Hay semanas en las que una sola frase ordena todas las demás. La de esta la pronunció Luis Caputo en París, al cierre de la Argentina Week: la economía, admitió, está “creciendo menos que antes”. La fórmula tiene la virtud de la prudencia y el defecto de la vaguedad. El ministro negó la recesión, culpó a los shocks internacionales y al clima político, y agregó, casi al pasar, que el estimador mensual del INDEC muestra una volatilidad que delata un problema de medición. Hubo un tiempo en que discutirle al INDEC era una práctica asociada al kirchnerismo, que en 2007 intervino el organismo. Que ahora sea un ministro liberal quien mire de reojo al termómetro es uno de esos giros que la política argentina reserva para los momentos de incomodidad.

El riesgo país tocó la semana pasada la zona de los 650 puntos, el máximo del año, y estos días osciló en torno a los 600. Caputo repartió las culpas mitad y mitad. Una mitad corresponde al mundo, con el petróleo en alza y tasas altas en Estados Unidos. La otra tiene nombre propio, aunque el ministro prefirió una perífrasis: en los encuentros con inversores, contó, aparece la pregunta por el regreso del kirchnerismo en 2027. Es una confesión notable. Dos días antes, en la apertura del mismo encuentro, el ministro había asegurado a los inversores que el riesgo estaba en perderse la oportunidad de invertir y que las elecciones no eran el problema. En cuarenta y ocho horas, el riesgo electoral pasó de no existir a explicar la mitad de la suba. Lo que los mercados leen en los bonos argentinos es, en buena medida, una encuesta.

Ahí aparece el Fondo Monetario Internacional, que en la Argentina ejerce a la vez de auditor y de confesor, y que pide acumular reservas más rápido, aun a costa de un dólar algo más alto. El Banco Central aceleró sus compras: sumó 212 millones de dólares en la semana y cerca de 15.000 millones en el año, con reservas brutas en torno a los 49.700 millones. Según estimaciones privadas, las netas rondan los 12.000 millones. El dólar oficial sigue inmóvil en 1.540 pesos. La calma cambiaria existe. Lo que todavía no se sabe es cuánto cuesta sostenerla.

Mientras en París se discutía el riesgo país, el INDEC publicó los números de la economía que se toca con las manos. La industria cayó 3,2% interanual en agosto y acumula una baja de 2,7% en el año, con once de dieciséis ramas en rojo. La fabricación de maquinaria y equipo, la forma más concreta que tiene una economía de apostar a su futuro, se contrajo casi 21% en ocho meses. La construcción retrocedió 4,4%, y las empresas del sector esperan un trimestre todavía peor.

El martes se conocerá la inflación de septiembre. La de agosto fue de 1,7%, la más baja en catorce meses, y el Gobierno la celebró como lo que es, un logro. Pero el promedio tiene la costumbre de ocultar a quienes están en los extremos: la canasta básica alimentaria subió 2,6% en agosto y casi 40% en doce meses, seis puntos por encima del índice general. En marzo, Caputo había anunciado que la inflación mensual perforaría el 1% “si no es en agosto, en septiembre u octubre”. Las encuestas privadas esperan para septiembre una leve aceleración. La profecía conserva un solo mes de vigencia.

Leídos en conjunto, los principales medios del país describen, cada uno con sus adjetivos, la misma criatura: una economía de dos velocidades. Arriba, un frente financiero ordenado. Abajo, la industria y la construcción, que son las que más empleo generan, todavía sin piso. Los defensores del programa sostienen que la estabilidad es la condición del crédito, y el crédito, de la recuperación. Sus críticos responden que esa secuencia, razonable en un pizarrón, se vuelve eterna para quien perdió el trabajo en una obra o en un taller. Lo que separa a unos de otros es el tiempo que cada uno está dispuesto a esperar.

Esa macroeconomía recorrió el miércoles la Ruta 5. Por la mañana, Axel Kicillof estuvo en Carlos Casares: entregó 562 títulos de propiedad y dos viviendas de un plan de 144, y anunció un acueducto de 30 kilómetros, con financiamiento del BID, que llevará agua desde French. Por la tarde llegó a Nueve de Julio y, junto a la intendenta María José Gentile, entregó 370 escrituras gratuitas, computadoras y patrulleros. Ya son 1.132 las escrituras otorgadas en el distrito desde el comienzo de su gestión. El gobernador eligió para su gira el gesto más tangible que tiene a mano: papeles y llaves.

Las escrituras encierran una paradoja que la política argentina suele pasar por alto. Hace un cuarto de siglo, el economista peruano Hernando de Soto, muy citado por los liberales, sostuvo en El misterio del capital que los pobres de América Latina poseen activos que no pueden convertir en capital porque carecen de títulos. Una casa sin escritura se habita, pero no sirve de garantía. Con escritura, puede hipotecarse, venderse a su precio o heredarse sin pleitos. Caputo repite que el crédito será el motor del crecimiento. Es curioso, y muy argentino, que la condición previa de ese motor la esté poniendo un gobernador peronista que se presenta como la alternativa al liberalismo.

La otra cara de la gira está en la construcción. En Carlos Casares, el intendente Daniel Stadnik reconoció que sus viviendas se levantan con fondos provinciales porque las que financiaba la Nación quedaron paralizadas. En Nueve de Julio la escena es más austera. Al día siguiente de la visita, el secretario municipal de Vivienda confirmó que las 32 casas de Los Aromos siguen detenidas, que el contrato se rescinde y que apenas diez tienen un plan para terminarse. Cada obra parada es un corralón que no vende, un albañil sin jornal y una familia que sigue alquilando. Es el rostro local del 4,4% del INDEC. Caputo tiene razón: la economía crece menos que antes. Lo que su frase deja sin responder es dónde se nota. En París, en el riesgo país, que sube y baja con las encuestas de 2027. En Nueve de Julio, en unas paredes que hace años esperan el techo.

El PRO gobierna Nueve de Julio desde 2015. La semana pasada, su jefe de bloque pidió un perdón político y describió caminos sin máquinas, sin recursos y sin mapa. Falta saber quién rinde cuentas de esos años. César García, presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante, dijo que en Nueve de Julio hace falta “una suerte de perdón político” para mirar hacia adelante. Hablaba de las viejas peleas entre dirigentes que ahora necesitan juntarse, porque según admitió a ninguno le alcanza yendo solo. La frase merece salir de ese contexto chico. El perdón es una institución seria y tiene un orden. Primero se dice qué se hizo, después se pide, y recién entonces alguien decide si lo da.
El PRO gobierna este distrito desde diciembre de 2015. Dos mandatos de Mariano Barroso y lo que va del de María José Gentile suman casi once años. Con ese número en la mano conviene releer lo que el propio García contó en esa misma ocasión. Dijo que la maquinaria vial tiene un desgaste fuerte y que cada rotura se paga con una tasa que no alcanza. Dijo que la tasa vial de Nueve de Julio es de las más bajas de la región. Dijo que el Municipio trabaja ahora en un relevamiento de caminos, canales y alcantarillas, porque una alcantarilla puesta sin conocer el caudal termina reventando en otro lado. Y dijo que la Comisión Vial que se discute es “un cambio de sistema”.
Dicho por un opositor, eso sería una denuncia. Dicho por el jefe de la bancada oficialista es una confesión, y de las completas. Después de casi once años el gobierno municipal tiene las máquinas rotas, no tiene con qué arreglarlas y recién ahora está dibujando el mapa del agua que corre por su propio partido. El sistema que hay que cambiar es el que administraron ellos.
Cuando García buscó algo de qué enorgullecerse eligió el pavimento, esas calles que después de sesenta o setenta años recién ahora piden mantenimiento. Tiene razón, es una obra admirable. La hicieron otros, hace dos generaciones. Que el mejor ejemplo de gestión que encuentra el oficialismo tenga setenta años dice más que cualquier estadística.
También pidió menos queja y más propuesta. Ocurre que la queja mejor documentada de este pueblo no la firman los vecinos. El Tribunal de Cuentas de la Provincia observó la Rendición de Cuentas 2025 en seis capítulos, entre ellos la tasa de red vial y el fondo para maquinarias que una ordenanza mandó reglamentar. El patrón fue la falta de respaldo documental, sin imputación de faltante ni de delito, y así hay que decirlo. El Concejo Deliberante desaprobó esa rendición, y por el ejercicio anterior la intendenta recibió una multa de 900.000 pesos. Los expedientes no tienen estado de ánimo.
En estos años cambió el intendente, cambió buena parte del gabinete y cambió hasta el nombre de la alianza. Hubo un nombre que no cambió. Mauricio Vivani estaba en 2011 al lado de Barroso, cerrando una campaña en la que el PRO se presentaba como “la alternativa real”, dentro de un proyecto que había empezado en 2007 y apuntaba, decían, al mediano y largo plazo. El largo plazo llegó. En 2019 Vivani fue electo diputado provincial por la Cuarta Sección, y el espacio que ayudó a levantar lleva casi once años en el Palacio Municipal, primero con Barroso y ahora con Gentile. La continuidad no lo hace culpable de nada. Lo hace el responsable político de la década, el que puede explicar por qué la tasa no alcanza, por qué las máquinas se rompen y por qué los papeles no aparecen cuando el Tribunal los pide. Si estos años tienen un denominador común, tiene nombre y apellido, y al que prometió la alternativa le toca contar en qué quedó.
García llegó hace poco a la política y no carga con esa historia. Quizá por eso pudo decir en voz alta lo que sus mayores callan, y se le agradece. Pero el perdón político ya existe y tiene fecha. Se llama elección. Antes de darlo, en este pueblo el vecino acostumbra pedir la cuenta.

Por Javier Pappalardo

El INDEC publicó cómo se repartió el ingreso en el segundo trimestre. Los ingresos crecieron menos que los precios, la desigualdad subió unas milésimas y el empleo informal sigue partiendo el mapa laboral en dos.

El jueves, mientras la agenda pública discutía otras cosas, el INDEC publicó uno de esos informes que no hacen ruido y que dicen más que muchos discursos. Se llama «Evolución de la distribución del ingreso» y muestra cuánto ganan, y cómo se reparte lo que ganan, los habitantes de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares. Corresponde al segundo trimestre de 2026 y conviene leerlo despacio, porque detrás de cada cuadro hay una mesa familiar.
Empecemos por la cifra que mejor resume el informe. La mediana del ingreso per cápita familiar fue de $500.000. Dicho en criollo, la mitad de la población urbana vive en hogares donde, si se divide todo lo que entra por la cantidad de integrantes, a cada uno le tocan menos de quinientos mil pesos por mes. El promedio da más alto, $688.496, y esa distancia entre promedio y mediana ya es un dato en sí mismo, porque los ingresos de arriba empujan el promedio hacia arriba sin mover la vida de la mayoría.

Crecer en pesos, perder en precios

La suma de todos los ingresos de la población relevada llegó a $20,7 billones, un 29,3% más que en igual trimestre de 2025. Parece mucho hasta que se lo pone al lado de la inflación interanual, que en junio cerró en 33,5%. Faltan cuatro puntos. En términos reales, la masa de ingresos se achicó alrededor de un 3% en un año. El detalle por tipo de trabajo es más elocuente. Los asalariados con descuento jubilatorio cobraron en promedio $1.433.794, un 26,5% más que un año atrás. Los asalariados en negro cobraron $706.204, apenas un 24,9% más. Los dos grupos quedaron detrás de los precios, y los más desprotegidos quedaron más lejos.
El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad entre 0 (todos ganan lo mismo) y 1 (uno solo se lleva todo), marcó 0,428, frente a 0,424 en el mismo trimestre de 2025. El primer trimestre de este año había dado 0,442, aunque ese número está inflado por el aguinaldo, de modo que la comparación honesta es la interanual. El movimiento es chico, pero va en la dirección equivocada.
Otra forma de verlo. El 10% más rico de la población concentra el 32,3% del ingreso total; el 10% más pobre, el 1,8%. La mediana del decil más alto es de $1.800.000 y la del más bajo, de $134.000. Trece veces más. Si se usan promedios en lugar de medianas, la distancia trepa a 18 veces. Ambas brechas están exactamente igual que hace un año.
Hay un matiz que corresponde consignar. La proporción de personas que viven por debajo de la mitad de la mediana, es decir con menos de $250.000 per cápita, bajó levemente, de 17,6% a 17,3%. La foto, entonces, muestra una desigualdad quieta, instalada en un nivel alto, que ni se dispara ni se corrige.

Dos países laborales

De los 13,6 millones de ocupados que abarca la encuesta, el 45,2% trabaja en la informalidad. El ingreso medio de un trabajador formal fue de $1.504.943; el de uno informal, $661.214. Menos de la mitad. Entre los asalariados, casi cuatro de cada diez no tienen aportes jubilatorios. Y la mediana del ingreso de la ocupación principal fue de $900.000, lo que significa que la mitad de los argentinos que trabajan cobra eso o menos por su empleo principal. El dato más inquietante del informe está en el fondo de la pirámide. En el 10% de hogares de menores ingresos, el 67,3% de lo que entra no proviene del trabajo; son jubilaciones, pensiones, asignaciones, cuotas alimentarias o ayudas. En el decil más alto, esa proporción es del 13,4%. Si se ordena a los hogares por ingreso per cápita, en el decil más pobre hay 307 personas sin ocupación por cada 100 ocupados. Hace un año eran 273. Son hogares de 4,2 integrantes en promedio, contra 1,8 en el decil más rico. En otras palabras, en las casas más humildes hay cada vez menos gente trabajando para sostener a cada vez más. Hay una buena noticia relativa. La brecha de ingresos laborales entre varones y mujeres bajó a 26,3%, desde 27,2% un año atrás y 29,3% en el trimestre anterior. Aun así, ellas cobraron en promedio $943.439 por su ocupación principal y ellos $1.280.538. Y un dato que habla solo: las mujeres son algo más de la mitad de quienes perciben algún ingreso, pero reciben el 43% del total.

¿Y por casa?

Nueve de Julio no figura en estas estadísticas. La EPH mide los grandes aglomerados urbanos, y en la provincia los más cercanos a nuestra realidad son Gran La Plata, Mar del Plata o Bahía Blanca. Las ciudades medianas del interior bonaerense quedan fuera de la muestra, y eso obliga a leer estos números por analogía, con prudencia. También deja planteada una deuda pendiente, porque un distrito que no se mide a sí mismo discute su economía a ciegas.

Mientras Milei y Caputo buscaban certezas en Nueva York, el INDEC publicó la peor caída mensual de la actividad desde la pandemia y la primera suba de la pobreza en dos años. El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y el mercado empezó a ponerle precio a 2027.

Por Javier Pappalardo

Hay semanas que un gobierno preferiría no haber vivido, y la que termina fue una de ellas para Javier Milei. Mientras el Presidente hablaba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y su ministro de Economía, Luis Caputo, intentaba convencer a medio centenar de inversores, en la sede de JP Morgan, de que el programa llega intacto a 2027, en Buenos Aires el INDEC publicaba, con horas de diferencia, los dos números que la administración libertaria más temía ver juntos. La actividad económica cayó 2,9 % en julio respecto de junio, el peor registro mensual desde abril de 2020, y la pobreza subió al 32,3 % en el primer semestre, cuatro puntos más que a fines del año pasado.

El Gobierno tiene una respuesta para cada dato, y no son respuestas vacías. Caputo recordó que la pobreza sigue muy por debajo del 52,9 % de comienzos de 2024 y atribuyó la caída de julio a shocks transitorios, entre ellos la menor disponibilidad de gas, el clima y hasta las horas de trabajo perdidas durante el Mundial. La inflación de agosto fue de 1,7 %, la más baja en catorce meses. Son argumentos atendibles. El problema es que ya no alcanzan para explicar lo que ocurre a su alrededor.
La economía crece donde no se ve. En julio subieron la pesca, la minería y el agro, y cayeron el comercio, 5,1 % interanual, y la industria, 4,6 %. Avanzan los sectores que generan dólares y pocos puestos de trabajo, y retroceden los que generan empleo y viven del consumo en pesos. Después de un segundo trimestre en el que el producto retrocedió 0,6 %, los economistas privados ya calculan que será muy difícil esquivar la recesión técnica. La pobreza cuenta la misma historia desde el otro lado del mostrador. Según advirtió Matías Surt, de Invecq, es la primera vez desde los años noventa, pandemia aparte, que la pobreza sube sin que la empuje una devaluación o un salto de precios. La inflación baja y el ingreso igual no alcanza.
El mercado leyó la semana antes que nadie. El riesgo país, que el 7 de julio había tocado un piso de 403 puntos, encadenó diez ruedas de suba y el viernes llegó a marcar 628, su nivel más alto desde marzo. Hay una causa externa, porque el bono del Tesoro estadounidense a diez años superó el 5 %, algo que no ocurría desde 2007, y una doméstica, más incómoda. El Banco Central, que había comprado más de 14.200 millones de dólares en el año, redujo en septiembre sus adquisiciones a menos de 10 millones diarios, y las reservas brutas perdieron casi 2.000 millones desde el máximo del 3 de septiembre.
Ese mismo viernes vencían 800 millones de dólares con el Fondo Monetario, cuya misión técnica revisa desde el lunes los números de la tercera evaluación del acuerdo. El Tesoro los pagó con los depósitos en dólares que guarda en el Central, a la espera de un desembolso que depende de que el organismo apruebe unas cuentas fiscales que en el primer semestre quedaron apenas por debajo de lo pactado, con un superávit primario de 0,6 % del producto frente al 0,7 % comprometido. El lunes, además, el Tesoro volverá a refinanciar deuda sin colocar títulos en dólares, porque el equipo económico se niega a convalidar tasas superiores al 10 %. A comienzos de año Milei prefirió postergar el regreso a Wall Street antes que pagar cerca del 9 %, con la apuesta de que el riesgo país seguiría bajando. Bajó, y después volvió a subir.

La semana tuvo además su capítulo en el surtidor. Con el Brent por encima de los 100 dólares, Shell, Axion y Puma rompieron el acuerdo que amortiguaba los precios y aumentaron entre 2 % y 5 %. YPF resistió unos días y anunció una suba del 1 % desde este sábado. Su presidente, Horacio Marín, ya había admitido que si el barril se sostiene en esos valores el país terminará pagándolos. En el interior bonaerense, donde el gasoil mueve la cosecha y el camión, ese aumento entra directo en la cuenta de cada productor y de cada comercio de ciudades como la nuestra.
Milei ordenó su promesa en etapas. Primero el equilibrio fiscal, después la inflación, al final el crecimiento. Las dos primeras se cumplieron. La tercera se demora, y el calendario ya no es infinito. Las dos primeras etapas son hoy un activo político que nadie le discute en serio, pero la tercera es la que decide elecciones. En abril, Caputo aseguró ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que los últimos dieciocho meses del mandato serían los mejores de la historia argentina. Pasaron cinco de esos dieciocho meses, y la economía está más cerca de la recesión técnica que del despegue.
El riesgo país mide la capacidad de pago y también la confianza en que el rumbo sobreviva a la próxima elección, y el mercado empezó a cotizar 2027 con más de un año de anticipación. Ahí está la paradoja de esta etapa. El Gobierno exhibe los mejores números fiscales en décadas y, sin embargo, necesita convencer a los mismos inversores que lo aplaudían en julio de que la estabilidad alcanza para ganar.
La semana dejó una advertencia que excede las planillas. La estabilidad fue la condición de todo lo demás, pero la sociedad ya la dio por adquirida y ahora pregunta por el salario, el empleo y la góndola. Un gobierno que hizo de la baja de la inflación su bandera empieza a descubrir que las banderas, una vez conquistadas, dejan de ser un argumento y pasan a ser un piso.

Por Juan M. Jara

El mismo contraste que se exhibe al promocionar la adhesión al MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), el programa de UNICEF al que la provincia convenió y sumó a sus municipios, que busca “fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”. El viernes pasado tuvo su presentación en el S.U.M. municipal, el  «San Cayetano», con una sonriente (Ver fotito acá arriba..) gestión autodeclarada preocupada por mejorar la vida de adolescentes y menores. Algo hace ruido, no? Claro, porque es loco que lo diga la misma gestión que cerró la «Casa de Abrigo» y obligó al desarraigo a quienes encontraban allí un refugio para sus duras realidades hogareñas. Loco y hasta con pizcas de cinismo. Contrastes de una gestión en campaña cuyo relato choca de frente con la realidad, como alguno de sus camiones en cualquier momento. Hay más, pero por hoy suficiente. Les dejo las fotos.

El barril cerca de los 93 dólares por las tensiones en Ormuz mejora las cuentas externas argentinas como nunca antes en nuestra historia. Durante sesenta años el interior vivió pendiente de Chicago. El país acaba de sumar una segunda dependencia, esta vez en el Golfo Pérsico.

Por Javier Pappalardo

El Brent cerró la semana cerca de los 93 dólares, con una suba superior al 4%, empujado por la falta de avances entre Estados Unidos e Irán y por las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz, ese cuello de botella por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. Durante medio siglo, un titular así significaba en la Argentina una sola cosa. Importábamos energía, el barril caro se comía las reservas, el Gobierno de turno salía a manotear el precio del surtidor y la inflación hacía el resto. Esta vez el efecto es exactamente el contrario. Y conviene detenerse en eso un momento antes de festejarlo.
La balanza energética argentina cerró el primer semestre con un superávit de 6.987 millones de dólares, el mayor de toda la serie histórica para ese período y un 87% por encima del mismo tramo de 2025. Las exportaciones de combustibles y energía llegaron a 8.118 millones, con una suba interanual del 52%, y el complejo energético ya explica más del 15% de todo lo que el país vende al mundo, una participación que no se veía desde hace dos décadas. Del otro lado del mostrador, las importaciones de combustibles cayeron 29% y quedaron en el nivel más bajo desde 2007, apenas el 3% de las compras externas, el porcentaje menor desde 1999. Vaca Muerta aporta hoy el 68% del petróleo y el 67% del gas que se produce en la Argentina, y la extracción de crudo crecería 16% este año, con lo que superaría el récord histórico que sigue vigente desde 1998.

Lo que viene está en obra. El oleoducto que une la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro, unos seiscientos kilómetros de caño, arranca en noviembre y suma primero unos 190.000 barriles diarios de capacidad de evacuación, con proyección a 390.000 hacia mediados de 2027. Con esa infraestructura, las exportaciones energéticas podrían pasar los 14.400 millones de dólares este año y los 18.500 millones el próximo, y el superávit del sector treparía por encima de los 12.000 millones. Son dólares genuinos, sin contrapartida de deuda, sin promesa de devolución. Es la mejor noticia estructural que recibe la economía argentina en cuarenta años.
Ahora bien, cambiar de lado en el tablero del petróleo tiene consecuencias que van más allá de la planilla. Un país que exporta energía tiene un interés objetivo en que el mundo no se ordene demasiado rápido. Cada semana de tensión en Ormuz, cada amenaza cruzada entre Washington y Teherán, cada declaración destemplada sobre el control del estrecho, se traduce en unos dólares más por barril embarcado en Punta Colorada. Nadie lo formula así en público y probablemente nadie lo formule nunca. Pero el cálculo existe, se hace, y está en los supuestos de precio de cualquier proyección seria para 2027.
La contracara aparece enseguida. El precio lo fija otro. El mismo conflicto que hoy suma es el que mañana puede restar, y con la misma velocidad. Vale recordar lo que pasó hace apenas seis meses: el 27 de febrero el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares, con una estabilidad que venía de principios de año, y después del primer ataque llegó a superar los 118. Ese tobogán no fue una anomalía. Es el funcionamiento normal de un mercado que responde a decisiones militares tomadas a doce mil kilómetros de acá, por gente que jamás va a preguntar qué le conviene a la Argentina.
Ese mismo tobogán, además, sube por la escalera del surtidor. En marzo, con el barril disparado, el litro de nafta común medido en dólares llegó a 1,43, un 52% por encima de su promedio histórico, y la premium tocó 1,58. Las estaciones de servicio trasladaron cerca del 6% en dos semanas. Lo que contuvo el golpe fue el amortiguador que aplicó la petrolera de bandera, un mecanismo que evita volcar de inmediato cada movimiento del crudo al precio final. Ese amortiguador dura exactamente lo que la empresa decida que dure, y su costo lo absorbe alguien.
Al frente internacional hay que sumarle uno doméstico con fecha puesta. En agosto se aplicó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, unos 10,57 pesos por litro en naftas y 9,51 en gasoil, más el gravamen al dióxido de carbono, con un traslado promedio al surtidor del 0,5%. El grueso de los remanentes acumulados de 2024, 2025 y el primer trimestre de este año quedó postergado para septiembre. El precio del combustible tiene entonces dos citas simultáneas el mes que viene, una en el Golfo Pérsico y otra en el Boletín Oficial.

El interior pampeano conoce este libreto de memoria. Sesenta años aprendiendo que el precio internacional es una bendición cuando sube y una sentencia cuando baja, y que ninguna de las dos cosas se decide en la mesa de un productor de la zona. La novedad de 2026 es que la ecuación se duplicó. Seguimos pendientes de Chicago por lo que vendemos y quedamos pendientes de Ormuz por lo que gastamos en la cosecha, en el flete y en el silo, con la diferencia de que ahora el país también cobra del otro lado. La prosperidad energética es real y hay que defenderla. Pero está calculada sobre un precio que hoy sostiene, en buena medida, una amenaza militar. Si Washington y Teherán se sientan a firmar, el barril baja, y toda la planilla del año próximo se recalcula. Los caños, en cambio, ya están enterrados y se pagan igual. Durante décadas los argentinos mirábamos las noticias del Golfo esperando que el mundo se calmara. Este año, por primera vez, en algunas planillas se hace en silencio la cuenta contraria, la de cuánto vale en dólares de exportación que no se calme. Nadie lo va a decir en voz alta y nadie tiene por qué pedir perdón de que el país por fin tenga con qué. Pero un país que empieza a ganar con las malas noticias del mundo debería saber, por lo menos, que las está esperando.

Por Javier Pappalardo

El jueves pasado el Gobierno pagó más de 4.000 millones de dólares a los bonistas y el mercado apenas parpadeó. Hace un año, un vencimiento de ese tamaño hubiera dominado la semana entera con tapas catástrofe y corridas de ventanilla. Que esta vez haya pasado casi como un trámite dice bastante sobre lo que Luis Caputo vino a mostrar el lunes, cuando presentó en el Palacio de Hacienda su programa financiero hasta el final del mandato.
La lógica del anuncio es sencilla de contar aunque compleja de ejecutar. Entre lo que resta de 2026 y todo 2027 la Argentina enfrenta vencimientos en dólares que, según cómo se los cuente, rondan entre 30.000 y 44.000 millones. El ministro exhibió una planilla donde cada peso de esa montaña tiene nombre y apellido. Para este año las necesidades suman 19.200 millones de dólares y las fuentes identificadas llegan a 22.900, lo que deja un excedente de 3.700 millones que funcionará como colchón para el año electoral. Superávit fiscal para los intereses, emisiones en el mercado local, préstamos garantizados por el Banco Mundial y el BID, compras de dólares al Banco Central, privatizaciones y un préstamo bilateral todavía sin nombre completan el rompecabezas de 2027.
La frase que eligió Caputo para resumirlo fue precisa. Salir a los mercados internacionales, dijo, es una opción y no un objetivo. Traducido del lenguaje financiero, el Gobierno reconoce que a las tasas que todavía le pide Wall Street prefiere arreglarse con lo que tiene a mano. Le ofrecieron colocar 5.000 millones a diez años al 12,5 por ciento y consiguió armar su esquema a la mitad de ese costo. Ahí hay un dato de sensatez que conviene reconocer más allá de las simpatías de cada uno.
La semana dejó además dos movimientos concretos que respaldan el relato. Primero, la renovación de los REPO con diez bancos internacionales por unos 6.000 millones de dólares, que corrió esos vencimientos hasta septiembre de 2028, cómodamente después de las presidenciales. Segundo, un préstamo de 3.200 millones con tres bancos que ingresó esta misma semana y sirvió para afrontar el pago a los bonistas sin tocar las reservas. El riesgo país acompañó y cerró en 415 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018.
El otro frente donde el Gobierno cosechó fue el del Fondo. Por primera vez desde que arrancó el acuerdo, la meta de acumulación de reservas se cumplió sin necesidad de pedir dispensas, y hasta se sobrecumplió el objetivo de junio. Las reservas netas, que en diciembre de 2023 eran negativas en 12.000 millones, hoy son positivas en unos 10.000 según la metodología del organismo. Como frutilla del postre, Kristalina Georgieva confirmó que visitará el país a fin de mes, invitada por el Presidente, mientras el Fondo mantuvo su proyección de crecimiento en 3,5 por ciento para este año y 4 para el próximo. Cuando la jefa del FMI viaja a Buenos Aires en lugar de citar a los ministros en Washington, algo cambió en la relación de fuerzas.
Ahora bien, todo edificio tiene sus vigas bajo tensión y este no es la excepción. La primera duda la señalan los propios analistas de la City. El plan supone que el mercado local absorberá emisiones por 5.000 millones de dólares en pleno año electoral, cuando la historia argentina enseña que en la previa de cada elección los ahorristas prefieren el dólar en la mano antes que un bono del Tesoro. El debut del nuevo Bonar 2029, previsto para este miércoles, será el primer examen de ese apetito. La segunda viga floja está en la recaudación, que cayó 5,3 por ciento en el primer semestre. El superávit fiscal sostiene todo el andamiaje, y sostener superávit con ingresos en baja obliga a un ajuste cada vez más fino sobre un gasto que ya fue podado a fondo. La tercera quedó fuera de la planilla del lunes. La deuda del Banco Central con China por el swap, y el tramo activado que todavía resta cancelar, siguen esperando su propio capítulo.
Para nuestra región el asunto tiene traducción directa. El dólar oficial se movió en junio y comienzos de julio, ronda hoy los 1.500 pesos, y en el campo se reabrió la discusión sobre si el tipo de cambio alcanza para que las cuentas de la próxima campaña cierren. Un programa financiero creíble baja el riesgo país, y un riesgo país en descenso abarata el crédito que tarde o temprano llega, o debería llegar, al productor, al acopio y a la pyme metalúrgica del interior. La contracara es conocida. Si el esquema exige un dólar tranquilo hasta 2027, la competitividad del que exporta granos y carne queda subordinada a la estabilidad que necesita el que paga deuda.
La pregunta de fondo quedó flotando en todos los análisis de la semana y me parece honesto dejarla planteada tal cual. El Gobierno consiguió despejar el calendario de pagos y mostrar los dólares para afrontarlo, algo que ningún ministro pudo exhibir en mucho tiempo. Falta saber si ese blindaje resiste la prueba de un año electoral, con un mercado local al que se le pedirá un esfuerzo inédito y una economía real que todavía espera sentir en el bolsillo lo que las planillas ya festejan. Comprar tiempo también es un plan. Lo que se haga con ese tiempo definirá si fue una solución o apenas una prórroga.

Hay una pregunta que atraviesa el veredicto del caso Malondra como una grieta en una pared recién pintada: ¿dónde está Carlos Mendoza? El hombre que firmó el recibí de tres cheques por cinco millones y medio de pesos en fondos públicos, el que se presentó como dueño o apoderado de SUTEC, el que se sentó en un café de la calle Cabildo a retirar cartulares que terminaron en una financiera vinculada al lavado de activos, nunca fue encontrado. O, para ser más precisos, nunca fue buscado con la intensidad que el caso requería. Y esa diferencia no es un detalle. Es el centro de la cuestión.
La sentencia de la Jueza Esquivel lo consigna con dos palabras que deberían incomodar a cualquier operador judicial: «no habido». Carlos Alberto Mendoza, DNI 17.255.917, no habido. La propia sentencia lo nombra. Lo identifica con nombre, apellido y número de documento. El tribunal sabe quién es. El expediente sabe quién es. Y sin embargo, ese hombre que el Estado pudo individualizar con la precisión de un registro civil nunca se sentó en el banquillo de los acusados. No fue imputado, no fue indagado, no fue traído a juicio. Ni siquiera fue citado como testigo en el debate oral. Como si se tratara de un fantasma, de una sombra sin rastro, de alguien que se esfumó sin dejar huellas. Pero las huellas estaban. Estaban en el expediente desde el primer día.
La propia defensa de Malondra aportó a la causa el nombre completo de Mendoza, su número de documento, su número de teléfono celular, su domicilio particular en el Barrio Pilar partido de Pilar, y su domicilio laboral. Aportó fotografías publicadas en la web donde se lo ve firmando convenios con el municipio de La Rioja en representación de SUTEC. Aportó notas periodísticas que lo identificaban como presidente de la empresa. Aportó correos electrónicos internos de SUTEC donde empleados de la firma lo mencionaban, lo copiaban y actuaban por su indicación, con dirección de correo bajo el dominio de la empresa. Y aportó la orden de pago de la Cooperativa con la firma de Mendoza y su número de documento al pie, como constancia de haber recibido los cheques en mano.
Con todo eso sobre la mesa, la pregunta no es si Mendoza podía ser encontrado. La pregunta es por qué no lo fue. Localizar a una persona con DNI, celular, dos domicilios y presencia pública en internet no es una tarea de inteligencia criminal sofisticada. Es una diligencia básica. Es el primer paso de cualquier investigación patrimonial seria. Y en esta causa, ese paso aparentemente no se dio con la contundencia que las circunstancias exigían.
Pero hay algo todavía más grave. Los tres cheques de la Cooperativa no los cobró Mendoza en una ventanilla. Fueron endosados a nombre de Recaudadora Centenario S.A. y depositados en la sucursal Villa Crespo del Banco de la Nación Argentina. La apertura de cuenta de esa recaudadora está agregada al expediente. La empresa fue posteriormente cerrada por su vinculación con operaciones de lavado de activos. Y sin embargo, del veredicto no surge que la investigación haya reconstruido el tramo final del circuito del dinero. ¿Quién endosó los cheques a Recaudadora Centenario? ¿A nombre de quién? ¿Se peritó la firma del endoso? ¿Se cruzaron los movimientos de la cuenta de Recaudadora con otras operaciones sospechosas? ¿Se pidieron informes a la Unidad de Información Financiera? Ninguna de estas preguntas aparece respondida en la sentencia.
En una causa por defraudación, el recorrido del dinero no es un complemento de la investigación. Es la investigación. Saber quién libró los cheques es solo la mitad de la historia. La otra mitad es saber quién los cobró, adónde fue la plata y quién se quedó con ella. Sin esa reconstrucción, la condena queda sostenida sobre un edificio al que le falta una pared entera. Los indicios contra Malondra son convergentes y la jueza los valoró con rigor, pero la ausencia de Mendoza en el banquillo es un vacío que ningún indicio puede llenar del todo. ¿Actuó Mendoza solo? ¿Actuó en connivencia con Malondra? ¿Actuó con directivos de SUTEC que después lo desconocieron para cubrirse? ¿Fue Mendoza un testaferro de alguien más grande? Nada de eso se pudo determinar porque el principal beneficiario del dinero nunca fue sometido a juicio.
El resultado es una paradoja difícil de digerir: el ex presidente de la Cooperativa fue condenado por entregar los cheques, pero el hombre que los recibió, los endosó o permitió que se endosaran, y los canalizó hacia una cueva financiera que lavaba dinero, está libre, sin condena, sin juicio, sin siquiera una declaración indagatoria en esta causa. Se juzgó al que abrió la puerta pero no al que se llevó la caja.
Nueve de Julio merece saber qué pasó con esos cinco millones y medio. No solamente quién los sacó de la Cooperativa sino adónde fueron, quién se los quedó y por qué la justicia no fue a buscarlo. Porque un fantasma con DNI, teléfono, domicilio y fotos en internet no es un fantasma. Es alguien a quien nadie quiso ir a buscar. Y esa decisión de no buscar también es una forma de respuesta.

Por Javier Pappalardo

Basta caminar una tarde cualquiera por las calles céntricas de Nueve de Julio para advertir lo que los grandes números de la macroeconomía todavía no terminan de contar. Los comercios están vacíos. Las vidrieras se renuevan, los carteles de ofertas y cuotas se multiplican, pero la gente no entra. Los propios comerciantes lo dicen sin rodeos: se vende menos, se cobra peor, y cada mes cuesta más sostener la persiana levantada. Lo que se percibe en las veredas de nuestra ciudad no es una sensación: es el reflejo fiel de una economía que crece en los papeles y duele en los bolsillos.
Esta semana se conocieron los datos del Producto Bruto Interno del primer trimestre de 2026. La economía creció un 2,3% interanual y un 0,7% respecto al trimestre anterior, por encima de lo que esperaban los analistas. El ministro Caputo celebró en redes sociales. El Presidente felicitó a su equipo. Los titulares hablaron de un rebote que superó las previsiones. Pero cuando uno mira qué sectores empujaron ese crecimiento, la película cambia: el agro, la pesca, la minería y la intermediación financiera hicieron el trabajo pesado. La industria manufacturera, en cambio, cayó un 1,7%. El comercio minorista retrocedió un 0,3%. Los motores que mueven la economía cotidiana de la gente —la fábrica que contrata, el negocio que vende, el taller que repara— siguen funcionando a media máquina.

Y acá aparece el dato más inquietante de la semana: la morosidad bancaria de las familias argentinas alcanzó el 12,1% en abril, según reportes del Banco Central. Es el nivel más alto en veinte años. Un año atrás, ese indicador estaba en 3,7%. Se triplicó en doce meses. Casi una de cada cuatro personas endeudadas tiene problemas para cancelar su crédito. Entre los jóvenes menores de 25 años, la irregularidad ronda el 40%. Las familias se endeudaron durante 2025 para sostener el consumo, tomaron un aguinaldo prestado, y ahora no pueden pagar. Las tasas de los préstamos personales siguen altísimas en términos reales, y la baja de la tasa de política monetaria no se trasladó al crédito al consumo. Eso explica, en buena medida, por qué las calles comerciales de ciudades como la nuestra lucen más despejadas de lo que cualquier optimista quisiera admitir.
El empleo completó el cuadro. El INDEC publicó esta semana que la desocupación fue de 7,8% en el primer trimestre. A primera vista parece estable, apenas una décima menos que hace un año. Pero la estabilidad es engañosa. La informalidad laboral trepó al 44,2%, el registro más alto desde que se mide este indicador. En un año, el empleo formal perdió más de 32 mil puestos registrados mientras el sector informal absorbió más de 400 mil trabajadores. Dicho de otro modo: la gente no está desocupada porque se refugia en la changa, en el cuentapropismo de subsistencia, en el trabajo sin aportes ni cobertura social. El desempleo juvenil ronda el 15%. Desde que asumió Milei, según datos del CEPA, se destruyeron 515 mil puestos formales y cerraron más de 26 mil empresas. Para el que camina por Nueve de Julio y ve locales con menos movimiento que un feriado largo, estos números no son abstractos: son la explicación de lo que percibe con sus propios ojos.
La inflación, hay que decirlo, sigue bajando. Mayo cerró en 2,1% mensual y las consultoras proyectan que en junio perfore el 2%, acercándose al 1,9%. Es un logro que no puede negarse. Sin embargo, la inflación acumulada del año ya llega al 14,7%, y la interanual se ubica en el 33%. El FMI proyecta un 25% para todo 2026, pero para alcanzar esa meta la inflación mensual debería promediar menos de 1,3% de acá a diciembre. Difícil, aunque no imposible. El dólar oficial cerró la semana en $1.495 en el Banco Nación, el blue en $1.520 y el CCL en $1.552. Los analistas del Relevamiento de Expectativas del Mercado proyectan un tipo de cambio de $1.658 para fin de año, una suba del 14% que quedaría por debajo de la inflación. Atraso cambiario que ya conocemos, con las consecuencias que ya conocemos.

En el frente financiero internacional, la semana trajo un baldazo de agua fría. MSCI, el índice que determina cómo clasifican los inversores globales a cada mercado, mantuvo a la Argentina como mercado aislado, la categoría más baja. No abrió siquiera una consulta para evaluar una reclasificación. Los analistas estiman que la ventana más optimista para un ascenso recién aparece hacia 2028. El cepo corporativo sigue siendo la barrera principal. Es paradójico: el Gobierno celebra haber recibido del FMI un desembolso de mil millones de dólares tras aprobar la segunda revisión del acuerdo, pero Argentina sigue siendo el mayor deudor del Fondo con 57 mil millones, el 35% de toda su cartera. El programa acumula ya 15.800 millones desembolsados de un total de 20 mil millones.
Mientras tanto, en la vereda de la calle Mitre, un comerciante de Nueve de Julio mira la calle semivacía y se pregunta lo mismo que se preguntan millones de argentinos: ¿cuándo llega el derrame? Porque el PBI crece, la inflación baja, las reservas se acumulan, pero los clientes no aparecen. Y al final del día, la verdad de la economía no está en los gráficos de un PowerPoint en Washington ni en un tuit del Presidente. Está en la caja registrado

El próximo 24 de junio se conocerá el veredicto en la causa que investiga el presunto desvío de fondos del plan de alumbrado público de Nueve de Julio. Tres exdirigentes de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno aguardan su suerte. Conviene, antes de los flashes del fallo, una pregunta que el entusiasmo condenatorio tiende a tapar: aun en la hipótesis de una condena, ¿qué recuperan los usuarios? La respuesta, fatigosa, es ninguna cosa. Un fallo penal satisface una narrativa, pero no devuelve un solo peso a los asociados, que son los verdaderos dueños de la entidad.
Y mientras toda la energía institucional se concentra en juzgar a la conducción anterior, ¿qué ocurre con la actual? La presidencia se ejerce de manera ininterrumpida desde el 30 de abril de 2018. No es una gestión reciente con pasivos heredados: son dos mil setecientos setenta y cinco días.
Acá no hay conjetura. Hay expedientes con carátula, número y fecha, asentados en la Mesa de Entradas del Poder Judicial y consultables por cualquiera. La CEyS enfrenta y enfrentó más de una decena de causas judiciales iniciadas entre 2018 y 2026, varias por sumas millonarias. La enorme mayoría son laborales: despidos, diferencias salariales, sueldos adeudados y hasta un accidente de trabajo. Y una que merece subrayarse: una ejecución promovida por CAMMESA, el administrador del mercado eléctrico mayorista. Una cooperativa eléctrica ejecutada por la propia energía que distribuye. El dato habla solo.
Seamos honestos, porque este medio no acusa, informa. Un juicio laboral, por sí solo, no prueba una administración irregular. Pero la acumulación dibuja un cuadro que ninguna conducción puede mostrar como signo de buena salud. Y hay un detalle que enciende todas las alarmas: dos trabajadores distintos debieron demandar a la entidad en dos oportunidades cada uno. Cuando alguien tiene que golpear dos veces la puerta de un tribunal para cobrar lo suyo, algo adentro está fallando.
Conviene entonces nombrar las cosas. El verdadero caballo de Troya no está afuera, en el escándalo que ocupa los titulares, está adentro. Son estas causas alojadas en el propio vientre de la cooperativa, un daño que la entidad se inflige a sí misma y que erosiona sus cuentas por goteo. A diferencia de la causa penal, que tiene fecha y foco mediático, este desangre no figura en ninguna primera plana ni se resuelve en una audiencia. Y, sin embargo, es el que de verdad compromete el patrimonio de los asociados. Sentencia tras sentencia. Costas tras costas.
De estos hechos —y no de una intención que no corresponde adjudicar— surge la pregunta del título: ¿Dónde está hoy el mayor perjuicio? ¿En una maniobra de la gestión anterior, que la Justicia resolverá el 24 de junio, o en el presente de una cooperativa que, tras más de una década bajo la misma conducción, acumula más de una decena de frentes judiciales abiertos? La pregunta es legítima y los asociados merecen que alguien la formule.
Nada de esto relativiza la causa penal. Si hubo desvío de fondos, debe esclarecerse y sancionarse. La presunción de inocencia rige hasta el veredicto, y rige para todos: para los tres del banquillo y para quienes administran hoy. El control republicano no se agota en un juicio. Alcanza, con el mismo rigor, al presente. Porque el mayor riesgo de nuestro tiempo no es que alguien mienta, sino que el relato termine sustituyendo al dato. Este editorial no afirma culpables ni absuelve a nadie, señala hechos verificables y formula una pregunta legítima. Volver al dato cuando todo empuja al relato es la primera obligación del control republicano. La transparencia, después de todo, empieza por ahí.

                 El Lobo

Por Javier Pappalardo

Hay un dilema que nos vendieron como si fuera la única opción sobre la mesa. De un lado, el mercado libre y salvaje, el Estado reducido a un sereno que mira pasar la economía sin meter las manos. Del otro, el Estado que lo abarca todo, que produce, que emplea, que fija precios y que termina ahogando lo mismo que pretende proteger. Anarquía o estatismo. Elija usted.
Es una celada. Y como toda celada, funciona porque parece sentido común.
Porque existe un tercer camino, y no es una utopía de café. Tiene nombre técnico —economía mixta, economía social de mercado— y, sobre todo, tiene resultados. La idea de fondo es de una sencillez desarmante: el capitalismo es la mejor máquina que conoció la humanidad para producir riqueza, y es una de las peores para repartirla. Entonces no se elige entre uno y otro. Se usan los dos. Que el mercado haga lo que sabe hacer: crear, competir, invertir, generar el excedente. Y que el Estado, a través del sistema fiscal, haga lo que el mercado nunca va a hacer solo que es garantizar que ese excedente llegue a la educación, a la salud, a la infraestructura y a un piso de dignidad para todos. Producir con la cabeza de la derecha. Repartir con el corazón de la izquierda.
¿Suena a fantasía? Miremos a quienes ya lo hacen. Los países nórdicos —Dinamarca, Suecia, Noruega— tienen algunas de las economías más abiertas, competitivas y pro-mercado del planeta. Sectores privados pujantes, empresas globales, libertad económica de manual. Y al mismo tiempo cargan con la presión tributaria más alta del mundo y los estados de bienestar más generosos que existen. Conviven las dos cosas. Rompen, de un plumazo, el dogma de que más impuestos matan al crecimiento.
Pero acá viene el dato que casi nadie cuenta, y que es el corazón del asunto. Los nórdicos no financian semejante Estado clavándole la mano a los ricos ni persiguiendo al capital. Lo financian con un IVA altísimo y con fuertes impuestos al trabajo. Recaudan parejo, de toda la sociedad. Lo progresista no está en cómo cobran, está en cómo gastan. Cobran amplio y reparten fino. Esa es la distinción que se nos escapa cada vez que discutimos a los gritos. El truco no fue inventar un impuesto a la riqueza confiscatorio. Fue construir un Estado que la gente está dispuesta a financiar porque le devuelve servicios que valen lo que paga.
Ahora bien, no nos engañemos: la tesis tiene una tensión interna que hay que mirar de frente. Las dos mitades se necesitan y, mal calibradas, se matan entre sí. El sistema fiscal redistributivo depende de que la estructura capitalista produzca el excedente que va a redistribuir. Si el fisco aprieta hasta asfixiar, no hay huevos que repartir porque la gallina ya está muerta. La pregunta correcta, entonces, nunca fue cuánto Estado. Fue qué clase de Estado y qué clase de fisco. Porque un impuesto al cheque distorsivo no es lo mismo que un IVA parejo, y un subsidio clientelar no es lo mismo que una escuela que forma trabajadores más productivos. Y acá la conversación aterriza, inevitablemente, en la Argentina de hoy.
El gobierno actual eligió la primera receta sin matices: achicar el fisco al hueso. Y consiguió algo que no es menor y sería deshonesto negar. Ordenó las cuentas. Cerró 2025 con superávit primario y eliminó, de hecho, el peor impuesto de todos, el más regresivo, el que le pega más fuerte al que menos tiene: la inflación. Eso es un logro, y un columnista serio lo reconoce.
El problema es lo que viene después del aplauso. Porque ese equilibrio se construyó casi exclusivamente con la tijera sobre el gasto —un ajuste de cinco puntos del producto— y no con un sistema tributario mejor. La recaudación, mientras tanto, cae. Y se cae sobre la educación, sobre la obra pública, sobre lo que un país necesita para ser más capitalista, no menos. Se confunde adelgazar al Estado con vaciarlo de futuro.
Hay un número que ordena todo el debate y que casi nunca se dice. La presión tributaria argentina ronda el 27% del producto. El promedio de los países ricos de la OCDE está por encima del 34%. O sea: medido contra el mundo desarrollado, la Argentina ni siquiera está sobre-cargada de impuestos. Está mal cargada. El problema nunca fue el tamaño de la mochila, sino cómo está armada: un laberinto de retenciones, percepciones, alícuotas y ventanillas que vuelve carísimo cumplir y rentabilísimo evadir. No pagamos demasiado. Pagamos pésimo.
Por eso la salida no es la que grita la grieta. No es más Estado, como pretende el que defiende cada subsidio indefendible. Tampoco es menos Estado, como predica el que cree que la sociedad se ordena sola. Es otro Estado y otro fisco. Uno que cobre de manera simple, amplia y previsible, sin perseguir al que produce. Y que gaste con inteligencia en aquello que hace al propio capitalismo más fuerte: gente sana, educada, conectada y con un piso de derechos que sostenga la paz social sobre la que se hacen los negocios.
Redistribuir bien no es anticapitalista. Es, en realidad, lo único que vuelve sostenible al capitalismo. Le da trabajadores, le da consumidores, le da legitimidad. Le da, sobre todo, un país donde valga la pena invertir a treinta años.
Los que mejor viven en el mundo ya resolvieron este falso dilema hace medio siglo. No eligieron entre el mercado y el Estado. Los pusieron a trabajar juntos. Quizás sea hora de dejar de discutir cuál de las dos mitades tenemos que amputar, y empezar a discutir cómo hacemos que, por fin, las dos remen para el mismo lado. Ese, y no otro, es el camino.

Por Redacción Extra Digital

Nueve de Julio asiste estos días a un debate sano, de esos que conviene tener. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza de «Ficha Limpia» y, mientras el Departamento Ejecutivo define su promulgación, la discusión se trasladó a la calle, a las radios y a los escritorios. Bienvenida sea. Pero para que el debate sirva hay que discutir lo que de verdad está en juego, y no una versión que se le parece.
Se ha planteado en estos días que una norma así heriría un principio sagrado: nadie es culpable hasta que una sentencia firme lo declare. Y es cierto, faltaba más. La presunción de inocencia es una conquista civilizatoria que no está, ni debe estar, en discusión. Ningún vecino con causa pendiente deja por eso de ser inocente ante la ley, y ningún proyecto serio propone tratarlo como culpable. Hasta acá, acuerdo total.
El problema es que la presunción de inocencia responde a otra pregunta. Protege a la persona frente al castigo del Estado: impide que la encarcelen, la multen o le anoten una condena antes de que el proceso termine. No garantiza —nunca lo hizo— el acceso a un cargo público. Ser candidato no es una pena que se evita siendo inocente, es una función que se habilita reuniendo requisitos. Y entre esos requisitos, nuestra Constitución coloca uno desde 1853: la idoneidad (artículo 16). Pedir idoneidad no es castigar. Es elegir bien a quien nos va a representar.
La distinción no es un tecnicismo. Un médico con condena confirmada por mala praxis puede ver suspendida su matrícula sin que nadie grite que se violó su inocencia. Un escribano con condena ratificada por falsificar instrumentos públicos puede perder la fe pública que el Estado le confió. Un docente que miente en la declaración jurada con la que accede a un cargo —ocultando una incompatibilidad o un impedimento— puede ser separado de su puesto, y a nadie se le ocurre invocar su inocencia para sostenerlo frente al aula. No se lo castiga dos veces: se constata que, mientras eso pese sobre ellos, no reúnen las condiciones para ejercer una función de confianza. Y la representación política es, antes que nada, una función de confianza.
Vale detenerse en ese último caso, porque desnuda algo que solemos pasar por alto. El sistema entero de la función pública se sostiene sobre declaraciones juradas, sobre la palabra firmada de que uno reúne las condiciones para ocupar el cargo al que aspira. Ficha Limpia no inventa una persecución ni una pena nueva. Apenas pone por escrito una de esas condiciones y le pide al aspirante que pueda declararla con verdad.
Conviene además precisar de quién hablamos. La ordenanza no alcanza a un simple imputado ni a un sospechoso, alcanza a quien ya fue condenado y esa condena fue confirmada en segunda instancia. Seamos rigurosos hasta el final: una condena recorre por completo el tamiz de las garantías recién cuando, además de ese doble conforme, supera el control de la Suprema Corte provincial y, llegado el caso, de la Corte Suprema de la Nación. Antes de eso no hay cosa juzgada, y nadie pretende lo contrario. Pero ahí está la clave que suele saltearse: esa firmeza plena es la que exige el castigo penal —la pena, la cárcel, el antecedente que marca a una persona para siempre—, no la mera inhabilitación para postularse. Privar de libertad reclama certeza absoluta. Decir que, mientras una condena por corrupción sostenida por dos tribunales siga en pie, alguien no reúne el requisito de idoneidad para representarnos, no le quita nada irreversible. Si mañana la Corte provincial o la Corte nacional revocan, esa persona recupera en el acto su aptitud para competir. «No firme» no significa «no probado», y entre esa situación y la del vecino del que nada se ha demostrado hay un abismo.
Y digámoslo sin eufemismos, porque hace a la honestidad del debate: ni siquiera la prisión preventiva —la medida más severa del proceso, que priva de la libertad antes de toda condena— es sinónimo de culpabilidad. Lo sabe quien transita los tribunales. Hay personas que padecieron meses, y hasta años, de encierro preventivo y que en el debate oral y público terminaron absueltas. Esa, paradójicamente, es la mejor prueba de lo que venimos sosteniendo. Nuestro sistema admite restricciones cautelares y reversibles incluso sobre la libertad, el más caro de los bienes, sin declarar culpable a nadie, porque no son penas. Si tolera lo más —limitar la libertad de quien todavía es inocente por razones procesales, y restituírsela entera el día que lo absuelven—, con cuánta más razón admite lo menos: pedirle a quien arrastra una condena por corrupción confirmada por dos tribunales que aguarde su turno para competir, y devolverle la aptitud apenas esa condena caiga.
Se dice también que ya existen controles suficientes —la Junta Electoral, las tachas, la revisión de los títulos de los electos— y que la ordenanza sobra. Pero esos controles verifican los requisitos que hoy están escritos. Si entre esos requisitos no figura la inhabilidad por una condena de corrupción todavía no firme, entonces precisamente no cubren el caso que la ordenanza quiere cubrir. Invocar los controles existentes para una hipótesis que esos controles no contemplan es discutir en círculos.
Hay, sí, una objeción seria, y es de buena fe nombrarla: la de la competencia. ¿Puede un municipio agregar inhabilidades que la Ley Orgánica de las Municipalidades no previó? Esa es una pregunta jurídica de verdad, que merece un debate de verdad, y que un eventual amparo pondrá sobre la mesa. Ahí está el terreno noble de la discusión. No en la inocencia, que en este caso es un argumento prestado de otra góndola del derecho.
Vale una aclaración final, porque suele citarse como prueba en contra. El proyecto nacional de Ficha Limpia no naufragó por inconstitucional: naufragó por un voto. Le faltó uno para alcanzar la mayoría especial que la Constitución exige a las reformas electorales. Ningún tribunal lo declaró inválido. Simplemente no se reunió el número. Confundir «no se aprobó» con «es inconstitucional» es un error que conviene no repetir. Mientras tanto, nueve provincias ya aplican herramientas de este tipo y un municipio bonaerense, General Arenales, se convirtió hace pocas semanas en el primero de los 135 en hacerlo.
Discutir todo esto es exactamente lo que corresponde, porque de lo contrario la comunidad se queda con una sola campana. Pero discutamos la pregunta correcta. La inocencia de los vecinos no está en juego en esta ordenanza. Lo que está en juego es qué le pedimos a quienes aspiran a decidir por todos. Y pedir que no carguen con una condena confirmada por dos tribunales no es perseguir a nadie: es cuidar la confianza, que al final del día es lo único que sostiene a las instituciones

La Municipalidad de Nueve de Julio emitió, a raíz de la renuncia del Director de Gestión Ambiental Marcelo Unsain —quien duró poco más de una semana en el cargo—, un comunicado oficial que merece ser leído con atención. No por lo que dice sino por lo que revela. El texto municipal habla de «permanente campaña de hostigamiento, agravios y cuestionamientos impulsados por sectores que eligieron centrar su accionar en ataques personales antes que en el debate serio de las políticas públicas«. Traduzca el lector: la prensa hizo su trabajo. La ciudadanía se informó. El municipio llama a eso hostigamiento.

La trampa del argumento

En otra parte del comunicado, se dice que «pretender imponer una condena social perpetua, aun después de haber cumplido con la resolución judicial, constituye una práctica antidemocrática, discriminatoria y contraria a los valores de una sociedad que cree en la reinserción y en las segundas oportunidades».
Nadie discutió el derecho de Unsain a reinsertarse socialmente. Ese derecho existe y nadie lo negó. Lo que se discutió —lo que el municipio deliberadamente confunde— es la decisión de designarlo en un cargo de función pública con alta exposición institucional, en el mismo período en que el debate legislativo sobre Ficha Limpia volvía a primera plana en toda la provincia. La reinserción laboral de un particular es una cosa. El acceso a la función pública con antecedentes de condena por abuso de autoridad, falsificación de documento público y lesiones graves en ejercicio del cargo policial es, jurídicamente, otra muy distinta. El municipio los trata como si fueran lo mismo. No lo son.

La omisión que lo dice todo

Pero hay algo más grave que el error de designación. Algo que el comunicado oficial pasa por alto con una comodidad que debería incomodar a cualquiera: cuando la Intendente nombró a Unsain, el comunicado oficial de la municipalidad describió su trayectoria con detalle —técnico en seguridad e higiene, experiencia en gestión operativa, logística pesada, procesos industriales— y no dijo una sola palabra sobre la condena civil y penal firme. Ni una. Si la gestión realmente cree en las segundas oportunidades y en la reinserción, si considera que el pasado de Unsain no era un impedimento legítimo para el cargo, entonces la respuesta correcta era exactamente la contraria: blanquearlo desde el primer día. Presentar a Unsain, explicar su historia, hacerse cargo públicamente de la decisión y defenderla con argumentos. Bancarlo. Eso se llama hacerse cargo.
No lo hicieron. Eligieron el silencio. Y ese silencio no fue inocente: fue el silencio de quien sabe que la información, de haber salido por boca propia, hubiera generado exactamente el debate que después salió por boca ajena. La diferencia es que, si lo hubieran blanqueado ellos, al menos ese debate hubiera sido limpio. Al ocultarlo, lo que queda no es una gestión que apuesta por la reinserción. Es una gestión que apostó a que nadie mirara.

La cobertura que se evaporó

El comunicado dice que Unsain contaba con «la formación, la experiencia y el compromiso necesario para cumplir las responsabilidades que le fueron encomendadas«. Si eso es así, la pregunta obvia es: ¿por qué renunció en poco más de una semana? ¿Acaso la formación y el compromiso se evaporan ante el primer escrutinio público? Lo que se evaporó, en realidad, fue la cobertura política. Y eso no es responsabilidad de quienes informaron. Es responsabilidad de quienes designaron sin avisar y sin bancarse las consecuencias.
La gestión municipal no nombra al responsable del error —porque eso implicaría admitir que hubo error— y en cambio corrió el foco hacia afuera. Es una operación clásica: cuando el diagnóstico interno incomoda, se construye un enemigo externo. Pero el enemigo externo, en este caso, fue simplemente el registro público de una causa judicial firme. Los hechos no son hostigamiento. Son hechos.
Lo que queda después de este episodio no es solo la imagen de un funcionario que duró poco más de una semana. Lo que queda es la confirmación de que en el municipio de Nueve de Julio se nombra primero y se piensa después. Cuando se piensa. Y cuando la falla queda expuesta, la respuesta institucional no es la autocrítica sino la victimización. Una gestión que se presenta como moderna y orientada a derechos debería saber que transparencia y rendición de cuentas no son hostigamiento. Son la condición básica de la democracia republicana. Si eso incomoda, el problema no está afuera.

Por Javier Pappalardo

La semana económica fue, para el Gobierno, una de las mejores en mucho tiempo. El jueves, el INDEC informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, medio punto por debajo de abril y segundo mes consecutivo de desaceleración. El Presidente lo celebró en redes con un grito de cancha dedicado a su ministro de Economía. Casi en simultáneo, la calificadora S&P subió la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-, con perspectiva estable, citando el superávit fiscal sostenido y la mejora de las reservas. Y el Banco Central, que se había propuesto comprar diez mil millones de dólares en todo 2026, ya superó la meta antes de mitad de año: lleva acumulados más de 10.400 millones. Dólar quieto dentro de la banda, expectativas ancladas en torno al 20% anual para los próximos doce meses, riesgo país comprimiendo. La foto macro, hay que decirlo sin mezquindad, es la mejor en años.
Ahora pasemos de la foto a la mesa. La misma semana en que se festejó el 2,1%, el INDEC actualizó las canastas básicas: una familia tipo necesitó en mayo $1.498.741 para no ser pobre. Un millón y medio de pesos, redondeando apenas. Y dentro del índice general, los alimentos y bebidas subieron 2,5%, por encima del promedio: el rubro que más pesa en el changuito fue el que más subió. La desinflación existe, pero no se reparte pareja: llega antes a las planillas de los analistas que a la góndola de la esquina.
Y acá viene el dato menos comentado de la semana, el que merece esta columna. El índice de precios con el que la Argentina se mide la fiebre —el IPC— se calcula sobre una canasta de consumo relevada hace más de dos décadas. Dos décadas. Una canasta diseñada cuando no existían los celulares inteligentes ni las plataformas de streaming, cuando las tarifas pesaban distinto en el presupuesto familiar, cuando la estructura del gasto de un hogar argentino era otra. El INDEC tiene lista, desde hace tiempo, la actualización metodológica con una canasta moderna. El Gobierno posterga su implementación.
¿Importa? Importa, y mucho. Según estimaciones técnicas publicadas esta semana, que recalculan la evolución de los precios con la canasta actualizada, la brecha con el índice oficial en los primeros cinco meses del año se acercaría a un punto porcentual completo. Son ejercicios privados, con las limitaciones de todo ejercicio privado, y merecen el beneficio de la duda en ambas direcciones; pero la dirección de la diferencia es consistente y la pregunta que abren no depende del decimal exacto. Porque esa vara —la oficial, la que hoy mide corto o largo según la canasta que se use— es la misma con la que se ajustan jubilaciones, se negocian paritarias, se mide la pobreza y se evalúa el propio programa económico. Cuando el metro mide corto, todo lo que se mide con él queda más lindo de lo que es.
La pregunta embarazosa, entonces, no es si la desinflación es real —lo es—, sino otra: si el Gobierno confía en su propio resultado, ¿por qué no estrena el termómetro nuevo? Un programa económico seguro de su desinflación debería ser el primer interesado en medirla con el instrumento más preciso disponible, aunque el número dé un poco más alto, precisamente para que nadie pueda discutirlo. Postergar la canasta actualizada no es un descuido técnico: es una decisión. Y las decisiones sobre cómo se mide la realidad dicen tanto como la realidad misma. El lector de este semanario reconocerá el patrón, porque venimos hablando de él: la verdad administrada, entregada en cuotas, siempre en la versión que menos incomoda.
Nada de esto borra lo que está bien. La mejora de la calificación no es un trofeo simbólico: acerca el día en que el país y sus empresas se financien más barato, y ese crédito, con tiempo, llega a la obra, al campo, al comercio. Las reservas compradas son un colchón que la Argentina no tenía. Y una inflación viajando al 2% mensual, viniendo de donde veníamos, cambia la vida cotidiana de cualquiera que recuerde lo que era remarcar precios dos veces por semana. El problema no es que el Gobierno festeje: es que festeje con el metro corto y guarde el largo en el cajón.
Desde esta ciudad, la cuenta es más simple que cualquier metodología. El changuito de la semana en el supermercado de la avenida, la verdulería donde el tomate hizo su propia carrera, la boleta de la prepaga, el alquiler. Ningún vecino de Nueve de Julio necesita que el INDEC le confirme cuánto subieron las cosas: lo sabe con una precisión que ninguna canasta, vieja o nueva, le va a discutir. La macro se festeja en Washington y en las planillas de las calificadoras; la micro se paga en la caja, todos los días, y entre una y otra sigue colgado ese termómetro viejo que nadie debería seguir usando, porque cambiarlo no haría subir la fiebre, apenas le devolvería al país la costumbre, algo oxidada, de medirse con la verdad.