Mientras Milei y Caputo buscaban certezas en Nueva York, el INDEC publicó la peor caída mensual de la actividad desde la pandemia y la primera suba de la pobreza en dos años. El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y el mercado empezó a ponerle precio a 2027.

Por Javier Pappalardo

Hay semanas que un gobierno preferiría no haber vivido, y la que termina fue una de ellas para Javier Milei. Mientras el Presidente hablaba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y su ministro de Economía, Luis Caputo, intentaba convencer a medio centenar de inversores, en la sede de JP Morgan, de que el programa llega intacto a 2027, en Buenos Aires el INDEC publicaba, con horas de diferencia, los dos números que la administración libertaria más temía ver juntos. La actividad económica cayó 2,9 % en julio respecto de junio, el peor registro mensual desde abril de 2020, y la pobreza subió al 32,3 % en el primer semestre, cuatro puntos más que a fines del año pasado.

El Gobierno tiene una respuesta para cada dato, y no son respuestas vacías. Caputo recordó que la pobreza sigue muy por debajo del 52,9 % de comienzos de 2024 y atribuyó la caída de julio a shocks transitorios, entre ellos la menor disponibilidad de gas, el clima y hasta las horas de trabajo perdidas durante el Mundial. La inflación de agosto fue de 1,7 %, la más baja en catorce meses. Son argumentos atendibles. El problema es que ya no alcanzan para explicar lo que ocurre a su alrededor.
La economía crece donde no se ve. En julio subieron la pesca, la minería y el agro, y cayeron el comercio, 5,1 % interanual, y la industria, 4,6 %. Avanzan los sectores que generan dólares y pocos puestos de trabajo, y retroceden los que generan empleo y viven del consumo en pesos. Después de un segundo trimestre en el que el producto retrocedió 0,6 %, los economistas privados ya calculan que será muy difícil esquivar la recesión técnica. La pobreza cuenta la misma historia desde el otro lado del mostrador. Según advirtió Matías Surt, de Invecq, es la primera vez desde los años noventa, pandemia aparte, que la pobreza sube sin que la empuje una devaluación o un salto de precios. La inflación baja y el ingreso igual no alcanza.
El mercado leyó la semana antes que nadie. El riesgo país, que el 7 de julio había tocado un piso de 403 puntos, encadenó diez ruedas de suba y el viernes llegó a marcar 628, su nivel más alto desde marzo. Hay una causa externa, porque el bono del Tesoro estadounidense a diez años superó el 5 %, algo que no ocurría desde 2007, y una doméstica, más incómoda. El Banco Central, que había comprado más de 14.200 millones de dólares en el año, redujo en septiembre sus adquisiciones a menos de 10 millones diarios, y las reservas brutas perdieron casi 2.000 millones desde el máximo del 3 de septiembre.
Ese mismo viernes vencían 800 millones de dólares con el Fondo Monetario, cuya misión técnica revisa desde el lunes los números de la tercera evaluación del acuerdo. El Tesoro los pagó con los depósitos en dólares que guarda en el Central, a la espera de un desembolso que depende de que el organismo apruebe unas cuentas fiscales que en el primer semestre quedaron apenas por debajo de lo pactado, con un superávit primario de 0,6 % del producto frente al 0,7 % comprometido. El lunes, además, el Tesoro volverá a refinanciar deuda sin colocar títulos en dólares, porque el equipo económico se niega a convalidar tasas superiores al 10 %. A comienzos de año Milei prefirió postergar el regreso a Wall Street antes que pagar cerca del 9 %, con la apuesta de que el riesgo país seguiría bajando. Bajó, y después volvió a subir.

La semana tuvo además su capítulo en el surtidor. Con el Brent por encima de los 100 dólares, Shell, Axion y Puma rompieron el acuerdo que amortiguaba los precios y aumentaron entre 2 % y 5 %. YPF resistió unos días y anunció una suba del 1 % desde este sábado. Su presidente, Horacio Marín, ya había admitido que si el barril se sostiene en esos valores el país terminará pagándolos. En el interior bonaerense, donde el gasoil mueve la cosecha y el camión, ese aumento entra directo en la cuenta de cada productor y de cada comercio de ciudades como la nuestra.
Milei ordenó su promesa en etapas. Primero el equilibrio fiscal, después la inflación, al final el crecimiento. Las dos primeras se cumplieron. La tercera se demora, y el calendario ya no es infinito. Las dos primeras etapas son hoy un activo político que nadie le discute en serio, pero la tercera es la que decide elecciones. En abril, Caputo aseguró ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que los últimos dieciocho meses del mandato serían los mejores de la historia argentina. Pasaron cinco de esos dieciocho meses, y la economía está más cerca de la recesión técnica que del despegue.
El riesgo país mide la capacidad de pago y también la confianza en que el rumbo sobreviva a la próxima elección, y el mercado empezó a cotizar 2027 con más de un año de anticipación. Ahí está la paradoja de esta etapa. El Gobierno exhibe los mejores números fiscales en décadas y, sin embargo, necesita convencer a los mismos inversores que lo aplaudían en julio de que la estabilidad alcanza para ganar.
La semana dejó una advertencia que excede las planillas. La estabilidad fue la condición de todo lo demás, pero la sociedad ya la dio por adquirida y ahora pregunta por el salario, el empleo y la góndola. Un gobierno que hizo de la baja de la inflación su bandera empieza a descubrir que las banderas, una vez conquistadas, dejan de ser un argumento y pasan a ser un piso.

La Municipalidad de 9 de Julio paga gastos corrientes con su cuenta del Banco Provincia en rojo desde 2025, sin la ordenanza que la Ley Orgánica exige para endeudarse. Con las tasas vigentes, cada 100 millones de pesos de saldo deudor pueden costar más de 6,8 millones por mes en intereses.

Por Redacción Extra Digital

El 14 de mayo, en sesión del Concejo Deliberante, el concejal Ignacio Palacios dejó asentada una advertencia. Se estaban pagando sueldos sin fondos y por eso la cuenta del Banco Provincia giraba en descubierto. El Tribunal de Cuentas de la Provincia lo confirmó en el informe de traslado del expediente 3-082.0-2025, notificado el 6 de agosto, al constatar que durante el ejercicio 2025 el municipio recurrió a esa operatoria para afrontar gastos corrientes. Según pudo confirmar Extra Digital, la cuenta sigue operando en descubierto.
El Tribunal pidió los extractos de la cuenta corriente N.º 50953/8, las órdenes de pago de los intereses y la documentación que fundamentara la decisión. Cuánto pagó y cuánto sigue pagando el municipio por ese descubierto no figura en el expediente, y la Municipalidad no lo informó públicamente.

Lo que cobra el banco

El Banco Provincia publica sus tasas. Para las cuentas corrientes comerciales, las que rigen desde el 1 de septiembre de 2026 son las siguientes: El descubierto en cuenta corriente en pesos con acuerdo y reciprocidad comercial un 57,00 % TNA / Con acuerdo, sin reciprocidad un 65,00 % TNA / Sin acuerdo o en exceso sobre el acuerdo Tasa efectiva anual 121,15 % + 82,05 % TNA.
Un municipio puede negociar condiciones propias con el banco, de modo que la tasa que paga 9 de Julio puede diferir de la de pizarra. Por eso el dato importa y por eso el Tribunal lo pidió. La escala, de todos modos, permite dimensionarlo. A la tasa más alta, cada 100 millones de pesos de saldo deudor generan cerca de $224.800 de intereses por día y unos $6.837.500 por mes. A la más baja, $4.750.000 por mes.
Con un saldo deudor de 100 millones, en unos 91 días de intereses a la tasa sin acuerdo se paga lo mismo que el municipio aplicó a infraestructura escolar en todo 2025, $20.435.162,81 del Fondo Educativo. La tasa efectiva anual del descubierto sin acuerdo, del 121,15 %, indica además que un saldo sostenido durante un año entero genera intereses superiores al propio capital.

El préstamo que no pasó por el Concejo

En términos económicos, un descubierto bancario es crédito. El banco pone el dinero que la cuenta no tiene y cobra intereses por cada día que el saldo permanece negativo. Cuando esa situación se prolonga para pagar la planta de personal, el municipio se financia con el banco.
La Ley Orgánica de las Municipalidades no menciona el descubierto por su nombre. Lo que sí regula con detalle es la única vía por la que una comuna bonaerense puede endeudarse. El artículo 46 exige una ordenanza sancionada con la mayoría que prevé el artículo 193 de la Constitución provincial, que obliga a reunir en asamblea a los concejales y a los mayores contribuyentes. El mismo artículo limita el destino de los fondos a obras de interés público, casos de fuerza mayor y consolidación de deuda. El pago de sueldos no figura entre esos destinos.

El artículo 47 agrega un control previo. La ordenanza preparatoria debe fijar monto, plazo, tasa y garantía, y el expediente tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas para que se pronuncie sobre la legalidad de la operación y la capacidad financiera de la comuna. El artículo 49 fija el techo. Los servicios de amortización e intereses no pueden comprometer más del 25 % de los recursos ordinarios sin afectación.
El Concejo Deliberante de 9 de Julio no sancionó ninguna ordenanza que autorice un acuerdo en descubierto con el Banco Provincia, ni convocó una asamblea de concejales y mayores contribuyentes con ese objeto. El municipio se endeuda sin haber pasado por ninguno de los tres controles que la ley prevé. Quedaron afuera el Concejo ampliado, el dictamen técnico del Tribunal y el límite cuantitativo.
La defensa previsible es que se trata de un desfasaje transitorio de caja, que se cubre con el ingreso siguiente de coparticipación. El argumento pierde fuerza frente a los números. Según el informe del Tribunal, la Municipalidad cerró 2025 con recursos ordinarios por $714.941.542,99, un saldo negativo de $2.797.490.614,61 en fondos ordinarios sin afectación y un déficit de $2.438.651.792,45, computado en los términos del artículo 31, que exige estricto equilibrio fiscal. Con ese cierre, y con la cuenta todavía en rojo nueve meses después, el descubierto aparece como una forma de financiar el déficit. El Concejo Deliberante desaprobó esa rendición por la Resolución 101/2026.
Queda un eslabón. El artículo 186 obliga al contador municipal a observar toda orden de gasto que infrinja la ley. Si el Ejecutivo insiste por escrito, el contador cumple y la responsabilidad recae sobre la persona del intendente. Los intereses del descubierto se pagan con órdenes de pago. Saber si alguna fue observada y cómo respondió el Departamento Ejecutivo permitiría establecer quién tomó la decisión.
¿Quién puede pedir el número? La propia Ley Orgánica le da al Concejo la herramienta. El artículo 108, inciso 7, permite al cuerpo requerir por decreto la presencia del intendente o de sus secretarios para que suministren informes, y considera falta grave la negativa a brindar la información solicitada. El dato existe. Está en los extractos de la cuenta 50953/8, mes por mes, y basta con pedirlo.

El Presupuesto 2026 calculó una inflación anual de 10,1% y el INDEC ya registra 21,3% acumulado entre enero y agosto. Con esos antecedentes, el Gobierno envió al Congreso el de 2027, con 18% de inflación, 4% de crecimiento y dólar a $1.847.

Por Javier Pappalardo

Hace un año, el Gobierno escribió en el proyecto de Presupuesto 2026 que la inflación de este año cerraría en 10,1%. El número tenía algo de declaración de principios, casi de profecía. El 10 de septiembre, el INDEC informó que los precios subieron 1,7% en agosto y que el acumulado de los primeros ocho meses llegó a 21,3%. Quedan cuatro meses por delante y la meta ya se duplicó.
Con ese antecedente sobre la mesa, el ministro Luis Caputo presentó esta semana el Presupuesto 2027, que ya ingresó a la Cámara de Diputados y empezará a debatirse en octubre. Los números centrales son una inflación de 18% para diciembre del año próximo, un crecimiento del producto de 4% y un dólar oficial de $1.847 a fin de año. El Gobierno sostiene además que habrá superávit financiero por cuarto año consecutivo, y el proyecto fija el equilibrio de las cuentas públicas como regla que no se negocia.

Un presupuesto funciona como una promesa con números. Cuando los supuestos fallan, los cálculos de ingresos y gastos que dependen de ellos pierden sustento, y buena parte de las cuentas de este año terminaron siendo papel mojado. Además de la inflación, el Presupuesto vigente preveía un crecimiento de 5% y el consenso de las consultoras hoy lo ubica en 2,1%. El dólar se estimaba en $1.423 para diciembre y hoy cotiza cerca de los $1.500. Sería injusto leer esos desvíos como una rareza de esta gestión. Casi todos los gobiernos argentinos de las últimas décadas presentaron presupuestos optimistas y casi todos los vieron desbordarse. La diferencia está en el tamaño del desvío, y eso obliga a mirar con cuidado las nuevas metas.
¿Qué dicen quienes analizan números para vivir? El diagnóstico de los economistas consultados esta semana tiene matices. La mayoría considera razonables las proyecciones de inflación y tipo de cambio, y Marcelo Capello, del IERAL, las calificó de realistas para un año electoral. Las dudas aparecen con el crecimiento. El consenso privado espera 2,9% para 2027, Martín Polo calificó el 4% de demasiado optimista y Federico Vacalebre, de la UCEMA, lo describió como un escenario no inalcanzable, pero bastante exigente.El detalle importa porque el crecimiento sostiene todo lo demás. Si la economía crece menos, entra menos plata por impuestos, y un Gobierno que no admite déficit tiene una sola manera de cerrar las cuentas, que es gastar todavía menos. Allí aparece la otra mitad de la discusión.
Ahí es donde el proyecto recibió los cuestionamientos más duros. Las partidas de ciencia, universidades y discapacidad vuelven a quedar por debajo de la inflación prevista, y lo mismo ocurre con la AUH y las asignaciones familiares. La universidad pública recibe $7,35 billones, una cifra que según los cálculos difundidos esta semana no alcanza a compensar la suba de precios. En obra pública, el proyecto prevé cancelar o rescindir 1.683 obras sobre una cartera de 2.339 y traspasar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a concesiones privadas. El dato que atraviesa todas las lecturas del proyecto es que la seguridad social absorbe casi seis de cada diez pesos del gasto de la administración nacional. Jubilaciones, pensiones y asignaciones son el corazón del presupuesto argentino, y ahí se juega buena parte de lo que se discuta en octubre.
El proyecto también pone números sobre los sueldos. Calcula una suba salarial promedio de 25,4% para el año próximo, contra una inflación de 18%, lo que daría una recuperación del poder de compra cercana a tres puntos y medio. Ese resultado descansa sobre el mismo supuesto que todo lo demás. Si la inflación termina más arriba de lo previsto, la mejora se evapora sola, y el jubilado que cobra la mínima lo va a saber antes que cualquier planilla.
Esta semana sumó una advertencia desde el exterior. Un informe de una agencia internacional de noticias económicas sostiene que el llamado «peso fuerte» empieza a frenar la actividad. En lo que va del año el peso se depreció apenas 3,7% contra el dólar, mientras los precios internos subieron más de 21%. Para un productor local, eso significa costos que suben en pesos y competidores importados que se abaratan. En agosto la construcción cayó 4,5% interanual y la industria 4,9%.
Para una ciudad como Nueve de Julio, estas discusiones tienen traducción concreta. La obra pública que se cancela es trabajo que no llega a las empresas ni a los albañiles de la zona. Las rutas que pasan a manos privadas pueden mejorar su mantenimiento y también sumar peajes, y habrá que ver qué tramos alcanza la medida. Y la canasta básica, que en agosto le exigió a una familia tipo cerca de $1,6 millones para no caer en la pobreza, se mide en cada almacén del distrito.

El Gobierno tiene a su favor un dato que sus críticos reconocen. La inflación de hoy está lejos de la de fines de 2023, y el equilibrio fiscal le dio al programa una base que la Argentina no tuvo durante años. La pregunta que deja este Presupuesto es si ese orden alcanza para volver a crecer con fuerza, o si el ajuste que lo sostiene termina pesando sobre la misma actividad que debería impulsar. El Congreso tiene ahora la palabra. En octubre empezará el debate, con los gobernadores otra vez en el centro de la negociación y con un año electoral por delante. Los números de 2027 lucen mejores que los de 2026, y conviene recordar que los de 2026 también lucían bien el día que se escribieron. La diferencia entre una proyección y una promesa se mide recién doce meses después, cuando el INDEC publica el dato que nadie puede discutir.

Por Redacción Extra Digital

Hay oportunidades económicas que llegan con anuncios, conferencias de prensa y grandes carteles, y hay otras que pasan todos los días delante de nuestros ojos sin que terminemos de comprender lo que significan. La Ruta Nacional 5 puede ser una de ellas. Durante décadas, para 9 de Julio fue simplemente la ruta que nos comunicaba con Buenos Aires, con La Pampa y con el sur del país, el camino por donde circulaba nuestra producción, viajaban nuestras familias y entraban y salían mercaderías. Pero el mapa económico argentino está cambiando y, con él, también está cambiando el significado de esa ruta. El crecimiento de Vaca Muerta no solamente está transformando la economía energética del país, también está generando una demanda logística cada vez mayor y una parte de ese movimiento utiliza la Ruta 5 como corredor hacia la Cuenca Neuquina. La Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas estima que el movimiento de camiones vinculado al transporte de arena hacia Vaca Muerta ya alcanza entre 3.500 y 3.800 unidades diarias, con una utilización importante de este corredor. No significa, por supuesto, que todos esos camiones pasen por 9 de Julio, y sería un error periodístico afirmarlo de esa manera, pero sí significa algo mucho más interesante para nosotros: la ciudad está ubicada sobre una ruta que está adquiriendo una importancia logística que hace algunos años era difícil imaginar.
Y aquí aparece el dato que deberíamos empezar a mirar de otra manera. Vialidad Nacional tiene instalado un contador permanente de tránsito en el kilómetro 260,38 de la Ruta 5, prácticamente en las inmediaciones de nuestra ciudad, cuyo acceso se encuentra alrededor del kilómetro 262. Es decir, el movimiento de vehículos que atraviesa este corredor no es una impresión, una fotografía aislada ni una sensación de quienes manejan todos los días por la ruta: es un fenómeno que puede medirse. Autos, camionetas, ómnibus y camiones forman parte de un flujo permanente que atraviesa nuestra región y que, con el desarrollo de Vaca Muerta, incorpora además una dimensión energética y logística que puede modificar todavía más su intensidad. Y cuando uno deja de mirar la Ruta 5 desde la ventanilla del automóvil y comienza a observarla desde un mapa económico, aparece una pregunta inevitable: ¿qué estamos haciendo nosotros con todo ese movimiento?

Porque una ruta no solamente transporta vehículos. También transporta oportunidades. Cada camión que pasa representa una necesidad potencial: combustible, descanso, comida, mantenimiento, neumáticos, reparaciones, estacionamiento, almacenamiento, transferencia de cargas y servicios. Multiplicado por miles de viajes, el tránsito deja de ser simplemente una estadística de Vialidad Nacional y empieza a convertirse en un mercado. La diferencia entre una ciudad que solamente ve pasar camiones y otra que consigue generar actividad alrededor de ellos no está en la cantidad de vehículos que circulan, sino en su capacidad para transformar ese flujo en servicios, inversiones y puestos de trabajo. Y esa es justamente la discusión que 9 de Julio debería comenzar a tener.
Hasta ahora hemos discutido la Ruta 5 casi exclusivamente desde la necesidad. Necesitamos que esté en condiciones, necesitamos que sea segura, necesitamos la autovía, necesitamos mejores banquinas, necesitamos iluminación, necesitamos accesos adecuados. Todo eso es cierto y sigue siendo indispensable. Pero quizás nos esté faltando una segunda mirada: la Ruta 5 también puede ser una oportunidad de desarrollo. Si el corredor va a soportar cada vez más tránsito pesado por el crecimiento de la actividad energética y productiva, 9 de Julio tiene que preguntarse si quiere limitarse a soportar las consecuencias de ese tránsito o si pretende capturar una parte de la actividad económica que genera.
Hay que empezar a preguntar qué infraestructura necesita nuestra ciudad para aprovechar la posición que ocupa, qué inversiones podrían instalarse alrededor de ese corredor y qué servicios podríamos ofrecer a quienes diariamente lo utilizan. No se trata de construir castillos en el aire ni de suponer que todos los camiones que van a Vaca Muerta necesariamente deben detenerse aquí. Se trata de reconocer que existe un flujo económico de enorme dimensión, que la tendencia parece ser creciente y que nosotros estamos ubicados exactamente sobre uno de sus caminos.
La actividad agropecuaria ya nos había colocado sobre una ruta de circulación permanente de cargas, pero el fenómeno energético agrega una nueva demanda y obliga a pensar la infraestructura desde otra perspectiva. Una playa para camiones, un centro de servicios, depósitos, transferencia de cargas, mantenimiento, abastecimiento o cualquier otra actividad vinculada con el transporte no deberían ser vistos únicamente como emprendimientos privados aislados, sino como parte de una discusión mayor sobre qué ciudad queremos construir alrededor de la Ruta 5.
¿Cuánto valor económico somos capaces de generar alrededor de ese movimiento? Vaca Muerta puede estar lejos, pero su ruta pasa por 9 de Julio. Y quizás lo que durante años vimos solamente como tránsito, haya llegado el momento de empezar a verlo como una oportunidad.

Por Javier Pappalardo

Desde que empezó la guerra en el Golfo, el 28 de febrero, el gasoil aumentó 23 % en la Argentina. En Brasil, en el mismo período, aumentó 4 %. El dato es de la consultora Economía y Energía y se conoció esta semana. Conviene detenerse en él, porque el barril que mueve los dos precios es exactamente el mismo. El Brent, el petróleo del Mar del Norte que es la referencia de precio para los mercados mundiales, empezó 2026 cerca de los sesenta y dos dólares, superó los ciento veinte a principios de abril, retrocedió a setenta y tres a fines de junio y volvió a subir hasta cerrar agosto en torno a los noventa. El lunes pasado cotizaba a 97,31 dólares y esta semana perforó nuevamente la barrera de los cien. Mismo crudo, misma guerra, misma cotización internacional. La diferencia entre veintitrés y cuatro no la produjo el mercado del petróleo. Se produjo acá.
Para un lector de Nueve de Julio el asunto no es una curiosidad estadística. El gasoil atraviesa el ciclo productivo de punta a punta. Está en la siembra, en la pulverización, en la cosecha, en el traslado del grano al acopio y en el flete al puerto. Un productor argentino y un productor brasileño venden la misma soja al mismo precio en Chicago, y desde febrero uno de los dos vio subir ese insumo casi seis veces más que el otro.
La foto completa es peor que la comparación puntual. Según un relevamiento de Montamat y Asociados, el gasoil argentino promedió 1,50 dólares por litro en el primer semestre, contra una media regional de 1,40, y quedó como el segundo más caro de Sudamérica, detrás únicamente del de Perú. Medido en pesos constantes, el precio promedio de los primeros siete meses fue de $2.333 por litro, un 19 % más que en el mismo período de 2025. Medido en dólares, un 16 % más.
Ese último número merece un párrafo aparte, porque es el que explica la incomodidad que muchos sienten sin poder nombrarla. El productor de esta zona cobra en dólares, y el dólar oficial acumula en 2026 una suba del 3,7 % contra una inflación del 21,3 %. Su ingreso está quieto por decisión de política económica. Su costo de combustible, medido en la misma moneda en la que cobra, subió dieciséis puntos. La tijera no se abrió por el clima ni por Chicago. Se abrió por la combinación de un ancla cambiaria que funciona sobre los precios y de un insumo que se escapó de ella.
Después está el componente que menos se discute y más se decide. Una parte del precio del surtidor es impuesto, y ese impuesto se fija por decreto. El Decreto 693/2026, publicado a fines de julio, dispuso un esquema transitorio para agosto con incrementos parciales y dejó expresamente pendiente para el 1° de septiembre la aplicación del remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024, a 2025 y al primer trimestre de 2026. Es decir que hay aumentos impositivos ya devengados, postergados varias veces, que siguen esperando turno. Cada postergación es un alivio de corto plazo y una deuda que se acumula sobre el precio futuro del litro.
Conviene decir que esa postergación existe y que el Gobierno la viene usando. También conviene decir por qué no puede usarla indefinidamente. El equilibrio fiscal es la viga maestra de todo el programa económico, y el impuesto a los combustibles es uno de los tributos de recaudación más rápida y menos evadible del sistema. Resignarlo en un año con la recaudación real en baja no es sencillo. El resultado es una postergación permanente que nadie da por terminada.
Hay un argumento del otro lado que esta columna no puede omitir, porque es sólido. Un Brent por encima de los cien dólares no es una mala noticia para toda la Argentina. Con Vaca Muerta en producción creciente, el país se volvió exportador neto de energía, y estimaciones del propio sector calculan que un crudo en esos niveles puede aportar hasta cinco mil millones de dólares adicionales de divisas en 2026. Esas divisas sostienen reservas, ayudan a mantener el dólar quieto y, por esa vía, contribuyen a que la inflación siga bajando. De modo que lo que el productor paga de más en el surtidor vuelve, por un camino largo, como estabilidad.

El problema es que el camino largo no coincide con el calendario de nadie. La estabilidad se cobra de manera difusa y en el mediano plazo. El gasoil se paga en el momento, al contado, por litro y por hectárea. Y el que lo paga no es el mismo que recibe el beneficio de la divisa energética.

Un dato más, que funciona como termómetro. El consumo de combustibles acumuló en julio su sexto mes consecutivo de caída, con una baja del 5,1 % en gasoil y del 7,4 % en naftas, y una retracción del 2,1 % en los primeros siete meses del año. Cuando el consumo de gasoil cae seis meses seguidos no está cayendo el turismo. Está cayendo actividad, transporte y trabajo de máquina. Ese número dice más sobre la economía real que muchos indicadores de coyuntura, y de paso le pone un techo a la posibilidad de trasladar nuevos aumentos al surtidor.

La campaña que se define en estas semanas se arma con tres números: el precio del grano, el alquiler y el costo de producirlo. Sobre el primero no decidimos nosotros. El segundo se negocia. El tercero, en la parte que corresponde al combustible, depende de un barril que fija una guerra a diez mil kilómetros y de una estructura impositiva que se fija en Buenos Aires por decreto. De esos dos factores, uno solo está a nuestro alcance. Veintitrés contra cuatro es, exactamente, la medida de lo que se decidió acá.

La inflación en Argentina experimentó un freno significativo durante el mes de agosto, al ubicarse en un1,7%, según informó oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este dato representa un alivio para el gobierno de Javier Milei, ya que marca un descenso respecto al 2,1% registrado en julio y parece confirmar el sendero de desaceleración proyectado para el segundo semestre del corriente año.
Con esta nueva medición, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 21,3% en los primeros ocho meses del año. En términos interanuales, la variación de los últimos doce meses se sitúa en un 33,5%, una cifra que, si bien sigue siendo objeto de monitoreo, muestra señales de contención frente a periodos de mayor volatilidad económica.

El impacto en los servicios y bienes regulados

El comportamiento de los precios durante agosto no fue uniforme en todos los sectores. Los mayores incrementos se concentraron en áreas específicas de la economía. El rubro que lideró las subas fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el cual registró un incremento del 2,8%. Muy cerca se ubicó el sector de la Educación, que avanzó un 2,5% en el mismo periodo.
En el análisis detallado, la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales para ofrecer una visión más clara de la tendencia general, se ubicó en un 1,8%. Esta variación estuvo impulsada principalmente por los aumentos en los alquileres de viviendas y los servicios culturales. Por su parte, los precios regulados tuvieron un alza del 2,2%, traccionados por las actualizaciones en las tarifas de electricidad, gas, transporte público y las cuotas de la medicina prepaga.

Factores estacionales a la baja

A pesar de los incrementos en servicios básicos, el índice general logró moderarse gracias al comportamiento del componente estacional, que experimentó una deflación del 0,9%. Esta caída se explicó fundamentalmente por el abaratamiento en los paquetes turísticos y en las prendas de vestir. Estas bajas lograron compensar con margen los aumentos detectados en rubros alimenticios específicos, como verduras, tubérculos, legumbres y frutas, que tradicionalmente presentan mayor oscilación en esta época del año.
El panorama económico, tras la publicación de este informe del INDEC, sugiere que las políticas de contención de precios están encontrando un punto de anclaje. No obstante, los analistas siguen de cerca los próximos meses para determinar si este nivel por debajo de los dos puntos porcentuales logra mantenerse como una constante estructural o si existen presiones latentes en los sectores de servicios que podrían revertir la tendencia.

La Argentina tiene capacidad instalada para moler setenta millones de toneladas de oleaginosas y muele bastante menos. El debate pendiente no es cuántas plantas faltan construir.

Por Redacción Extra Digital

Hay un dato de este mes que resume mejor que cualquier proyección el problema argentino del valor agregado. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, para los embarques de septiembre las declaraciones juradas de venta al exterior de poroto de soja superaron a las de harina. Es decir que, en el mes, la Argentina se comprometió a vender más grano crudo que producto industrializado. Las exportaciones declaradas de poroto de la campaña 2025/26 ya pasaron los cinco millones de toneladas, contra una proyección oficial de siete, y todo indica que habrá que corregirla hacia arriba por la demanda china. La respuesta intuitiva a eso es pedir más industria. Es una respuesta correcta y también insuficiente, porque la industria ya está construida.

El país tiene capacidad para procesar unos setenta millones de toneladas anuales de oleaginosas, repartidas en algo más de cuarenta plantas. En 2024 procesó cuarenta y seis. La capacidad ociosa ronda el treinta por ciento en un año normal, y en diciembre pasado trepó del treinta y seis al cuarenta y tres por ciento por falta de poroto disponible. Mientras tanto, según los propios industriales, la molienda argentina está prácticamente estancada desde hace una década, en el mismo período en que Estados Unidos sumó casi diez millones de toneladas de capacidad en tres años y Brasil aceleró sus inversiones.
Eso cambia la pregunta. La discusión útil no es cuántas plantas faltan. Es por qué las que hay funcionan por debajo de su potencial. Una parte de la respuesta es fiscal y se puede medir. Durante décadas el sistema argentino sostuvo un derecho de exportación más alto para el grano que para sus derivados, y esa diferencia era la que hacía que conviniera moler acá antes de embarcar. Hoy ese diferencial casi desapareció. El poroto de soja tributa veinticuatro por ciento y el aceite, la harina y los pellets veintidós y medio. Un punto y medio. Y el cronograma del decreto 423/2026 lo achica todavía más: hacia diciembre de 2028 el grano llega al quince por ciento y el aceite crudo y la harina al catorce. Un punto de diferencia entre exportar la materia prima y exportar el producto transformado.

Conviene decir lo que sigue con todas las letras, porque es incómodo para todos. Bajar las retenciones al grano es bueno para el productor y nadie sensato va a pedir que se las vuelvan a subir para forzar la molienda. Pero si la señal fiscal que durante cuarenta años premió transformar antes de exportar se reduce a un punto, esa señal deja de existir, y el resultado previsible es exactamente el de este septiembre. Más poroto al barco. El país no eligió eso en un debate público. Le salió como consecuencia.
Para el interior productivo hay además un problema de geografía que las columnas sobre agregado de valor suelen esquivar. El polo de crushing argentino está concentrado en un radio de trescientos a cuatrocientos kilómetros alrededor del Gran Rosario, con las plantas, los puertos y la zona sojera dentro del mismo círculo. Es una ventaja que, según la propia cámara del sector, no existe en ningún otro lugar del mundo. Nueve de Julio queda a poco menos de trescientos kilómetros en línea recta de ese polo. Una planta de molienda instalada acá competiría contra fábricas ya construidas, ya amortizadas y con el barco en la puerta. Decirlo no es resignación. Es precisión. Para la molienda de soja a escala exportadora, el interior de la provincia difícilmente gane esa pulseada, y conviene admitirlo antes de prometer una fábrica en cada pueblo. Donde el interior sí puede pelear es en las transformaciones que no dependen de la escala portuaria, y esa es una lista más corta, más concreta y más discutible que la consigna general.
Esa es la diferencia entre una declaración de principios y una discusión. Todo el mundo firma que hay que agregar valor. Nadie discute que el interior debería quedarse con una porción mayor de lo que produce. Lo que casi nunca se pone por escrito es qué lo impide en concreto, cuánto cuesta, quién decide y en qué plazo. Sin eso, agregar valor es una consigna, y las consignas no mueven capital.
La próxima década puede ser buena para la agroindustria argentina. El complejo sojero aportará este año unos tres mil doscientos setenta y cinco millones de dólares solo en derechos de exportación, y los volúmenes vienen en niveles récord. La oportunidad existe. Pero antes de discutir cuántas plantas hay que construir, el país tendría que poder explicar por qué treinta de cada cien toneladas de capacidad instalada están apagadas.

El riesgo país perforó los 500 puntos la misma semana en que la industria denunció noventa mil empleos perdidos. Los dos datos son ciertos y describen países distintos.

Por Javier Pappalardo

El miércoles pasado ocurrieron dos cosas en la Argentina. En Wall Street, el riesgo país perforó los quinientos puntos básicos y quedó en 496, el nivel más bajo desde mediados de agosto, con una baja acumulada de setenta y tres puntos en lo que va del año. En Los Polvorines, en la planta de un laboratorio, la Unión Industrial Argentina celebraba el Día de la Industria denunciando que la producción está diez por ciento por debajo de los niveles de 2022, con ramas que caen hasta treinta por ciento, y que desde agosto de 2023 se perdieron noventa mil empleos registrados en el sector. Los dos datos son verificables. El problema para quien intenta explicar la economía argentina de este año es que ninguno de los dos alcanza para describirla.
El Banco Provincia le puso nombre hace unas semanas y el nombre quedó dando vueltas. La economía argentina tiene forma de K. Del tronco central salen dos ramas que apuntan en direcciones opuestas. Con datos a mayo, el sector agropecuario y la producción minera y petrolera operaban treinta por ciento por encima de 2022, mientras la industria y la construcción quedaban trece por ciento por debajo. La ironía de que sea esa la letra elegida para retratar a una gestión libertaria seguramente no se le escapó a nadie en el Banco Provincia, pero la figura es exacta.El número que mejor lo prueba lo aportó la consultora Equilibra. En los primeros siete meses del año, el agro, la minería, la energía y la pesca acumulan una suba de 11,7 por ciento. Los sectores no primarios, en el mismo período, acumulan cero coma cero. No cayeron. Tampoco crecieron. Se quedaron quietos mientras la otra mitad del tablero corría.

Los números de la semana

• Riesgo país: 496 puntos al miércoles, mínimo desde el 17 de agosto.
• Dólar oficial: $1.535 para la venta en el Banco Nación; el mayorista por encima de $1.510.
• Inflación de julio: 2,1% mensual, 19,3% acumulado en el año, 33,8% interanual. El dato de agosto se conoce el jueves 10.
• Actividad: el EMAE rebotó 0,8% en junio, pero el segundo trimestre cerró 0,9% por debajo del primero.
• Salario mínimo: $383.800 desde septiembre. Cerraría el año con una suba interanual de 21,4% frente a una inflación proyectada cercana al 30%.

El Gobierno tiene argumentos sólidos para mostrar y los muestra. La inflación viaja en torno al dos por ciento mensual, un terreno que hace dos años parecía inalcanzable. El Banco Central acumuló reservas durante meses. Las calificadoras mejoraron la nota de la deuda. El financiamiento externo volvió a estar disponible y el secretario del Tesoro norteamericano acaba de decir que la Argentina encabeza una oportunidad histórica en el hemisferio. Nada de eso es humo. Un país que se financia al cinco por ciento de sobretasa es un país distinto del que se financiaba al doce.
Lo que la industria vino a decir el martes es otra cosa, y conviene escucharlo en sus propios términos antes de calificarlo. Rappallini planteó que cuando se abre la economía no se pone a competir con el mundo al cien por ciento del aparato productivo, sino principalmente al veinticinco por ciento que produce bienes transables. Esa porción queda expuesta a precios internacionales mientras sigue pagando costos argentinos. De ahí el pedido de un puente, que en el vocabulario de la entidad significa una transición administrada que no rompa el equilibrio fiscal. El Gobierno mandó a un secretario de segunda línea, y esa silla vacía dijo tanto como el discurso.
La tercera pata del asunto es la que menos titulares ocupa y la que más se siente en el mostrador. El Consejo del Salario no llegó a acuerdo en la sesión del 28 de agosto y el Ejecutivo fijó por resolución los aumentos hasta abril de 2027. El piso legal pasa a $383.800 en septiembre. Con ese cronograma, el salario mínimo cerraría 2026 con una mejora nominal de veintiuno coma cuatro por ciento frente a una inflación que las consultoras ubican cerca del treinta. La cuenta da lo que da. El ingreso mínimo pierde otra vez contra los precios, y el consumo interno, que es el cliente de la rama que no crece, se entera antes que las estadísticas.

Para nuestra región conviene no leer esto como una discusión ajena, porque nos toca de las dos maneras al mismo tiempo. Nueve de Julio vive de la rama que sube. La cosecha, la molienda y la logística agroindustrial explican buena parte de por qué el país todavía muestra crecimiento acumulado. Pero el comercio de la avenida vive de la otra rama. Vive de salarios, de changas, de jubilaciones y de la industria mediana que emplea en los pueblos. Un distrito agrícola puede tener un buen año de campo y una mala temporada de ventas sin que haya contradicción alguna, porque son dos economías que ocupan la misma vereda.
El debate que viene, y que va a ordenar la discusión pública del año próximo, no es si la estabilización sirvió. Sirvió, y los números de deuda lo confirman. El debate es cuánto tiempo puede sostenerse un esquema donde una mitad del aparato productivo financia la desinflación de la otra mitad, y quién paga el costo de ese financiamiento mientras dura. La UIA lo llamó puente. El Gobierno todavía no lo llamó de ninguna manera. Una K tiene dos ramas, y las dos salen del mismo tronco. La pregunta que nadie contestó esta semana es hasta cuándo el tronco aguanta abierto.

La reforma de la Carta Orgánica que aprobó Diputados clausura el financiamiento monetario al Tesoro. En el mismo texto habilita dos caminos indirectos que la votación por títulos dejó fuera del debate.

Por Javier Pappalardo

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles, por 144 votos contra 102 y 9 abstenciones, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto pasó al Senado y el Presidente lo celebró como un paso fundamental. La discusión que se dio en el recinto, sin embargo, giró casi por completo alrededor de un artículo, y la que se dio en los diarios giró alrededor del escándalo que ese artículo provocó. Conviene entonces separar las capas, porque hay tres cosas distintas adentro de una misma ley.
La primera es el núcleo, y es difícil discutirlo desde la experiencia argentina. La reforma reduce el mandato del Banco Central a un solo objetivo, que es preservar el valor de la moneda, y elimina la enumeración vigente desde 2012, que incluía la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Prohíbe los préstamos al Gobierno nacional, a las provincias, a la Ciudad y a los municipios. Prohíbe comprar títulos públicos en el mercado primario. Deroga los adelantos transitorios y también el concepto de reservas de libre disponibilidad, que venía de la ley de convertibilidad de 1991. Y limita la distribución de utilidades a las efectivamente realizadas y líquidas, con balances auditados, lo que deja afuera las ganancias contables que hasta ahora podían repartirse.
El punto más elocuente de todo el paquete es la eliminación de las Letras Intransferibles, esos títulos que el Tesoro entregaba al Banco Central a cambio de dólares y que no tienen mercado ni rendimiento real. La cifra explica sola por qué el tema llegó al Congreso. Las Letras Intransferibles llegaron a representar la mitad del activo total del Banco Central a fines de 2015, volvieron a trepar al 35 por ciento entre 2020 y 2023 y hoy, tras cancelaciones parciales, equivalen al 6 por ciento.
Un banco central con la mitad del activo integrado por papeles sin valor de mercado es un banco central que no puede defender su moneda, porque sus reservas son en buena medida una ficción contable. Cerrar esa vía hacia adelante es razonable, y lo sería con cualquier signo político en el Ejecutivo.

La segunda capa es la que generó el escándalo. El texto declara inembargables los bienes que integran las reservas y agrega que el Banco podrá mantener activos externos en depósitos, oro, activos financieros líquidos o papeles de reconocida solvencia, y utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central. Desde Unión por la Patria, Guillermo Michel sostuvo que esa redacción le permite al Banco Central hipotecar sus activos para seguir tomando deuda, y Eduardo Hagman puso el foco en el mismo punto. La consultora PxQ llegó a una lectura equivalente. La oposición pidió votar ese artículo por separado, el oficialismo impuso la votación por títulos y el recinto se descontroló durante media hora.
Vale una aclaración que en el debate no apareció. Poner reservas como colateral es una práctica corriente de la banca central en todo el mundo, y los pases con bancos internacionales son operaciones habituales. El problema no está en la facultad. Está en que la ley no define qué comprende la expresión operaciones propias de banca central, y esa imprecisión deja un margen de discrecionalidad que el propio texto no acota. El oficialismo aclaró que las reservas no garantizan deuda del Tesoro, y es cierto. Pero una ley pensada para durar más que un gobierno debería ser precisa justamente en aquello que faculta.
La tercera capa es la que casi nadie miró, y a mi juicio es la más relevante para quien mira la economía real. El proyecto habilita que la integración de los requisitos de reserva se realice parcialmente con títulos públicos valuados a precios de mercado. Traducido: los bancos podrán cumplir parte de sus encajes con deuda del Estado en lugar de dinero inmovilizado. El resultado es una demanda cautiva de títulos públicos generada por regulación. La ley clausura el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro y en el mismo movimiento crea un canal indirecto, que pasa por el sistema financiero y que sigue siendo, en última instancia, crédito al Estado.
El oficialismo tiene aquí una respuesta sólida y conviene exponerla completa. Integrar encajes con títulos públicos no emite un solo peso, y esa es precisamente la diferencia que la reforma persigue. Lo que destruyó el salario argentino durante décadas fue la creación de dinero para cubrir el déficit, no el hecho de que los bancos tuvieran deuda pública en cartera. Un banco que compra un bono está prestando ahorro existente, que es lo que hacen los bancos en cualquier economía. El instrumento, además, se usa en varios países como herramienta de administración de liquidez y permite remunerar encajes que de otro modo quedarían inmovilizados.
El argumento es correcto y no alcanza. Una demanda de títulos creada por regulación no es ahorro que eligió ir a la deuda pública, es ahorro dirigido hacia ella por una norma. Puede desplazar crédito al sector privado y puede atar la salud del sistema financiero a la cotización de los papeles del Estado, que es una película que en la Argentina ya se vio. Nada de eso lo vuelve inconveniente por definición. Sí vuelve llamativo que una reforma presentada como el fin de la maquinita incorpore ese mecanismo sin una sola intervención que lo discuta.
Conviene ubicar todo esto en la semana en que ocurrió. Mientras el Congreso votaba la ley de la estabilidad monetaria, el dólar minorista cerraba en $1.535, un máximo nominal, con una suba del 1,8 por ciento en agosto y todavía lejos del techo de la banda, que el Banco Central ubica en $1.874. Ese mismo jueves la entidad compró 93 millones de dólares en el mercado. No hay contradicción entre una cosa y la otra, porque una reforma institucional trabaja sobre plazos largos y el tipo de cambio cotiza expectativas de corto plazo. La coincidencia sirve igual como recordatorio de las distancias.
Queda un dato de contexto que ordena la lectura. La reforma no nació en el debate académico argentino. Forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional en abril de 2025. Eso no la descalifica, porque una obligación externa puede coincidir con una buena política. Ayuda a entender, en cambio, el calendario, y también por qué el texto llegó al recinto sin admitir modificaciones pese a las objeciones técnicas de propios y ajenos.
Al Senado le queda margen para un trabajo fino. Definir qué comprende la expresión operaciones propias de banca central, y fijar un límite a la proporción de encajes que puede integrarse con títulos públicos, no le quitaría nada al núcleo de la reforma. Le agregaría lo único que una ley está en condiciones de aportar, que es certeza sobre sus propios alcances. Una norma pensada para durar más que el gobierno que la impulsa debería poder explicarse sin aclaraciones posteriores.
El resto ya no depende del Congreso. Una ley puede prohibirle al Estado financiarse con emisión, declarar inembargables las reservas y blindar el mandato del directorio. No puede obligar a nadie a quedarse en pesos. Esa decisión la toman cada mañana un comerciante que fija un precio, un productor que elige cuándo vende la cosecha y un empleado que cobra el sueldo y resuelve qué hacer con él antes de que llegue el fin de mes. Ninguno de los tres leyó la Carta Orgánica. Los tres saben con exactitud cuánto vale la palabra del Estado que la escribió. Esa contabilidad no se vota, y lleva años saldarla.

Según un relevamiento de la consultora PPA, las transferencias financieras de la Provincia de Buenos Aires a los municipios registraron una caída real del 2,48% durante el primer semestre de 2026. Esto afectó a la gran mayoría de las comunas bonaerenses, aunque en el noroeste provincial la distribución mostró marcados contrastes.

Ganadores, perdedores y el ancho pelotón del medio

El caso más destacado del período corresponde a Chacabuco. El municipio experimentó un crecimiento real del 10,8% en las transferencias recibidas, una cifra que lo posicionó como el distrito con mayor incremento de recursos de toda la Provincia de Buenos Aires. En una situación similar se ubicó General Villegas, que cerró la primera mitad del año con una suba real del 1,5%. Este resultado le permitió ingresar al grupo de los diez municipios bonaerenses con mejor desempeño financiero en el semestre.
En la vereda opuesta, Florentino Ameghino registró una caída real del 6,5% en los fondos enviados por la administración provincial. Este retroceso ubicó al distrito como el cuarto más golpeado de la provincia en términos de pérdida de ingresos.
Leandro N. Alem experimentó una dinámica parecida, al sufrir un recorte del 5,8% real. Ambos municipios se situaron entre las comunas con mayores reducciones presupuestarias del territorio bonaerense.
Junín acumuló un descenso del 1,8% real en sus ingresos de origen provincial. Si bien el saldo resulta negativo en la comparación interanual, la merma fue menor al promedio provincial del 2,48%. El resto de las comunas de la zona compartieron la tendencia a la baja. Municipios como Nueve de Julio, Carlos Casares, General Arenales, Rivadavia, Trenque Lauquen, Lincoln, Bragado, General Pinto, Chivilcoy, General Viamonte, Pehuajó, Alberti e Hipólito Yrigoyen recibieron menos fondos reales que en el mismo período de 2025.

El peor nivel de transferencias desde 2021

El estudio de PPA precisa que durante el primer semestre del año los 135 municipios bonaerenses percibieron $2,778 billones. De ese total, la coparticipación bruta representó el 75,9%, mientras que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal aportó el 0,9%, complementado por el Fondo Educativo y las transferencias por descentralización tributaria. El informe advierte que los giros actuales representan el nivel de ingresos municipales más bajo de los últimos seis años, ubicándose un 13% por debajo del pico registrado a fines de 2022.
La perdida de capacidad de compra resulta ostensible al medir los fondos en insumos básicos. Las transferencias del segundo semestre de 2022 equivalían a 1.982 millones de litros de gasoil, mientras que en la primera mitad de 2026 esa equivalencia cayó a 1.437 millones de litros, lo que marca un retroceso del 27,5% en la capacidad operativa de los municipios. En este marco, 82 de los 135 distritos bonaerenses registraron en lo que va del año sus peores números reales desde 2021.

El barril cerca de los 93 dólares por las tensiones en Ormuz mejora las cuentas externas argentinas como nunca antes en nuestra historia. Durante sesenta años el interior vivió pendiente de Chicago. El país acaba de sumar una segunda dependencia, esta vez en el Golfo Pérsico.

Por Javier Pappalardo

El Brent cerró la semana cerca de los 93 dólares, con una suba superior al 4%, empujado por la falta de avances entre Estados Unidos e Irán y por las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz, ese cuello de botella por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. Durante medio siglo, un titular así significaba en la Argentina una sola cosa. Importábamos energía, el barril caro se comía las reservas, el Gobierno de turno salía a manotear el precio del surtidor y la inflación hacía el resto. Esta vez el efecto es exactamente el contrario. Y conviene detenerse en eso un momento antes de festejarlo.
La balanza energética argentina cerró el primer semestre con un superávit de 6.987 millones de dólares, el mayor de toda la serie histórica para ese período y un 87% por encima del mismo tramo de 2025. Las exportaciones de combustibles y energía llegaron a 8.118 millones, con una suba interanual del 52%, y el complejo energético ya explica más del 15% de todo lo que el país vende al mundo, una participación que no se veía desde hace dos décadas. Del otro lado del mostrador, las importaciones de combustibles cayeron 29% y quedaron en el nivel más bajo desde 2007, apenas el 3% de las compras externas, el porcentaje menor desde 1999. Vaca Muerta aporta hoy el 68% del petróleo y el 67% del gas que se produce en la Argentina, y la extracción de crudo crecería 16% este año, con lo que superaría el récord histórico que sigue vigente desde 1998.

Lo que viene está en obra. El oleoducto que une la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro, unos seiscientos kilómetros de caño, arranca en noviembre y suma primero unos 190.000 barriles diarios de capacidad de evacuación, con proyección a 390.000 hacia mediados de 2027. Con esa infraestructura, las exportaciones energéticas podrían pasar los 14.400 millones de dólares este año y los 18.500 millones el próximo, y el superávit del sector treparía por encima de los 12.000 millones. Son dólares genuinos, sin contrapartida de deuda, sin promesa de devolución. Es la mejor noticia estructural que recibe la economía argentina en cuarenta años.
Ahora bien, cambiar de lado en el tablero del petróleo tiene consecuencias que van más allá de la planilla. Un país que exporta energía tiene un interés objetivo en que el mundo no se ordene demasiado rápido. Cada semana de tensión en Ormuz, cada amenaza cruzada entre Washington y Teherán, cada declaración destemplada sobre el control del estrecho, se traduce en unos dólares más por barril embarcado en Punta Colorada. Nadie lo formula así en público y probablemente nadie lo formule nunca. Pero el cálculo existe, se hace, y está en los supuestos de precio de cualquier proyección seria para 2027.
La contracara aparece enseguida. El precio lo fija otro. El mismo conflicto que hoy suma es el que mañana puede restar, y con la misma velocidad. Vale recordar lo que pasó hace apenas seis meses: el 27 de febrero el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares, con una estabilidad que venía de principios de año, y después del primer ataque llegó a superar los 118. Ese tobogán no fue una anomalía. Es el funcionamiento normal de un mercado que responde a decisiones militares tomadas a doce mil kilómetros de acá, por gente que jamás va a preguntar qué le conviene a la Argentina.
Ese mismo tobogán, además, sube por la escalera del surtidor. En marzo, con el barril disparado, el litro de nafta común medido en dólares llegó a 1,43, un 52% por encima de su promedio histórico, y la premium tocó 1,58. Las estaciones de servicio trasladaron cerca del 6% en dos semanas. Lo que contuvo el golpe fue el amortiguador que aplicó la petrolera de bandera, un mecanismo que evita volcar de inmediato cada movimiento del crudo al precio final. Ese amortiguador dura exactamente lo que la empresa decida que dure, y su costo lo absorbe alguien.
Al frente internacional hay que sumarle uno doméstico con fecha puesta. En agosto se aplicó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, unos 10,57 pesos por litro en naftas y 9,51 en gasoil, más el gravamen al dióxido de carbono, con un traslado promedio al surtidor del 0,5%. El grueso de los remanentes acumulados de 2024, 2025 y el primer trimestre de este año quedó postergado para septiembre. El precio del combustible tiene entonces dos citas simultáneas el mes que viene, una en el Golfo Pérsico y otra en el Boletín Oficial.

El interior pampeano conoce este libreto de memoria. Sesenta años aprendiendo que el precio internacional es una bendición cuando sube y una sentencia cuando baja, y que ninguna de las dos cosas se decide en la mesa de un productor de la zona. La novedad de 2026 es que la ecuación se duplicó. Seguimos pendientes de Chicago por lo que vendemos y quedamos pendientes de Ormuz por lo que gastamos en la cosecha, en el flete y en el silo, con la diferencia de que ahora el país también cobra del otro lado. La prosperidad energética es real y hay que defenderla. Pero está calculada sobre un precio que hoy sostiene, en buena medida, una amenaza militar. Si Washington y Teherán se sientan a firmar, el barril baja, y toda la planilla del año próximo se recalcula. Los caños, en cambio, ya están enterrados y se pagan igual. Durante décadas los argentinos mirábamos las noticias del Golfo esperando que el mundo se calmara. Este año, por primera vez, en algunas planillas se hace en silencio la cuenta contraria, la de cuánto vale en dólares de exportación que no se calme. Nadie lo va a decir en voz alta y nadie tiene por qué pedir perdón de que el país por fin tenga con qué. Pero un país que empieza a ganar con las malas noticias del mundo debería saber, por lo menos, que las está esperando.

Recientemente se produjo la Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de 9 de Julio, donde luego de tratarse Balance y Memoria se eligieron nuevas autoridades, resultando reelecto como presidente Diego Baztarrica, quién en ‘Temprano para todo’ contó las funciones administrativas de la entidad y las capacitaciones específicas que se concentrarán en la mayoría de los casos en ese espacio ubicado en la Avenida 25 de mayo 1026.
Baztarrica explicó el legado que se buscará consolidar en su gestión al cumplir un siglo de historia acompañando al sector comercial e industrial de 9 de Julio. También da cuenta de las expectativas de participación de las Pymes locales y que herramientas concretas se esperan incorporar. Además de que trabas urgentes planean mitigar mediante estas capacitaciones en la transformación de adopción tecnológica, sobre todo para la industria.Confirmó asimismo la Ronda de Negocios articulada con el municipio prevista para fines de octubre.

No omitió tampoco los eventos masivos programados para apuntalar las ventas frente al difícil contexto macroeconómico, además de charlas específicas sobre el tema. Y recordó las recientes jornadas sobre aspectos legales y beneficios en la contratación de personas con discapacidad y el de ‘Economía en foco’ de la economista Lara López Calvo con un aanálisis del contexto macroeconómico actual, el impacto de la inflación, el escenario político, el financiamiento y herramientas prácticas para la proyección, el ahorro y la inversión.
Las futuras charlas y capacitaciones a través de la Cámara de Comercio e Industria y Bienes Raíces.

El próximo 27 de agosto se dará una charla de capacitación sobre herencia empresarial, y como organizar la empresa para la próxima generación.
El 2 de septiembre – Día de la Industria – la Cámara de Comercio junto a la Sociedad Rural de 9 de Julio se contará con la disertación del economista, Gustavo Lazzari, en salones de Sociedad Rural. Del 17 al 20 de septiembre se realizará una nueva edición del Shoppinazo, mientra que el 3 de octubre se cumple el aniversario de la Cámara, y expondrán en la Expo Rural de 9 de Julio. El 15 de octubre se inaugurará inaugurada la “Casa del Centenario”. Y el 21 de ese mes se realizará en 9 de Julio el Congreso Industrias 4.0, organizado por ADIBA y la Universidad Austral. Será la primera vez en el interior bonaerense y en el país.
Las actividades en el marco del centenario cerrarán con una Ronda de Negocios para empresas locales, organizado por la Cámara y el Municipio de 9 de Julio para el 29 de octubre.

Por Javier Pappalardo

Hubo un número esta semana que ordenó todo lo demás. La inflación de julio fue del 2,1%, la medición interanual llegó al 33,8% y el acumulado del año al 19,3%. El registro interrumpió una secuencia de tres meses de desaceleración y dejó atrás el 1,9% de junio, que había sido el primer dato con un uno adelante en casi un año.
El ministro de Economía anticipó que el número no sería sorpresa porque julio es estacionalmente alto, y atribuyó parte del movimiento a que el precio del petróleo se duplicó en los últimos ocho meses. Los datos acompañan esa lectura solo en parte. Los precios estacionales subieron 4,5% por verduras, paquetes turísticos y alojamiento, los regulados 2,1% por transporte público, prepagas y electricidad, y la núcleo se ubicó en 1,8%. Ahí está la discusión de fondo. Lo estacional pasa. Lo regulado vuelve el mes que viene.
Y hay una segunda discusión, más incómoda, sobre la vara con la que se mide. El índice sigue calculándose con la canasta de consumo de 2004/05, cuando estaba previsto pasar este año a la de 2017/18. Dos consultoras hicieron el ejercicio inverso. Con la canasta actualizada, julio habría dado 2,5% para una de ellas y 2,1% para la otra, pero en ambos casos el acumulado del año hubiera sido más alto, de 21,3% en lugar de 19,3% según ese cálculo. Dos puntos en siete meses no cambian la dirección, sino la sensación de quien compra.

El dólar quieto y las reservas frenadas

El mayorista cerró el martes en $1.490,50, con reservas internacionales brutas en u$s49.561 millones. El MEP se ubicó en $1.523,84, el contado con liquidación en $1.612,12 y el blue en $1.550. La brecha volvió a asomar después de meses de estar planchada. Lo llamativo es el ritmo de compra del Banco Central. En agosto promedia 26 millones de dólares diarios, muy por debajo de los 103 millones de julio, los 68 de junio y los 137 de mayo, aunque las compras del año ya suman 13.508 millones. Se entiende por qué.
La cosecha gruesa ya se liquidó. Lo que entra ahora entra a cuentagotas hasta la próxima campaña. En un distrito como el nuestro eso se sabe sin necesidad de leer un informe. El riesgo país, mientras tanto, subió a 465 puntos básicos, el nivel más alto desde el 10 de junio. El Gobierno rechazó semanas atrás una propuesta de bancos internacionales para emitir deuda por 5.000 millones de dólares, al considerar excesiva la tasa del 9% exigida.
El miércoles hubo licitación. El Tesoro enfrentaba vencimientos por 4,5 billones de pesos, recibió ofertas por 6,49 billones y adjudicó 4,49 billones, con un rollover del 100,26%. La Lecap a noviembre cortó a una tasa efectiva mensual del 2,11%, equivalente al 28,54% anual. Contra una inflación mensual del 2,1%, el Estado paga apenas por encima de lo que suben los precios. Quien tiene pesos y los coloca, empata. Quien necesita pesos y los pide prestados, paga bastante más que eso. Es la fotografía completa del momento. El que tiene liquidez la cuida. El que necesita capital de trabajo lo consigue caro.

Las dos economías

Y acá aparece lo que un pueblo del interior ve todos los días. Las pymes industriales cayeron 11% en producción y 4,5% en empleo durante el segundo trimestre, con pedidos e insumos en niveles contractivos y una inversión que no reacciona. Una encuesta entre pymes arrojó que el 62,5% considera que su situación empeoró y solo el 2,6% que mejoró. El consumo masivo encadena once meses consecutivos de caída y los salarios reales del sector privado registrado acumulan una pérdida cercana al 3,5% en el año.
La explicación más clara que leí en estos meses la dio un especialista en consumo. Hay tres motores que andan fuerte: petróleo y gas, minería y agro. Y hay otros tres, construcción, industria y comercio, que operan muy por debajo de su potencial. Los primeros dinamizan el interior, donde están los recursos. Los segundos golpean donde vive el consumo masivo.
Nueve de Julio está partido exactamente por esa línea. El campo local pertenece al grupo que tracciona. El comercio de la avenida, la metalúrgica que hace tolvas, el corralón, el que emplea cuatro personas, pertenecen al otro. Las dos economías conviven a treinta cuadras de distancia. Una liquida en dólares y la otra vende en cuotas. Mientras el índice mensual y el mostrador de la esquina sigan contando historias distintas, cualquier discusión sobre si la inflación fue del 2,1% o del 2,5% le va a resultar lejana a quien mira su caja los sábados a la noche.

Por Javier Pappalardo

El próximo jueves el INDEC difundirá la inflación de julio. Las consultoras la ubican entre 1,9 y 2,1 por ciento, en línea con el 1,9 de junio, mes en el que el índice acumuló 16,8 en el primer semestre y 33,5 interanual. El Banco Central proyecta que el año cierre en torno al 30. Para un país que hace tres años discutía si el número tenía uno o dos dígitos mensuales, es una noticia.Y no es la única.
Las reservas del Banco Central se acercan a los cincuenta mil millones de dólares, su nivel más alto en una década. El riesgo país ronda los cuatrocientos puntos básicos, tras haber perforado los quinientos en enero por primera vez desde 2018. El tipo de cambio se sostiene dentro de la banda. Quien mire solamente el tablero financiero encontrará el mejor cuadro argentino en mucho tiempo, y sería deshonesto negarlo. El problema aparece cuando uno baja del tablero al mostrador. El estimador de actividad crece y la góndola se achica, al mismo tiempo y en el mismo país. Esa contradicción tiene una explicación, y no está en las planillas. Está en el mapa.
La Argentina tiene hoy tres motores potentes. Petróleo y gas, minería y agro, con dinámica sostenida y horizonte largo. Tiene otros tres que operan muy por debajo de su capacidad histórica. Construcción, industria y comercio, que son precisamente los que emplean gente y sostienen el consumo cotidiano. Los primeros dinamizan Neuquén, Cuyo y la pampa exportadora. Los segundos golpean al conurbano bonaerense, que es el corazón del consumo masivo argentino. El especialista Guillermo Oliveto lo resumió mejor que nadie cuando dijo que la geografía del dinero está cambiando.Donde la renta exportadora derrama se compra el bien durable financiado. Donde no llega, el ajuste recae sobre el detergente.

Nueve de Julio está exactamente sobre esa línea de falla y conviene decirlo con precisión. El motor que anda es el nuestro. La campaña se levanta, el productor liquida y la maquinaria agrícola se mueve. Pero el empleo de esta ciudad no vive del campo, vive del comercio de la avenida, de los servicios, del taller mediano y de la construcción. Vive, justamente, de los tres motores que están abajo. Que al partido le vaya bien no significa que a la ciudad le vaya bien, y esa distinción, que en el debate porteño se pierde, acá se ve caminando cuatro cuadras.
Los números del bolsillo confirman el diagnóstico. En mayo los salarios privados registrados subieron 2 por ciento nominal contra un índice de precios de 2,1, y acumulan 3,2 por ciento por debajo del mismo período de 2025. El Salario Mínimo, Vital y Móvil, según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, perdió más del cuarenta por ciento de su poder de compra desde diciembre de 2023. El ingreso disponible, lo que queda tras pagar los gastos fijos, cayó 5,1 por ciento interanual en mayo según Equilibra, con las tarifas explicando buena parte de esa contracción.
Y lo que queda, se decide. El consumo masivo cerró junio con una baja de 2,7 por ciento interanual en volumen, según Scentia, con los kioscos y almacenes de barrio cayendo 4,6. Las pymes minoristas encadenaron once meses consecutivos de retroceso según la CAME. Desayuno y merienda cayeron 7,7 por ciento y limpieza del hogar 6,2. La única categoría que creció en los canales físicos fue la bebida con alcohol.
Hay algo más incómodo. El Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM comparó los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del primer trimestre de 2025 con los de 2026 y encontró unos 213.000 nuevos ocupados junto a unos 192.000 subocupados adicionales. El empleo crece y se degrada a la vez. La estadística cuenta cabezas y no cuenta horas. Los economistas más ortodoxos responden con un argumento atendible. Sostienen que la desinflación es condición previa de cualquier recuperación, que las mejoras salariales empezaron a ubicarse por encima de los precios y que el ingreso real se recuperará cuando la estabilidad se consolide. Puede ser. Las proyecciones más razonables ubican ese alivio recién hacia 2028. Tres años es mucho tiempo para una familia que hoy elige entre el guardapolvo y la garrafa.
La política ya registra la diferencia. La evaluación negativa de la gestión nacional se ubica entre el 55 y el 63 por ciento según la consultora que se tome, y esa caída dejó de explicarse por la herencia recibida. Lo que cambió no es el número. Es el criterio con que la gente juzga. Se pasó de evaluar promesas a evaluar resultados, y la reforma laboral de febrero terminó leyéndose en buena parte de la sociedad como una concesión al empleador antes que como un triunfo propio.
Y sin embargo la oposición no capitaliza. Un tercio de los consultados afirma directamente que carece de líder. Las mediciones muestran a La Libertad Avanza aventajando al peronismo por doce puntos, incluso con el PRO compitiendo por separado. El peronismo suma alrededor del 35 por ciento en respuesta espontánea, repartido entre tres o cuatro nombres que hasta hoy no acordaron nada. Un gobierno mayoritariamente desaprobado que igual gana la elección hipotética describe menos una fortaleza oficialista que una orfandad de alternativas.
Esa combinación empieza a inquietar a quienes se benefician del modelo, y con razón. Un esquema económico se sostiene sobre expectativas, y las expectativas se sostienen sobre la creencia de que el orden va a durar. Cuando una mayoría desaprueba la gestión y al mismo tiempo no encuentra a quién votar en su lugar, el malestar deja de tener cauce institucional y busca otros. Nunca los mejores. La gobernabilidad tiene ese defecto. No cotiza en ninguna pantalla, no tiene símbolo, ningún banco la proyecta en su informe trimestral y no aparece en el relevamiento del Central. Es la única variable de la economía argentina que se mide siempre tarde, y siempre del mismo modo, cuando ya no está.

Por Javier Pappalardo

Hay una variable que no aparece en ningún cuadro y que sin embargo se paga puntualmente. Aparece cuando un productor firma un alquiler por una campaña en lugar de por tres. Aparece cuando un contratista posterga la máquina que ya necesita y arregla la vieja una vez más. Aparece cuando un banco arma la línea a doce meses en lugar de a treinta y seis y el que la toma acepta sin discutir, porque piensa lo mismo. Nadie la publica y todo el mundo la conoce. Es lo que cuesta un calendario político que todavía no cerró.
La economía descuenta el futuro, y para descontarlo necesita ponerle un número a lo que podría pasar. Cuando eso es posible se llama riesgo, se calcula y hasta se asegura. Cuando el futuro admite dos o tres versiones tan distintas que no hay forma razonable de asignarles probabilidad, deja de ser riesgo y pasa a ser incertidumbre, que no se asegura y por lo tanto se cubre del único modo disponible, acortando plazos y pidiendo más margen. Esa protección se cobra por adelantado aunque el escenario malo nunca llegue. La incertidumbre se paga igual, en las tres versiones del futuro.
De dónde viene hoy esa incertidumbre se ubica sin mucho esfuerzo. Sacada del tablero la economía mundial, que va a seguir con sus tasas y sus precios varios meses más, y sacados los cisnes negros, que por definición no entran en ningún cálculo, quedan tres personas construyendo escenarios. Todos los demás esperan que alguna de ellas mueva.
La primera es Milei. La jugada declarada es la reforma del sistema electoral, con un objetivo que nadie disimula, ganar en primera vuelta y evitar el balotaje, donde se ordena todo lo que hasta ese momento estaba disperso en contra. Hasta ahí la claridad. Después empieza lo que en el oficialismo nadie tiene resuelto, la suspensión de las primarias, que ordena la oferta propia y a la vez le regala al adversario una fecha para medirse sin costo, y la provocación a los de adentro, que se paga en la misma moneda en que se cobra. Van y vienen. Y mueven primero igual.
Después está Cristina, y acá alcanza con poco. Tiene un objetivo y lo digo sin adornos. Que Kicillof no sea presidente. Lo demás que se le atribuye está subordinado a eso. Y está Kicillof, que hace la plancha. Ese es el plan completo. No confrontar, no adelantar posición, y dejar que el desgaste haga el trabajo que la confrontación haría peor.

Queda una cuarta hipótesis, el acuerdo. Que las dos piezas del peronismo terminen convergiendo es posible y hay precedente, porque en 2019 Cristina resolvió un problema idéntico eligiendo ella misma al candidato que la encabezaba. Aquello funcionó un tiempo y después dejó de funcionar de un modo que todavía se está pagando. Si llega, va a llegar en los términos que fije quien tiene la iniciativa.
Acá corresponde una objeción honesta. Todo año electoral produce indefinición, en la Argentina y en cualquier democracia, y llamar anomalía a eso sería exagerar. Puede sostenerse incluso que una reforma que asegure resultado en primera vuelta acortaría el período de incertidumbre en lugar de estirarlo. El argumento es válido y hay un dato que lo respalda, porque el riesgo país cerró julio en torno a los cuatrocientos diez puntos, cerca de sus valores más bajos desde 2018, y a fines de mes Moody’s mejoró la calificación soberana de Caa1 a B3. Para el financiamiento externo la Argentina está mejor que en años.
Y sin embargo, adentro pasaba otra cosa. Los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras cerraron el primer semestre en 3.303 unidades, un 1,9 por ciento menos que el año pasado, y en junio se registraron 480 máquinas, un 32,4 por ciento menos que en mayo, según ACARA. La producción del sector había caído más del treinta por ciento en el primer trimestre, y la Bolsa de Comercio de Rosario atribuye el comportamiento a la cautela en las compras, a la espera de definiciones. En los arrendamientos de Córdoba para la campaña 2026/27, el pago semestral ya explica el 28 por ciento de los contratos y el mensual el 21. La brecha es la que interesa. El costo de fondearse afuera bajó y el horizonte de decidir adentro se acortó igual.

La explicación es que el riesgo país mide una sola cosa, la probabilidad de que el Estado no le pague a sus acreedores. No mide si va a haber primarias, ni con qué reglas se vota el año que viene, ni quién gobierna la provincia en 2028. Esa segunda incertidumbre no cotiza en ninguna pantalla y se paga en otra moneda, la del plazo. Un año de siembra, cinco de maquinaria, diez de una mejora en un campo o en una planta. Cada fecha nueva que la política agrega en el medio corre esas tres decisiones un casillero, y la inversión que se posterga no se anuncia en ninguna parte, no ocurre, y por eso no aparece en las estadísticas de los martes.
Acá la cuenta se hace todos los días y con nombre propio. El productor que decide si renueva la sembradora. El acopiador que calcula cuánto adelanta contra entrega. La fábrica de alimentos que evalúa un turno más. El comercio de la avenida que mira el movimiento de agosto para saber si toma un empleado. Ninguno participa en la discusión sobre las primarias abiertas y todos ajustan sus decisiones al resultado de esa discusión. Los tres que hoy parecen dueños de la partida son los únicos que están pensando escenarios, y por eso tienen la iniciativa. Lo que no tienen es la factura. La espera la pagan los que no están sentados a la mesa, en una tasa que ningún organismo publica y que en esta zona se conoce bastante bien.