El barril cerca de los 93 dólares por las tensiones en Ormuz mejora las cuentas externas argentinas como nunca antes en nuestra historia. Durante sesenta años el interior vivió pendiente de Chicago. El país acaba de sumar una segunda dependencia, esta vez en el Golfo Pérsico.

Por Javier Pappalardo

El Brent cerró la semana cerca de los 93 dólares, con una suba superior al 4%, empujado por la falta de avances entre Estados Unidos e Irán y por las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz, ese cuello de botella por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. Durante medio siglo, un titular así significaba en la Argentina una sola cosa. Importábamos energía, el barril caro se comía las reservas, el Gobierno de turno salía a manotear el precio del surtidor y la inflación hacía el resto. Esta vez el efecto es exactamente el contrario. Y conviene detenerse en eso un momento antes de festejarlo.
La balanza energética argentina cerró el primer semestre con un superávit de 6.987 millones de dólares, el mayor de toda la serie histórica para ese período y un 87% por encima del mismo tramo de 2025. Las exportaciones de combustibles y energía llegaron a 8.118 millones, con una suba interanual del 52%, y el complejo energético ya explica más del 15% de todo lo que el país vende al mundo, una participación que no se veía desde hace dos décadas. Del otro lado del mostrador, las importaciones de combustibles cayeron 29% y quedaron en el nivel más bajo desde 2007, apenas el 3% de las compras externas, el porcentaje menor desde 1999. Vaca Muerta aporta hoy el 68% del petróleo y el 67% del gas que se produce en la Argentina, y la extracción de crudo crecería 16% este año, con lo que superaría el récord histórico que sigue vigente desde 1998.

Lo que viene está en obra. El oleoducto que une la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro, unos seiscientos kilómetros de caño, arranca en noviembre y suma primero unos 190.000 barriles diarios de capacidad de evacuación, con proyección a 390.000 hacia mediados de 2027. Con esa infraestructura, las exportaciones energéticas podrían pasar los 14.400 millones de dólares este año y los 18.500 millones el próximo, y el superávit del sector treparía por encima de los 12.000 millones. Son dólares genuinos, sin contrapartida de deuda, sin promesa de devolución. Es la mejor noticia estructural que recibe la economía argentina en cuarenta años.
Ahora bien, cambiar de lado en el tablero del petróleo tiene consecuencias que van más allá de la planilla. Un país que exporta energía tiene un interés objetivo en que el mundo no se ordene demasiado rápido. Cada semana de tensión en Ormuz, cada amenaza cruzada entre Washington y Teherán, cada declaración destemplada sobre el control del estrecho, se traduce en unos dólares más por barril embarcado en Punta Colorada. Nadie lo formula así en público y probablemente nadie lo formule nunca. Pero el cálculo existe, se hace, y está en los supuestos de precio de cualquier proyección seria para 2027.
La contracara aparece enseguida. El precio lo fija otro. El mismo conflicto que hoy suma es el que mañana puede restar, y con la misma velocidad. Vale recordar lo que pasó hace apenas seis meses: el 27 de febrero el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares, con una estabilidad que venía de principios de año, y después del primer ataque llegó a superar los 118. Ese tobogán no fue una anomalía. Es el funcionamiento normal de un mercado que responde a decisiones militares tomadas a doce mil kilómetros de acá, por gente que jamás va a preguntar qué le conviene a la Argentina.
Ese mismo tobogán, además, sube por la escalera del surtidor. En marzo, con el barril disparado, el litro de nafta común medido en dólares llegó a 1,43, un 52% por encima de su promedio histórico, y la premium tocó 1,58. Las estaciones de servicio trasladaron cerca del 6% en dos semanas. Lo que contuvo el golpe fue el amortiguador que aplicó la petrolera de bandera, un mecanismo que evita volcar de inmediato cada movimiento del crudo al precio final. Ese amortiguador dura exactamente lo que la empresa decida que dure, y su costo lo absorbe alguien.
Al frente internacional hay que sumarle uno doméstico con fecha puesta. En agosto se aplicó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, unos 10,57 pesos por litro en naftas y 9,51 en gasoil, más el gravamen al dióxido de carbono, con un traslado promedio al surtidor del 0,5%. El grueso de los remanentes acumulados de 2024, 2025 y el primer trimestre de este año quedó postergado para septiembre. El precio del combustible tiene entonces dos citas simultáneas el mes que viene, una en el Golfo Pérsico y otra en el Boletín Oficial.

El interior pampeano conoce este libreto de memoria. Sesenta años aprendiendo que el precio internacional es una bendición cuando sube y una sentencia cuando baja, y que ninguna de las dos cosas se decide en la mesa de un productor de la zona. La novedad de 2026 es que la ecuación se duplicó. Seguimos pendientes de Chicago por lo que vendemos y quedamos pendientes de Ormuz por lo que gastamos en la cosecha, en el flete y en el silo, con la diferencia de que ahora el país también cobra del otro lado. La prosperidad energética es real y hay que defenderla. Pero está calculada sobre un precio que hoy sostiene, en buena medida, una amenaza militar. Si Washington y Teherán se sientan a firmar, el barril baja, y toda la planilla del año próximo se recalcula. Los caños, en cambio, ya están enterrados y se pagan igual. Durante décadas los argentinos mirábamos las noticias del Golfo esperando que el mundo se calmara. Este año, por primera vez, en algunas planillas se hace en silencio la cuenta contraria, la de cuánto vale en dólares de exportación que no se calme. Nadie lo va a decir en voz alta y nadie tiene por qué pedir perdón de que el país por fin tenga con qué. Pero un país que empieza a ganar con las malas noticias del mundo debería saber, por lo menos, que las está esperando.

Por Javier Pappalardo

El jueves pasado el Gobierno pagó más de 4.000 millones de dólares a los bonistas y el mercado apenas parpadeó. Hace un año, un vencimiento de ese tamaño hubiera dominado la semana entera con tapas catástrofe y corridas de ventanilla. Que esta vez haya pasado casi como un trámite dice bastante sobre lo que Luis Caputo vino a mostrar el lunes, cuando presentó en el Palacio de Hacienda su programa financiero hasta el final del mandato.
La lógica del anuncio es sencilla de contar aunque compleja de ejecutar. Entre lo que resta de 2026 y todo 2027 la Argentina enfrenta vencimientos en dólares que, según cómo se los cuente, rondan entre 30.000 y 44.000 millones. El ministro exhibió una planilla donde cada peso de esa montaña tiene nombre y apellido. Para este año las necesidades suman 19.200 millones de dólares y las fuentes identificadas llegan a 22.900, lo que deja un excedente de 3.700 millones que funcionará como colchón para el año electoral. Superávit fiscal para los intereses, emisiones en el mercado local, préstamos garantizados por el Banco Mundial y el BID, compras de dólares al Banco Central, privatizaciones y un préstamo bilateral todavía sin nombre completan el rompecabezas de 2027.
La frase que eligió Caputo para resumirlo fue precisa. Salir a los mercados internacionales, dijo, es una opción y no un objetivo. Traducido del lenguaje financiero, el Gobierno reconoce que a las tasas que todavía le pide Wall Street prefiere arreglarse con lo que tiene a mano. Le ofrecieron colocar 5.000 millones a diez años al 12,5 por ciento y consiguió armar su esquema a la mitad de ese costo. Ahí hay un dato de sensatez que conviene reconocer más allá de las simpatías de cada uno.
La semana dejó además dos movimientos concretos que respaldan el relato. Primero, la renovación de los REPO con diez bancos internacionales por unos 6.000 millones de dólares, que corrió esos vencimientos hasta septiembre de 2028, cómodamente después de las presidenciales. Segundo, un préstamo de 3.200 millones con tres bancos que ingresó esta misma semana y sirvió para afrontar el pago a los bonistas sin tocar las reservas. El riesgo país acompañó y cerró en 415 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018.
El otro frente donde el Gobierno cosechó fue el del Fondo. Por primera vez desde que arrancó el acuerdo, la meta de acumulación de reservas se cumplió sin necesidad de pedir dispensas, y hasta se sobrecumplió el objetivo de junio. Las reservas netas, que en diciembre de 2023 eran negativas en 12.000 millones, hoy son positivas en unos 10.000 según la metodología del organismo. Como frutilla del postre, Kristalina Georgieva confirmó que visitará el país a fin de mes, invitada por el Presidente, mientras el Fondo mantuvo su proyección de crecimiento en 3,5 por ciento para este año y 4 para el próximo. Cuando la jefa del FMI viaja a Buenos Aires en lugar de citar a los ministros en Washington, algo cambió en la relación de fuerzas.
Ahora bien, todo edificio tiene sus vigas bajo tensión y este no es la excepción. La primera duda la señalan los propios analistas de la City. El plan supone que el mercado local absorberá emisiones por 5.000 millones de dólares en pleno año electoral, cuando la historia argentina enseña que en la previa de cada elección los ahorristas prefieren el dólar en la mano antes que un bono del Tesoro. El debut del nuevo Bonar 2029, previsto para este miércoles, será el primer examen de ese apetito. La segunda viga floja está en la recaudación, que cayó 5,3 por ciento en el primer semestre. El superávit fiscal sostiene todo el andamiaje, y sostener superávit con ingresos en baja obliga a un ajuste cada vez más fino sobre un gasto que ya fue podado a fondo. La tercera quedó fuera de la planilla del lunes. La deuda del Banco Central con China por el swap, y el tramo activado que todavía resta cancelar, siguen esperando su propio capítulo.
Para nuestra región el asunto tiene traducción directa. El dólar oficial se movió en junio y comienzos de julio, ronda hoy los 1.500 pesos, y en el campo se reabrió la discusión sobre si el tipo de cambio alcanza para que las cuentas de la próxima campaña cierren. Un programa financiero creíble baja el riesgo país, y un riesgo país en descenso abarata el crédito que tarde o temprano llega, o debería llegar, al productor, al acopio y a la pyme metalúrgica del interior. La contracara es conocida. Si el esquema exige un dólar tranquilo hasta 2027, la competitividad del que exporta granos y carne queda subordinada a la estabilidad que necesita el que paga deuda.
La pregunta de fondo quedó flotando en todos los análisis de la semana y me parece honesto dejarla planteada tal cual. El Gobierno consiguió despejar el calendario de pagos y mostrar los dólares para afrontarlo, algo que ningún ministro pudo exhibir en mucho tiempo. Falta saber si ese blindaje resiste la prueba de un año electoral, con un mercado local al que se le pedirá un esfuerzo inédito y una economía real que todavía espera sentir en el bolsillo lo que las planillas ya festejan. Comprar tiempo también es un plan. Lo que se haga con ese tiempo definirá si fue una solución o apenas una prórroga.

Hay una pregunta que atraviesa el veredicto del caso Malondra como una grieta en una pared recién pintada: ¿dónde está Carlos Mendoza? El hombre que firmó el recibí de tres cheques por cinco millones y medio de pesos en fondos públicos, el que se presentó como dueño o apoderado de SUTEC, el que se sentó en un café de la calle Cabildo a retirar cartulares que terminaron en una financiera vinculada al lavado de activos, nunca fue encontrado. O, para ser más precisos, nunca fue buscado con la intensidad que el caso requería. Y esa diferencia no es un detalle. Es el centro de la cuestión.
La sentencia de la Jueza Esquivel lo consigna con dos palabras que deberían incomodar a cualquier operador judicial: «no habido». Carlos Alberto Mendoza, DNI 17.255.917, no habido. La propia sentencia lo nombra. Lo identifica con nombre, apellido y número de documento. El tribunal sabe quién es. El expediente sabe quién es. Y sin embargo, ese hombre que el Estado pudo individualizar con la precisión de un registro civil nunca se sentó en el banquillo de los acusados. No fue imputado, no fue indagado, no fue traído a juicio. Ni siquiera fue citado como testigo en el debate oral. Como si se tratara de un fantasma, de una sombra sin rastro, de alguien que se esfumó sin dejar huellas. Pero las huellas estaban. Estaban en el expediente desde el primer día.
La propia defensa de Malondra aportó a la causa el nombre completo de Mendoza, su número de documento, su número de teléfono celular, su domicilio particular en el Barrio Pilar partido de Pilar, y su domicilio laboral. Aportó fotografías publicadas en la web donde se lo ve firmando convenios con el municipio de La Rioja en representación de SUTEC. Aportó notas periodísticas que lo identificaban como presidente de la empresa. Aportó correos electrónicos internos de SUTEC donde empleados de la firma lo mencionaban, lo copiaban y actuaban por su indicación, con dirección de correo bajo el dominio de la empresa. Y aportó la orden de pago de la Cooperativa con la firma de Mendoza y su número de documento al pie, como constancia de haber recibido los cheques en mano.
Con todo eso sobre la mesa, la pregunta no es si Mendoza podía ser encontrado. La pregunta es por qué no lo fue. Localizar a una persona con DNI, celular, dos domicilios y presencia pública en internet no es una tarea de inteligencia criminal sofisticada. Es una diligencia básica. Es el primer paso de cualquier investigación patrimonial seria. Y en esta causa, ese paso aparentemente no se dio con la contundencia que las circunstancias exigían.
Pero hay algo todavía más grave. Los tres cheques de la Cooperativa no los cobró Mendoza en una ventanilla. Fueron endosados a nombre de Recaudadora Centenario S.A. y depositados en la sucursal Villa Crespo del Banco de la Nación Argentina. La apertura de cuenta de esa recaudadora está agregada al expediente. La empresa fue posteriormente cerrada por su vinculación con operaciones de lavado de activos. Y sin embargo, del veredicto no surge que la investigación haya reconstruido el tramo final del circuito del dinero. ¿Quién endosó los cheques a Recaudadora Centenario? ¿A nombre de quién? ¿Se peritó la firma del endoso? ¿Se cruzaron los movimientos de la cuenta de Recaudadora con otras operaciones sospechosas? ¿Se pidieron informes a la Unidad de Información Financiera? Ninguna de estas preguntas aparece respondida en la sentencia.
En una causa por defraudación, el recorrido del dinero no es un complemento de la investigación. Es la investigación. Saber quién libró los cheques es solo la mitad de la historia. La otra mitad es saber quién los cobró, adónde fue la plata y quién se quedó con ella. Sin esa reconstrucción, la condena queda sostenida sobre un edificio al que le falta una pared entera. Los indicios contra Malondra son convergentes y la jueza los valoró con rigor, pero la ausencia de Mendoza en el banquillo es un vacío que ningún indicio puede llenar del todo. ¿Actuó Mendoza solo? ¿Actuó en connivencia con Malondra? ¿Actuó con directivos de SUTEC que después lo desconocieron para cubrirse? ¿Fue Mendoza un testaferro de alguien más grande? Nada de eso se pudo determinar porque el principal beneficiario del dinero nunca fue sometido a juicio.
El resultado es una paradoja difícil de digerir: el ex presidente de la Cooperativa fue condenado por entregar los cheques, pero el hombre que los recibió, los endosó o permitió que se endosaran, y los canalizó hacia una cueva financiera que lavaba dinero, está libre, sin condena, sin juicio, sin siquiera una declaración indagatoria en esta causa. Se juzgó al que abrió la puerta pero no al que se llevó la caja.
Nueve de Julio merece saber qué pasó con esos cinco millones y medio. No solamente quién los sacó de la Cooperativa sino adónde fueron, quién se los quedó y por qué la justicia no fue a buscarlo. Porque un fantasma con DNI, teléfono, domicilio y fotos en internet no es un fantasma. Es alguien a quien nadie quiso ir a buscar. Y esa decisión de no buscar también es una forma de respuesta.

Por Javier Pappalardo

Basta caminar una tarde cualquiera por las calles céntricas de Nueve de Julio para advertir lo que los grandes números de la macroeconomía todavía no terminan de contar. Los comercios están vacíos. Las vidrieras se renuevan, los carteles de ofertas y cuotas se multiplican, pero la gente no entra. Los propios comerciantes lo dicen sin rodeos: se vende menos, se cobra peor, y cada mes cuesta más sostener la persiana levantada. Lo que se percibe en las veredas de nuestra ciudad no es una sensación: es el reflejo fiel de una economía que crece en los papeles y duele en los bolsillos.
Esta semana se conocieron los datos del Producto Bruto Interno del primer trimestre de 2026. La economía creció un 2,3% interanual y un 0,7% respecto al trimestre anterior, por encima de lo que esperaban los analistas. El ministro Caputo celebró en redes sociales. El Presidente felicitó a su equipo. Los titulares hablaron de un rebote que superó las previsiones. Pero cuando uno mira qué sectores empujaron ese crecimiento, la película cambia: el agro, la pesca, la minería y la intermediación financiera hicieron el trabajo pesado. La industria manufacturera, en cambio, cayó un 1,7%. El comercio minorista retrocedió un 0,3%. Los motores que mueven la economía cotidiana de la gente —la fábrica que contrata, el negocio que vende, el taller que repara— siguen funcionando a media máquina.

Y acá aparece el dato más inquietante de la semana: la morosidad bancaria de las familias argentinas alcanzó el 12,1% en abril, según reportes del Banco Central. Es el nivel más alto en veinte años. Un año atrás, ese indicador estaba en 3,7%. Se triplicó en doce meses. Casi una de cada cuatro personas endeudadas tiene problemas para cancelar su crédito. Entre los jóvenes menores de 25 años, la irregularidad ronda el 40%. Las familias se endeudaron durante 2025 para sostener el consumo, tomaron un aguinaldo prestado, y ahora no pueden pagar. Las tasas de los préstamos personales siguen altísimas en términos reales, y la baja de la tasa de política monetaria no se trasladó al crédito al consumo. Eso explica, en buena medida, por qué las calles comerciales de ciudades como la nuestra lucen más despejadas de lo que cualquier optimista quisiera admitir.
El empleo completó el cuadro. El INDEC publicó esta semana que la desocupación fue de 7,8% en el primer trimestre. A primera vista parece estable, apenas una décima menos que hace un año. Pero la estabilidad es engañosa. La informalidad laboral trepó al 44,2%, el registro más alto desde que se mide este indicador. En un año, el empleo formal perdió más de 32 mil puestos registrados mientras el sector informal absorbió más de 400 mil trabajadores. Dicho de otro modo: la gente no está desocupada porque se refugia en la changa, en el cuentapropismo de subsistencia, en el trabajo sin aportes ni cobertura social. El desempleo juvenil ronda el 15%. Desde que asumió Milei, según datos del CEPA, se destruyeron 515 mil puestos formales y cerraron más de 26 mil empresas. Para el que camina por Nueve de Julio y ve locales con menos movimiento que un feriado largo, estos números no son abstractos: son la explicación de lo que percibe con sus propios ojos.
La inflación, hay que decirlo, sigue bajando. Mayo cerró en 2,1% mensual y las consultoras proyectan que en junio perfore el 2%, acercándose al 1,9%. Es un logro que no puede negarse. Sin embargo, la inflación acumulada del año ya llega al 14,7%, y la interanual se ubica en el 33%. El FMI proyecta un 25% para todo 2026, pero para alcanzar esa meta la inflación mensual debería promediar menos de 1,3% de acá a diciembre. Difícil, aunque no imposible. El dólar oficial cerró la semana en $1.495 en el Banco Nación, el blue en $1.520 y el CCL en $1.552. Los analistas del Relevamiento de Expectativas del Mercado proyectan un tipo de cambio de $1.658 para fin de año, una suba del 14% que quedaría por debajo de la inflación. Atraso cambiario que ya conocemos, con las consecuencias que ya conocemos.

En el frente financiero internacional, la semana trajo un baldazo de agua fría. MSCI, el índice que determina cómo clasifican los inversores globales a cada mercado, mantuvo a la Argentina como mercado aislado, la categoría más baja. No abrió siquiera una consulta para evaluar una reclasificación. Los analistas estiman que la ventana más optimista para un ascenso recién aparece hacia 2028. El cepo corporativo sigue siendo la barrera principal. Es paradójico: el Gobierno celebra haber recibido del FMI un desembolso de mil millones de dólares tras aprobar la segunda revisión del acuerdo, pero Argentina sigue siendo el mayor deudor del Fondo con 57 mil millones, el 35% de toda su cartera. El programa acumula ya 15.800 millones desembolsados de un total de 20 mil millones.
Mientras tanto, en la vereda de la calle Mitre, un comerciante de Nueve de Julio mira la calle semivacía y se pregunta lo mismo que se preguntan millones de argentinos: ¿cuándo llega el derrame? Porque el PBI crece, la inflación baja, las reservas se acumulan, pero los clientes no aparecen. Y al final del día, la verdad de la economía no está en los gráficos de un PowerPoint en Washington ni en un tuit del Presidente. Está en la caja registrado

El próximo 24 de junio se conocerá el veredicto en la causa que investiga el presunto desvío de fondos del plan de alumbrado público de Nueve de Julio. Tres exdirigentes de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno aguardan su suerte. Conviene, antes de los flashes del fallo, una pregunta que el entusiasmo condenatorio tiende a tapar: aun en la hipótesis de una condena, ¿qué recuperan los usuarios? La respuesta, fatigosa, es ninguna cosa. Un fallo penal satisface una narrativa, pero no devuelve un solo peso a los asociados, que son los verdaderos dueños de la entidad.
Y mientras toda la energía institucional se concentra en juzgar a la conducción anterior, ¿qué ocurre con la actual? La presidencia se ejerce de manera ininterrumpida desde el 30 de abril de 2018. No es una gestión reciente con pasivos heredados: son dos mil setecientos setenta y cinco días.
Acá no hay conjetura. Hay expedientes con carátula, número y fecha, asentados en la Mesa de Entradas del Poder Judicial y consultables por cualquiera. La CEyS enfrenta y enfrentó más de una decena de causas judiciales iniciadas entre 2018 y 2026, varias por sumas millonarias. La enorme mayoría son laborales: despidos, diferencias salariales, sueldos adeudados y hasta un accidente de trabajo. Y una que merece subrayarse: una ejecución promovida por CAMMESA, el administrador del mercado eléctrico mayorista. Una cooperativa eléctrica ejecutada por la propia energía que distribuye. El dato habla solo.
Seamos honestos, porque este medio no acusa, informa. Un juicio laboral, por sí solo, no prueba una administración irregular. Pero la acumulación dibuja un cuadro que ninguna conducción puede mostrar como signo de buena salud. Y hay un detalle que enciende todas las alarmas: dos trabajadores distintos debieron demandar a la entidad en dos oportunidades cada uno. Cuando alguien tiene que golpear dos veces la puerta de un tribunal para cobrar lo suyo, algo adentro está fallando.
Conviene entonces nombrar las cosas. El verdadero caballo de Troya no está afuera, en el escándalo que ocupa los titulares, está adentro. Son estas causas alojadas en el propio vientre de la cooperativa, un daño que la entidad se inflige a sí misma y que erosiona sus cuentas por goteo. A diferencia de la causa penal, que tiene fecha y foco mediático, este desangre no figura en ninguna primera plana ni se resuelve en una audiencia. Y, sin embargo, es el que de verdad compromete el patrimonio de los asociados. Sentencia tras sentencia. Costas tras costas.
De estos hechos —y no de una intención que no corresponde adjudicar— surge la pregunta del título: ¿Dónde está hoy el mayor perjuicio? ¿En una maniobra de la gestión anterior, que la Justicia resolverá el 24 de junio, o en el presente de una cooperativa que, tras más de una década bajo la misma conducción, acumula más de una decena de frentes judiciales abiertos? La pregunta es legítima y los asociados merecen que alguien la formule.
Nada de esto relativiza la causa penal. Si hubo desvío de fondos, debe esclarecerse y sancionarse. La presunción de inocencia rige hasta el veredicto, y rige para todos: para los tres del banquillo y para quienes administran hoy. El control republicano no se agota en un juicio. Alcanza, con el mismo rigor, al presente. Porque el mayor riesgo de nuestro tiempo no es que alguien mienta, sino que el relato termine sustituyendo al dato. Este editorial no afirma culpables ni absuelve a nadie, señala hechos verificables y formula una pregunta legítima. Volver al dato cuando todo empuja al relato es la primera obligación del control republicano. La transparencia, después de todo, empieza por ahí.

                 El Lobo

Por Javier Pappalardo

Hay un dilema que nos vendieron como si fuera la única opción sobre la mesa. De un lado, el mercado libre y salvaje, el Estado reducido a un sereno que mira pasar la economía sin meter las manos. Del otro, el Estado que lo abarca todo, que produce, que emplea, que fija precios y que termina ahogando lo mismo que pretende proteger. Anarquía o estatismo. Elija usted.
Es una celada. Y como toda celada, funciona porque parece sentido común.
Porque existe un tercer camino, y no es una utopía de café. Tiene nombre técnico —economía mixta, economía social de mercado— y, sobre todo, tiene resultados. La idea de fondo es de una sencillez desarmante: el capitalismo es la mejor máquina que conoció la humanidad para producir riqueza, y es una de las peores para repartirla. Entonces no se elige entre uno y otro. Se usan los dos. Que el mercado haga lo que sabe hacer: crear, competir, invertir, generar el excedente. Y que el Estado, a través del sistema fiscal, haga lo que el mercado nunca va a hacer solo que es garantizar que ese excedente llegue a la educación, a la salud, a la infraestructura y a un piso de dignidad para todos. Producir con la cabeza de la derecha. Repartir con el corazón de la izquierda.
¿Suena a fantasía? Miremos a quienes ya lo hacen. Los países nórdicos —Dinamarca, Suecia, Noruega— tienen algunas de las economías más abiertas, competitivas y pro-mercado del planeta. Sectores privados pujantes, empresas globales, libertad económica de manual. Y al mismo tiempo cargan con la presión tributaria más alta del mundo y los estados de bienestar más generosos que existen. Conviven las dos cosas. Rompen, de un plumazo, el dogma de que más impuestos matan al crecimiento.
Pero acá viene el dato que casi nadie cuenta, y que es el corazón del asunto. Los nórdicos no financian semejante Estado clavándole la mano a los ricos ni persiguiendo al capital. Lo financian con un IVA altísimo y con fuertes impuestos al trabajo. Recaudan parejo, de toda la sociedad. Lo progresista no está en cómo cobran, está en cómo gastan. Cobran amplio y reparten fino. Esa es la distinción que se nos escapa cada vez que discutimos a los gritos. El truco no fue inventar un impuesto a la riqueza confiscatorio. Fue construir un Estado que la gente está dispuesta a financiar porque le devuelve servicios que valen lo que paga.
Ahora bien, no nos engañemos: la tesis tiene una tensión interna que hay que mirar de frente. Las dos mitades se necesitan y, mal calibradas, se matan entre sí. El sistema fiscal redistributivo depende de que la estructura capitalista produzca el excedente que va a redistribuir. Si el fisco aprieta hasta asfixiar, no hay huevos que repartir porque la gallina ya está muerta. La pregunta correcta, entonces, nunca fue cuánto Estado. Fue qué clase de Estado y qué clase de fisco. Porque un impuesto al cheque distorsivo no es lo mismo que un IVA parejo, y un subsidio clientelar no es lo mismo que una escuela que forma trabajadores más productivos. Y acá la conversación aterriza, inevitablemente, en la Argentina de hoy.
El gobierno actual eligió la primera receta sin matices: achicar el fisco al hueso. Y consiguió algo que no es menor y sería deshonesto negar. Ordenó las cuentas. Cerró 2025 con superávit primario y eliminó, de hecho, el peor impuesto de todos, el más regresivo, el que le pega más fuerte al que menos tiene: la inflación. Eso es un logro, y un columnista serio lo reconoce.
El problema es lo que viene después del aplauso. Porque ese equilibrio se construyó casi exclusivamente con la tijera sobre el gasto —un ajuste de cinco puntos del producto— y no con un sistema tributario mejor. La recaudación, mientras tanto, cae. Y se cae sobre la educación, sobre la obra pública, sobre lo que un país necesita para ser más capitalista, no menos. Se confunde adelgazar al Estado con vaciarlo de futuro.
Hay un número que ordena todo el debate y que casi nunca se dice. La presión tributaria argentina ronda el 27% del producto. El promedio de los países ricos de la OCDE está por encima del 34%. O sea: medido contra el mundo desarrollado, la Argentina ni siquiera está sobre-cargada de impuestos. Está mal cargada. El problema nunca fue el tamaño de la mochila, sino cómo está armada: un laberinto de retenciones, percepciones, alícuotas y ventanillas que vuelve carísimo cumplir y rentabilísimo evadir. No pagamos demasiado. Pagamos pésimo.
Por eso la salida no es la que grita la grieta. No es más Estado, como pretende el que defiende cada subsidio indefendible. Tampoco es menos Estado, como predica el que cree que la sociedad se ordena sola. Es otro Estado y otro fisco. Uno que cobre de manera simple, amplia y previsible, sin perseguir al que produce. Y que gaste con inteligencia en aquello que hace al propio capitalismo más fuerte: gente sana, educada, conectada y con un piso de derechos que sostenga la paz social sobre la que se hacen los negocios.
Redistribuir bien no es anticapitalista. Es, en realidad, lo único que vuelve sostenible al capitalismo. Le da trabajadores, le da consumidores, le da legitimidad. Le da, sobre todo, un país donde valga la pena invertir a treinta años.
Los que mejor viven en el mundo ya resolvieron este falso dilema hace medio siglo. No eligieron entre el mercado y el Estado. Los pusieron a trabajar juntos. Quizás sea hora de dejar de discutir cuál de las dos mitades tenemos que amputar, y empezar a discutir cómo hacemos que, por fin, las dos remen para el mismo lado. Ese, y no otro, es el camino.

Por Redacción Extra Digital

Nueve de Julio asiste estos días a un debate sano, de esos que conviene tener. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza de «Ficha Limpia» y, mientras el Departamento Ejecutivo define su promulgación, la discusión se trasladó a la calle, a las radios y a los escritorios. Bienvenida sea. Pero para que el debate sirva hay que discutir lo que de verdad está en juego, y no una versión que se le parece.
Se ha planteado en estos días que una norma así heriría un principio sagrado: nadie es culpable hasta que una sentencia firme lo declare. Y es cierto, faltaba más. La presunción de inocencia es una conquista civilizatoria que no está, ni debe estar, en discusión. Ningún vecino con causa pendiente deja por eso de ser inocente ante la ley, y ningún proyecto serio propone tratarlo como culpable. Hasta acá, acuerdo total.
El problema es que la presunción de inocencia responde a otra pregunta. Protege a la persona frente al castigo del Estado: impide que la encarcelen, la multen o le anoten una condena antes de que el proceso termine. No garantiza —nunca lo hizo— el acceso a un cargo público. Ser candidato no es una pena que se evita siendo inocente, es una función que se habilita reuniendo requisitos. Y entre esos requisitos, nuestra Constitución coloca uno desde 1853: la idoneidad (artículo 16). Pedir idoneidad no es castigar. Es elegir bien a quien nos va a representar.
La distinción no es un tecnicismo. Un médico con condena confirmada por mala praxis puede ver suspendida su matrícula sin que nadie grite que se violó su inocencia. Un escribano con condena ratificada por falsificar instrumentos públicos puede perder la fe pública que el Estado le confió. Un docente que miente en la declaración jurada con la que accede a un cargo —ocultando una incompatibilidad o un impedimento— puede ser separado de su puesto, y a nadie se le ocurre invocar su inocencia para sostenerlo frente al aula. No se lo castiga dos veces: se constata que, mientras eso pese sobre ellos, no reúnen las condiciones para ejercer una función de confianza. Y la representación política es, antes que nada, una función de confianza.
Vale detenerse en ese último caso, porque desnuda algo que solemos pasar por alto. El sistema entero de la función pública se sostiene sobre declaraciones juradas, sobre la palabra firmada de que uno reúne las condiciones para ocupar el cargo al que aspira. Ficha Limpia no inventa una persecución ni una pena nueva. Apenas pone por escrito una de esas condiciones y le pide al aspirante que pueda declararla con verdad.
Conviene además precisar de quién hablamos. La ordenanza no alcanza a un simple imputado ni a un sospechoso, alcanza a quien ya fue condenado y esa condena fue confirmada en segunda instancia. Seamos rigurosos hasta el final: una condena recorre por completo el tamiz de las garantías recién cuando, además de ese doble conforme, supera el control de la Suprema Corte provincial y, llegado el caso, de la Corte Suprema de la Nación. Antes de eso no hay cosa juzgada, y nadie pretende lo contrario. Pero ahí está la clave que suele saltearse: esa firmeza plena es la que exige el castigo penal —la pena, la cárcel, el antecedente que marca a una persona para siempre—, no la mera inhabilitación para postularse. Privar de libertad reclama certeza absoluta. Decir que, mientras una condena por corrupción sostenida por dos tribunales siga en pie, alguien no reúne el requisito de idoneidad para representarnos, no le quita nada irreversible. Si mañana la Corte provincial o la Corte nacional revocan, esa persona recupera en el acto su aptitud para competir. «No firme» no significa «no probado», y entre esa situación y la del vecino del que nada se ha demostrado hay un abismo.
Y digámoslo sin eufemismos, porque hace a la honestidad del debate: ni siquiera la prisión preventiva —la medida más severa del proceso, que priva de la libertad antes de toda condena— es sinónimo de culpabilidad. Lo sabe quien transita los tribunales. Hay personas que padecieron meses, y hasta años, de encierro preventivo y que en el debate oral y público terminaron absueltas. Esa, paradójicamente, es la mejor prueba de lo que venimos sosteniendo. Nuestro sistema admite restricciones cautelares y reversibles incluso sobre la libertad, el más caro de los bienes, sin declarar culpable a nadie, porque no son penas. Si tolera lo más —limitar la libertad de quien todavía es inocente por razones procesales, y restituírsela entera el día que lo absuelven—, con cuánta más razón admite lo menos: pedirle a quien arrastra una condena por corrupción confirmada por dos tribunales que aguarde su turno para competir, y devolverle la aptitud apenas esa condena caiga.
Se dice también que ya existen controles suficientes —la Junta Electoral, las tachas, la revisión de los títulos de los electos— y que la ordenanza sobra. Pero esos controles verifican los requisitos que hoy están escritos. Si entre esos requisitos no figura la inhabilidad por una condena de corrupción todavía no firme, entonces precisamente no cubren el caso que la ordenanza quiere cubrir. Invocar los controles existentes para una hipótesis que esos controles no contemplan es discutir en círculos.
Hay, sí, una objeción seria, y es de buena fe nombrarla: la de la competencia. ¿Puede un municipio agregar inhabilidades que la Ley Orgánica de las Municipalidades no previó? Esa es una pregunta jurídica de verdad, que merece un debate de verdad, y que un eventual amparo pondrá sobre la mesa. Ahí está el terreno noble de la discusión. No en la inocencia, que en este caso es un argumento prestado de otra góndola del derecho.
Vale una aclaración final, porque suele citarse como prueba en contra. El proyecto nacional de Ficha Limpia no naufragó por inconstitucional: naufragó por un voto. Le faltó uno para alcanzar la mayoría especial que la Constitución exige a las reformas electorales. Ningún tribunal lo declaró inválido. Simplemente no se reunió el número. Confundir «no se aprobó» con «es inconstitucional» es un error que conviene no repetir. Mientras tanto, nueve provincias ya aplican herramientas de este tipo y un municipio bonaerense, General Arenales, se convirtió hace pocas semanas en el primero de los 135 en hacerlo.
Discutir todo esto es exactamente lo que corresponde, porque de lo contrario la comunidad se queda con una sola campana. Pero discutamos la pregunta correcta. La inocencia de los vecinos no está en juego en esta ordenanza. Lo que está en juego es qué le pedimos a quienes aspiran a decidir por todos. Y pedir que no carguen con una condena confirmada por dos tribunales no es perseguir a nadie: es cuidar la confianza, que al final del día es lo único que sostiene a las instituciones

La Municipalidad de Nueve de Julio emitió, a raíz de la renuncia del Director de Gestión Ambiental Marcelo Unsain —quien duró poco más de una semana en el cargo—, un comunicado oficial que merece ser leído con atención. No por lo que dice sino por lo que revela. El texto municipal habla de «permanente campaña de hostigamiento, agravios y cuestionamientos impulsados por sectores que eligieron centrar su accionar en ataques personales antes que en el debate serio de las políticas públicas«. Traduzca el lector: la prensa hizo su trabajo. La ciudadanía se informó. El municipio llama a eso hostigamiento.

La trampa del argumento

En otra parte del comunicado, se dice que «pretender imponer una condena social perpetua, aun después de haber cumplido con la resolución judicial, constituye una práctica antidemocrática, discriminatoria y contraria a los valores de una sociedad que cree en la reinserción y en las segundas oportunidades».
Nadie discutió el derecho de Unsain a reinsertarse socialmente. Ese derecho existe y nadie lo negó. Lo que se discutió —lo que el municipio deliberadamente confunde— es la decisión de designarlo en un cargo de función pública con alta exposición institucional, en el mismo período en que el debate legislativo sobre Ficha Limpia volvía a primera plana en toda la provincia. La reinserción laboral de un particular es una cosa. El acceso a la función pública con antecedentes de condena por abuso de autoridad, falsificación de documento público y lesiones graves en ejercicio del cargo policial es, jurídicamente, otra muy distinta. El municipio los trata como si fueran lo mismo. No lo son.

La omisión que lo dice todo

Pero hay algo más grave que el error de designación. Algo que el comunicado oficial pasa por alto con una comodidad que debería incomodar a cualquiera: cuando la Intendente nombró a Unsain, el comunicado oficial de la municipalidad describió su trayectoria con detalle —técnico en seguridad e higiene, experiencia en gestión operativa, logística pesada, procesos industriales— y no dijo una sola palabra sobre la condena civil y penal firme. Ni una. Si la gestión realmente cree en las segundas oportunidades y en la reinserción, si considera que el pasado de Unsain no era un impedimento legítimo para el cargo, entonces la respuesta correcta era exactamente la contraria: blanquearlo desde el primer día. Presentar a Unsain, explicar su historia, hacerse cargo públicamente de la decisión y defenderla con argumentos. Bancarlo. Eso se llama hacerse cargo.
No lo hicieron. Eligieron el silencio. Y ese silencio no fue inocente: fue el silencio de quien sabe que la información, de haber salido por boca propia, hubiera generado exactamente el debate que después salió por boca ajena. La diferencia es que, si lo hubieran blanqueado ellos, al menos ese debate hubiera sido limpio. Al ocultarlo, lo que queda no es una gestión que apuesta por la reinserción. Es una gestión que apostó a que nadie mirara.

La cobertura que se evaporó

El comunicado dice que Unsain contaba con «la formación, la experiencia y el compromiso necesario para cumplir las responsabilidades que le fueron encomendadas«. Si eso es así, la pregunta obvia es: ¿por qué renunció en poco más de una semana? ¿Acaso la formación y el compromiso se evaporan ante el primer escrutinio público? Lo que se evaporó, en realidad, fue la cobertura política. Y eso no es responsabilidad de quienes informaron. Es responsabilidad de quienes designaron sin avisar y sin bancarse las consecuencias.
La gestión municipal no nombra al responsable del error —porque eso implicaría admitir que hubo error— y en cambio corrió el foco hacia afuera. Es una operación clásica: cuando el diagnóstico interno incomoda, se construye un enemigo externo. Pero el enemigo externo, en este caso, fue simplemente el registro público de una causa judicial firme. Los hechos no son hostigamiento. Son hechos.
Lo que queda después de este episodio no es solo la imagen de un funcionario que duró poco más de una semana. Lo que queda es la confirmación de que en el municipio de Nueve de Julio se nombra primero y se piensa después. Cuando se piensa. Y cuando la falla queda expuesta, la respuesta institucional no es la autocrítica sino la victimización. Una gestión que se presenta como moderna y orientada a derechos debería saber que transparencia y rendición de cuentas no son hostigamiento. Son la condición básica de la democracia republicana. Si eso incomoda, el problema no está afuera.

Por Javier Pappalardo

La semana económica fue, para el Gobierno, una de las mejores en mucho tiempo. El jueves, el INDEC informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, medio punto por debajo de abril y segundo mes consecutivo de desaceleración. El Presidente lo celebró en redes con un grito de cancha dedicado a su ministro de Economía. Casi en simultáneo, la calificadora S&P subió la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-, con perspectiva estable, citando el superávit fiscal sostenido y la mejora de las reservas. Y el Banco Central, que se había propuesto comprar diez mil millones de dólares en todo 2026, ya superó la meta antes de mitad de año: lleva acumulados más de 10.400 millones. Dólar quieto dentro de la banda, expectativas ancladas en torno al 20% anual para los próximos doce meses, riesgo país comprimiendo. La foto macro, hay que decirlo sin mezquindad, es la mejor en años.
Ahora pasemos de la foto a la mesa. La misma semana en que se festejó el 2,1%, el INDEC actualizó las canastas básicas: una familia tipo necesitó en mayo $1.498.741 para no ser pobre. Un millón y medio de pesos, redondeando apenas. Y dentro del índice general, los alimentos y bebidas subieron 2,5%, por encima del promedio: el rubro que más pesa en el changuito fue el que más subió. La desinflación existe, pero no se reparte pareja: llega antes a las planillas de los analistas que a la góndola de la esquina.
Y acá viene el dato menos comentado de la semana, el que merece esta columna. El índice de precios con el que la Argentina se mide la fiebre —el IPC— se calcula sobre una canasta de consumo relevada hace más de dos décadas. Dos décadas. Una canasta diseñada cuando no existían los celulares inteligentes ni las plataformas de streaming, cuando las tarifas pesaban distinto en el presupuesto familiar, cuando la estructura del gasto de un hogar argentino era otra. El INDEC tiene lista, desde hace tiempo, la actualización metodológica con una canasta moderna. El Gobierno posterga su implementación.
¿Importa? Importa, y mucho. Según estimaciones técnicas publicadas esta semana, que recalculan la evolución de los precios con la canasta actualizada, la brecha con el índice oficial en los primeros cinco meses del año se acercaría a un punto porcentual completo. Son ejercicios privados, con las limitaciones de todo ejercicio privado, y merecen el beneficio de la duda en ambas direcciones; pero la dirección de la diferencia es consistente y la pregunta que abren no depende del decimal exacto. Porque esa vara —la oficial, la que hoy mide corto o largo según la canasta que se use— es la misma con la que se ajustan jubilaciones, se negocian paritarias, se mide la pobreza y se evalúa el propio programa económico. Cuando el metro mide corto, todo lo que se mide con él queda más lindo de lo que es.
La pregunta embarazosa, entonces, no es si la desinflación es real —lo es—, sino otra: si el Gobierno confía en su propio resultado, ¿por qué no estrena el termómetro nuevo? Un programa económico seguro de su desinflación debería ser el primer interesado en medirla con el instrumento más preciso disponible, aunque el número dé un poco más alto, precisamente para que nadie pueda discutirlo. Postergar la canasta actualizada no es un descuido técnico: es una decisión. Y las decisiones sobre cómo se mide la realidad dicen tanto como la realidad misma. El lector de este semanario reconocerá el patrón, porque venimos hablando de él: la verdad administrada, entregada en cuotas, siempre en la versión que menos incomoda.
Nada de esto borra lo que está bien. La mejora de la calificación no es un trofeo simbólico: acerca el día en que el país y sus empresas se financien más barato, y ese crédito, con tiempo, llega a la obra, al campo, al comercio. Las reservas compradas son un colchón que la Argentina no tenía. Y una inflación viajando al 2% mensual, viniendo de donde veníamos, cambia la vida cotidiana de cualquiera que recuerde lo que era remarcar precios dos veces por semana. El problema no es que el Gobierno festeje: es que festeje con el metro corto y guarde el largo en el cajón.
Desde esta ciudad, la cuenta es más simple que cualquier metodología. El changuito de la semana en el supermercado de la avenida, la verdulería donde el tomate hizo su propia carrera, la boleta de la prepaga, el alquiler. Ningún vecino de Nueve de Julio necesita que el INDEC le confirme cuánto subieron las cosas: lo sabe con una precisión que ninguna canasta, vieja o nueva, le va a discutir. La macro se festeja en Washington y en las planillas de las calificadoras; la micro se paga en la caja, todos los días, y entre una y otra sigue colgado ese termómetro viejo que nadie debería seguir usando, porque cambiarlo no haría subir la fiebre, apenas le devolvería al país la costumbre, algo oxidada, de medirse con la verdad.

Por Ing. Agr. Florencia Céspedes

Existen 8.7 millones de especies de plantas, animales y otros seres vivos que conforman la biodiversidad en el planeta Tierra. Cerca de un millón de ellas enfrentan la extinción en las próximas décadas, de acuerdo al informe aportado en el 2019 por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad, organismo independiente que guía a los gobiernos, negocios y a la sociedad en la conservación y el desarrollo sostenible.
Los suelos de nuestra zona no escapan al problema. La culpa? Del Humano. Este, por el mal manejo de los recursos naturales, ha causado y sigue provocando erosiones, contaminaciones, falta de nutrientes por la sobreexplotación y los monocultivos como la soja que, desde los 90, con el boom que causó la aparición de la RR (resistente al glifosato), la exportación de nutrientes a través de las cosechas (exportación en granos es superior al aportado en la siembra), todos estos factores hicieron que se intensifique el uso de fertilizantes químicos causando variaciones en la acidez o alcalinidad de los suelos, por nombrar algunos de los causantes de problemas.
A comienzos del siglo XX los suelos eran una reserva de biodiversidad. Contenían comunidades subterráneas. Había más organismos vivos en una cucharada de suelo que personas en la Tierra, según relatan las revistas de la década del 70. Un suelo saludable y biodiverso albergaba vertebrados, invertebrados, virus, bacterias, hongos, líquenes y plantas que le proporcionaban múltiples funciones y servicios ecosistémicos a todos y a todo. De hecho, los suelos contenían más del 25 % de la biodiversidad de nuestro planeta. Esta comunidad diversa de organismos vivos dentro de ellos mantenía a los suelos sanos y fértiles. Toda criatura que vivía en el suelo alimentaba y protegía a las plantas y ellas, a su vez, lo nutrian con sus hojas secas, una simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno.

Esa población en el suelo es necesario que la recuperemos para alimentar y usar en la industria farmacéutica. Muchos microorganismos del suelo se utilizan para producir antibióticos. Por ejemplo, la penicilina, uno de los antibióticos más utilizados en todo el mundo, proviene originalmente de un pequeño hongo que vive en el suelo. ¿Podemos ayudar a proteger la biodiversidad del suelo? La respuesta es afirmativa.
Algunas de estas prácticas son simples. Por ejemplo, evitar la eliminación de vegetación de la cubierta del suelo, mantener la diversidad de cultivos, evitar los monocultivos y el avance del cemento, compostaje, el uso de refugios naturales, barreras forestales o cercos, para ayudar a prevenir los efectos erosivos del viento y el agua en campos o terrenos donde hay casas en las ciudades.
Otros son más complejos. La rotación de cultivos o la agrosilvicultura, por ejemplo, pueden mitigar el cambio climático al reducir las emisiones, almacenar carbono y agua en la biomasa vegetal y los suelos donde se practique.
Todos podemos proteger el suelo creando conciencia y abogando por la educación. En planta urbana la observación de las malezas puede ayudarnos ya que indican y mucho, gestionando los recursos que le sacamos de manera sostenible con uso de abonos orgánicos, invirtiendo en innovación en el ámbito rural.  Hay instituciones reconocidas que llevan muchos años trabajando, y muy bien, el tema. Ejemplo de ello es AAPRESID, reutilizando y reciclando materiales antes de considerar a todo lo que tenemos en casa basura.

Hay victorias que se celebran con nombre propio. Y hay victorias que se construyeron con el nombre de otro —o de otra— y que sin embargo se presentan al público como si el mérito fuera exclusivo de quien hoy ocupa el estrado.
El juicio oral que comenzó el martes 2 de junio en el Juzgado Correccional N° 1 de Mercedes, ante la Dra. Claudia Esquivel, por el desvío de fondos destinados al alumbrado público de Nueve de Julio, merece ser leído con más cuidado del que permiten los flashes de la primera audiencia.
El Dr. Franco Rosello, abogado de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda. y apoderado de la parte acusadora, salió a hablar antes del primer testimonio. Lo hizo con la soltura de quien siente que el resultado ya está escrito. Habló de maniobras, de cheques al portador, de firmas ilegibles, de una financiera sospechosa, de un perjuicio que hoy equivaldría a 700 millones de pesos. Todo eso es cierto. Todo eso está en el expediente. Pero lo que Rosello no dijo —quizás porque no le conviene, quizás porque simplemente no lo sabe— es que el escenario que hoy enfrenta la defensa es radicalmente distinto del que debería haber sido.
La Dra. Valentina Pappalardo Jiménez fue quien diseñó la estrategia de defensa de los imputados Omar Miguel Malondra, Carmen Castagnino y Alfredo Poggi. No fue un trabajo improvisado sino una construcción procesal minuciosa, levantada ladrillo a ladrillo durante años, con una columna vertebral que cualquier penalista reconocería como sólida: cuarenta y cinco testigos.
En un juicio donde la acusación admite que no existe documentación respaldatoria de la operación, que la firma del cobrador es ilegible y que el Banco Central ya no puede reconstruir la operatoria, la prueba testimonial no es el corazón del debate. La Dra. Pappalardo Jiménez lo entendió desde el principio. Su estrategia apuntaba precisamente allí: construir un relato alternativo sólido, controvertir cada eslabón de la cadena acusatoria, y poner en crisis una imputación que, sin documentos claros y sin un destinatario final identificable, dependía en gran medida de presunciones. Esa estrategia nunca llegó a ejecutarse.
Por qué? La Dra. Pappalardo Jiménez juró como escribana. Una decisión personal que nadie puede ni debe cuestionar. Pero ese juramento tuvo una consecuencia procesal directa e inevitable: el ejercicio simultáneo de la abogacía quedó vedado por las incompatibilidades propias de la función notarial. La letrada que había edificado la defensa debió retirarse del caso. No por negligencia. No por abandono. Por imperativo legal. Asumió entonces la Dra. Sampol y la nueva conducción tomó una decisión que, a esta altura, resulta difícil de comprender en toda su dimensión: desistió de los cuarenta y cinco testigos.
Cuando el Dr. Rosello afirma que «todo fue hecho para que no se supiera quién se llevó el dinero«, tiene razón en describir la maniobra investigada. Pero hay otra cosa que tampoco se sabe con certeza, y que el juicio debería haber podido dilucidar con mayor profundidad: si los imputados son efectivamente los responsables de ese diseño, o si son —al menos en parte— víctimas de una imputación construida sobre el vacío documental que la propia operatoria ilícita dejó, pero que no necesariamente los señala a ellos con la contundencia que la acusación pretende. Esa pregunta tenía respuesta posible. Cuarenta y cinco testigos podían haber comenzado a darla. Esa respuesta no estuvo disponible en el debate oral. No porque no existiera, sino porque la estrategia que podía articularla fue abandonada antes de llegar al estrado.
No se trata de cuestionar a la Dra. Sampol, cuyo trabajo profesional en este caso no corresponde juzgar desde estas páginas sin conocer la totalidad de los elementos que la llevaron a tomar las decisiones que tomó. Se trata de algo más simple y más importante: de no permitir que la historia se escriba con olvidos convenientes.
La estrategia que pudo haber cambiado el resultado de este juicio fue diseñada por la Dra. Valentina Pappalardo Jiménez. Fue construida con rigor, con visión procesal y con una comprensión clara de dónde estaban las debilidades de la acusación. No pudo ejecutarla porque la ley le impidió continuar. Eso no es un fracaso, es una circunstancia. Pero esa circunstancia tiene nombre, y ese nombre merece ser pronunciado.
Cuando el juicio termine y se lean el veredicto, que nadie olvide que el escenario de hoy no es el escenario que debía ser. Que hubo una arquitectura procesal de defensa que nunca llegó a desplegarse. Y que entre esa arquitectura abandonada y el veredicto final, hay una distancia que hoy nadie puede medir con certeza, pero que en su momento alguien supo calcular con precisión.
Esa alguien ya no estaba en la sala el martes. Pero estuvo antes. Y eso, también, es parte de la verdad.
Desistir de cuarenta y cinco testigos en un juicio sin documentos es como salir a jugar sin defensores: podés ganar, pero le estás regalando el partido al rival antes del pitazo inicial.

                                                         El Lobo

Por Javier Pappalardo

Los números son buenos. Difícilmente se pueda decir otra cosa. El Banco Central lleva más de cien ruedas consecutivas con saldo comprador, acumuló más de 10.000 millones de dólares en lo que va del año y las reservas brutas superaron los 48.500 millones, el nivel más alto desde 2019. La inflación de mayo se perfila en torno al 2,2% mensual —la segunda baja consecutiva— y el dólar oficial abrió junio sin sobresaltos. El equipo de Luis Caputo tiene razones para mostrar estos datos con orgullo. Pero debajo de esa foto prolija conviven tensiones que no se pueden ignorar.
La primera es el atraso cambiario. El tipo de cambio no solo subió menos que la inflación acumulada del año —que ronda el 13,5%— sino que en términos nominales retrocedió un 3,4%. El propio FMI advirtió que el peso está apreciado entre un 9,5% y un 22% por debajo de un nivel competitivo. Economistas de la city van más lejos: estiman que el dólar debería ubicarse cerca de $1.700 a fin de año para acompañar a los precios, lo que implica un atraso cercano al 30% sobre la cotización actual. El Gobierno responde que Vaca Muerta y el agro sostienen el ingreso de divisas y que el esquema aguanta. Pero el propio sector agroexportador cuenta otra historia: en 2026 la liquidación acumula una caída respecto del año anterior, con productores que retienen granos a la espera de mejores condiciones cambiarias. Los exportadores industriales y los sectores que compiten con importaciones responden con despidos y caída de márgenes. Ambas lecturas son reales. Lo que también es real es que las manufacturas de origen industrial crecieron apenas un 2,7% en exportaciones este año, frente al 17,5% del agro y al 33,7% de energía y minería. El boom exportador existe, pero no le llega a quien fabrica. Eso tiene un nombre: reprimarización.
La segunda tensión es más técnica pero igualmente importante. El FMI recortó en 11.800 millones de dólares la meta de reservas netas que Argentina debía alcanzar en junio. En la versión original del acuerdo, el objetivo era reservas netas positivas en 3.200 millones. Tras la revisión, el Fondo fijó un nuevo piso de 8.600 millones negativos. Ese cambio de vara convirtió un potencial incumplimiento en un sobrecumplimiento de 3.400 millones. No es deshonesto: es el juego de metas del FMI con Argentina, un juego que tiene larga historia. Lo relevante es que la acumulación de reservas brutas —el dato que circula en los medios— no es lo mismo que la acumulación de reservas netas, que es lo que el Fondo realmente vigila.
¿Cuál es entonces la noticia económica del domingo? Que Argentina atraviesa un momento de estabilización genuina, con datos macro que mejoran, pero que los equilibrios que sostienen ese proceso son más frágiles de lo que el ministro Caputo sugiere. El dólar quieto ayuda a bajar la inflación. La inflación que baja justifica el dólar quieto. El círculo funciona —por ahora— porque el campo liquida, Vaca Muerta exporta y el FMI acompaña. Cuando alguna de esas tres variables se mueva, la ecuación cambia. Y mientras tanto la industria, que agrega valor, mira el partido desde afuera. Eso también es la verdad. Y también merece ser contada.

Por Redacción Extra Digital

El viernes cerró una semana en la que el Gobierno nacional acumuló una victoria legislativa, una mala noticia económica y una protesta gremial que volvió a poner en escena la pregunta que el oficialismo prefiere no responder: ¿quién paga el ajuste?
En el plano político, la sesión del Senado del miércoles 4 de junio le dio a Javier Milei un resultado que celebró con entusiasmo: la Cámara alta aprobó 74 acuerdos para designaciones judiciales, junto con la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un arreglo con holdouts por 171 millones de dólares, saldo pendiente de la crisis de 2001. El Presidente calificó los pliegos como «el inicio de la reconstrucción de la Justicia». Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de turbulencias internas. La incorporación del pliego de la candidata Michelli —cuestionada por sectores de la propia coalición oficialista— evidenció fisuras dentro del bloque de La Libertad Avanza que la Casa Rosada prefirió minimizar. La ley de propiedad privada, por su parte, llegó al recinto considerablemente recortada respecto del proyecto original: desaparecieron capítulos enteros referidos a barrios populares, se aliviaron las normas de desalojo exprés y se amplió la injerencia de los gobernadores sobre tierras rurales. Una victoria, sí, pero negociada.
En el frente económico, el panorama que dibujaron los datos del viernes no acompañó el optimismo oficial. La OCDE recortó su proyección de crecimiento para la Argentina a 2,8% —un recorte de 1,6 puntos porcentuales frente a estimaciones previas— y elevó la inflación esperada para el año a alrededor del 31%, cifra que contrasta frontalmente con la meta del 10,1% incluida en el Presupuesto. En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta que el dólar mayorista cerrará 2026 cerca de $1.658, mientras el oficial cotizó este viernes a $1.455 y el blue a $1.435. El consenso privado reconoce avances en el frente fiscal y cambiario, pero advierte que la velocidad de la recuperación decepciona. En síntesis, los fundamentos mejoran, pero la vida cotidiana todavía no lo refleja.
Esa tensión entre los números macro y la experiencia concreta de los trabajadores es precisamente lo que ATE puso sobre la mesa este viernes con un paro nacional que incluyó bloqueos en aeropuertos y una concentración frente al Aeroparque. El reclamo es concreto: reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional. El gremio sostiene que los aumentos acordados por el Gobierno con UPCN para el período junio 2025/mayo 2026 acumulan una pérdida superior al 44% del poder adquisitivo durante la gestión de Milei. El secretario general Rodolfo Aguiar fue directo: «Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes no beneficiaron a nadie«. La medida de fuerza se convierte, además, en un nuevo test para la Ley de Modernización Laboral recientemente sancionada, que regula el derecho de huelga en servicios esenciales.
Los tres planos se tocan. El oficialismo puede exhibir logros legislativos y una brecha cambiaria prácticamente cerrada, pero no puede desconectarse de un dato que el sindicalismo instala con creciente eficacia: el ajuste tuvo destinatarios precisos, y esos destinatarios tienen voz. La semana que viene, con el Mundial de fondo y la atención pública parcialmente orientada hacia Kansas City, el Gobierno necesitará que los números sigan acompañando. Por ahora, los organismos internacionales dicen que acompañan, pero más despacio de lo prometido.

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Desde hace algunos años  existe una grieta en la sociedad entre quienes promueven la agroecología y quienes utilizan fitosanitarios. Hasta el momento estamos en una discusión sin salida. Lo más grave es que ambos modelos son malos si no tenemos en cuenta muchos aspectos. El crecimiento poblacional no va acompañado con los rindes. Malezas y sanidad son un grave problema en los cultivos producidos con la agroecologìa. Se presenta la solución con aromàticas o preparados caseros que en estos tiempos es poco efectiva. El uso de los agroquímicos en manos de gente no capacitada pone en riesgo la salud humana y el ambiente, contaminando napas y suelo.
Al no promover el uso de químicos, la agroecología o el modo orgánico ponen en riesgo al ser humano por la proliferación de  roedores y aves. Hoy se habla del Hantavirus y hay otra enfermedad que es la psitacosis.

El hantavirus se transmite a los seres humanos a través de roedores silvestres, estos actúan como reservorios naturales del virus  y  lo eliminan  a través de la orina, saliva y excrementos , la inhalación de estas partículas puede provocar el contagio.L a transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, zonas recreativas o en lugares cerrados como galpones o depósitos invadidos por roedores. A su vez, existe evidencia de transmisión de persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos. También pueden producirse contagios por contacto directo por mordedura de roedores infectados.