Argentina puede exportar petróleo, gas, litio, cobre y alimentos, pero si no desarrolla industria, ciencia y tecnología corre el riesgo de convertirse en una gran proveedora de materias primas y una compradora permanente de valor agregado.

Por Javier Pappalardo

Hay una paradoja en la economía argentina que merece bastante más atención que la discusión cotidiana sobre el dólar, el superávit fiscal o el próximo dato de inflación. El país tiene petróleo, gas, litio, cobre, tierras fértiles y una estructura agroindustrial reconocida internacionalmente. También cuenta con empresas capaces de desarrollar tecnología y una tradición científica de prestigio. Sin embargo, mientras la discusión económica se concentra en abrir la economía, reducir el gasto y acelerar las exportaciones, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué quiere producir la Argentina y cuánto del valor de esa producción pretende conservar dentro de sus fronteras?

La diferencia no es menor. Vaca Muerta puede convertirse en una fuente extraordinaria de divisas, el litio y el cobre pueden ocupar un lugar estratégico en la transición energética y el complejo agroindustrial tiene posibilidades de ampliar sus mercados. Pero existe una distancia enorme entre extraer recursos y construir desarrollo alrededor de ellos. Un país puede exportar petróleo y después importar productos elaborados, vender litio y comprar tecnología para fabricar baterías, producir alimentos y depender de maquinaria y conocimientos desarrollados en otros mercados. Puede mejorar sus cuentas externas y, al mismo tiempo, perder capacidades productivas que tardaron generaciones en construirse.
El problema no es exportar materias primas. Sería absurdo desconocer la importancia de los recursos naturales para la economía argentina. El problema es conformarse con venderlos sin preguntarse cuánto empleo industrial, cuánta tecnología, cuántos proveedores nacionales y cuánto conocimiento pueden desarrollarse a partir de esa riqueza. La diferencia entre vender lo que se tiene y construir desarrollo está en lo que sucede después de extraer, cosechar o producir. En ese contexto, la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei introduce una discusión que no puede resolverse con consignas. La competencia internacional puede obligar a las empresas a mejorar, incorporar tecnología y reducir costos. También puede facilitar el acceso a maquinaria e insumos necesarios para producir. Pero abrir una economía no equivale automáticamente a volverla competitiva.

Una fábrica argentina que enfrenta productos de países con energía más barata, financiamiento de largo plazo, infraestructura desarrollada y escala industrial no necesariamente compite en igualdad de condiciones. Exigir productividad mientras se mantienen costos financieros prohibitivos, problemas logísticos e impuestos elevados puede terminar convirtiendo la competencia en un proceso de desaparición de empresas antes que en una modernización industrial.
Tampoco alcanza con defender cualquier fábrica por el solo hecho de estar instalada en territorio argentino. Durante décadas, parte de la industria nacional convivió con esquemas de protección que no siempre se tradujeron en inversión, innovación o mejoras de productividad. Esa historia también debe formar parte del diagnóstico. Una política industrial seria no puede ser un refugio permanente para la ineficiencia. Pero una política de apertura tampoco puede confundir competencia con abandono.

China ofrece una referencia que merece ser estudiada sin idealizaciones. Su desarrollo industrial no se explica solamente por salarios bajos o capacidad exportadora. Detrás de sus productos existe una arquitectura que combina infraestructura, financiamiento, energía, logística, proveedores y planificación. La competitividad comienza mucho antes de que un contenedor llegue al puerto: empieza en las condiciones que permiten producir. Argentina no necesita copiar el modelo chino, pero sí debería aprender una lección: ningún país construye una posición industrial relevante esperando que el mercado resuelva por sí solo todos los problemas de competitividad. El Estado no tiene que financiar indefinidamente empresas sin resultados ni elegir ganadores por conveniencia política. Tiene que generar infraestructura, estabilidad y reglas previsibles para que invertir y producir sea una decisión razonable.

Hay, además, una discusión todavía más profunda. El mundo está ingresando en una transformación científica y tecnológica que puede modificar el valor de los recursos naturales. La inteligencia artificial ya participa en el descubrimiento y diseño de nuevos materiales. Los avances de Google DeepMind con su proyecto GNoME permitieron identificar millones de estructuras cristalinas potencialmente estables, abriendo nuevas posibilidades para la investigación. No significa que todas puedan fabricarse comercialmente ni que vayan a reemplazar inmediatamente a los materiales existentes. Significa algo más importante: el conocimiento puede modificar las posibilidades de producción y las ventajas económicas que hoy parecen aseguradas.
En ese escenario, un país que debilita sus universidades, su sistema científico y sus capacidades de investigación corre el riesgo de quedar afuera de una transformación que puede definir las próximas décadas. La ciencia y la tecnología no son gastos desconectados de la economía. Son parte de su infraestructura productiva. Sin investigadores, ingenieros, técnicos y empresas capaces de incorporar conocimiento, los recursos naturales pueden terminar generando riqueza en otros territorios.

La discusión también tiene una dimensión concreta en el interior productivo. En ciudades como Nueve de Julio, la economía no se explica solamente por las grandes variables nacionales. Se expresa en una metalúrgica que necesita vender, en un taller que debe renovar maquinaria, en una empresa de transporte que enfrenta costos crecientes y en una fábrica de alimentos que busca financiamiento. Cuando se deteriora el entramado productivo, el impacto no queda encerrado en una planta industrial: alcanza al comercio, al empleo, los servicios y toda la economía local.
Por eso, la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no constituye por sí sola un proyecto de desarrollo. El equilibrio fiscal puede ordenar las cuentas públicas, la baja de la inflación puede devolver la previsibilidad y la apertura puede ampliar las posibilidades de intercambio. Son objetivos importantes. Pero el éxito de una economía también debe medirse por su capacidad de transformar esa estabilidad en inversión, empleo, productividad y nuevas oportunidades de producción. La Argentina necesita dólares, pero también empresas capaces de generarlos de manera sostenida. Necesita exportaciones, pero también proveedores nacionales que participen de esas cadenas. Necesita inversión extranjera, pero también capital local dispuesto a ampliar su capacidad productiva. Necesita recursos naturales, pero sobre todo conocimiento para convertirlos en riqueza duradera.

Hay una diferencia entre tener recursos y construir un país alrededor de ellos. La primera condición viene dada por la naturaleza. La segunda depende de las decisiones económicas, políticas y educativas que una sociedad toma a lo largo del tiempo. Quizás es ahí el verdadero límite de una economía atrapada en el corto plazo: puede celebrar cada dólar que ingresa, cada punto que baja la inflación y cada peso que deja de gastar, pero si al mismo tiempo pierde industria, ciencia, tecnología y capacidad para transformar sus propios recursos, estará resolviendo una parte del problema mientras compromete otra mucho más importante. La Argentina no necesita elegir entre estabilidad y producción. Necesita que la estabilidad sirva para construir producción. De lo contrario, puede terminar siendo un país cada vez más rico en recursos y cada vez más pobre en capacidades para transformarlos.

La Corte Suprema ordenó aplicar el artículo 55 de la reforma laboral para actualizar créditos de trabajadores que tienen juicios pendientes. El Gobierno celebró la decisión como un avance para las empresas. Pero detrás del argumento de la previsibilidad económica aparece una pregunta incómoda: ¿quién paga el costo de la inflación cuando la Justicia tarda años en resolver?

Por Redacción Extra Digital

Hay decisiones judiciales que no terminan cuando se conoce el fallo. Empiezan, en realidad, cuando se observa quién gana, quién pierde y qué consecuencias produce aquello que los tribunales acaban de resolver. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aplicar el artículo 55 de la Ley 27.802, correspondiente a la reforma laboral, pertenece a esa categoría.
El máximo tribunal dejó sin efecto ocho pronunciamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habían dispuesto actualizar créditos laborales mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés anual del 3%. En su lugar, ordenó aplicar el mecanismo establecido por la nueva legislación para los juicios que se encontraban en trámite y todavía no tenían sentencia definitiva cuando entró en vigencia la norma. La resolución lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El Gobierno no tardó en celebrar. El Ministerio de Capital Humano calificó el pronunciamiento como «auspicioso» y sostuvo que establece un criterio rector para el conjunto del sistema judicial. Según la cartera que conduce Sandra Pettovello, la decisión contribuye a la seguridad jurídica, protege el derecho de propiedad y permite mantener los costos indemnizatorios dentro de parámetros razonables. La explicación tiene una lógica económica que merece ser considerada. Para una empresa, una deuda judicial que crece durante años mediante mecanismos de actualización diferentes según el tribunal puede convertirse en una obligación difícil de prever. La previsibilidad de los costos, la posibilidad de calcular contingencias y la existencia de reglas comunes son elementos importantes para cualquier actividad económica. Pero el problema aparece cuando esa previsibilidad se analiza desde un solo lado del mostrador. Porque del otro lado hay un trabajador que fue despedido, que no cobró lo que considera que le corresponde y que debió recurrir a la Justicia para reclamarlo. No eligió esperar cuatro, cinco o más años. Tampoco controla los tiempos de los tribunales ni puede decidir cuándo termina el expediente. Sin embargo, durante todo ese período, su crédito queda expuesto a la pérdida de poder adquisitivo que produce la inflación.

El artículo 55 establece un mecanismo específico para esos expedientes. La actualización se calcula mediante la tasa pasiva que determine el Banco Central, con un límite máximo equivalente al capital histórico actualizado por IPC más un 3% anual y un piso del 67% de ese último cálculo. La norma dispone, además, que estos parámetros son de orden público y deben ser aplicados por los jueces de oficio o a pedido de parte. No es un detalle menor. El nuevo mecanismo modifica las expectativas económicas de quienes ya estaban litigando y establece un criterio que deberá ser considerado en las causas alcanzadas por la disposición. Tampoco significa que todos los trabajadores cobrarán automáticamente un 33% menos: el resultado dependerá de la liquidación y de la aplicación de los límites establecidos por la ley.

Hay, además, una cuestión jurídica que conviene no confundir. La Corte no declaró constitucional el artículo 55 ni resolvió definitivamente la discusión sobre la prohibición de indexar. Consideró que, al momento de dictar sentencia, debía atender a la legislación vigente y que esa nueva regulación resolvía el criterio de actualización aplicable a los expedientes involucrados. Por eso dejó sin efecto las decisiones anteriores y ordenó dictar nuevos pronunciamientos. La diferencia importa porque el debate constitucional no desaparece por el solo hecho de que la Corte haya dispuesto aplicar una norma. La discusión sobre los alcances de los derechos patrimoniales, la protección del trabajo y la razonabilidad de los mecanismos de actualización conserva su dimensión jurídica.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece una protección especial para el trabajador. No se trata de una concesión política ni de una fórmula retórica: es un mandato constitucional que debe convivir con el derecho de propiedad y con la seguridad jurídica. Y precisamente por eso resulta insuficiente analizar el problema exclusivamente desde la necesidad empresarial de limitar las contingencias judiciales. Una indemnización laboral no es una inversión financiera. Es un crédito que nace de una relación de trabajo y que, cuando no se paga, puede terminar convertido en un expediente judicial. Si el tiempo transcurrido deteriora su valor real, la pregunta no puede ser solamente cuánto debe pagar una empresa, sino también cuánto termina perdiendo quien tuvo que esperar para cobrar. La discusión tampoco exige desconocer que existen mecanismos de actualización que pueden producir resultados desproporcionados o que la litigiosidad necesita reglas claras. Pero una cosa es evitar distorsiones y otra es que la búsqueda de previsibilidad termine trasladando al trabajador una parte del costo económico de la demora judicial.

En definitiva, la seguridad jurídica es indispensable. Sin reglas previsibles no hay inversión, planificación ni estabilidad en las relaciones económicas. Pero esa seguridad no puede tener una sola dirección. También debe garantizar que quien tiene un derecho reconocido no termine recibiendo una suma cuyo valor se haya deteriorado por circunstancias que no provocó. La Corte tomó una decisión que tendrá consecuencias sobre los juicios laborales alcanzados por la nueva legislación. El Gobierno la presentó como una señal favorable para las empresas. Ahora corresponde mirar la otra cara de la resolución y examinar qué sucede con los trabajadores que llevan años esperando una respuesta. Porque la seguridad jurídica tiene dos bolsillos. Y si uno se protege mientras el otro pierde poder adquisitivo, la discusión sobre el equilibrio todavía está lejos de terminar.

Por Javier Pappalardo

En 1977, un redactor de The Economist inventó una expresión para describir lo que le pasaba a Holanda. El país había descubierto gas en el Mar del Norte, exportaba como nunca y, al mismo tiempo, veía cerrar sus fábricas. La llamó enfermedad holandesa. Medio siglo después, el último informe de actividad del INDEC podría haberse escrito con aquel diagnóstico en la mano.
En agosto, la economía argentina cayó un 1,7 % interanual, la peor marca del año. La minería creció un 11 % y la energía un 4,3 %. El comercio cayó un 3,5 %, la industria un 3,2 % y la construcción un 2,5 %. Los sectores que exportan dólares avanzan y los que dan trabajo retroceden. Son justamente el comercio y la construcción los que mueven la economía de una ciudad como Nueve de Julio, donde no hay pozos petroleros ni minas. El segundo trimestre ya había cerrado con una baja del 0,6 %, y casi todas las proyecciones anticipan otra para el tercero. Si se confirma, la Argentina habrá entrado en lo que los manuales llaman recesión técnica, dos trimestres seguidos de caída.

El Gobierno tiene una respuesta para eso, y no es menor. La inflación bajó, el Banco Central compra dólares y las cuentas públicas muestran superávit. El problema aparece cuando se mira cómo se cuenta ese superávit. Los intereses de las Lecap y los Boncap, los títulos con los que el Tesoro se financia en pesos, no se pagan cada mes. Se capitalizan, y por eso no figuran en el resultado mensual. El Banco Provincia, que no es un observador neutral porque responde a Axel Kicillof, estima que esos intereses suman unos 38 billones de pesos. Si se computaran, el superávit se convertiría en un déficit cercano al 3 % del PBI. Es el criterio contable que se usa para ese tipo de títulos, y el Gobierno lo aplica desde el inicio de su gestión. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y ahí está el problema. Un superávit que depende del criterio con que se registran los intereses es un superávit que el mercado va a mirar con lupa.
Lo está mirando. El viernes el riesgo país tocó los 777 puntos, el nivel más alto en un año. En julio estaba en 403. La semana pasada escribí en esta columna que el mercado había dejado de calificar la gestión para empezar a cotizar la sucesión. En estos días el propio Tesoro le dio la razón. Después de haber estirado los plazos de su deuda en el primer cuatrimestre, en los últimos meses volvió a acortarlos, y hoy emite casi exclusivamente títulos que vencen antes de que termine el mandato. Los inversores le prestan al Gobierno de Milei y prefieren no prestarle al que venga después.

El contexto externo tampoco ayuda. Las tasas de los bonos del Tesoro norteamericano volvieron a subir, Wall Street duda de que la fiebre de inversión en inteligencia artificial vaya a rendir lo prometido y el martes Estados Unidos vota en sus elecciones de medio término. Y el domingo pasado Lula ganó su cuarto mandato en Brasil, el principal socio comercial del país, con un discurso opuesto al de la Casa Rosada. Ninguno de esos datos depende de Luis Caputo, pero todos se suman a la cuenta del riesgo argentino.
Mientras tanto, la economía real lleva sus propias cuentas. Los salarios registrados subieron un 21,3 % entre enero y agosto, exactamente lo mismo que la inflación. Ocho meses de esfuerzo para terminar empatados. El consumo masivo volvió a caer en septiembre. Y en un distrito agropecuario como el nuestro, el Estado tardó casi medio año en reconocer lo que cualquier productor sabía desde mayo. El lunes pasado, el Boletín Oficial homologó la emergencia agropecuaria por inundaciones en Nueve de Julio para el período que va del 1 de mayo al 31 de octubre. Llegó a cinco días de que terminara.

Esa es la otra enfermedad que no figura en los manuales. La macroeconomía mide lo que entra y lo que sale de las arcas del Estado. El productor mide si puede sacar la cosecha, el comerciante si le alcanza para pagar el alquiler del local y el asalariado si llega a fin de mes. Durante dos años, el Gobierno consiguió que la primera contabilidad mejorara sin que las otras tres empeoraran demasiado. Los números de octubre sugieren que ese equilibrio se está agotando.
No hay en esto ninguna catástrofe inminente. Las reservas crecen, los vencimientos de 2027 están cubiertos y el programa tiene todavía un año para mostrar resultados antes de las urnas. Pero la pregunta de fondo cambió. Hace un año se discutía si el plan podía bajar la inflación. Hoy se discute si puede hacer crecer algo más que Vaca Muerta. Holanda tuvo tiempo para corregir su enfermedad. La Argentina tiene doce meses, y las cuentas que hoy no se cuentan van a aparecer todas juntas en la misma boleta.

Por Redacción Extra Digital

El ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, tuvo su impacto no sólo enla empresa sino en el mercado internacional. El incidente, catalogado de manera unánime por analistas e instituciones como el mayor hackeo en la historia de las criptomonedas, derivó en la salida de aproximadamente 6.300 millones de dólares en tokens mediante un sofisticado método de vulneración de billeteras operativas ejecutado en cuestión de minutos. Entre las sospechas de los especialistas está la que posiciona el ataque con hackers vinculados a Corea del Norte.

El ataque y la respuesta institucional

Los sistemas de monitoreo blockchain identificaron transferencias masivas e inusuales procedentes de carteras activas vinculadas a la firma hacia direcciones de destino no autorizadas. La velocidad y precisión de la operación sugieren una falla crítica en la infraestructura de seguridad de la empresa. Las primeras pesquisas descartan la filtración masiva de claves privadas directas de usuarios, orientando las hipótesis técnicas hacia una explotación de vulnerabilidades en el software de procesamiento transaccional de la plataforma o la afectación de accesos clave. Ante la detección del evento, Binance decretó la suspensión preventiva e inmediata de las operaciones de retiros y depósitos por un plazo estimado de 48 horas con el propósito de aislar sus sistemas de contención.

Las autoridades de Binance,  su director ejecutivo Richard Teng, respaldado por el cofundador de la compañía Changpeng Zhao, emitió declaraciones de urgencia buscando transmitir calma a la comunidad de inversores. La empresa sostuvo en sus canales oficiales que los fondos de los usuarios están completamente seguros y que el incidente será afrontado íntegramente con recursos propios del exchange.Para respaldar dicha afirmación, la compañía informó la reserva extraordinaria de 6.340 millones de dólares. De esa cifra, más de 5.000 millones de dólares ya han sido restituidos mediante la asignación directa de los mismos activos digitales que resultaron comprometidos. El resto del capital se está adquiriendo progresivamente a través de operaciones en el mercado extrabursátil para restituir la totalidad del déficit sin alterar drásticamente la liquidez inmediata.
En un esfuerzo coordinado sin precedentes dentro del sector blockchain, emisores de monedas estables como Tether y Circle, junto con otras entidades como Ripple y el Consejo de Seguridad de Arbitrum, actuaron velozmente para congelar aproximadamente 2.670 millones de dólares en tokens vinculados a las direcciones sospechosas. A pesar de este bloqueo en la cadena, los expertos advierten que congelar los activos no equivale inmediatamente a su recuperación efectiva y que la restitución total requerirá complejos procesos técnicos y judiciales.

Reacción de los damnificados y conmoción en la comunidad

La reacción de los clientes de Binance fue, como era de esperar, desde la incertidumbre operativa hasta fuertes reclamos por la congelación preventiva de fondos. A pesar de los mensajes institucionales de tranquilidad, miles de operadores manifestaron su frustración ante la imposibilidad temporal de mover capitales, situación agravada por la volatilidad simultánea en los mercados.
Los foros especializados y redes sociales registraron posturas divididas. Mientras que un sector celebra la capacidad de respuesta financiera de Binance para absorver las pérdidas con patrimonio corporativo, analistas independientes y usuarios damnificados cuestionan la fragilidad de las plataformas centralizadas frente a ataques coordinados.
A la par de este escenario, las empresas de ciberseguridad han advertido sobre la aparición de esquemas fraudulentos paralelos dirigidos a las víctimas del hackeo, donde actores maliciosos intentan obtener credenciales operativas promoviendo falsos servicios de recuperación inmediata de tokens.

Repercusiones en el mercado bursátil y criptográfico global

El golpe contra el principal exchange global produjo un efecto dominó que sacudió los mercados financieros internacionales. El precio de Bitcoin sufrió un desplome inmediato, perforando el soporte de los 77.000 dólares y arrastrando consigo al resto de los activos del sector. Tokens principales como Ethereum, Solana, XRP y el propio activo nativo BNB registraron pérdidas estrepitosas en un lapso de pocas horas. La violenta corrección desató una oleada de cierres forzados en el mercado de derivados, acumulando liquidaciones masivas por cerca de 1.000 millones de dólares en un solo día.
El impacto no se limitó al ámbito estrictamente criptográfico. Las principales bolsas internacionales reflejaron el clima de aversión al riesgo, propiciando retrocesos en selectivos clave como el índice tecnológico Nasdaq en Wall Street. La desconfianza volvió a instalarse sobre la custodia centralizada de fondos, mientras analistas financieros señalan que la magnitud de este robo —que supera ampliamente los récords previos registrados en el sector— reavivará la presión regulatoria global por parte de organismos de control y poderes legislativos, los cuales ya evalúan endurecer las exigencias operativas y los estándares de cumplimiento para las plataformas de intercambio de criptomonedas.

Por Juan Manuel Jara

Las cifras no mienten, pero el silencio oficial sobre su destino resulta ensordecedor. Esta semana, en la reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), espacio del cual participan autoridades educativas, Consejo Escolar, gremios docentes y representantes del Ejecutivo con el fin de coordinar el trabajo sobre eventuales necesidades de las escuelas locales, se blanqueó un secreto a voces: la gestión municipal navega en aguas financieras profundamente inestables y los recursos que deberían sostener a la educación terminan absorbidos por el agujero negro de las cuentas públicas. Saquen una hoja. Hoy, Aritmética.
Durante los primeros ocho meses de este año, 9 de Julio recibió un total acumulado de $124.243.326.- en concepto de Fondo Provincial Compensatorio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ley 13.010). Este monto lo reciben los Consejos Escolares para «tareas de conservación, reparación y mantenimiento menor de los edificios escolares públicos de la provincia».
Pero, por el famoso y tristemente célebre Fondo Educativo, en lo que va del 2026 -hasta agosto-, el municipio recibió $ 2099.861.163.-. Habrá que esperar la rendición de cuentas 2026 para saber cuánto de esta cifra fue a donde tiene que ir, y cuánto fue a cubrir la deuda municipal. El antecedente al respecto del 2025 no trae buenos recuerdos.
La normativa es explícita respecto al destino de estos fondos: el artículo 7 del Decreto provincial 292 del año 2024 especifica que, como mínimo, un 40% debe invertirse directamente en infraestructura escolar. En el conurbano es el 50%. El resto debería utilizarse para atender cuestiones que surjan del ambito educativo. Sin embargo, en la práctica, tal como venimos repitiendo incansablemnete, la realidad contrasta severamente con la norma.
La municipalidad mantiene un giro en descubierto casi permanente en sus cuentas bancarias, un endeudamiento que devora de forma automática cualquier partida presupuestaria que ingresa a esas cuentas. Así, el dinero destinado a reparar techos, sanear aulas o garantizar condiciones dignas en los establecimientos educativos queda retenido y cautivo para tapar el déficit mensual. El saber cómo se llegó a esta situación no es una pregunta más, es la principal.
Esta asfixia financiera provocó un repliegue del Estado municipal en sus funciones más primordiales. La falta de liquidéz no solo expone una administración enfocada casi de manera exclusiva en el pago de salarios, sino que genera un vacio de gestión que otros actores de la comunidad han tenido que salir a cubrir. Ejemplo de esto resulta que instituciones como la Federación Agraria deban ponerse al hombro gestiones ante organismos provinciales —como la Autoridad del Agua o Desarrollo Agrario— que corresponden legítimamente al Ejecutivo local, o que entidades cooperativas (CEyS Mariano Moreno, Cooperativa Electrica de Quiroga) asuman la intervención de obras públicas ante la imposibilidad o la incapacidad operativa de la comuna.
Y con la crisis de recursos, surge la crisis de idoneidad. Algo no menor. La función pública municipal se ha transformado, en no pocas áreas clave, en un refugio de funcionarios. Justificar la inacción sistemática bajo el único argumento de que «no hay plata» revela una profunda falta de capacidad y una comodidad enervante. Si la estructura política no puede cumplir el propósito para el cual fue diseñada ni dar respuestas elementales a la ciudadanía, la continuidad de esos cargos carece de todo sustento y sentido. Si no hay plata para que ejerzan su función, de qué sirve que sigan cobrando su sueldo? Casi un reducto de becados en un municipio en rojo. Inentendible.
El escenario financiero y político del distrito ya no es simplemente crítico, es insostenible. La espiral de endeudamiento y el uso del  descubierto como una herramienta cotidiana y no de emergencia han arrastrado a la ciudad a una parálisis estructural casi total. Responder cómo llegó a este punto, deslindar las responsabilidades locales de este quebranto y ejecutar una auditoría profunda sobre las arcas comunales serán tareas no gratas pero ineludibles de quien resulte elegido en las próximas elecciones. 
No habrá, no hay, lugar para promesas, voluntarismo ni soluciones mágicas. La actualidad de 9 de Julio ya le exije a los inminentes candidatos a la intendencia un equipo de gobierno capacitado (ni amigos, ni recompensas a militantes), idóneo y con el coraje necesario para gestionar en la escaséz, con un plan concreto y factible para salir de una crisis profunda. Sin eso, abstenerse de postularse. Porque las excusas se agotaron y la realidad de las calles no admite más demoras, ni becados.

Por Javier Pappalardo

Hay una escena en la que conviene detenerse. En los primeros días de esta semana, el riesgo país llegó a tocar los 710 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre del año pasado. En este mismo mes, el Banco Central había superado los 1.000 millones de dólares en compras, y en el año acumula más de 15.000 millones, por encima de la meta de 10.000 pactada con el Fondo. La inflación de septiembre fue del 1,9 %. Con todos los indicadores por los que el Gobierno eligió ser juzgado en orden, los bonos argentinos en dólares perdieron cerca de un 5 % en un mes, y llegaron a encadenar siete ruedas seguidas de caída antes de un leve rebote.
La paradoja tiene una explicación. Nadie teme por los vencimientos del año próximo, porque el riesgo de default en 2027 se considera prácticamente nulo. La duda empieza en 2028, con un gobierno que todavía no tiene nombre. El riesgo país marcó su mínimo del año, 403 puntos, a principios de julio. Desde entonces subió casi sin pausa, al mismo ritmo en que las encuestas empezaron a mostrar a Javier Milei y Axel Kicillof empatados. El mercado dejó de calificar la gestión y empezó a cotizar la sucesión.

La Argentina ya vio esta película. En 2019, meses antes de las primarias, los bonos del gobierno de Mauricio Macri empezaron a descontar lo que en la City se bautizó, con poca elegancia académica, como el riesgo kirchnerista. El final es conocido. Un año después, Alberto Fernández y Martín Guzmán reestructuraban la deuda con extensión de plazos y recorte de cupones. La memoria de los inversores tiene precio y hoy es un bono AO29 que rinde más del 10 % anual, cuando las emisiones anteriores se habían colocado al 8,5 %. Conviene, de todos modos, no leer el antecedente como una sentencia. En 2019 el castigo también reflejaba las debilidades propias de aquel programa, y la reestructuración fue una decisión política que pudo haber sido otra. El riesgo de hoy puede bajar por un cambio en las encuestas, pero también por un Gobierno capaz de ampliar su base política.
Luis Caputo leyó el mensaje y tomó una decisión reveladora. El Tesoro no emitió deuda en dólares en las últimas cuatro licitaciones, para no convalidar esas tasas. Si el mercado local no alcanza, el ministro mencionó la alternativa de un swap con China para cubrir los vencimientos de 2027. Tiene su ironía que el gobierno más favorable al mercado de la historia reciente busque en Pekín lo que Wall Street le cobra caro.
Hay dos maneras de expresar el descontento. La voz es la protesta del que se queda, y la salida es la decisión del que se va. El votante tiene voz cada dos años. El bonista tiene salida todos los días. Lo que mostraron estos días es que los dueños del capital ya empezaron a votar, un año antes que el resto.Y el resto tiene sus propios motivos.
Las ventas minoristas pyme de septiembre subieron un 0,3 % interanual, pero cayeron un 1,2 % frente a agosto y acumulan una baja del 2,1 % en el año. Alimentos y bebidas, el rubro que mide el día a día de una familia, retrocedió un 3,1 %. El empleo formal suma catorce meses de caída, y la industria trabaja con el 58,5 % de su capacidad. En Nueve de Julio no hace falta la encuesta. Alcanza con caminar el centro a media tarde.

La obra pública ofrece otra radiografía. El proyecto de Presupuesto 2027 llevaría la inversión pública al 0,4 % del PBI, un mínimo histórico según el IIEP de la UBA y el Conicet. A las constructoras que esperan cobrar certificados atrasados desde 2022, Economía les ofreció pagar hasta 221.119 millones de pesos con letras y bonos, a cambio de que desistan de sus reclamos judiciales. Para los municipios del interior, que dependen de esas obras para sus caminos y desagües, se parece demasiado a una promesa diferida.
Para una ciudad agropecuaria como la nuestra, el dato de fondo está en el calendario de las retenciones. El Decreto 423/2026 bajó de inmediato el derecho de exportación del trigo al 5,5 %, pensando en la siembra de invierno. La soja, en cambio, sigue en el 24 %. Su reducción empieza recién en enero de 2027, a razón de un cuarto de punto por mes, y llega al 21 % en diciembre de ese año. El productor que siembra esta primavera lo hace con la alícuota de siempre y con la promesa de una baja que se completa en 2028, después de la elección. El Gobierno le pide paciencia al mismo sector al que el mercado le está enseñando que la paciencia también cotiza.
Ese es el punto ciego del programa. El Gobierno ganó la batalla contra la inflación con las herramientas de la macroeconomía, y ahora enfrenta un problema que esas herramientas no resuelven. Lo que los bonistas están castigando es la posibilidad de que el orden actual dure menos que un bono. Contra esa sospecha, que también alcanza al dólar de 2027, hay un solo antídoto, y no lo emite el Banco Central. Se llama crecimiento, empleo y una sociedad convencida de que el esfuerzo valió la pena. Hasta que aparezca, el mercado va a seguir votando todos los días. Y en el campo, donde se siembra hoy lo que se cosecha después de la elección, los productores ya empezaron a hacer la misma cuenta que los bonistas.

La Municipalidad de Nueve de Julio organizará el próximo lunes 26 de octubre una charla abierta y gratuita sobre finanzas e inversiones bajo el lema «Tomá las riendas de tus finanzas». El evento busca acercar a la comunidad herramientas prácticas y conceptos sencillos para mejorar la administración del dinero, ordenar la economía personal y explorar diversas alternativas de inversión.
El encuentro se llevará a cabo a las 20:30 horas en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano y estará a cargo de la contadora Gabriela Sarobe, quien también se desempeña como docente del curso de finanzas dictado por la Universidad Popular en el ámbito municipal. Durante la exposición se abordarán ejes centrales de la economía cotidiana como el destino del salario, los motivos que desalientan la inversión, la distinción entre endeudamiento responsable y nocivo, las nociones básicas sobre el interés compuesto y los mecanismos para dar los primeros pasos en el mercado inversor.
La iniciativa parte de la premisa que invertir no constituye un privilegio exclusivo, sino un hábito accesible en el cual las decisiones cotidianas pueden desencadenar transformaciones profundas en la estabilidad económica de los ciudadanos.

La crisis existe, pero no le pega a todos por igual. Para el comercio de Nueve de Julio, la pregunta que importa es a quién le vende y qué busca ese cliente cuando entra por la puerta.

Por Javier Pappalardo

Cada vez que alguien dice que hay crisis, otro le responde señalando un restaurante lleno o una camioneta cero kilómetro estacionada en la plaza. Los dos tienen razón. La economía argentina no atraviesa a todos de la misma manera, y lo que para una familia es un mes imposible, para otra es apenas un mes más ajustado. Todo depende de dónde esté parado cada uno en la pirámide. Los números lo confirman. Según el INDEC, en el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó a alrededor de un tercio de los argentinos, y subió respecto del año anterior. Ese tercio es una realidad dolorosa y, al mismo tiempo, un mercado enorme. Millones de personas que siguen comprando todos los días, con una sola variable en la cabeza: cuánto cuesta.
El comerciante que elige venderle a ese segmento tiene que saberlo con claridad. A quien cuenta cada peso no le interesa el local perfumado, la música funcional ni la bolsa con logo. Le interesa pagar menos. El que entiende eso y pone toda su energía en conseguir el mejor precio, en negociar con el proveedor y en bajar costos, vende mucho. Vende en cantidad, con margen chico, y gana por volumen. Los mayoristas y los autoservicios que crecieron en los últimos años en el interior bonaerense lo saben de memoria.
Pero la pirámide tiene otros pisos, y en esos pisos el precio deja de ser lo único. La gente compra por cuatro razones. Compra por necesidad, porque hay cosas que no se pueden dejar de comprar. Compra por empatía, porque elige al comerciante que le cae bien, que la conoce por el nombre y le guarda la mercadería. Compra por placer, porque disfruta de darse un gusto. Y compra por deseo, porque quiere lo que todavía no tiene y lo que la distingue.

La prueba del papel higiénico

Hay un producto que lo explica mejor que cualquier manual de marketing. Los cuatro compradores necesitan papel higiénico. Ninguno puede prescindir de él. Y, sin embargo, cada uno lo compra desde un lugar distinto. El primero se lleva el más barato de la góndola, sin mirar la marca. El segundo elige el rollo más largo, porque hace la cuenta y le rinde más. El tercero quiere el de doble hoja, porque prefiere la comodidad aunque pague un poco más. Y el cuarto compra el rollo largo, de doble hoja, el más caro de todos y, además, perfumado. Es el mismo producto, en el mismo supermercado, el mismo día. Cuatro decisiones distintas, y las cuatro razonables desde donde cada uno está parado. Hay mercado para todo.

Lo que eso le dice al comercio local

Para Nueve de Julio, la lección es concreta. Muchos de los comercios que sufren tienen un problema anterior a la caída de las ventas: no saben a quién le están vendiendo. El que intenta competir por precio con un local caro de mantener pierde margen. El que pretende cobrar una experiencia sin ofrecerla pierde clientes. Y el que quiere conformar a todos al mismo tiempo termina sin conformar a ninguno.
El comerciante de barrio tiene una ventaja que las cadenas no pueden copiar, y es la empatía. Conoce a sus vecinos, fía cuando hace falta, recomienda y escucha. Ese vínculo vale plata, aunque no figure en ninguna etiqueta. El local del centro que apuesta a la calidad tiene otra carta, la del placer y el deseo, que sigue funcionando para quienes la crisis tocó menos. Y el que vende barato puede crecer, siempre que acepte que su negocio es el precio y no se distraiga en lo demás.
Nada de esto niega la crisis. La crisis está en la mesa de muchas familias de este pueblo, y ningún análisis de mercado la vuelve más liviana. Lo que cambia es la forma de mirarla desde el mostrador. En lugar de esperar a que vuelvan los clientes de antes, el comercio que sobrevive es el que se pregunta quién entra hoy por su puerta, por cuál de las cuatro razones compra y qué está dispuesto a pagar. Un rollo de papel higiénico no resuelve la economía de nadie. Pero explica bastante bien cómo funciona.

El intendente Santiago Passaglia propuso eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene a cambio de que el Estado nacional deje de cobrar IVA sobre las obras y servicios municipales. La idea expone una tensión real del sistema tributario, aunque su aplicación choca con la Constitución y con la coparticipación.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una propuesta que bautizó «IVA 0. Tasa 0». Según informó Perfil, el municipio eliminaría la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, pymes e industrias. A cambio, la Nación dejaría de cobrar IVA sobre las obras y los servicios que el municipio presta a los vecinos. Passaglia lo planteó primero en la red X y lo formalizó después en una carta a Caputo fechada el 13 de octubre. En la publicación desafió al Presidente con una frase directa: bajar los impuestos que cobran otros, escribió, «es fácil». La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires respaldó la iniciativa. Sostuvo que la carga sobre las empresas se acumula en los tres niveles del Estado y que una baja real necesita coordinación entre Nación, Provincia y municipios.

Lo que la propuesta tiene de cierto

El planteo de fondo es correcto. Un municipio presta servicios que no factura con IVA. Por eso no puede descontar el impuesto que le cobran sus proveedores, como sí hace una empresa con el crédito fiscal. Para la comuna, ese IVA es costo puro. Cada luminaria, cada camión recolector y cada tonelada de asfalto llegan con el impuesto incluido, y ese dinero sale del bolsillo del contribuyente local.
Passaglia ilustró el punto con una compra de materiales de un millón de pesos que, con IVA, termina costando 1.210.000. La cuenta es correcta, aunque el porcentaje que transmite no lo es. Sobre el precio final, el IVA representa alrededor del 17,4%, porque el 21% se calcula sobre la base antes de impuestos.
Además, buena parte del gasto municipal no lleva IVA. El rubro más pesado de cualquier presupuesto comunal son los sueldos, y los salarios no pagan ese impuesto. El ahorro real dependería entonces de cuánto gasta cada municipio en bienes, servicios y obra pública. Ese monto habría que compararlo con lo que hoy recauda por Seguridad e Higiene. En muchos distritos bonaerenses esa tasa es uno de los principales recursos propios, y el canje podría dejarlos en desventaja.

El IVA que vuelve

La carta afirma que el 21% es un impuesto que «Nación se queda». El dato no es exacto. El IVA es un impuesto coparticipable, y una porción significativa de lo recaudado se transfiere a las provincias. En territorio bonaerense, a su vez, una parte de la coparticipación provincial llega a los municipios. San Nicolás recibe por esa vía una fracción del mismo IVA que pide dejar de pagar. Una exención generalizada reduciría la masa coparticipable que reparten todas las provincias y todos los municipios.
Hay un problema más difícil de resolver. En la Argentina, los impuestos solo pueden crearse, modificarse o eximirse por ley del Congreso. Ni el ministro de Economía ni el Presidente pueden liberar del IVA a un municipio por decisión administrativa o por acuerdo bilateral. Una exención para un solo distrito, además, abriría un problema de igualdad frente a los demás municipios del país.
La Tasa de Seguridad e Higiene arrastra sus propios cuestionamientos. Por definición, una tasa debe corresponder a un servicio concreto que el municipio presta al contribuyente. En la práctica, muchas comunas la calculan sobre los ingresos brutos de la empresa, lo que la acerca a un impuesto. Ese es el argumento que el Gobierno nacional usa cuando pide a los intendentes que bajen sus tasas.

Una jugada política con contenido económico

La propuesta funciona mejor como gesto político que como política fiscal aplicable. Passaglia devuelve a la Casa Rosada el reclamo que la Nación viene haciendo a los municipios y muestra que la presión tributaria se reparte entre los tres niveles del Estado. El Ministerio de Economía tiene ahora la carta en su escritorio. Cualquier respuesta seria debería empezar por la discusión que la Argentina posterga desde hace décadas, que es un nuevo régimen de coparticipación.
La pregunta también vale para Nueve de Julio. El presupuesto municipal para 2026 asciende a $37.542 millones. Fue aprobado por la Ordenanza 7483/2025, que incluye el Cálculo de Recursos y la Ordenanza Complementaria para la gestión del gasto corriente del año. El Honorable Concejo Deliberante lo sancionó y lo promulgó el Departamento Ejecutivo que encabeza la intendenta María José Gentile.
Una parte de ese dinero se va en IVA cada vez que el municipio compra combustible, repuestos, insumos o materiales para obras. Otra parte llega desde los comercios e industrias locales a través de la Tasa de Seguridad e Higiene. El Cálculo de Recursos aprobado por el Concejo dice cuánto se espera recaudar por esa tasa. La distribución del gasto muestra cuánto se destina a compras y obras alcanzadas por el impuesto nacional. Con esas dos cifras, que forman parte de la misma norma, se podría medir si el canje que propone San Nicolás le convendría a Nueve de Julio.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) está en estado de alerta en todo el territorio argentino y ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Acción Nacional para frenar lo que denuncian como un recrudecimiento de los embargos y ejecuciones fiscales por parte de la agencia recaudadora ARCA. La medida fue adoptada tras la reunión de su Comisión Directiva Nacional, en medio de un contexto económico marcado por una pronunciada recesión.
Según denunció la entidad, la agencia de recaudación oficial ha intensificado sus acciones punitivas sobre las pequeñas y medianas empresas mediante procedimientos automatizados y sin aviso previo, los cuales congelan de forma inmediata las cuentas bancarias operativas de las firmas. Desde APYME sostienen que las reiteradas notas y solicitudes de audiencia enviadas a las autoridades para suspender estas medidas coercitivas y abrir canales de diálogo institucional no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno.

Las cifras presentadas por la organización reflejan un vertiginoso incremento en las acciones de cobro ejecutivo. En lo que va del año, los embargos ejecutados por ARCA registraron un aumento del 52% en comparación con el año anterior, pasando de algo más de 1.000 medidas en enero a un pico cercano a los 30.000 procedimientos en un solo mes. Asimismo, la entidad detalló que más del 80% de estas ejecuciones afectaron directamente a microempresas, comprometiendo montos globales que superan los 285.000 millones de pesos.El impacto de este congelamiento intempestivo de fondos paraliza de manera directa la cadena de pagos de las unidades productivas. Los empresarios advierten que la imposibilidad de disponer de sus cuentas les impide afrontar el pago de salarios, cargas sociales, proveedores e impuestos corrientes, lo que condena al cierre a firmas golpeadas previamente por la caída de las ventas, el alza de los costos fijos y la creciente competencia de productos importados.

Desde el sector empresarial pyme remarcaron el contraste entre la rigurosa presión tributaria ejercida sobre las microempresas y los beneficios fiscales otorgados a otros sectores. La organización criticó que se promuevan blanqueos de capitales y exenciones para grandes corporaciones en sectores extractivos con un alto costo fiscal, mientras se asfixia a las pymes, un segmento que genera alrededor del 65% del empleo privado formal en la Argentina.
Ante la falta de respuesta oficial, APYME iniciará en los próximos días un plan de movilización y visibilización a escala nacional en articulación con cámaras sectoriales y diversos actores de la producción y el trabajo. Entre sus principales demandas, el empresariado exige la inmediata suspensión de los embargos y ejecuciones, la apertura formal de una mesa de negociación institucional y el diseño de un régimen de regularización extraordinaria que contemple las capacidades reales de pago de las pequeñas y medianas empresas.

La evolución de los precios minoristas en la economía argentina volvió a mostrar una tendencia alcista durante septiembre. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 1,9% en septiembre, lo que representa un leve repunte en comparación con el registro del mes anterior.Con este nuevo indicador, el incremento acumulado de precios en lo que va del año alcanza el 23,6%, mientras que la variación interanual en los últimos doce meses se ubica en el 33,4%. Analistas económicos señalan que, si bien el ritmo inflacionario se mantiene lejos de los picos más virulentos de periodos previos, el camino hacia la desaceleración presenta tramos sinuosos y plantea desafíos complejos de cara al tramo final del año.
Al examinar el comportamiento de los distintos rubros que componen el índice, el sector de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas mensuales con un alza del 3,1%, traccionado fundamentalmente por las actualizaciones tarifarias y de servicios públicos. Muy de cerca se ubicó Educación, con un 3%, y Comunicación, que registró un incremento del 2,5%.
Por su parte, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas —de vital incidencia en la ponderación del índice general y en el impacto sobre los bolsillos de los sectores de menores ingresos— experimentó una suba alineada con el promedio general, afectando de manera directa el costo de vida cotidiano. En el otro extremo, sectores como Restaurantes y hoteles, Prendas de vestir y calzado, y Transporte mostraron variaciones más moderadas por debajo del nivel general.

A nivel regional, el impacto inflacionario no fue homogéneo en todo el territorio nacional. Las mediciones más elevadas durante septiembre se registraron en el Gran Buenos Aires y en la Región Pampeana, con un 2% de aumento mensual, mientras que en el extremo opuesto se situaron regiones como la Patagonia, que marcó el registro más bajo con el 1,4%.
La difusión del índice oficial estuvo acompañada también por la actualización de las canastas básicas. Según informó el organismo estadístico, un hogar tipo conformado por cuatro integrantes necesitó ingresos por 1.632.505 pesos en septiembre para superar el umbral de pobreza, evidenciando un incremento mensual en sintonía con la dinámica de los precios.
Desde el plano oficial, las repercusiones gubernamentales defendieron el rumbo económico general, argumentando que el sendero de reducción inflacionaria puede atravesar oscilaciones, pero insistiendo en que las bases macroeconómicas apuntan a consolidar la estabilidad a mediano plazo. Por el contrario, sectores de la oposición y analistas privados advierten sobre la presión que ejercen las tarifas y la tensión persistente sobre el poder adquisitivo de los salarios en un contexto recesivo.

El turismo argentino registró un fin de semana largo de profundos contrastes durante el feriado del doce de octubre. Si bien el flujo de visitantes experimentó un incremento interanual, la reducción en la duración de las estadías provocó una caída en el impacto económico real, evidenciando un cambio en los hábitos de consumo de los viajeros frente a un contexto de presupuestos ajustados y escapadas cada vez más breves.
De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, un total de un millón cuatrocientos noventa mil turistas recorrieron el país, lo que representó un aumento del tres coma cinco por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Este movimiento generó un impacto económico directo estimado en 313.610.000 de pesos. Sin embargo, al medir la recaudación en términos reales, el balance global mostró una contracción del dos coma dos por ciento.
El factor determinante detrás de esta paradoja radicó en la merma del tiempo de permanencia en los destinos. La estadía promedio descendió de dos días registrados en 2025 a 1,8 días este año. Esta reducción del diez por ciento en el tiempo de alojamiento limitó el consumo acumulado en sectores clave como la gastronomía, el transporte y la recreación, a pesar de que el gasto diario individual mostró un incremento real del cinco por ciento, alcanzando un promedio de 116.900 pesos por visitante.

Las tendencias del sector reflejaron una preferencia marcada por las escapadas de cercanía y las reservas concretadas a última hora. Asimismo, las condiciones meteorológicas adversas con lluvias y temperaturas frescas en diversas zonas del centro y el este del territorio nacional condicionaron el flujo de visitantes, beneficiando especialmente a aquellas localidades que impulsaron fiestas populares, festivales y propuestas culturales para retener al público.
En el plano presupuestario, el costo de vacacionar también experimentó variaciones significativas. Un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa calculó que una familia tipo necesitó en promedio más de un millón de pesos únicamente para cubrir los costos de transporte en micro y alojamiento, lo que equivale a más de la mitad de un salario formal promedio y representa un incremento real del cuatro coma dos por ciento interanual.
A nivel federal, el comportamiento del turismo exhibió disparidad según la región. Destinos patagónicos como San Carlos de Bariloche y Puerto Madryn, así como localidades de Córdoba, Catamarca y Santa Fe, reportaron altos niveles de ocupación impulsados por eventos masivos y actividades de naturaleza. En contraste, otras plazas del norte y el litoral registraron un movimiento más moderado. El transporte aéreo acompañó de manera positiva con un crecimiento en los vuelos de cabotaje, mientras que el acumulado anual de los fines de semana largos de 2026 consolidó un movimiento multimillonario que continúa redefiniendo la dinámica de las economías regionales.

Durante el encuentro del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, celebrado en esta localidad, dirigentes de distintas cámaras de la región alertaron sobre el impacto directo que el deterioro de las vías de transporte y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares están teniendo sobre las pequeñas y medianas empresas.
Carlos Cappelletti, vicepresidente cuarto de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), advirtió que la retracción de la demanda representa hoy el obstáculo más severo para la sostenibilidad de la actividad comercial. Frente a este escenario, remarcó la urgencia de que los negocios locales integren la atención presencial con plataformas de comercio electrónico para evitar una mayor pérdida de mercado.
Por su parte, el presidente del Nucleamiento, Dardo Dameno, enfatizó la urgencia de retomar y financiar obras de infraestructura esenciales para la zona productiva. Señaló que sin vías de comunicación adecuadas no hay posibilidad de atraer inversiones ni de consolidar un entramado pyme competitivo, adelantando que elevarán estos reclamos tanto a organismos nacionales como al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en una próxima reunión fijada en Carlos Casares.

Asimismo, Dameno insistió en la necesidad de instrumentar una reforma impositiva integral que garantice que una porción de lo recaudado mediante retenciones agropecuarias e impuestos a los combustibles regrese a las comunidades del interior en forma de obras. En relación con el comercio digital, sostuvo que el gran desafío del sector local reside en adquirir la logística y herramientas necesarias para colocar su producción fuera de los límites municipales.
Las consecuencias de este contexto ya se reflejan en el entramado urbano local. Luis Valinoti, referente de la Cámara de Comercio de Nueve de Julio, explicó que los efectos combinados de las inclemencias climáticas pasadas y la recesión actual han obligado a diversos comerciantes a rescindir alquileres en el área central para trasladar sus operaciones a sus hogares y volcarse plenamente a la venta virtual. El encuentro, que contó con la presencia de la intendente María José Gentile y delegados empresariales de diversos partidos vecinos, concluyó con el compromiso de reactivar iniciativas locales como el programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto, con el fin de dinamizar los ejes urbanos tradicionales.

La economía de la provincia de Buenos Aires ingresó formalmente en un período de recesión técnica tras registrar dos trimestres consecutivos de contracción en su nivel de actividad, según los datos difundidos por el Banco Provincia. El informe detalla que la actividad económica bonaerense experimentó una caída del 0,4% durante el segundo trimestre del año, a la que se sumó un retroceso más pronunciado del 1,6% en el tercero. Con este desempeño, el distrito acumuló una contracción promedio del 0,3% entre enero y septiembre en comparación con el mismo período del año anterior, situándose además un 2,1% por debajo de los registros de diciembre pasado.

Los datos se desprenden de «PulsoPBA», un indicador inteligente desarrollado por la entidad financiera pública que emplea modelos de inteligencia artificial y un seguimiento de alta frecuencia para estimar el pulso de la principal economía del país a la espera de las estadísticas oficiales definitivas del INDEC. El deterioro generalizado de la actividad estuvo marcado principalmente por fuertes caídas en sectores clave como el comercio, que retrocedió un 3,5%, la intermediación financiera con una baja del 8,3%, y el transporte junto a las comunicaciones, que descendieron un 2,3%. A esto se sumaron contracciones en hoteles, restaurantes y un panorama delicado en el entramado industrial.
No obstante, el impacto negativo no fue uniforme en todos los rubros. El sector agropecuario volvió a erigirse como el principal motor y sostén de la economía provincial al exhibir un crecimiento interanual del 3,5%. En la misma línea operaron la pesca, que experimentó una expansión del 19,7%, y la explotación de minas y canteras, con un avance del 12,4%.
Desde la perspectiva de los analistas, la entrada en recesión de la provincia de Buenos Aires funciona como una clara señal de alerta que anticipa una dinámica similar a escala nacional, consolidando el diagnóstico de que la economía del país transita un sendero recesivo a la espera de una confirmación estadística formal.