doble. La ropa aumentó 0,4 y los alimentos 1,3, pero la vivienda con la luz, el gas y los combustibles trepó 3,3 y la recreación 4,2. Traducido, la desinflación es sobre todo una desinflación de las góndolas, mientras las tarifas, los alquileres y los servicios siguen corriendo aparte. Por eso el promedio del INDEC se siente distinto en cada casa. Un hogar donde la boleta de luz, el alquiler y el transporte pesan mucho vive una inflación bastante más alta que el 1,9 de los titulares, y en pleno invierno esa diferencia se nota en el ingreso disponible antes que en ninguna estadística.
La segunda clave es la carrera de los ingresos, que corre con rezago. Las jubilaciones de julio subieron 2,1 por ciento porque la fórmula ajusta por la inflación de mayo, siempre dos meses atrás, y la mínima con bono quedó en unos 482.000 pesos, con el refuerzo clavado en 70.000 desde marzo de 2024, sin actualización alguna en más de dos años. Los salarios registrados, según el último índice disponible, le ganaron por poco al costo de vida en abril, aunque de manera despareja entre privados formales, empleados públicos e informales. Y quedó flotando esta semana una discusión técnica nada menor, la medición oficial todavía usa una canasta de consumo de hace dos décadas, y con la canasta nueva —que pesa más los servicios— el índice habría dado más alto. El termómetro mide bien, pero mide una fiebre de otra época.
Para nuestra región, el desdoblamiento se ve a simple vista. El comercio local recibe la parte amable del cuadro, alimentos casi quietos, financiación que vuelve de a poco y un consumo que deja de achicarse. Los hogares y los tambos, los talleres y los galpones reciben la otra, tarifas invernales que muerden y servicios que no aflojan. Y el campo mira de reojo ese dólar del relevamiento del Central que sube más despacio que los precios, una película de atraso cambiario que en esta zona ya vimos varias veces y que nunca terminó bien para el que produce.
La síntesis honesta es que las dos familias de tapas describen el mismo proceso desde pisos distintos. La desinflación es real, sostenida y es el principal activo del programa económico. El costo distributivo también es real, y la pregunta que importa hacia adelante la resumió un economista citado esta semana, lo relevante será sostener el número en el tiempo, con las tarifas pendientes, el dólar deslizándose y los ingresos corriendo desde atrás. Festejar un mes es fácil. Encadenar doce es otra cosa.
Mañana, por una vez, todos los diarios del kiosco van a tener la misma tapa, cualquiera sea el resultado de esta tarde en la final. Con la economía eso todavía no pasa, y mientras no pase, al lector le queda el método de toda la vida en los mostradores de este partido. La verdad, como el vuelto, conviene contarla uno mismo.

Por Javier Pappalardo

El jueves pasado el Gobierno pagó más de 4.000 millones de dólares a los bonistas y el mercado apenas parpadeó. Hace un año, un vencimiento de ese tamaño hubiera dominado la semana entera con tapas catástrofe y corridas de ventanilla. Que esta vez haya pasado casi como un trámite dice bastante sobre lo que Luis Caputo vino a mostrar el lunes, cuando presentó en el Palacio de Hacienda su programa financiero hasta el final del mandato.
La lógica del anuncio es sencilla de contar aunque compleja de ejecutar. Entre lo que resta de 2026 y todo 2027 la Argentina enfrenta vencimientos en dólares que, según cómo se los cuente, rondan entre 30.000 y 44.000 millones. El ministro exhibió una planilla donde cada peso de esa montaña tiene nombre y apellido. Para este año las necesidades suman 19.200 millones de dólares y las fuentes identificadas llegan a 22.900, lo que deja un excedente de 3.700 millones que funcionará como colchón para el año electoral. Superávit fiscal para los intereses, emisiones en el mercado local, préstamos garantizados por el Banco Mundial y el BID, compras de dólares al Banco Central, privatizaciones y un préstamo bilateral todavía sin nombre completan el rompecabezas de 2027.
La frase que eligió Caputo para resumirlo fue precisa. Salir a los mercados internacionales, dijo, es una opción y no un objetivo. Traducido del lenguaje financiero, el Gobierno reconoce que a las tasas que todavía le pide Wall Street prefiere arreglarse con lo que tiene a mano. Le ofrecieron colocar 5.000 millones a diez años al 12,5 por ciento y consiguió armar su esquema a la mitad de ese costo. Ahí hay un dato de sensatez que conviene reconocer más allá de las simpatías de cada uno.
La semana dejó además dos movimientos concretos que respaldan el relato. Primero, la renovación de los REPO con diez bancos internacionales por unos 6.000 millones de dólares, que corrió esos vencimientos hasta septiembre de 2028, cómodamente después de las presidenciales. Segundo, un préstamo de 3.200 millones con tres bancos que ingresó esta misma semana y sirvió para afrontar el pago a los bonistas sin tocar las reservas. El riesgo país acompañó y cerró en 415 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018.
El otro frente donde el Gobierno cosechó fue el del Fondo. Por primera vez desde que arrancó el acuerdo, la meta de acumulación de reservas se cumplió sin necesidad de pedir dispensas, y hasta se sobrecumplió el objetivo de junio. Las reservas netas, que en diciembre de 2023 eran negativas en 12.000 millones, hoy son positivas en unos 10.000 según la metodología del organismo. Como frutilla del postre, Kristalina Georgieva confirmó que visitará el país a fin de mes, invitada por el Presidente, mientras el Fondo mantuvo su proyección de crecimiento en 3,5 por ciento para este año y 4 para el próximo. Cuando la jefa del FMI viaja a Buenos Aires en lugar de citar a los ministros en Washington, algo cambió en la relación de fuerzas.
Ahora bien, todo edificio tiene sus vigas bajo tensión y este no es la excepción. La primera duda la señalan los propios analistas de la City. El plan supone que el mercado local absorberá emisiones por 5.000 millones de dólares en pleno año electoral, cuando la historia argentina enseña que en la previa de cada elección los ahorristas prefieren el dólar en la mano antes que un bono del Tesoro. El debut del nuevo Bonar 2029, previsto para este miércoles, será el primer examen de ese apetito. La segunda viga floja está en la recaudación, que cayó 5,3 por ciento en el primer semestre. El superávit fiscal sostiene todo el andamiaje, y sostener superávit con ingresos en baja obliga a un ajuste cada vez más fino sobre un gasto que ya fue podado a fondo. La tercera quedó fuera de la planilla del lunes. La deuda del Banco Central con China por el swap, y el tramo activado que todavía resta cancelar, siguen esperando su propio capítulo.
Para nuestra región el asunto tiene traducción directa. El dólar oficial se movió en junio y comienzos de julio, ronda hoy los 1.500 pesos, y en el campo se reabrió la discusión sobre si el tipo de cambio alcanza para que las cuentas de la próxima campaña cierren. Un programa financiero creíble baja el riesgo país, y un riesgo país en descenso abarata el crédito que tarde o temprano llega, o debería llegar, al productor, al acopio y a la pyme metalúrgica del interior. La contracara es conocida. Si el esquema exige un dólar tranquilo hasta 2027, la competitividad del que exporta granos y carne queda subordinada a la estabilidad que necesita el que paga deuda.
La pregunta de fondo quedó flotando en todos los análisis de la semana y me parece honesto dejarla planteada tal cual. El Gobierno consiguió despejar el calendario de pagos y mostrar los dólares para afrontarlo, algo que ningún ministro pudo exhibir en mucho tiempo. Falta saber si ese blindaje resiste la prueba de un año electoral, con un mercado local al que se le pedirá un esfuerzo inédito y una economía real que todavía espera sentir en el bolsillo lo que las planillas ya festejan. Comprar tiempo también es un plan. Lo que se haga con ese tiempo definirá si fue una solución o apenas una prórroga.

El dato salió esta semana y circuló con la naturalidad de los rituales estadísticos. Según el instituto de estadística porteño, un hogar de cuatro integrantes necesitó en junio un ingreso de al menos 2.493.587 pesos para ser considerado de clase media, dentro de una franja que se extiende hasta casi ocho millones mensuales. Por debajo del piso quedan los estratos que la jerga oficial denomina sector medio frágil, no pobres vulnerables, pobreza e indigencia. Por encima del techo, los sectores acomodados. Hasta ahí, la foto. El problema aparece cuando uno la mira de cerca, porque la categoría esconde dos trampas que la vuelven cada vez menos útil para entender quién vive cómo en la Argentina de 2026.

La primera trampa es que el hogar de referencia de la medición es propietario de su vivienda. El alquiler, que para millones de familias se lleva entre el treinta y el cuarenta por ciento del ingreso, queda afuera del cálculo. Una familia que gana tres millones de pesos y paga ochocientos mil de alquiler queda, en los papeles, cómodamente instalada en la clase media. En la práctica vive contando los días hasta el próximo ajuste del contrato, sin margen para un imprevisto y sin capacidad alguna de ahorro. Mientras tanto, un empleado municipal propietario que gana bastante menos duerme mejor, gasta con más libertad y hasta separa algo todos los meses. La estadística los ordena al revés de como los ordena la vida.
La segunda trampa es la amplitud de la franja. Entre el piso y el techo del estrato medio hay una distancia de más de tres veces el ingreso. A una franja donde conviven el que junta para las vacaciones en la costa y el que hace dos viajes al exterior por año le queda grande el nombre de clase. Es un país adentro de otro. Las consultoras privadas que estudian el consumo llegaron a la misma conclusión y hoy segmentan a la clase media en al menos tres pisos distintos, con estructuras de gasto que se parecen cada vez menos entre sí. Y un informe reciente aportó el dato que ordena todo el debate. Apenas un tercio de las familias argentinas logra ahorrar algo a fin de mes. A la clase media de hoy la definen dos tenencias, el techo propio y el excedente a fin de mes. El ingreso quedó reducido a condición de entrada, necesaria y a la vez insuficiente.
Esa distinción, que parece un tecnicismo, es la llave para entender el momento económico. Con un dólar planchado en torno a los mil quinientos pesos, el que llega a fin de mes con resto descubre que su excedente rinde como hace años no rendía. Compra dólares baratos, viaja al exterior, financia el importado en cuotas, recibe el paquete del courier liberado. Un economista crítico del programa oficial lo escribió esta semana con ironía amarga. Con el dólar barato, la clase media va al paraíso. La frase es exacta, con una sola corrección. Al paraíso va la mitad propietaria y con excedente. La otra mitad, la inquilina y la que llega justa, mira el paraíso por la ventana del mismo estrato estadístico, mientras su changa, su comercio o su paritaria compiten contra ese mismo dólar barato que al vecino le financia Miami.

En distritos como Nueve de Julio el fenómeno tiene su propia textura. El interior tiene tasas de vivienda propia más altas que las grandes ciudades y un costo de vida menor en pesos, lo que ensancha la clase media local respecto de la porteña. Pero también tiene ingresos más bajos, consumos que cuestan lo mismo que en Capital y una economía atada al campo, que es justamente el sector al que el dólar planchado le aprieta los márgenes. El productor que factura en dólar oficial y el comerciante de la avenida que le vende al productor conocen esa cuenta mejor que ningún instituto de estadística. La consecuencia política de todo esto todavía no tiene precio en ninguna encuesta, pero conviene anotarla. El modelo económico partió a la clase media estadística en dos clases medias reales, con experiencias cotidianas opuestas del mismo tipo de cambio. Las dos figuran en la misma franja del INDEC, las dos se llaman a sí mismas clase media, y las dos van a votar en 2027. Difícilmente voten lo mismo. Quien logre ponerle nombre, agenda y propuesta a la clase media que mira por la ventana habrá encontrado el electorado más grande y menos representado de la Argentina que viene. Por ahora, nadie parece estar buscándolo.

Desde el acuerdo con el FMI, los argentinos compraron dólares mes tras mes aunque la tasa en pesos les ganaba. No es irracionalidad, es la encuesta de bolsillo más grande del país, y su resultado anticipa la herencia que alguien va a tener que pagar.

Por Javier Pappalardo

Hay encuestas que se contestan con la boca y encuestas que se contestan con el bolsillo. Las primeras pueden mentir. Las segundas, nunca. Y la encuesta de bolsillo más grande de la Argentina lleva contestándose todos los meses desde el 14 de abril de 2025, cuando el gobierno de Milei firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y abrió el cepo para las personas humanas: desde entonces y hasta fines de abril de este año, los argentinos compraron, en números redondos, 42.000 millones de dólares entre billetes y transferencias de divisas.
Detengámonos en la anomalía, porque es enorme. Durante todo ese período, la tasa de interés en pesos le ganó cómodamente al dólar. El que hizo plazo fijo o compró títulos en pesos obtuvo un rendimiento en dólares extraordinario: el famoso carry trade. El gobierno tuvo, además, todo el viento a favor imaginable: el respaldo explícito de Estados Unidos y de Trump, los desembolsos del Fondo, y una fortaleza política inédita, con el macrismo y buena parte del radicalismo como aliados y hasta sectores del peronismo dialoguista acompañando la gobernabilidad. Reservas creciendo, riesgo país bajando, inflación cediendo.
Y sin embargo, mes tras mes, alrededor de un millón y medio de personas pasaron por el mostrador a comprar dólares. Perdiendo plata contra la tasa. ¿Son un millón y medio de irracionales? ¿O saben algo que las planillas de Excel del equipo económico no computan? La respuesta es la segunda, y tiene nombre: atraso cambiario. El público argentino, que tiene un doctorado en devaluaciones pagado con su propio patrimonio, mira el dólar planchado, mira sus vacaciones en Brasil más baratas que en la Costa, mira las góndolas llenas de importados, y saca la única conclusión que la experiencia le permite: este dólar no es el dólar de equilibrio, es el dólar de la foto. Y cuando el dólar de la foto y el dólar de la película difieren, el ahorrista compra la película.
Ahora bien: ¿cuál es exactamente la trampa? Porque decir «atraso cambiario» es describir el síntoma. La trampa es la arquitectura completa, y funciona en tres pisos.
El primer piso es el ancla. El dólar barato es el corazón del programa de desinflación: abarata importados, disciplina precios, mejora salarios medidos en dólares y fabrica sensación de bienestar. Es política monetaria y es política electoral al mismo tiempo. Por eso no se puede tocar: cada mes de dólar quieto es un mes de inflación a la baja, y cada punto de inflación a la baja es capital político.
El segundo piso es el financiamiento del ancla. Ese dólar quieto no se sostiene con dólares genuinos de la economía real — se sostiene con deuda del Fondo, con apoyo del Tesoro americano, con liquidación adelantada del agro y con la tasa en pesos alta que convence al capital financiero de quedarse «un mes más» en el carry. Mientras tanto, por la puerta de al lado, se van los dólares de verdad: los 42.000 millones del atesoramiento, el déficit turístico récord, los intereses de la deuda. El esquema compra estabilidad presente con dólares prestados y la paga con dólares futuros.
Y el tercer piso es donde está la trampa propiamente dicha: la asimetría de salida. Corregir un atraso cambiario tiene un costo — devaluación, salto inflacionario, caída del salario real — y ese costo lo paga íntegro el que corrige, mientras que el beneficio del atraso lo cobró íntegro el que lo generó. Ningún gobierno corrige su propio atraso antes de una elección; lo hereda el siguiente. El próximo gobierno — sea de este signo o del otro, sea incluso este mismo reelecto — recibirá un tipo de cambio que el propio mercado, con sus 42.000 millones de votos verdes, declaró insostenible; una montaña de deuda en pesos que medida en dólares no para de crecer; vencimientos con el Fondo; y una población íntegramente dolarizada esperando el ajuste con el dedo en el gatillo. Cuando la corrección llegue — porque siempre llega — el salto será proporcional al tiempo que se lo reprimió. Esa es la trampa: no es un error del programa; es el diseño del programa.
Seamos justos con la otra campana: el gobierno exhibe superávit fiscal genuino, algo que ningún antecesor reciente puede mostrar, y sostiene que con las cuentas ordenadas el atraso es opinable y la convergencia, posible. Puede ser. Ojalá. Pero el superávit fiscal cura la macro fiscal, no la externa: se puede tener caja ordenada y quedarse sin dólares, como sabe cualquier almacenero que cobró en pesos y debe en mercadería importada.
En el campo se decía que hay que desconfiar de toda abundancia que no venga de la cosecha: la plata prestada se festeja el día que entra y se llora todos los días que hay que devolverla. Cuarenta y dos mil millones de dólares de ahorristas ya hicieron la cuenta. Y compraron.

El mercado cambiario argentino registró un leve respiro en la cotización del dólar cortando una racha de cinco subidas consecutivas que habían empujado al tipo de cambio oficial a rozar sus máximos anuales.
El tipo de cambio oficial en el segmento mayorista retrocedió un peso, lo que representa una baja marginal del 0,1%, situando la cotización de venta en 1.488 pesos por unidad de la divisa estadounidense. A pesar de este descenso, el valor se mantiene en la periferia de los récords del año y deja en evidencia las persistentes tensiones que afronta la economía del país.

Esta leve contracción del dólar oficial se produce en un escenario de dispersión cambiaria. La distancia respecto al techo de la banda de fluctuación cambiaria —establecida actualmente por la autoridad monetaria en 1.809,35 pesos— se posicionó en un 21,3%, ofreciendo un margen de maniobra teórico para el Banco Central de la República Argentina, aunque en la práctica los analistas siguen de cerca la brecha con los mercados financieros paralelos.
En la Bolsa, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la vía legal utilizada por las empresas para girar divisas al exterior, cerró la sesión en 1.574 pesos. Este nivel de precios amplió la brecha con el mercado mayorista formal hasta el 5,8%. Por su parte, el dólar MEP, o mercado electrónico de pagos, concluyó la jornada de transacciones en 1.523,63 pesos, manteniendo una brecha del 2,4% con respecto a la cotización oficial, evidenciando un mercado secundario relativamente contenido pero en alerta.

En las ventanillas al público del Banco de la Nación Argentina, el dólar minorista operó estable, con una cotización de 1.460 pesos para la compra y 1.510 pesos para la venta. No obstante, el promedio general de todas las entidades bancarias privadas y públicas relevadas diariamente por la autoridad central promedió los 1.512,64 pesos por unidad. El dólar «blue» no mostró grandes sobresaltos finalizando las operaciones en 1.505 pesos para la compra y 1.525 pesos para la venta en las principales plazas de la capital.
Mientras tanto, las cotizaciones vinculadas al turismo y consumos en el exterior (el dólar tarjeta, gravado con los recargos impositivos correspondientes) se afianzaron cerca de la barrera de los dos mil pesos, cotizando a 1.963 pesos, y las plataformas de criptomonedas marcaron un valor promedio para el «dólar bitcoin» de 1.563,04 pesos.
Los analistas económicos locales coinciden en que, si bien el freno en el ritmo diario de devaluación oficial quita una presión inmediata al panorama inflacionario, la tendencia sigue reflejando una volatilidad que obliga a los agentes económicos a vigilar diariamente las reservas líquidas y las decisiones que adopte el gabinete económico en las próximas semanas.

A partir del primero de Julio, entrará en vigencia un cronograma de incrementos simultáneos que abarcará desde el transporte público y las tarifas de energía hasta los contratos de alquiler y la medicina privada. Estos ajustes, impulsados tanto por la reducción de subsidios estatales como por los mecanismos de actualización automática frente a la inflación, impactarán directamente en el presupuesto de los ciudadanos en pleno invierno.
A pesar de que las consultoras económicas estiman que el Índice de Precios al Consumidor se mantendrá estable en torno al dos por ciento mensual, la coincidencia temporal de estas subas reaviva la preocupación por el costo de vida. Según informes del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, el gasto acumulado en servicios públicos básicos ha registrado una escalada considerable en los últimos años, lo que obliga a las familias a reconfigurar sus prioridades de consumo.

El transporte público encabeza los ajustes

Uno de los sectores con mayor impacto masivo es el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto de colectivo sufrirá una actualización que llevará la tarifa mínima en la Ciudad de Buenos Aires a poco más de ochocientos veinte pesos para quienes cuenten con la tarjeta SUBE debidamente registrada. Para las líneas que circulan en territorio de la Provincia de Buenos Aires, el viaje inicial superará los mil cincuenta pesos. Quienes viajen sin la tarjeta nominalizada deberán enfrentar penalizaciones comerciales significativas, abonando tarifas planas mucho más elevadas.
Por su parte, el subterráneo porteño registrará un incremento que elevará el boleto básico por encima de los mil seiscientos pesos, mientras que el esquema para los trenes metropolitanos prevé una suba escalonada que comenzará en julio con un ajuste cercano al ocho y medio por ciento, llevando la primera sección a trescientos ochenta pesos, con aumentos subsiguientes programados para los meses de agosto y septiembre.

Energía y vivienda en el centro de la escena

Las facturas de los servicios públicos también experimentarán modificaciones estructurales en un período de alta demanda estacional debido a las bajas temperaturas. Las proyecciones del sector energético indican que las tarifas de electricidad aumentarán en promedio un uno y medio por ciento, mientras que el servicio de gas natural por red se incrementará cerca de un tres por ciento a nivel nacional, a la espera de los cuadros tarifarios definitivos emitidos por los entes reguladores. Asimismo, el suministro de agua potable y saneamiento en la región metropolitana registrará una actualización fija de tres puntos porcentuales.
El mercado inmobiliario añade otra capa de complejidad a la situación habitacional. Los inquilinos que aún mantienen contratos bajo el régimen de la anterior legislación de alquileres afrontarán incrementos anuales calculados mediante el Índice de Contratos de Locación, los cuales reflejan el comportamiento inflacionario acumulado. Aquellos que operan bajo acuerdos más recientes, con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales ligadas a la inflación de los meses previos, verán reflejados ajustes de entre el ocho y el once por ciento respectivamente, de acuerdo con las condiciones pactadas con los propietarios.

Salud y educación complementan la presión mensual

El sector de la medicina prepaga continuará con su proceso de recomposición de costos luego de las medidas de desregulación general del mercado. Las principales compañías prestadoras de salud privada notificaron a sus afiliados subas que oscilan entre el dos y el tres por ciento para las cuotas de julio, en sintonía con la inflación oficial medida en los meses previos. Desde el sector argumentan que los incrementos son indispensables para sostener las prestaciones sanitarias y hacer frente a los convenios salariales de los trabajadores médicos.
Finalmente, los colegios privados con aporte estatal también prevén modificaciones en sus aranceles mensuales. Aunque los porcentajes finales dependen de las resoluciones de cada jurisdicción educativa, las proyecciones estiman incrementos en las cuotas para compensar los acuerdos paritarios de los docentes, consolidando un escenario donde prácticamente ningún renglón del gasto fijo familiar quedará al margen de las revisiones de precios en el inicio del mes.

Por Javier Pappalardo

Basta caminar una tarde cualquiera por las calles céntricas de Nueve de Julio para advertir lo que los grandes números de la macroeconomía todavía no terminan de contar. Los comercios están vacíos. Las vidrieras se renuevan, los carteles de ofertas y cuotas se multiplican, pero la gente no entra. Los propios comerciantes lo dicen sin rodeos: se vende menos, se cobra peor, y cada mes cuesta más sostener la persiana levantada. Lo que se percibe en las veredas de nuestra ciudad no es una sensación: es el reflejo fiel de una economía que crece en los papeles y duele en los bolsillos.
Esta semana se conocieron los datos del Producto Bruto Interno del primer trimestre de 2026. La economía creció un 2,3% interanual y un 0,7% respecto al trimestre anterior, por encima de lo que esperaban los analistas. El ministro Caputo celebró en redes sociales. El Presidente felicitó a su equipo. Los titulares hablaron de un rebote que superó las previsiones. Pero cuando uno mira qué sectores empujaron ese crecimiento, la película cambia: el agro, la pesca, la minería y la intermediación financiera hicieron el trabajo pesado. La industria manufacturera, en cambio, cayó un 1,7%. El comercio minorista retrocedió un 0,3%. Los motores que mueven la economía cotidiana de la gente —la fábrica que contrata, el negocio que vende, el taller que repara— siguen funcionando a media máquina.

Y acá aparece el dato más inquietante de la semana: la morosidad bancaria de las familias argentinas alcanzó el 12,1% en abril, según reportes del Banco Central. Es el nivel más alto en veinte años. Un año atrás, ese indicador estaba en 3,7%. Se triplicó en doce meses. Casi una de cada cuatro personas endeudadas tiene problemas para cancelar su crédito. Entre los jóvenes menores de 25 años, la irregularidad ronda el 40%. Las familias se endeudaron durante 2025 para sostener el consumo, tomaron un aguinaldo prestado, y ahora no pueden pagar. Las tasas de los préstamos personales siguen altísimas en términos reales, y la baja de la tasa de política monetaria no se trasladó al crédito al consumo. Eso explica, en buena medida, por qué las calles comerciales de ciudades como la nuestra lucen más despejadas de lo que cualquier optimista quisiera admitir.
El empleo completó el cuadro. El INDEC publicó esta semana que la desocupación fue de 7,8% en el primer trimestre. A primera vista parece estable, apenas una décima menos que hace un año. Pero la estabilidad es engañosa. La informalidad laboral trepó al 44,2%, el registro más alto desde que se mide este indicador. En un año, el empleo formal perdió más de 32 mil puestos registrados mientras el sector informal absorbió más de 400 mil trabajadores. Dicho de otro modo: la gente no está desocupada porque se refugia en la changa, en el cuentapropismo de subsistencia, en el trabajo sin aportes ni cobertura social. El desempleo juvenil ronda el 15%. Desde que asumió Milei, según datos del CEPA, se destruyeron 515 mil puestos formales y cerraron más de 26 mil empresas. Para el que camina por Nueve de Julio y ve locales con menos movimiento que un feriado largo, estos números no son abstractos: son la explicación de lo que percibe con sus propios ojos.
La inflación, hay que decirlo, sigue bajando. Mayo cerró en 2,1% mensual y las consultoras proyectan que en junio perfore el 2%, acercándose al 1,9%. Es un logro que no puede negarse. Sin embargo, la inflación acumulada del año ya llega al 14,7%, y la interanual se ubica en el 33%. El FMI proyecta un 25% para todo 2026, pero para alcanzar esa meta la inflación mensual debería promediar menos de 1,3% de acá a diciembre. Difícil, aunque no imposible. El dólar oficial cerró la semana en $1.495 en el Banco Nación, el blue en $1.520 y el CCL en $1.552. Los analistas del Relevamiento de Expectativas del Mercado proyectan un tipo de cambio de $1.658 para fin de año, una suba del 14% que quedaría por debajo de la inflación. Atraso cambiario que ya conocemos, con las consecuencias que ya conocemos.

En el frente financiero internacional, la semana trajo un baldazo de agua fría. MSCI, el índice que determina cómo clasifican los inversores globales a cada mercado, mantuvo a la Argentina como mercado aislado, la categoría más baja. No abrió siquiera una consulta para evaluar una reclasificación. Los analistas estiman que la ventana más optimista para un ascenso recién aparece hacia 2028. El cepo corporativo sigue siendo la barrera principal. Es paradójico: el Gobierno celebra haber recibido del FMI un desembolso de mil millones de dólares tras aprobar la segunda revisión del acuerdo, pero Argentina sigue siendo el mayor deudor del Fondo con 57 mil millones, el 35% de toda su cartera. El programa acumula ya 15.800 millones desembolsados de un total de 20 mil millones.
Mientras tanto, en la vereda de la calle Mitre, un comerciante de Nueve de Julio mira la calle semivacía y se pregunta lo mismo que se preguntan millones de argentinos: ¿cuándo llega el derrame? Porque el PBI crece, la inflación baja, las reservas se acumulan, pero los clientes no aparecen. Y al final del día, la verdad de la economía no está en los gráficos de un PowerPoint en Washington ni en un tuit del Presidente. Está en la caja registrado

Por Javier Pappalardo

Hay un dilema que nos vendieron como si fuera la única opción sobre la mesa. De un lado, el mercado libre y salvaje, el Estado reducido a un sereno que mira pasar la economía sin meter las manos. Del otro, el Estado que lo abarca todo, que produce, que emplea, que fija precios y que termina ahogando lo mismo que pretende proteger. Anarquía o estatismo. Elija usted.
Es una celada. Y como toda celada, funciona porque parece sentido común.
Porque existe un tercer camino, y no es una utopía de café. Tiene nombre técnico —economía mixta, economía social de mercado— y, sobre todo, tiene resultados. La idea de fondo es de una sencillez desarmante: el capitalismo es la mejor máquina que conoció la humanidad para producir riqueza, y es una de las peores para repartirla. Entonces no se elige entre uno y otro. Se usan los dos. Que el mercado haga lo que sabe hacer: crear, competir, invertir, generar el excedente. Y que el Estado, a través del sistema fiscal, haga lo que el mercado nunca va a hacer solo que es garantizar que ese excedente llegue a la educación, a la salud, a la infraestructura y a un piso de dignidad para todos. Producir con la cabeza de la derecha. Repartir con el corazón de la izquierda.
¿Suena a fantasía? Miremos a quienes ya lo hacen. Los países nórdicos —Dinamarca, Suecia, Noruega— tienen algunas de las economías más abiertas, competitivas y pro-mercado del planeta. Sectores privados pujantes, empresas globales, libertad económica de manual. Y al mismo tiempo cargan con la presión tributaria más alta del mundo y los estados de bienestar más generosos que existen. Conviven las dos cosas. Rompen, de un plumazo, el dogma de que más impuestos matan al crecimiento.
Pero acá viene el dato que casi nadie cuenta, y que es el corazón del asunto. Los nórdicos no financian semejante Estado clavándole la mano a los ricos ni persiguiendo al capital. Lo financian con un IVA altísimo y con fuertes impuestos al trabajo. Recaudan parejo, de toda la sociedad. Lo progresista no está en cómo cobran, está en cómo gastan. Cobran amplio y reparten fino. Esa es la distinción que se nos escapa cada vez que discutimos a los gritos. El truco no fue inventar un impuesto a la riqueza confiscatorio. Fue construir un Estado que la gente está dispuesta a financiar porque le devuelve servicios que valen lo que paga.
Ahora bien, no nos engañemos: la tesis tiene una tensión interna que hay que mirar de frente. Las dos mitades se necesitan y, mal calibradas, se matan entre sí. El sistema fiscal redistributivo depende de que la estructura capitalista produzca el excedente que va a redistribuir. Si el fisco aprieta hasta asfixiar, no hay huevos que repartir porque la gallina ya está muerta. La pregunta correcta, entonces, nunca fue cuánto Estado. Fue qué clase de Estado y qué clase de fisco. Porque un impuesto al cheque distorsivo no es lo mismo que un IVA parejo, y un subsidio clientelar no es lo mismo que una escuela que forma trabajadores más productivos. Y acá la conversación aterriza, inevitablemente, en la Argentina de hoy.
El gobierno actual eligió la primera receta sin matices: achicar el fisco al hueso. Y consiguió algo que no es menor y sería deshonesto negar. Ordenó las cuentas. Cerró 2025 con superávit primario y eliminó, de hecho, el peor impuesto de todos, el más regresivo, el que le pega más fuerte al que menos tiene: la inflación. Eso es un logro, y un columnista serio lo reconoce.
El problema es lo que viene después del aplauso. Porque ese equilibrio se construyó casi exclusivamente con la tijera sobre el gasto —un ajuste de cinco puntos del producto— y no con un sistema tributario mejor. La recaudación, mientras tanto, cae. Y se cae sobre la educación, sobre la obra pública, sobre lo que un país necesita para ser más capitalista, no menos. Se confunde adelgazar al Estado con vaciarlo de futuro.
Hay un número que ordena todo el debate y que casi nunca se dice. La presión tributaria argentina ronda el 27% del producto. El promedio de los países ricos de la OCDE está por encima del 34%. O sea: medido contra el mundo desarrollado, la Argentina ni siquiera está sobre-cargada de impuestos. Está mal cargada. El problema nunca fue el tamaño de la mochila, sino cómo está armada: un laberinto de retenciones, percepciones, alícuotas y ventanillas que vuelve carísimo cumplir y rentabilísimo evadir. No pagamos demasiado. Pagamos pésimo.
Por eso la salida no es la que grita la grieta. No es más Estado, como pretende el que defiende cada subsidio indefendible. Tampoco es menos Estado, como predica el que cree que la sociedad se ordena sola. Es otro Estado y otro fisco. Uno que cobre de manera simple, amplia y previsible, sin perseguir al que produce. Y que gaste con inteligencia en aquello que hace al propio capitalismo más fuerte: gente sana, educada, conectada y con un piso de derechos que sostenga la paz social sobre la que se hacen los negocios.
Redistribuir bien no es anticapitalista. Es, en realidad, lo único que vuelve sostenible al capitalismo. Le da trabajadores, le da consumidores, le da legitimidad. Le da, sobre todo, un país donde valga la pena invertir a treinta años.
Los que mejor viven en el mundo ya resolvieron este falso dilema hace medio siglo. No eligieron entre el mercado y el Estado. Los pusieron a trabajar juntos. Quizás sea hora de dejar de discutir cuál de las dos mitades tenemos que amputar, y empezar a discutir cómo hacemos que, por fin, las dos remen para el mismo lado. Ese, y no otro, es el camino.

Por Javier Pappalardo

La semana económica fue, para el Gobierno, una de las mejores en mucho tiempo. El jueves, el INDEC informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, medio punto por debajo de abril y segundo mes consecutivo de desaceleración. El Presidente lo celebró en redes con un grito de cancha dedicado a su ministro de Economía. Casi en simultáneo, la calificadora S&P subió la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-, con perspectiva estable, citando el superávit fiscal sostenido y la mejora de las reservas. Y el Banco Central, que se había propuesto comprar diez mil millones de dólares en todo 2026, ya superó la meta antes de mitad de año: lleva acumulados más de 10.400 millones. Dólar quieto dentro de la banda, expectativas ancladas en torno al 20% anual para los próximos doce meses, riesgo país comprimiendo. La foto macro, hay que decirlo sin mezquindad, es la mejor en años.
Ahora pasemos de la foto a la mesa. La misma semana en que se festejó el 2,1%, el INDEC actualizó las canastas básicas: una familia tipo necesitó en mayo $1.498.741 para no ser pobre. Un millón y medio de pesos, redondeando apenas. Y dentro del índice general, los alimentos y bebidas subieron 2,5%, por encima del promedio: el rubro que más pesa en el changuito fue el que más subió. La desinflación existe, pero no se reparte pareja: llega antes a las planillas de los analistas que a la góndola de la esquina.
Y acá viene el dato menos comentado de la semana, el que merece esta columna. El índice de precios con el que la Argentina se mide la fiebre —el IPC— se calcula sobre una canasta de consumo relevada hace más de dos décadas. Dos décadas. Una canasta diseñada cuando no existían los celulares inteligentes ni las plataformas de streaming, cuando las tarifas pesaban distinto en el presupuesto familiar, cuando la estructura del gasto de un hogar argentino era otra. El INDEC tiene lista, desde hace tiempo, la actualización metodológica con una canasta moderna. El Gobierno posterga su implementación.
¿Importa? Importa, y mucho. Según estimaciones técnicas publicadas esta semana, que recalculan la evolución de los precios con la canasta actualizada, la brecha con el índice oficial en los primeros cinco meses del año se acercaría a un punto porcentual completo. Son ejercicios privados, con las limitaciones de todo ejercicio privado, y merecen el beneficio de la duda en ambas direcciones; pero la dirección de la diferencia es consistente y la pregunta que abren no depende del decimal exacto. Porque esa vara —la oficial, la que hoy mide corto o largo según la canasta que se use— es la misma con la que se ajustan jubilaciones, se negocian paritarias, se mide la pobreza y se evalúa el propio programa económico. Cuando el metro mide corto, todo lo que se mide con él queda más lindo de lo que es.
La pregunta embarazosa, entonces, no es si la desinflación es real —lo es—, sino otra: si el Gobierno confía en su propio resultado, ¿por qué no estrena el termómetro nuevo? Un programa económico seguro de su desinflación debería ser el primer interesado en medirla con el instrumento más preciso disponible, aunque el número dé un poco más alto, precisamente para que nadie pueda discutirlo. Postergar la canasta actualizada no es un descuido técnico: es una decisión. Y las decisiones sobre cómo se mide la realidad dicen tanto como la realidad misma. El lector de este semanario reconocerá el patrón, porque venimos hablando de él: la verdad administrada, entregada en cuotas, siempre en la versión que menos incomoda.
Nada de esto borra lo que está bien. La mejora de la calificación no es un trofeo simbólico: acerca el día en que el país y sus empresas se financien más barato, y ese crédito, con tiempo, llega a la obra, al campo, al comercio. Las reservas compradas son un colchón que la Argentina no tenía. Y una inflación viajando al 2% mensual, viniendo de donde veníamos, cambia la vida cotidiana de cualquiera que recuerde lo que era remarcar precios dos veces por semana. El problema no es que el Gobierno festeje: es que festeje con el metro corto y guarde el largo en el cajón.
Desde esta ciudad, la cuenta es más simple que cualquier metodología. El changuito de la semana en el supermercado de la avenida, la verdulería donde el tomate hizo su propia carrera, la boleta de la prepaga, el alquiler. Ningún vecino de Nueve de Julio necesita que el INDEC le confirme cuánto subieron las cosas: lo sabe con una precisión que ninguna canasta, vieja o nueva, le va a discutir. La macro se festeja en Washington y en las planillas de las calificadoras; la micro se paga en la caja, todos los días, y entre una y otra sigue colgado ese termómetro viejo que nadie debería seguir usando, porque cambiarlo no haría subir la fiebre, apenas le devolvería al país la costumbre, algo oxidada, de medirse con la verdad.

Por Javier Pappalardo

Los números son buenos. Difícilmente se pueda decir otra cosa. El Banco Central lleva más de cien ruedas consecutivas con saldo comprador, acumuló más de 10.000 millones de dólares en lo que va del año y las reservas brutas superaron los 48.500 millones, el nivel más alto desde 2019. La inflación de mayo se perfila en torno al 2,2% mensual —la segunda baja consecutiva— y el dólar oficial abrió junio sin sobresaltos. El equipo de Luis Caputo tiene razones para mostrar estos datos con orgullo. Pero debajo de esa foto prolija conviven tensiones que no se pueden ignorar.
La primera es el atraso cambiario. El tipo de cambio no solo subió menos que la inflación acumulada del año —que ronda el 13,5%— sino que en términos nominales retrocedió un 3,4%. El propio FMI advirtió que el peso está apreciado entre un 9,5% y un 22% por debajo de un nivel competitivo. Economistas de la city van más lejos: estiman que el dólar debería ubicarse cerca de $1.700 a fin de año para acompañar a los precios, lo que implica un atraso cercano al 30% sobre la cotización actual. El Gobierno responde que Vaca Muerta y el agro sostienen el ingreso de divisas y que el esquema aguanta. Pero el propio sector agroexportador cuenta otra historia: en 2026 la liquidación acumula una caída respecto del año anterior, con productores que retienen granos a la espera de mejores condiciones cambiarias. Los exportadores industriales y los sectores que compiten con importaciones responden con despidos y caída de márgenes. Ambas lecturas son reales. Lo que también es real es que las manufacturas de origen industrial crecieron apenas un 2,7% en exportaciones este año, frente al 17,5% del agro y al 33,7% de energía y minería. El boom exportador existe, pero no le llega a quien fabrica. Eso tiene un nombre: reprimarización.
La segunda tensión es más técnica pero igualmente importante. El FMI recortó en 11.800 millones de dólares la meta de reservas netas que Argentina debía alcanzar en junio. En la versión original del acuerdo, el objetivo era reservas netas positivas en 3.200 millones. Tras la revisión, el Fondo fijó un nuevo piso de 8.600 millones negativos. Ese cambio de vara convirtió un potencial incumplimiento en un sobrecumplimiento de 3.400 millones. No es deshonesto: es el juego de metas del FMI con Argentina, un juego que tiene larga historia. Lo relevante es que la acumulación de reservas brutas —el dato que circula en los medios— no es lo mismo que la acumulación de reservas netas, que es lo que el Fondo realmente vigila.
¿Cuál es entonces la noticia económica del domingo? Que Argentina atraviesa un momento de estabilización genuina, con datos macro que mejoran, pero que los equilibrios que sostienen ese proceso son más frágiles de lo que el ministro Caputo sugiere. El dólar quieto ayuda a bajar la inflación. La inflación que baja justifica el dólar quieto. El círculo funciona —por ahora— porque el campo liquida, Vaca Muerta exporta y el FMI acompaña. Cuando alguna de esas tres variables se mueva, la ecuación cambia. Y mientras tanto la industria, que agrega valor, mira el partido desde afuera. Eso también es la verdad. Y también merece ser contada.

Por Redacción Extra Digital

El viernes cerró una semana en la que el Gobierno nacional acumuló una victoria legislativa, una mala noticia económica y una protesta gremial que volvió a poner en escena la pregunta que el oficialismo prefiere no responder: ¿quién paga el ajuste?
En el plano político, la sesión del Senado del miércoles 4 de junio le dio a Javier Milei un resultado que celebró con entusiasmo: la Cámara alta aprobó 74 acuerdos para designaciones judiciales, junto con la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un arreglo con holdouts por 171 millones de dólares, saldo pendiente de la crisis de 2001. El Presidente calificó los pliegos como «el inicio de la reconstrucción de la Justicia». Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de turbulencias internas. La incorporación del pliego de la candidata Michelli —cuestionada por sectores de la propia coalición oficialista— evidenció fisuras dentro del bloque de La Libertad Avanza que la Casa Rosada prefirió minimizar. La ley de propiedad privada, por su parte, llegó al recinto considerablemente recortada respecto del proyecto original: desaparecieron capítulos enteros referidos a barrios populares, se aliviaron las normas de desalojo exprés y se amplió la injerencia de los gobernadores sobre tierras rurales. Una victoria, sí, pero negociada.
En el frente económico, el panorama que dibujaron los datos del viernes no acompañó el optimismo oficial. La OCDE recortó su proyección de crecimiento para la Argentina a 2,8% —un recorte de 1,6 puntos porcentuales frente a estimaciones previas— y elevó la inflación esperada para el año a alrededor del 31%, cifra que contrasta frontalmente con la meta del 10,1% incluida en el Presupuesto. En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta que el dólar mayorista cerrará 2026 cerca de $1.658, mientras el oficial cotizó este viernes a $1.455 y el blue a $1.435. El consenso privado reconoce avances en el frente fiscal y cambiario, pero advierte que la velocidad de la recuperación decepciona. En síntesis, los fundamentos mejoran, pero la vida cotidiana todavía no lo refleja.
Esa tensión entre los números macro y la experiencia concreta de los trabajadores es precisamente lo que ATE puso sobre la mesa este viernes con un paro nacional que incluyó bloqueos en aeropuertos y una concentración frente al Aeroparque. El reclamo es concreto: reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional. El gremio sostiene que los aumentos acordados por el Gobierno con UPCN para el período junio 2025/mayo 2026 acumulan una pérdida superior al 44% del poder adquisitivo durante la gestión de Milei. El secretario general Rodolfo Aguiar fue directo: «Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes no beneficiaron a nadie«. La medida de fuerza se convierte, además, en un nuevo test para la Ley de Modernización Laboral recientemente sancionada, que regula el derecho de huelga en servicios esenciales.
Los tres planos se tocan. El oficialismo puede exhibir logros legislativos y una brecha cambiaria prácticamente cerrada, pero no puede desconectarse de un dato que el sindicalismo instala con creciente eficacia: el ajuste tuvo destinatarios precisos, y esos destinatarios tienen voz. La semana que viene, con el Mundial de fondo y la atención pública parcialmente orientada hacia Kansas City, el Gobierno necesitará que los números sigan acompañando. Por ahora, los organismos internacionales dicen que acompañan, pero más despacio de lo prometido.

Por Javier Pappalardo

Hubo una semana en la que el Gobierno tuvo motivos para sonreír y otra, paralela, en la que millones de argentinos siguieron mirando el ticket del supermercado con desconfianza. Las dos transcurrieron al mismo tiempo y en el mismo país. La distancia entre ambas —entre la estadística que ordena y el bolsillo que todavía no afloja— es, otra vez, el verdadero termómetro de la marcha económica.
Por el lado del cuadro de situación que exhibe la Casa Rosada, los números acompañaron. El Banco Central encadenó una racha compradora prácticamente ininterrumpida desde el arranque del año, acumuló más de 9.600 millones de dólares y llevó las reservas brutas por encima de los 48.000 millones, el nivel más alto desde 2019. A eso se sumó el desembolso de 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario, habilitado tras aprobarse la segunda revisión del programa. El dólar mayorista se mantuvo planchado y lejos del techo de la banda, y el ministro de Economía anticipó para mayo una inflación más baja que la de abril, con expectativas que, según su lectura, ya están ancladas. El dato de actividad de marzo —una suba interanual del 5,5%— completó el argumento oficial: la economía, dicen, está saliendo.
Es un relato consistente y, en buena parte, respaldado por la estadística. Pero conviene leerlo con la otra columna del balance abierta sobre el mismo escritorio.
Porque la inflación acumulada del primer cuatrimestre rondó el 12,3%, una cifra que ya superó la meta que el propio Gobierno se había fijado para todo el año. Porque el consumo minorista hilvana más de once meses en terreno negativo y más de 24.000 empresas bajaron la persiana desde fines de 2023. Porque los salarios formales volvieron a correr detrás de los precios y el empleo privado registrado acumula varios meses consecutivos de destrucción, a los que se suman las decenas de miles de puestos recortados en el Estado. La actividad crece, sí, pero traccionada por el campo, la minería y los hidrocarburos; la industria y el comercio, los sectores que dan trabajo masivo y sostienen el mercado interno, siguen rezagados. Hay quien lo llamó, con acierto, una economía de dos velocidades: ordenada en la macro, golpeada en la micro.
La advertencia más incómoda, además, no vino de la oposición sino del propio organismo que avaló el rumbo. Al respaldar el programa, el Fondo encendió una luz amarilla sobre el bajo nivel de reservas líquidas y los riesgos que eso implica para la capacidad de pago, en especial frente a la volatilidad que suele traer un calendario electoral. Es la clase de matiz que conviene no perder de vista cuando el oficialismo presenta la acumulación de divisas como una victoria sin asteriscos.
A ese cuadro económico se le agregó esta semana un capítulo institucional que merece atención, sobre todo por sus efectos sobre el mundo del trabajo. La Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendidos más de ochenta artículos de la reforma laboral, devolviéndoles plena vigencia. El fallo no resolvió el fondo —no declaró constitucional ni inconstitucional la norma—, sino que entendió que sostener una suspensión tan amplia equivalía a adelantar opinión sobre una ley sancionada por el Congreso. La central obrera ya anticipó que recusará y evalúa llevar el caso a la Corte Suprema. Es decir: la modernización laboral rige hoy, pero su suerte definitiva todavía se dirime en los tribunales. Para empresas y trabajadores, esa provisoriedad es, en sí misma, una forma de incertidumbre.
Conviene entonces no quedarse con una sola foto. El Gobierno mostró esta semana una macroeconomía que, en sus propios términos, funciona: reservas en alza, dólar quieto, inflación en desaceleración, actividad que rebota. Sus críticos mostraron una economía real que todavía no llega a la mesa de la mayoría: consumo deprimido, salarios atrasados, empleo en retroceso y un humor social que la desaprobación, hoy en su punto más alto del mandato, expresa sin demasiada ambigüedad.
El ministro lo resumió a su manera cuando sostuvo que el año próximo «la economía se va a llevar puesta a la política» y que la reelección está al alcance. Es una apuesta. Su validez dependerá de algo más difícil que comprar dólares o anclar expectativas: que el descenso de la inflación deje de ser un número en un informe y empiece a sentirse, finalmente, en el ingreso de quienes lo esperan. Hasta que eso ocurra, los dos relojes seguirán marcando horas distintas. Y la economía argentina, una vez más, seguirá siendo dos países a la vez.